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viernes, 31 de julio de 2020

UN VACÍO DE PODER







A La Moneda retornan los halcones con igual altivez y arrogancia que en 2017, cuando sabiéndose triunfadores de la contienda electoral, intentaron la acusación constitucional contra el ministro del Interior de la época. Ahora están en el gobierno, pero no tienen la llave para salir del foso de la crisis y restablecer la gobernabilidad y la estabilidad perdidas. Por el contrario, polarizarán al país y profundizarán las brechas ideológicas que originaron el 18 de Octubre.

El cambio de gabinete de esta semana no se explica por el fracaso del Gobierno en la votación del proyecto de retiro del diez por ciento de los ahorros de las AFPs. Ésta solo fue la oportunidad para la puesta en marcha de un diseño que se venía elaborando desde principios de año y que responde al interés declarado de las facciones neoliberales de recuperar el control de la agenda pública.

Parecen haberlo conseguido, pero tal vez a un alto precio para el país, pues, según declaran sin ambages los nuevos miembros del equipo político, su principal propósito es el «new deal», el nuevo trato para Chile Vamos, la coalición de gobierno; y solo después para la gente, que en uno de los peores trances históricos está padeciendo hambre, desempleo, pérdida de ingresos y seguridad jurídica. Sí, certeza sobre sus garantías constitucionales, pues cada día se conoce un exceso de agentes del Estado contra civiles inermes.

El ajuste de gabinete procura llenar el vacío de poder que desnudó el Estallido, el que se expande críticamente durante los meses sucesivos, siendo la pandemia y la depresión social y económica que sobrevinieron sus detonantes inmediatos. El vacío de poder, como lo entendía ese gran maestro que fue José Medina Echavarría, es un socavón de gobernabilidad política producido por una oquedad del modelo de desarrollo y, por extensión, de la estructura social que ha engendrado.

De ahí que los llamados a colmar transitoriamente este vacío, son los sectores más radicales de la derecha. Los defensores de la herencia autoritaria y neoliberal y, en consecuencia, los más refractarios al cambio de la Constitución y del modelo de desarrollo instalado desde 1980.

Sus figuras son personalidades autoritarias en permanente transición democrática, lo cual significa que nunca dejarán de evocar su pasado de designados y de agradecidos colaboradores del régimen civil y militar. Lo fueron los civiles Andrés Allamand y Víctor Pérez. La pregunta que huelga es ¿qué podrían ofrecerle al Chile posestallido? Las remembranzas de una noche que, a medida que nos adentramos en el siglo veintiuno, se pierde en el pasado más remoto. Viven un universo paralelo que corre hacia atrás en el tiempo. Hoy se atreven a postular, como si nada, la privatización de Codelco y de Televisión Nacional, pero quisieran que el Estado asumiera la carga previsional de los más pobres, mientras sugieren reducir su tamaño y recortar los impuestos que permitirían financiarlos, como puede leerse en el sugestivo paper de la bancada UDI.

No obstante, hay quienes con sorprendente candidez, piden que primero se les vea actuar en sus cargos y que después se les juzgue. Los que así piensan deberían ver cómo esos nuevos ministros han actuado invariablemente en el pasado, porque, curtidos como están, no vienen recién llegando al tablado. Descubrirían su genuina naturaleza, a la que, como en la fábula del escorpión y la rana, no han renunciado ni lo harán el resto de sus vidas.

¿Quiénes son los más optimistas y exultantes con el cambio de gabinete? El Partido Republicano y José Antonio Kast, cuyas raíces y fuentes financieras se afincan en Los Ángeles, bastión secular de Patria y Libertad y del fascismo eterno. Allí no se ha terminado de escribir la historia oculta de la barbarie. Carlos Larraín, llevado al cine premonitorio del Estallido, que celebra el ascenso de Allamand porque «es la figura central de los que han mantenido el curso inalterado; firme, claro y valiente». Allamand es el autor de El Desalojo y quien imputa a sus pares pretender beneficios personales al impulsar el proyecto de retiro del diez por ciento. Ambas cosas una bajeza del lenguaje y de la voluntad. Desde luego, la UDI y su presidenta, Jacqueline Van Rysselberghe, quien por toda respuesta a Desbordes exalta el actual gabinete como el trofeo de guerra conquistado por la mayoría de la derecha que rechaza el cambio constitucional. Todo esto es un mundo perdido o, como escribe Machado, un pasado efímero, que «no es el fruto maduro, ni podrido, / es una fruta vana».

El vuelo de las palomas

Lo ocurrido esta semana desplaza a los conciliadores que abrieron el diálogo con la oposición y consensuaron el itinerario de salida de una convulsión social que no paraba. Recordemos que Gonzalo Blumel, el exministro del Interior que releva a Andrés Chadwick, asume tres días después de la gran concentración pública en la plaza de La Dignidad. Es el artífice, en representación del Ejecutivo, del acuerdo político del 15 de noviembre que le asignó lugar y fecha al Plebiscito. Concordó una tregua en medio de una agitación social palpitante y que recrudecerá en septiembre, lo que para un hombre de 42 años constituye su mayor mérito en este fin de ciclo.

