LA CULPA

Tengo la convicción de que las experiencias no son heredables de una generación a otra. Que no podemos ver el pasado vivido por nuestros antecesores sino como un referente; jamás como una práctica aprendida. 

Tiene razón Eugenio Tironi al señalar que el golpe de Estado de 1973 provocó un impacto profundo en su generación, al desmantelar el sistema ideológico predominante en Chile, que incluía tanto el marxismo como la democracia tradicional. De manera distinta, mi generación también experimentó una fractura similar. Y es acertado Tironi al valorar la renovación del pensamiento conservador chileno, aunque aún más importante resulta su insistencia en que dicha renovación solo obtendrá legitimidad si reconoce y asume su responsabilidad histórica durante la dictadura.

Al expresar esta idea, Tironi enfatiza la obligación de cada generación respecto a los eventos que les toca vivir. Me recuerda el acto de contrición de la secretaria de Hitler, quien, motivada por el testimonio de la joven activista partisana, Sophia Scholl, advierte que la edad no puede constituir una justificación exculpatoria. Sin embargo, Carlos Huneeus cuestiona esta interpelación de Tironi, argumentando que esa generación de conservadores no debería cargar con dicho legado al no haber sido protagonista directa. Más aún, critica los frecuentes cambios ideológicos de Tironi y le atribuye a su generación las deficiencias políticas chilenas, concluyendo que representaron un fracaso cuyo legado facilitó el ascenso actual de la derecha extrema.

En un ejercicio de madurez intelectual, Tironi reconoce sus propias mudanzas ideológicas y concede a Huneeus que su generación cometió numerosos errores, pero también aprendió de ellos, logrando influir en la configuración de su época. 

Un aspecto profundamente relevante, ausente tanto en esta columna como en los escritos de Huneeus desde el Carmengate hasta los cismas de Amarillos y Demócratas, es que los legados históricos conflictivos se heredan inevitablemente; por ello, resulta preferible enfrentarlos con un sentido responsable, asumiendo los desafíos y herencias propios, en lugar de negarlos o rechazarlos.

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DEMOCRACIA CRISTIANA, TEORÍA Y PRÁCTICA DELIBERATIVA

La acción política constituye una voluntad de poder pública y colectiva. En consecuencia, no puede considerarse una actividad privada, oculta o encubierta, ni una operación personal, particular o exclusiva. Especialmente, la política democrática exige transparencia y la participación activa del pueblo en la toma de decisiones.

Los partidos políticos democráticos, que son los principales artífices del régimen pluralista, dialogante y participativo, deberían ser los primeros en respetar este principio. De lo contrario, serían incoherentes con sus medios y objetivos. Deben garantizar la deliberación democrática, y sus decisiones deben concretarse en acuerdos explícitos, comprensibles y sujetos a fiscalización por parte de todos sus miembros y órganos internos.

La Democracia Cristiana, a lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria, ha desarrollado una teoría y una práctica de resolución legítima y responsable. Este espíritu deriva de su declaración de principios y se ha materializado hasta el año pasado en dos instituciones tradicionales: el Debate Político, en el cual se exponen ideas y tesis estratégicas, y el Voto Político, que constituye el registro textual del acuerdo alcanzado por consenso o mayoría en la Junta Nacional, su máximo órgano deliberativo.

Ambas instituciones han sido suspendidas en las últimas asambleas. Al debate le han sucedido intervenciones breves de tres minutos, las cuales constituyen representaciones cortas de momentos específicos y no contribuyen al avance del discurso político. Estas intervenciones son una imitación deficiente del debate parlamentario, donde, a diferencia del partido, operan comisiones que analizan exhaustivamente cada tema.

Por otro lado, el voto político ha sido reemplazado por la declaración pública del presidente de la colectividad, quien, en su calidad de diputado, se pronuncia sobre cuestiones legislativas, dilatando así la distinción entre ambas vocerías en un sistema político que es presidencial y no parlamentario.

La consecuencia inmediata de esta metodología es una acción política emprendida por representantes democratacristianos en el Senado, otra acción desarrollada por democratacristianos en la Cámara Baja, y una acción de los militantes en sus comunas y estructuras regionales, que no confluyen en la formulación de la política general del partido. 

En la práctica, se despliega una serie de iniciativas no institucionalizadas originadas en el Congreso —y sin contrapeso en los representantes de gobiernos y consejos locales—, que apelan a la opinión de la militancia en busca de reconocimiento y legitimidad, pero que permanecen desvinculadas de una acción política general, inclusiva y representativa de la voluntad colectiva.

En estas circunstancias, la actividad política de la Democracia Cristiana se fragmenta, se diversifica y se externaliza, lo que conlleva a la pérdida de unidad, sentido y eficacia.

https://youtu.be/pWeiTU5Aoj8