Los partidos políticos democráticos, que son los principales artífices del régimen pluralista, dialogante y participativo, deberían ser los primeros en respetar este principio. De lo contrario, serían incoherentes con sus medios y objetivos. Deben garantizar la deliberación democrática, y sus decisiones deben concretarse en acuerdos explícitos, comprensibles y sujetos a fiscalización por parte de todos sus miembros y órganos internos.
La Democracia Cristiana, a lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, ha desarrollado una teoría y una práctica de resolución legítima y responsable. Este espíritu deriva de su declaración de principios y se ha materializado hasta el año pasado en dos instituciones tradicionales: el Debate Político, en el cual se exponen ideas y tesis estratégicas, y el Voto Político, que constituye el registro textual del acuerdo alcanzado por consenso o mayoría en la Junta Nacional, su máximo órgano deliberativo.
Ambas instituciones han sido suspendidas en las últimas asambleas. Al debate le han sucedido intervenciones breves de tres minutos, las cuales constituyen representaciones cortas de momentos específicos y no contribuyen al avance del discurso político. Estas intervenciones son una imitación deficiente del debate parlamentario, donde, a diferencia del partido, operan comisiones que analizan exhaustivamente cada tema.
Por otro lado, el voto político ha sido reemplazado por la declaración pública del presidente de la colectividad, quien, en su calidad de diputado, se pronuncia sobre cuestiones legislativas, dilatando así la distinción entre ambas vocerías en un sistema político que es presidencial y no parlamentario.
La consecuencia inmediata de esta metodología es una acción política emprendida por representantes democratacristianos en el Senado, otra acción desarrollada por democratacristianos en la Cámara Baja, y una acción de los militantes en sus comunas y estructuras regionales, que no confluyen en la formulación de la política general del partido.
En la práctica, se despliega una serie de iniciativas no institucionalizadas originadas en el Congreso —y sin contrapeso en los representantes de gobiernos y consejos locales—, que apelan a la opinión de la militancia en busca de reconocimiento y legitimidad, pero que permanecen desvinculadas de una acción política general, inclusiva y representativa de la voluntad colectiva.
En estas circunstancias, la actividad política de la Democracia Cristiana se fragmenta, se diversifica y se externaliza, lo que conlleva a la pérdida de unidad, sentido y eficacia.
