| Lo que hay en el discurso de Larraín es la misma idea de un sistema binominal de equilibrios entre la izquierda y la derecha aplicada a la judicatura…, reminiscencia de una justicia intervenida durante diecisiete años por el poder político civil-militar. |
| El ministro de Justicia Hernán Larraín ha hecho afirmaciones de amplias repercusiones políticas y que, probablemente, acompañarán como una sombra a su cartera y a la nueva administración hasta el último día de su mandato. Desde luego, condicionarán el curso que tomará la reforma a la magistratura y la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial y con el Parlamento. Pero, principalmente, fijarán los términos del debate ideológico acerca del orden constitucional por el cual los chilenos queremos gobernarnos. |
| El ministro Larraín ha empleado tres expresiones mínimas, desnudas y emblemáticas para dar cuenta de lo que se propone hacer. Tres nociones que cobran significado y gravedad a la luz de la historia que las precede y de las motivaciones ideólogicas y normativas de su exponente. Larraín las ha vertido ante una audiencia de su partido, la UDI, un espacio privado, según sus propias palabras, lo que le otorga mayor verosimilitud y credibilidad al relato. |
| Primero, ha dicho que el sistema de nombramiento de los jueces no es transparente. Luego, que producto de ello, la mayoría de los jueces es de izquierda, y, como corolario de lo anterior, que la composición de las Cortes debe ser «neteada», es decir, igualar sus cuotas. Obviamente, con jueces de derechas, puesto que previamente ha sostenido que durante 24 años quien ha gobernado y hecho las designaciones ha sido la izquierda. |
| Lo que hay en el discurso de Larraín es la misma idea de un sistema binominal de equilibrios entre la izquierda y la derecha aplicada a la judicatura. Lo suyo es reminiscencia de una justicia intervenida durante diecisiete años por el poder político civil-militar. Es la reproducción de la actual configuración del Tribunal Constitucional por el juego de mayorías, llevado a toda la estructura judicial. Larraín realmente piensa que la mayoría electoral que le ha permitido conquistar el gobierno, debería verse reflejada en las futuras nominaciones de jueces. Para él y su partido sería lo normal en una democracia representativa y en un Estado de derecho paleoliberal donde lo importante no es la generación como la sujeción de los jueces a la ley. |
| Sin embargo, en un Estado democrático y constitucional de derecho, la ideología de Larraín comportaría un atentado a la independencia del poder judicial. Bajo este prisma, los jueces designados políticamente, que no obstante deben ofrecer garantías de imparcialidad en la determinación de la verdad, carecerían de independencia respecto de los otros poderes del Estado y de los propios poderes que coexisten en la administración de justicia, y no podrían abrigar pretensiones de legitimidad democrática. |
| Esto es así porque en un Estado democrático y constitucional de derecho, el juez es garante de derechos que pueden ser vulnerados por el poder político —especialmente cuando tales derechos, como la salud, la educación o la previsión, no son exigibles ni justiciables—, y cumple asimismo la función de subordinar los poderes públicos a la ley mediante controles que impiden los excesos y discrecionalidades. |
| Aquí el carácter democrático de la judicatura no deriva de decisiones consensuadas y representativas, ni de la voluntad mayoritaria, sino precisamente de aquello que no es decidible, o sea, los derechos fundamentales y la legalidad. Si no existieran estos límites al ejercicio del poder no podría hablarse del imperio de la Constitución. |
| Por eso el proyecto del ministro Larraín es visto como una amenaza y representa un parteaguas en el debate constitucional que se avecina. |
