Rodolfo Fortunatti
Los partidos Socialista y Demócrata Cristiano no sólo tienen una larga historia —como que son septuagenarios—, sino una larga historia de hitos comunes, y algunos muy intensos. Sus más grandes figuras fueron contemporáneas, y lideraron la mayor transformación democrática del siglo xx. Eduardo Frei Montalva fue el gran impulsor de la revolución en libertad, mientras que Salvador Allende luchó hasta el sacrificio por el Chile popular. Allende recibió la banda presidencial de manos de Frei Montalva. Treinta años después, Frei Ruiz-Tagle se la terció a Lagos. Y, si la saga continúa, quizá ambos ex mandatarios se disputen la conducción del quinto gobierno de la Concertación. La necesidad hace al órgano.
Y la necesidad ha empezado a provocar mutaciones. Las elecciones municipales de octubre serán la prueba de fuego de los partidos, de sus tendencias internas y de sus liderazgos. Ellas pondrán de relieve quién es quién en el nuevo mapa político. Veremos el verdadero poder de los alcaldes y concejales. Veremos qué tan firme es el piso de los diputados y senadores. Y, si la reforma política tiene éxito, también sabremos cómo les va en las urnas a los consejeros regionales. Lo que en verdad comprobaremos será el alineamiento de las fuerzas políticas en función de la competencia presidencial. Pero antes, socialistas y democratacristianos habrán concluido sus respectivos congresos, y habrán renovado sus respectivas mesas directivas. Esto ocurrirá no más allá del mes de abril.
Es indudable que los eventos de abril no escaparán a la contienda presidencial. Podría decirse que estarán marcados por las dos posiciones en pugna. La de aquellos que simplemente no se imaginan una mesa sin candidato presidencial, ni una candidatura presidencial sin mesa instrumental. Y la de quienes buscarán separar las decisiones y los tiempos, instalando como prioridad una mesa que garantice gobernabilidad e integración, y sólo después, la nominación del candidato. Lo más probable es que la tensión se lleve al límite de forzar la definición del candidato antes de octubre, pero esto no hará sino confirmar que es posible separar la elección de mesa de la nominación presidencial.
Es la impresión que deja la respuesta de Isabel Allende cuando se le pregunta si la disidencia socialista tiene candidato único. «Grandes Alamedas no tiene candidato único», sostiene la parlamentaria. Y explica: «Somos extremadamente respetuosos de que acá haya gente que opta por (Jorge) Arrate, otros por Insulza, otros por (Ricardo) Lagos y más de alguno por Alejandro Navarro. Como somos respetuosos, no nos genera conflicto. Pero lo que sí queremos es que el día en que el partido resuelva, en la instancia y con la metodología adecuada, ese candidato cuente con una amplísima mayoría de la Concertación».
En la Democracia Cristiana debería ocurrir algo semejante. Gente que opta por Frei, Alvear, Trivelli, González… y que, no obstante, es capaz de situarse por encima de sus legítimas diferencias para concurrir a una fórmula de integración amplia. Un candidato presidencial nominado hacia la segunda mitad del año a través de un procedimiento de primarias, y que, al igual que en la aspiración socialista, prometa concitar la adhesión mayoritaria de la coalición. Pero lo que no cabe esperar en partidos con historia y tradición ideológicas, es que se abandonen a personalismos de nuevo cuño.
martes, 22 de enero de 2008
viernes, 18 de enero de 2008
Testimonio de Patricia Verdugo
pdf
En Chile hasta el 11 de septiembre de 1973 los miembros de las fuerzas armadas eran vistos como parte del pueblo, de la ciudadanía. Era impensable que las fuerzas armadas fueran usadas por un grupo de chilenos para eliminar y reprimir a otro grupo de chilenos. Era inimaginable que fueran usadas para terrorismo de estado.
