Óscar Osorio
A 26 años de la partida de Don Bernardo Leigton G,
ejemplo de generosidad,
altruismo, sentido patriótico y republicano, pero
sobre todo, una gran convicción y compromiso democrático
Introducción
Una de las razones
que se han esgrimido para explicar el malestar social que desembocó en el
estallido del 18/0, ha sido la relacionada con la trampa de los ingresos
medios. La teoría al respecto indica que este concepto, de carácter
multidimensional, está compuesto principalmente de cuatro elementos:
problemas de competitividad, productividad y falta de dinamismo de las
exportaciones como motor del crecimiento, por falta de diversificación de
productos y destinos; debilidad de las redes de protección social; fallas en el
mercado laboral y en la formación de capital humano; e instituciones frágiles o
ineficientes.
Desde esta
perspectiva, a principios de los 2000, el modelo de desarrollo chileno, basado
en la producción y exportación de materias primas (cobre, vino, celulosa, frutas,
pescados, etc.) comenzó una suerte de decaimiento. Recordemos que del punto de
vista de los ingresos, los países de ingreso medio se definen como aquellos con
un ingreso per cápita entre US$ 9.000 y US$ 22.000. Sin embargo, habida cuenta
del amplio rango de ingresos, lo que caracteriza estos países, finalmente, es
la incapacidad para generar crecimientos sólidos a lo largo del tiempo que
permita sostener un mayor bienestar para la población y que requieren de
instituciones estables, confiables para todos los sectores y trasparentes en su
comportamiento y en sus objetivos.
Particularmente para algunos segmentos de las capas
medias que pudieron salir del marco de la pobreza, como sería el caso de Chile,
que entre los países latinoamericanos ha sido el que más rápido ha reducido sus
niveles de pobreza. Este sector, que si bien es cierto ha experimentado una creciente
movilidad social ascendente, también es importante recordar al respecto, que a
más movilidad, mayores son las expectativas
y aspiraciones de estos grupos, que se expresan en una tendencia al consumo
de bienes cada vez más variado y sofisticados, aspiración a acceder a educación
y salud privadas de mejor calidad y a la propiedad, incluso de la segunda
vivienda.
Entonces, conforme a la explicación
de esta mirada de la trampa de los ingresos medios, estas clases medias emergentes que perciben como sus
aspiraciones de consumo ya no
pueden ser satisfechas, generan reclamo, malestar e incluso ira. Dicho de otra
manera, el modelo ya no les otorga las certezas que antes le daba, y estas nuevas
inseguridades en su vida cotidiana los empujan al descontento, la protesta, la
rabia y al cuestionamiento del sistema político y de convivencia.
Por lo tanto, desde esta perspectiva
teórica, para retomar el camino del equilibrio y el crecimiento, bastaría solo
con hacer ajustes en algunos de los cuatro factores o elementos. La pregunta
que subyace: ¿Es tan simple resolver esta ecuación? ¿O el problema es más de
fondo?
1.
El
Estado ausente
La respuesta a las preguntas
anteriores es que, por supuesto, (ya) no basta con resolver algunas ecuaciones
o hacer ajustes por aquí o por allá. Se requiere de transformaciones profundas,
particularmente con aquella concepción económica,
ideológica y política, a nivel ya de axioma, de que lo mejor para que una sociedad prospere es dejar el funcionamiento
de los mercados, libres de toda regulación. Esta situación no comenzó solo en los
últimos años. Esta realidad tiene 40 años y se expresa en el momento en que
nuestro país comienza a trazar la ruta por el ultra neoliberalismo: las
llamadas modernizaciones estructurales[2].
En efecto, este avance del mercado hacia todas las esferas de la vida social,
comienza a ser prefigurado por la feroz dictadura cívico-militar, y constituye el momento, de
expansión de la lógica de mercado al conjunto de las relaciones sociales y,
simultáneamente, de la reducción del Estado.