«No se tienten los que creen que esto les puede permitir quedarse con el Ministerio del Interior», exclamó Desbordes al calor de las desafecciones y duras advertencias de la UDI al presidente Piñera, pero así fue, y los intransigentes pasaron de la tentación a la consumación de los hechos, quedándose con la cartera más importante del gobierno.

Desbordes decidió abandonar la presidencia de Renovación Nacional y dejar su cargo de diputado, para asumir como ministro de Defensa. De este modo se alejó del partido y del Congreso donde podía ejercer su influencia. ¿Qué consigue con ello? Dar un gran salto en la escala de su cursus honorum, certificando el galimatías planeado en el segundo piso de Palacio, según el cual así se consigue una paz duradera entre los beligerantes de la coalición. Pero, en realidad, así se consigue frenar a los aperturistas, experiencia y memoria común de Pérez y Allamand. Sin embargo, objetivamente, ¿qué ha conseguido Desbordes para su proyecto político y para sus seguidores? Francamente, nada. Desbordes cerró la empresa reformadora y desactivó el capital político invertido y acumulado en ella durante años. Llegó al límite de sus posibilidades y capituló. La fuerte presión ejercida contra su sector desde que en enero veintiún diputados se pronunciaron por el rechazo en el Plebiscito, y luego, diez de ellos renunciaron a la bancada notificándole que le ofrecerían competencia en las elecciones internas de noviembre, acabó por minar su resistencia y por ceder la victoria a Carlos Larraín y a Andrés Allamand, los mentores de la estrategia restauradora.

Desbordes sufrió la intervención fría y abierta del empresariado, y de la prensa vocera del establishment, desde El Mercurio y La Tercera, hasta las emergentes tribunas digitales, como El Líbero, donde el periodismo militante sale con fluido desembozo por los poros. Mismas corporaciones de medios que han operado, y siguen haciéndolo, en la Democracia Cristiana para inducir en ella el cisma y la fragmentación hasta alcanzar su finalidad última, que es la de convertirla en una colectividad irrelevante. Han sido las plataformas por excelencia del partido del orden, aquella traza de ministros y funcionarios liberales de la ex Concertación que creen seguir teniendo ascendiente sobre la opinión pública y capacidad de lobby sobre los parlamentarios.

El Ministerio de Defensa es un lugar burocrático, silencioso y estoico, como la fortaleza de El Desierto de los Tártaros, donde la espera es eterna y la batalla final llega cuando ya no quedan fuerzas ni esperanzas para librarla. Ahí Desbordes sólo llegará a entender quiénes quemaron el Metro, una asignatura pendiente del exministro Espina.

Renovación Nacional, para Desbordes y para sus adversarios, queda a la deriva. Y nadie se beneficia con ello. Ni siquiera Diego Paulsen, presidente de la Cámara por la gracia DC —que prefirió imponer a Gabriel Silber en lugar de proponer a Víctor Torres—, y uno de sus más firmes detractores. «Perdimos la batalla de principios —dijo, cuando se aprobó el retiro del diez por ciento—. Yo como diputado de derecha creo que esta es una batalla que perdimos, una batalla en la que muchas veces tendemos a aprobar proyectos o a legislar sin mirar cuáles son los principios que defendemos.» ¿Cuáles son estos principios que justifican la batalla de Renovación Nacional? Paulsen es uno de los parlamentarios que se retiró de la misma bancada que lo puso en la testera, donde todavía permanece, defiende la pena de muerte, criminaliza la protesta mapuche, es partidario de la militarización de La Araucanía y de la nefasta ocupación del comando Jungla. Por supuesto, de cara al futuro inmediato, rechaza cualquier cambio a la institucionalidad y al modelo de desarrollo. Por eso, no puede ser sino un aliado de Víctor Pérez y de su plan de pacificación del Wallmapu.

¿Y cuáles son los principios de Jaime Bellolio, el vocero de gobierno, militante de la UDI? Diez días antes de que lo nombraran ministro declaró en un predecible giro que «Chile no aguanta otro golpe al mentón, por eso en octubre votaré rechazo» y se cambió de caballo para calificar sin objeciones en su ingreso al gabinete político.

El retorno de los halcones

A La Moneda retornan los halcones con igual altivez y arrogancia que en 2017, cuando sabiéndose triunfadores de la contienda electoral, intentaron la acusación constitucional contra el ministro del Interior de la época. Ahora están en el gobierno, pero no tienen la llave para salir del foso de la crisis y restablecer la gobernabilidad y la estabilidad perdidas. Por el contrario, polarizarán al país y profundizarán las brechas ideológicas que originaron el 18 de Octubre.