Hoy sabemos, después que Estados Unidos decidió desclasificar decenas de miles de documentos secretos de la CIA y el Pentágono, qué acciones se realizaron para lograr el golpe militar en Chile y la represión que le siguió. Pero entonces a comienzos de los años 70 no era posible imaginar la pesadilla. Visto hoy día alguien podría decir y con razón, que fuimos muy ingenuos. Y es esa ingenuidad la que explica gran parte del horror.
Uno se pregunta cómo es que miles y miles de chilenos confiaron en la ley y se presentaron voluntariamente ante los comandantes de regimiento o ante los jefes de policía, cuando sus nombres aparecían en los bandos militares. Ellos jamás se imaginaron posible una cámara de tortura y menos se imaginaron una masacre que los conduciría a una tumba clandestina de detenidos-desaparecidos.
Un ejemplo, el abogado Mario Silva Iriarte, tenía 37 años, socialista, casado, cinco hijos, era el Gerente de la Corporación de Fomento en la zona norte de Chile. El día del golpe militar él estaba en comisión de servicios en la capital, en Santiago. Y Mario Silva escuchó su nombre en un bando militar en la radio y decidió partir de inmediato a la ciudad de Antofagasta. Pidió a los militares un salvoconducto especial para poder manejar toda la noche, ya que estábamos en toque de queda. Y así llegó a Antofagasta para entregarse ante las autoridades militares. A su esposa le dijo: “no tengo nada que ocultar”. Hoy sabemos que fue brutalmente torturado por más de un mes y fue masacrado. Su mujer Graciela Álvarez, me dijo “y pensar que se entregó voluntariamente porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar”. Como él miles de chilenos.
El alcalde de otra ciudad al norte, que se llama Tocopía, Marcos de la Vega, era ingeniero, casado, tenía tres hijos, comunista. Su hermana me relató así su historia. “Después del golpe la gente le decía que se fuera, que se pusiera a salvo. Pero Marcos respondía ‘pues que me voy a ir sino he robado ni un peso, sino le he quitado el puesto a nadie, si tengo al día los libros de la alcaldía, si no he hecho nada malo’. Así mi hermano trabajó en la alcaldía hasta cinco días después del golpe. Ese día el diario publicó que había órdenes de detención contra las autoridades de Tocopía. Así que Marcos llegó en la tarde, pidió ropa gruesa, comió, tomó mate caliente y se sentó a esperar que llegaran. Carabineros rodearon la casa, entraron armados con metralletas y se lo llevaron”. Casos como el de Mario o Marcos, se repiten por miles.
Mi padre fue uno de ellos, ingeniero, casado, cuatro hijos, 50 años, militaba en un partido de centro, el partido Demócrata Cristiano. Su nombre, Sergio Verdugo, su delito, presidente del sindicato de la empresa estatal en la que trabajaba. Creer que podía intentar la defensa de los derechos adquiridos por esos trabajadores. Han pasado más de 28 años y lo ocurrido vive conmigo cada día. Escribí un libro con esta historia. Ese libro lleva por título la dirección de la casa de mi padre. Se llama “Bucarest 1 8 7. Era una gran casona blanca de estilo francés. Los agentes esperaron el momento propicio, lo vigilaban desde hace más de dos meses. Esperaron a que estuviera sólo en la casa y se lo llevaron.
Yo evito pensar y hasta hablar de esta parte de la historia, porque duele demasiado. Imaginar el terror que sientió. Imaginar como le habrá saltado el corazón en el pecho al salir de la casa, sin poder siquiera escribir una nota pidiendo auxilio. Encontramos su cuerpo varios días más tarde en el río Mapocho, el río que atraviesa mi ciudad. En su cuerpo había huellas de tortura. De la peor de todas no había huella evidente. Solo el examen de sus pulmones podía indicar que el agua en que fue ahogado no era el agua de ese río café y barroso que fue tumba de tantos en mi país.