Por lo tanto, el retiro del Estado de
las decisiones de futuro y el haber dejado que en estas decisiones relevantes
de la economía sólo concurriera la mano invisible del mercado, impidió el
desarrollo de instituciones que permitieran llevar adelante estrategias de
crecimiento de largo plazo, de manera estable, confiables para todos los
sectores y trasparentes en su comportamiento y en sus objetivos. Desde la
perspectiva teórica de la “trampa de los ingresos medios”, se nos decía que un componente esencial para
esquivar esta trampa es la
calidad de las instituciones; que fortalecerlas y redefinirlas debe ser parte
central de la agenda.
Por el contrario, lo que ha sucedido
en el país, no es una redefinición de las instituciones económicas, menos un
fortalecimiento. Recordemos el recorte de funciones que sufrió el SERNAC el año
2019, que en lo fundamental planteaba un aumento de penas, incluida la cárcel
efectiva, para aquellas prácticas contrarias a la transparencia de la
competencia. Por el contrario, lo que sí ha ocurrido es una gran concentración económica del poder empresarial y una falta de
transparencia de las instituciones económicas. Esta “opacidad” en las reglas de
la competencia de los mercados, genera, no solo estancamiento, sino que además
un gran descuido por la innovación. De esta manera se favorece el “lobby”, la
colusión y prácticas (en todos los ámbitos) que desfavorecen a los consumidores.
2.
Diversificación
de exportaciones
Desde fines de la década de 1990,
Chile se ha adherido a una serie de tratados de libre comercio (TLC) con países
tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, destacando entre ellos los
firmados con las principales economías del mundo: Estados Unidos, China y la
Unión Europea. A la fecha a través de los tratados de comercio firmados, Chile
actualmente posee libre acceso a los principales mercados en el mundo,
alcanzando más de 4200 millones de personas distribuidas en los cinco
continentes. Hasta la fecha se han suscrito 26 acuerdos comerciales con más de
60 países.
Las exportaciones mineras, con datos
del primer semestre de 2019, representaron el 51,7% de los envíos totales del
país, alcanzando 17.616 millones de dólares, donde se destaca el cobre y sus
concentrados, conforme al COMEX del Servicio Nacional de Aduanas. En alimentos,
Chile lideró las exportaciones mundiales de uvas, arándanos y cerezas frescas,
ciruelas (frescas y deshidratadas), erizos de mar, filetes de bacalao de
profundidad y algas de uso industrial. Los 3 principales destinos para los
productos agropecuarios chilenos son: USA con 23,7%; China 19,8% y Japón con
5,7%. Estas exportaciones significaron, conforme a la misma fuente, alrededor
de 17.000 millones de dólares.
Es decir, al menos en las cifras
presentadas, el rol de las exportaciones y su diversificación como factor para
enfrentar una “posible” trampa del ingreso medio, ha sido impecable. Sin
embargo, hay -a lo menos- tres temas pendientes asociados al retiro del Estado
de la escena política y económica y que ante un escenario de incertidumbres de
toda índole, el mercado como instrumento de reemplazo para dotar de sentido la
vida en sociedad, ha demostrado su incapacidad:
·
En primer
lugar, la dependencia absoluta de posibles confrontaciones comerciales entre
las potencias mundiales, tal como la que ocurrió recientemente entre China y
USA. Lo anterior significa alinearse con algunos de los bandos, perdiendo de
esta manera la autonomía comercial. Si bien es cierto este es un factor
externo, la inexistencia de instituciones públicas relacionadas con el
desarrollo económico de largo plazo, si incide en que se genere una mayor
incertidumbre, entre los actores involucrados.
·
En
segundo lugar, fundamentalmente asociado a la minería, pero no exclusivamente,
aparece el tema de las manufacturas asociadas a las materias primas,
particularmente cobre y litio. La industria extractiva no genera en el país
productos con valor agregado de carácter industrial, con alto nivel tecnológico
y de innovación que permita generar un crecimiento sostenido a largo plazo, más
allá de la actividad “rentista”, tan de corto plazo.