Según relata El Mercurio, Teodoro Ribera, ex titular de Relaciones Exteriores, habría invocado el artículo 33 de la Constitución, que delega amplias facultades de coordinación superior del gabinete de ministros y de las relaciones políticas e institucionales del Ejecutivo con el Parlamento, como condición para su nombramiento en el cargo de Ministro del Interior.

¿Por qué Ribera fijó estas condiciones que, no bien las planteó, concluyeron en su remoción? Podría justificarse la petición del excanciller en la necesidad de ostentar mayor poder para ordenar la alianza oficialista, partiendo por la administración central, pasando por el Congreso y alcanzando a los partidos políticos. Pero, sin desestimar esta coartada, bastante consistente y funcional a la evacuada por el segundo piso, podría argüirse la razón de fondo, más grave y perentoria sin embargo, cual es la de un presidente que no está en condiciones de gobernar y que torna indispensable la presencia de un primer ministro. En tal caso a lo que se remite el antiguo militante de Renovación Nacional, no es al artículo 33, sino al 28 y al 29 de la Constitución, que disponen las atribuciones del Vicepresidente de la República. Y ello revela el más elocuente vacío de poder de la república: el de la Jefatura del Estado.

31 de julio de 2020.








miércoles, 11 de abril de 2018

LOS JUECES FRENTE A LOS PODERES PUBLICOS




Lo que hay en el discurso de Larraín es la misma idea de un sistema binominal de equilibrios entre la izquierda y la derecha aplicada a la judicatura…, reminiscencia de una justicia intervenida durante diecisiete años por el poder político civil-militar.

El ministro de Justicia Hernán Larraín ha hecho afirmaciones de amplias repercusiones políticas y que, probablemente, acompañarán como una sombra a su cartera y a la nueva administración hasta el último día de su mandato. Desde luego, condicionarán el curso que tomará la reforma a la magistratura y la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial y con el Parlamento. Pero, principalmente, fijarán los términos del debate ideológico acerca del orden constitucional por el cual los chilenos queremos gobernarnos.

El ministro Larraín ha empleado tres expresiones mínimas, desnudas y emblemáticas para dar cuenta de lo que se propone hacer. Tres nociones que cobran significado y gravedad a la luz de la historia que las precede y de las motivaciones ideólogicas y normativas de su exponente. Larraín las ha vertido ante una audiencia de su partido, la UDI, un espacio privado, según sus propias palabras, lo que le otorga mayor verosimilitud y credibilidad al relato.

Primero, ha dicho que el sistema de nombramiento de los jueces no es transparente. Luego, que producto de ello, la mayoría de los jueces es de izquierda, y, como corolario de lo anterior, que la composición de las Cortes debe ser «neteada», es decir, igualar sus cuotas. Obviamente, con jueces de derechas, puesto que previamente ha sostenido que durante 24 años quien ha gobernado y hecho las designaciones ha sido la izquierda.

Lo que hay en el discurso de Larraín es la misma idea de un sistema binominal de equilibrios entre la izquierda y la derecha aplicada a la judicatura. Lo suyo es reminiscencia de una justicia intervenida durante diecisiete años por el poder político civil-militar. Es la reproducción de la actual configuración del Tribunal Constitucional por el juego de mayorías, llevado a toda la estructura judicial. Larraín realmente piensa que la mayoría electoral que le ha permitido conquistar el gobierno, debería verse reflejada en las futuras nominaciones de jueces. Para él y su partido sería lo normal en una democracia representativa y en un Estado de derecho paleoliberal donde lo importante no es la generación como la sujeción de los jueces a la ley.

Sin embargo, en un Estado democrático y constitucional de derecho, la ideología de Larraín comportaría un atentado a la independencia del poder judicial. Bajo este prisma, los jueces designados políticamente, que no obstante deben ofrecer garantías de imparcialidad en la determinación de la verdad, carecerían de independencia respecto de los otros poderes del Estado y de los propios poderes que coexisten en la administración de justicia, y no podrían abrigar pretensiones de legitimidad democrática.

Esto es así porque en un Estado democrático y constitucional de derecho, el juez es garante de derechos que pueden ser vulnerados por el poder político —especialmente cuando tales derechos, como la salud, la educación o la previsión, no son exigibles ni  justiciables—, y cumple asimismo la función de subordinar los poderes públicos a la ley mediante controles que impiden los excesos y discrecionalidades.

Aquí el carácter democrático de la judicatura no deriva de decisiones consensuadas y representativas, ni de la voluntad mayoritaria, sino precisamente de aquello que no es decidible, o sea, los derechos fundamentales y la legalidad. Si no existieran estos límites al ejercicio del poder no podría hablarse del imperio de la Constitución.

Por eso el proyecto del ministro Larraín es visto como una amenaza y representa un parteaguas en el debate constitucional que se avecina.