La tortura como método de terrorismo de estado es muy eficiente. En Chile sólo hace dos meses pudimos hacernos cargo de lo ocurrido. El terror es tan profundo que tuvimos que necesitar casi quince años de transición para indagar oficialmente acerca de la tortura masiva y sistemática practicada por el Estado, para eliminar a los adversarios políticos de la dictadura del General Pinochet.
Los métodos de tortura fueron comunes a casi toda América Latina, fueron enseñados en la Escuela de las Américas (Panamá), por oficiales de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a su vez, recibió ese conocimiento desde Francia, que refinó los métodos de tortura en Argelia.
En julio de 1976, cuando mi padre desapareció, cuando lo buscábamos con desesperación por las cárceles, cuando lo encontramos en el río, entonces yo supe lo que era el miedo. Ese miedo que se mete dentro de las vísceras, porque mi voz temblaba, mi vientre temblaba todo el día. Y así por semanas y no había como calmar ese temblor. Seguí trabajando y después de enterrar a mi padre, completé la entrevista que le estaba haciendo al líder sindical Tucaperig Jiménez. Seis años más tarde iba a ser su turno, lo degollaron en 1982.
Vencer el miedo puede ser la columna vertebral, el eje de la vida humana y su sentido, vencer el miedo a la muerte, vencer el dolor, el miedo al abandono, el miedo a la pobreza, el miedo al desempleo, el miedo a la traición, vencer el miedo, tantos miedos. Aquí estamos reunidos frente a dos miedos: el terrorismo de estado y el terrorismo organizado por grupos privados. Dos caras de la guerra sucia.
A veces unos están ligados con otros. Yo estaba en Manhattan, en septiembre de 2001, llegué la víspera. El 10 de septiembre a una Nueva York muy calurosa y que recibió con mucha alegría una lluvia torrencial ese atardecer. Me acosté esa noche sabiendo que al otro día era martes 11 de septiembre, porque fue el día 11 de septiembre el golpe de estado en Chile. Y me desperté con el grito de alerta. Y lo primero que pensé fue en Chile. Imaginé que estaba ocurriendo otro golpe de estado en mi país. Salí a la calle a vivir ese trágico episodio con los neoyorquinos, me mezclé entre los que huían con la ropa llena de polvo, caminando como autómatas, estuve entre el pánico, ese pánico que podía palparse de tan espeso que era. Fue un día largo, larguísimo, marcado a fuego en la memoria.
Por la noche me senté en la acera de la Quinta Avenida a llorar y rezar. Imaginé el dolor que habría en miles y miles de hogares a mí alrededor. La ciudad estaba vacía, paralizada por el terror. Me quedé mucho tiempo rezando hasta que pasaron las máquinas retroexcavadoras amarillas. Y después de ellas pasaban taxis sin el asiento trasero para transportar cadáveres. Sé que en algún momento pensé: alguno de estos habitantes sabrá que en un día como hoy, hace 28 años, el gobierno de su país provocó el terror y provocó la muerte a miles y miles de chilenos. Sabrá alguno que el Presidente Nixon y Henry Kissinger decidieron la tragedia en mi país. Me respondí: No, no saben o no lo recuerdan si es que alguna vez supieron.
¿Qué hacer entonces para que no se repita? La solución parece ser una sola: Justicia. Justicia social al interior de nuestros países, de cada país, porque la injusticia es el criadero de rabias y de violencias. Desde la violencia al interior de un hogar hasta la violencia que provoca el estallido social. Justicia, justicia en las relaciones internacionales. Toda la historia nos enseña que la opresión de un pueblo sobre otro crea las condiciones para devolver el golpe. Justicia para investigar los crímenes respetando el estado de derecho y condenar a los culpables de acuerdo a la ley, para que no se repita. Para un defensor de los derechos humanos es tan bárbaro lo que hoy ocurre en Guantánamo como que hoy siga sin condena el General Pinochet.