·
En
tercer lugar, aunque más bien asociado al modelo de exportación no minero, es
decir, el modelo “agro exportador” (Picisilvoagropecuario) que se sostiene en
general sobre la base de ingresos que la mayoría de los trabajadores nacionales
prefieren no realizar. Es por esta razón que, cuando producto del aumento del
precio del cobre se elevan los salarios de los trabajadores, es prácticamente
imposible encontrar mano de obra que trabaje en las diferentes faenas de recolección
de fruta; corte y transporte de madera, o en la actividad de productos de
exportación relacionados con la pesca. Esta es una de las razones del porque el
mundo empresarial agro-rural, presionaba a los diversos gobiernos para
implementar una apertura de frontera laborales. Al respecto, los sueldos en el sector de
la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, dan cuenta de esta situación,
donde las mujeres en promedio ganan $280.432 y los hombres, $418.625. Mientras
que en la minería las mujeres en promedio ganan $809.553 y los hombres,
1.231.300,
respectivamente.
Lo que sí es relevante mencionar, es que los
ingresos generados tanto por la minería como por la actividad agroexportadora,
sirven para agrandar el PIB del país, que debe andar por los 22 mil o 23 mil
dólares per cápita. Aparentemente, según apreciamos en las cifras presentadas, este
PIB no se refleja en los sueldos. Un colofón de carácter estructural respecto
del modelo agroexportador: la absoluta dependencia de los mercados de destino
respecto a la sostenibilidad de la industria. Basta a un evento asociado a
temas de inocuidad, (real o no, por eso la fragilidad) para que todo el proceso
se detenga. Tal como está sucediendo hoy con las cerezas chilenas y el
principal mercado de destino de esta fruta: China.
3.
Formación de Capital humano
Haber dejado que el mercado
ingresara a mejorar la calidad y competencia de la educación, no hizo más que
fortalecer una correlación muy estrecha
entre el nivel socioeconómico del estudiante y sus resultados escolares, lo que
explica la reproducción de la desigualdad. Toda la artillería “conceptual” del
modelo que hablaba del sacrificio, del mérito, de la libertad de elegir donde
estudiarán los hijos, de la disciplina para obtener un título Universitario,
que aseguraría una creciente movilidad ascendente, no fueron más que ilusiones,
humo y mentiras. Esto significa que el neoliberalismo ha cobrado muy caro por
las “ilusiones.
Esta (la educación y formación de capital humano) es
otra manifestación de la incapacidad de la institucionalidad económica para generar
una simetría entre una agenda productiva y otra social.
Ya que a partir del fundamentalismo de un discurso neoliberal, basado en la acción del mercado sin regulaciones, confiando sólo en la
racionalidad de los actores, se coparon todos los espacios de la vida social,
(incluida por supuesto la educación). Esta lógica expansiva, contó con el rol que
asumió la disciplina económica, (neoliberalismo) y cómo se transformó en
intolerante con ideas alternativas (aquellas que no glorificaban la perfecta
racionalidad de los agentes económicos, ni la eficiencia absoluta de los
mercados libres). Recordemos, sin ir más lejos, que la formación de economistas
en el país, al menos durante los últimos 40 años, ha estado dominada por esta
impronta neoliberal.
En el ámbito de la
educación, considerada por las actuales autoridades del sector como función de
consumo, el modelo indicaba (vendía) que hoy todos podemos llegar a ser
profesionales universitarios. Es cierto, esto se realizó, pero este aumento de
cobertura se realizó a costas de deudas de él (estudiante universitario de
primera generación en su familia) y de sus familiares directos. “Ha quedado de manifiesto que en un país
clasista y excluyente, la integración prometida no funcionó”.
Es decir, la realidad hace imposible seguir ocultando el grito, el reclamo y
malestar ante la incapacidad del modelo de satisfacer la promesa de la
integración.
Un ejemplo de agendas complementarias, fue lo que pasó con el gobierno de Eduardo Frei Montalva
(presidente de Chile 1964-1970), en donde la agenda económica se articulaba de
manera simétrica con la social ya que el
Estado tomó un activo rol en la promoción del desarrollo económico, a través
del control de la tasa de interés, y en la orientación de los créditos
productivos hacia el desarrollo de la industria, es decir, inversión
productiva.
En efecto, por ejemplo, la Reforma
Agraria y “Chilenización” del cobre iban de la mano con programas de “promoción
popular”, reforma educacional, potenciándose. De esta manera, fue posible
financiar tanto un nuevo enfoque para
estimular el gasto en ciencia y tecnología (1967 creación de Conicyt), como el
mejoramiento de la cobertura y calidad del sistema educacional. En efecto, la reforma educacional permitió la construcción, entre
1965 y 1970, de alrededor de 3.000 establecimientos educacionales. Es decir, un
establecimiento y medio al día.
4.
Trampa
de Ingresos medios o Vulnerabilidad y Desigualdad insostenibles
Si la vulnerabilidad entendida como el riesgo de
una persona o grupo a sufrir daño ante una eventual contingencia y la capacidad
de aquellos de evitar o reducir el daño, la pandemia del Covid-19, nos ha dejado (y nos sigue dejando) un país y una sociedad
absolutamente vulnerable. En efecto, en enero y febrero del año 2020 mientras
las principales autoridades políticas y sectoriales del país insistían en lo
bien preparados que estábamos para enfrentar la crisis; que nuestro sistema de
salud estaba a un nivel de Europa (mejor que Italia incluso), desoían, de la
misma manera, las sugerencias de expertos en salud pública y de diversas
organizaciones científicas, respecto al tratamiento de la pandemia. Hoy, a inicios de febrero de 2021, las muertes
por la pandemia suman ya más de 20.000. Y de estos, en una gran mayoría, sobre
un 80%, o más, corresponden a gente que habita en comunas y territorios pobres
del país. Es decir, la pandemia no es democrática ni en su contagio, ni menos
en su desenlace.
De esta manera tanto la vulnerabilidad, así como la
incertidumbre se instalan de manera definitiva, más allá de la esperanza que
constituye la vacuna cuyo proceso ha comenzado en estos días, toda vez que a la
incapacidad del Estado (de este Estado neoliberal), para enfrentar los dilemas de
salud pública y el confinamiento obligado, se le agrega la absoluta convicción
ciudadana que la desigualdad social y económica que afecta a la sociedad
chilena, es de carácter estructural. En este sentido, tal como lo dice el PNUD,
“desigualdades
sociales” se
definen como las diferencias en dimensiones de la vida social que implican
ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como
condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus
orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas.
Y una de las principales causas de esta situación
estructural está relacionada con los ingresos que reciben los trabajadores y
trabajadoras chilenas. En un trabajo reciente, la “Fundación Sol” muestra los “verdaderos” sueldos de Chile: el
50% de los
trabajadores chilenos gana menos de $401.000 y 2 de cada 3 trabajadores menos de $550.000 líquidos. Así mismo,
solo el 19,4% gana más de $800.000
líquidos y el 84,8% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos
de $800 mil líquidos. Entonces, lo que tenemos en realidad es que el
54,5% del total de ocupados en Chile, no podría sacar a una familia promedio de
la pobreza (62% en el caso de las mujeres y 49% para los hombres) y 49,2% de
los asalariados privados que trabajan jornada completa se encuentra en igual
situación, lo cual da cuenta de los elevados niveles de precariedad que existen
en el mundo del trabajo
Es decir, se trata de un factor
absolutamente desestabilizador del sentido de futuro e incluso del presente. ¿Cuál
es la posibilidad de seguir estando “integrado” a la sociedad bajo el único
instrumento de integración llamado consumo, con esta realidad de los sueldos?
Nuestra impresión es que la posibilidad es bastante baja. Tal como se ha
reconocido en estas líneas, nuestro país, de entre los llamados “emergentes”,
ha sido el que más rápido ha disminuido sus niveles de pobreza. Sin embargo,
también lo dice la teoría, mientras más rápido se reduce la pobreza, más
familias ingresan a los estratos medios. Y la llamada “clase media emergente”
es altamente vulnerable ante cualquier shock que afecte sus todavía
precarios ingresos: enfermedad grave, desempleo, envejecimiento de miembros de
la familia y fundamentalmente, tal como lo hemos padecido este último año, la
pandemia del coronavirus.