Anteayer yo estaba en Madrid y fui varias veces, durante mi estancia en la capital española, a rezar a la estación de Atocha. Y por ser chilena cada vez que salgo de mi país, la pregunta que más se repite es ¿por qué no podemos enjuiciar y condenar al General Pinochet? ¿Por qué él aún tiene tanto poder? La respuesta es simple: el General Pinochet fue la herramienta, el instrumento de terror que Estados Unidos y la ultra derecha chilena utilizaron para derrocar al Presidente Salvador Allende y para luego instaurar una larga dictadura. Más aún, Pinochet finalmente aceptó que Chile se transformara en el laboratorio del neoliberalismo económico diseñado por el Premio Nóbel Milton Friedman, en la Escuela de Chicago.
Por tanto se le debe mucho a Pinochet y esa deuda debe pagársele al menos con su impunidad. Los defensores de los derechos humanos hemos dificultado bastante el cumplimiento de este compromiso espurio. Estuvimos a punto de conseguir que Londres le extraditara a Madrid y siempre agradeceremos a España por su tarea en la defensa internacional de los derechos humanos. Hoy seguimos luchando en los tribunales chilenos.
Nuevamente logramos hace poco el desafuero de Pinochet. Y nuevamente está sometido a proceso. Y ojo que estamos hablando de un General Pinochet que hasta el día de hoy conserva el título de “Padre Benemérito de la Patria”. Ahora estamos buscando la condena de los altos mandos militares y de los civiles de la dictadura. En estos días se ha procedido a la orden de arresto contra quienes fueron los ministros de seguridad interior. Es un nuevo paso. La impunidad de Pinochet también se explica por la necesidad de mantener en forma, afilada esta herramienta del terrorismo de Estado.
Me explico: Póngase en la cabeza de un jefe de la CIA, o de un poderoso empresario ultraderechista de Chile. Si Pinochet es condenado hoy, se pregunta: ¿Contaremos con los jefes militares mañana si nuevamente requerimos sus servicios? Es decir, para asegurar que mañana puedan contar con las Fuerzas Armadas para otro golpe, hay que darle impunidad hoy. Y qué decimos nosotros los defensores de derechos humanos para asegurar que mañana no se tienten con otro golpe, es justamente que tenemos que enjuiciarlos hoy y condenarlos hoy. Hay también otras formas de justicia: una de ellas dice en relación con la memoria. Que no se olvide que las nuevas generaciones recuerden nuestras tragedias. Yo trabajo en ambos espacios, colaboró con las causas judiciales, investigando y escribo mis libros para que no se olvide.
El holocausto judío no se limitó al juicio de Nuremberg y a los juicios a los jerarcas nazis que luego fueron hallados. Cada año tenemos nuevas películas y novelas que relatan esta tragedia desde los millones y millones de historias de los seres humanos. En periodismo sabemos que un millón de muertos es estadístico. Un muerto es tragedia. Y con esa medida es que trabajamos como se ha hecho en este evento. Para que la historia de un hombre, de una mujer o de una niña quede en la conciencia de los habitantes de este planeta en el futuro. Así se trabaja por la paz para proteger la vida de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos.
Que no haya impunidad ni olvido. Que sí haya justicia y memoria. Colaborar con esta tarea permite que uno se perciba como una persona decente. Y hay que resistir con mucha fuerza las presiones en orden a perdonar y olvidar como sinónimo de buen cristiano. Cada vez que alguien me exige perdón y olvido se que estoy frente a alguien que es cómplice por acción u omisión de los crímenes. Ni el Papa Juan Pablo II permitió la impunidad de quien intentó matarlo. Como Juan Pablo II, acaban de recordarlo, el Papa fue a la cárcel, lo bendijo en señal de perdón y el criminal se quedó entre rejas hasta completar su condena. Eso es justicia. Gracias.