Entonces a la pregunta de cómo se
puede integrar la gente a la sociedad al consumo, con esta realidad de los
sueldos. La respuesta es una sola: vivir
endeudado o de la deuda. En efecto, se estima que en Chile cerca de 11,5
millones de personas están endeudadas, lo que equivale a más del 80% de los
mayores de 18 años, de las cuales, 4,9 millones están morosos, vale decir, ni
siquiera pueden pagar las deudas que han contraído. Especialmente, el número de deudores morosos
entre marzo de 2012 y junio de 2020 pasó de 1.390.127 a 4.959.145. El monto
promedio de la morosidad es de $1.894.721.
La deuda se sigue acrecentado, ya que según el Sistema de Cuentas Nacionales
del Banco Central de Chile, para el segundo trimestre del 2020, la deuda total
de los hogares asciende a un 76,4% de sus ingresos disponibles anuales. Para el
2003, esta era del 38 %.
Y la deuda, al igual que los desenlaces
fatales por Covid-19, no son para nada democráticos. El mismo estudio de la
Fundación Sol ya citado, nos dice que en el Gran Santiago, las 9 comunas que
presentan mayor nivel de personas morosas en relación al total de habitantes
mayores de 18 años son: San Ramón, Lo Espejo, La Pintana, El Bosque, Cerro
Navia, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado y Conchalí. Es decir, todas comunas
y territorios que concentran un mayor número de hogares que registran ingresos
medios o bajos, y el porcentaje de personas morosas se ubica entre 51,3% y
43,8% de sus habitantes mayores de 18 años.
Asociado
a estos elementos estructurales de los salarios y la deuda, en los últimos años
ha surgido otro con mucha fuerza y energía: la situación de las pensiones. Este
tema estuvo y está en el núcleo del malestar y reclamo hacia el modelo
neoliberal. Al respecto, la conclusión
es una sola y contundente: el fracaso del modelo de las AFP en relación a la
protección y seguridad social.
En los
últimos 10 años, el sistema de AFP y Compañías de Seguros han más que duplicado
el número de pensiones de vejez pagadas, finalizando el 2019 con más de 980 mil
pensiones de vejez edad y vejez anticipada. Los resultados son concluyentes y
desastrosos: A Diciembre de 2019, el 50 % de los 984 mil jubilados que
recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil ($145 mil si no se
incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado).
Incluso,
en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 %
recibió una pensión autofinanciada menor a $301 mil, valor equivalente al
Salario Mínimo vigente al 31 de diciembre de 2019 e inferior al monto actual
del Salario mínimo. Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las
mujeres, ya que el 50 % de las 472 mil jubiladas por vejez, recibe una pensión
menor a $149 mil ($138 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario
del Estado) y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años,
vale decir, casi toda una vida laboral llega a solo $287 mil, incluyendo el APS”.
Es cierto que
nuestro país ha sido uno de los que más rápido ha bajado los niveles de
pobreza. Usando la medida de pobreza introducida por el Ministerio de
Desarrollo Social en 2013, y aplicándola a los datos históricos, se tiene que
desde 1990 a la fecha el porcentaje de personas viviendo en la pobreza se ha
reducido de un 68% a un 11,7%. Al 2018, antes del estallido social, la pobreza
marcaba solo un 8,7%. Conforme a datos del PNUD, solo en los últimos quince
años, el ingreso per cápita real de los hogares en el 10% más pobre de la
población creció en un 145% real. Esto es, un hogar que el año 2000 tenía
ingresos por $ 200.000 hoy percibe $ 490.000 (ambos cifras en pesos de 2015).
Si bien el nivel absoluto de ingresos es aún bajo para una gran mayoría, el
cambio relativo respecto del propio pasado es indudablemente muy significativo.
Tal como se muestra en el gráfico a continuación:
Gráfico 1 Desigualdad de ingresos 1990 a 2015
Fuente:
DESIGUALES:
Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. PNUD junio 2017
Síntesis, página 21
Todas estas cifras permiten entender lecturas e
interpretaciones que hablaban de un sostenido proceso de crecimiento económico
que nos estaba dejando en las puertas del desarrollo. A lo menos como algunos
de los países de la OCDE. Incluso las alzas en los ingresos mostraban a través
de los indicadores, que la desigualdad social, también venía bajando de manera
sostenida. Sin embargo, el coeficiente de Gini, fórmula tradicional para medir
los niveles de desigualdad, creado a principios del siglo pasado, ha demostrado
cierta inutilidad ya que, un siglo más tarde,
con la caída del muro de Berlín y la hegemonía del proyecto neoliberal a nivel
global (desregulación, privatización, apertura irrestricta comercial y
financiera, precarización laboral) es limitado para medir la complejidad de los
actuales niveles de desigualdad.
El Gini es
útil, pero estadísticamente limitado y poco transparente. Establece una cifra
que intenta capturar la desigualdad de una sociedad en su conjunto, pero es muy
poco informativo sobre lo que ocurre dentro de esa sociedad. En virtud de lo
anterior, el destacado economista chileno, José Gabriel Palma, de la
Universidad de Cambridge y de Santiago de Chile, creó un nuevo indicador para
medir la desigualdad. La pregunta que Palma se hace es la siguiente: ¿Un país
con Gini 0,4 es menos desigual que otro que tiene un 0,5? El problema, dice
Palma, es que esta cifra es plana, pues no nos dice dónde la desigualdad es
más pronunciada. ¿Se debe a una caída del ingreso de los más pobres? o ¿al
aumento de los más ricos? Así surge el Palma ratio, cuando se compara la
desigualdad entre países, nunca se debe a lo que sucede en el medio de la
población, es decir, en lo que se lleva la mitad que se ubica en el medio y el
medio alto, deciles 5 a 9 del ingreso".
Esa mitad, conforme a los análisis de
Palma, se lleva algo muy cercano a la mitad del ingreso de una sociedad en casi
todos los países, sean ricos o pobres, grandes o chicos, democracias o
dictaduras, tengan o no recursos naturales, un buen nivel de educación o de
gobernabilidad", agrega. Toda la gran diversidad distributiva en el mundo
se debe a lo que pasa en la otra mitad de la torta. En específico, lo que se
lleva el 10% más rico", señala Palma.
Lo anterior permite entender de mejor
manera el fenómeno de la concentración económica empresarial para el caso de
Chile. Un
rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y
riqueza en el 1% más rico. Es una dimensión que no mide la encuesta Casen,
puesto que las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los
ingresos de la población más acomodada. Para su medición se usan los registros
tributarios, y para Chile estos datos muestran que el 33% del ingreso que
genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez,
el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico.
Grafico 2 Concentración Ingreso
Fuente: DESIGUALES: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile.
PNUD junio 2017 Síntesis, página 22.
Es por esta razón, como se demuestra en
el gráfico N° 1 del PNUD, que en una de sus columnas incorpora el “Palma ratio”, es muy barato para los
países de ingreso medio y particularmente medio alto (como sería el caso de
Chile) sacar a la población o, a parte significativa de ella, de la situación
de pobreza. Sin ir más lejos, todo el
plan Bolsa de familia en Brasil que sacó de la pobreza a muchas de las 13
millones de familias que beneficiaba costó 0,5% del PIB por año.
Es lo que sucede, por ejemplo, si se compara a Corea del Sur
con Chile. Corea llega a un Gini de 30 en su ingreso disponible (o un Palma
ratio apenas superior a 1) gastando lo mismo que Chile en
protección social (11% del PIB). Sin embargo, en Chile, con ese mismo gasto,
apenas llegamos a un Gini de 48 aprox. (o un Palma ratio de 2.8). Es decir, la
acción estatal resulta muy insuficiente para revertir la elevada desigualdad de
ingresos que caracteriza al país. De esta manera, Chile subsidia la desigualdad
por partida doble: permite que se distorsionen los mercados a gusto para llegar
a una distribución-mercado que no tiene nada que ver con un “mercado” de
verdad, pero no se gravan esos ingresos como para al menos llegar a una
distribución del ingreso disponible más civilizada.
Recordemos que los impuestos, las transferencias monetarias
y los mecanismos de seguridad social reducen la desigualdad. Las transferencias
del Estado y el impuesto a la renta redujeron la desigualdad de ingreso en
cinco puntos porcentuales del coeficiente de Gini en 2015, desde 52,6% a 47,6%.
Es decir, 11 puntos del PIB para bajar apenas casi 5 puntos del Gini. Este potencial redistributivo ha aumentado
principalmente por la puesta en marcha de las pensiones solidarias en 2008, que
hizo crecer significativamente el volumen de recursos transferidos a los
hogares vulnerables del país. Ya vimos en el punto anterior el peso de la APS
en el total de la pensiones.
5.
Conclusión
En síntesis, pensiones miserables,
sueldos indignos, deudas asfixiantes, incertidumbres y pérdida de sentido de
futuro, generan una sensación de desigualdad social insoportable. Si reducir la
pobreza es relativamente barato, cambiar la desigualdad, y sus razones
estructurales, es otra cosa. Se requiere de una gran voluntad política. Ello necesariamente pasa por cambiar la
estructura tributaria, como en la OCDE, por reducir la evasión y elusión de
impuestos, aumento de los salarios, mayor formalización del trabajo, mayor
transferencia a los pobres. Es decir, no se trata de ajustes a algunos de los
componentes del concepto multidimensional de “países de ingreso medio”: Se trata de transformar el modelo
neoliberal de crecimiento económico.
Sin embargo, no será fácil jugar este partido. Este es el desafío
que nos plantea la convención constituyente.
Este partido será particularmente
complejo toda vez que las bases del malestar, descontento o desplome del
modelo, seguirán estando vigentes mientras se juega el partido. Es decir, no ha
habido modificación alguna al sistema de salud, las AFP siguen pagando
pensiones miserables, las elites empresariales, sus privilegios y prebendas nos
continúan asombrando, etc., etc.
Se requerirán, por
lo tanto, ejercicios de generosidad, altruismo y de un gran sentido patriótico
y republicano. Lo que se viene no es menor y tiene que ver de qué manera los
dilemas, desafíos y limitaciones del sistema democrático, los resolvemos con
más democracia y no con menos. Es mucho lo que está en juego como para dejar
que la desmesura y las consignas del todo o nada, se adueñen de la cancha. Pero
tampoco la crisis se resuelve con más de lo mismo.
Será necesario
construir rutas participativas, incluyentes, de cambios y reformas
indispensables y otras más adjetivas que incorporen horizontes de tiempo para
su implementación. El país tiene memoria
de experiencias que significaron reformas profundas, cambios, participación
social, fortalecimiento de modelos cooperativos, presencia del Estado
acompañando y diseñando futuros. A esa memoria tenemos que apelar.
Compatibilizar
entonces, “hasta que la dignidad se haga costumbre”, con más y mejor
democracia, es el objetivo, el camino y la ruta. La dignidad sólo en democracia
se hace costumbre. La pregunta es: ¿estará la clase política, la oposición y la
centro izquierda dispuesto a asumir este desafío? La respuesta a esta pregunta
está abierta.
Oscar
Osorio Valenzuela
Febrero 06
2021
"Las siete modernizaciones"
fue el nombre con el cual se conocieron en Chile las reformas estructurales
llevadas a cabo desde 1979 por el gobierno militar, diez años antes de que el
denominado "Consenso de Washington" las identificara y promoviera
como la ruta a seguir para los países con problemas de deuda externa:
disciplina fiscal, recortes al gasto público, reforma tributaria,
liberalización financiera, fijación de un tipo de cambio competitivo,
liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización de las
empresas estatales, desregulación y protección de los derechos de propiedad.