En Chile hasta el 11 de septiembre de 1973 los miembros de las fuerzas armadas eran vistos como parte del pueblo, de la ciudadanía. Era impensable que las fuerzas armadas fueran usadas por un grupo de chilenos para eliminar y reprimir a otro grupo de chilenos. Era inimaginable que fueran usadas para terrorismo de estado.
Hoy sabemos, después que Estados Unidos decidió desclasificar decenas de miles de documentos secretos de la CIA y el Pentágono, qué acciones se realizaron para lograr el golpe militar en Chile y la represión que le siguió. Pero entonces a comienzos de los años 70 no era posible imaginar la pesadilla. Visto hoy día alguien podría decir y con razón, que fuimos muy ingenuos. Y es esa ingenuidad la que explica gran parte del horror.
Uno se pregunta cómo es que miles y miles de chilenos confiaron en la ley y se presentaron voluntariamente ante los comandantes de regimiento o ante los jefes de policía, cuando sus nombres aparecían en los bandos militares. Ellos jamás se imaginaron posible una cámara de tortura y menos se imaginaron una masacre que los conduciría a una tumba clandestina de detenidos-desaparecidos.
Un ejemplo, el abogado Mario Silva Iriarte, tenía 37 años, socialista, casado, cinco hijos, era el Gerente de la Corporación de Fomento en la zona norte de Chile. El día del golpe militar él estaba en comisión de servicios en la capital, en Santiago. Y Mario Silva escuchó su nombre en un bando militar en la radio y decidió partir de inmediato a la ciudad de Antofagasta. Pidió a los militares un salvoconducto especial para poder manejar toda la noche, ya que estábamos en toque de queda. Y así llegó a Antofagasta para entregarse ante las autoridades militares. A su esposa le dijo: “no tengo nada que ocultar”. Hoy sabemos que fue brutalmente torturado por más de un mes y fue masacrado. Su mujer Graciela Álvarez, me dijo “y pensar que se entregó voluntariamente porque él creía en el profesionalismo de los militares y jamás los imaginó capaces de masacrar”. Como él miles de chilenos.
El alcalde de otra ciudad al norte, que se llama Tocopía, Marcos de la Vega, era ingeniero, casado, tenía tres hijos, comunista. Su hermana me relató así su historia. “Después del golpe la gente le decía que se fuera, que se pusiera a salvo. Pero Marcos respondía ‘pues que me voy a ir sino he robado ni un peso, sino le he quitado el puesto a nadie, si tengo al día los libros de la alcaldía, si no he hecho nada malo’. Así mi hermano trabajó en la alcaldía hasta cinco días después del golpe. Ese día el diario publicó que había órdenes de detención contra las autoridades de Tocopía. Así que Marcos llegó en la tarde, pidió ropa gruesa, comió, tomó mate caliente y se sentó a esperar que llegaran. Carabineros rodearon la casa, entraron armados con metralletas y se lo llevaron”. Casos como el de Mario o Marcos, se repiten por miles.
Mi padre fue uno de ellos, ingeniero, casado, cuatro hijos, 50 años, militaba en un partido de centro, el partido Demócrata Cristiano. Su nombre, Sergio Verdugo, su delito, presidente del sindicato de la empresa estatal en la que trabajaba. Creer que podía intentar la defensa de los derechos adquiridos por esos trabajadores. Han pasado más de 28 años y lo ocurrido vive conmigo cada día. Escribí un libro con esta historia. Ese libro lleva por título la dirección de la casa de mi padre. Se llama “Bucarest 1 8 7. Era una gran casona blanca de estilo francés. Los agentes esperaron el momento propicio, lo vigilaban desde hace más de dos meses. Esperaron a que estuviera sólo en la casa y se lo llevaron.
Yo evito pensar y hasta hablar de esta parte de la historia, porque duele demasiado. Imaginar el terror que sientió. Imaginar como le habrá saltado el corazón en el pecho al salir de la casa, sin poder siquiera escribir una nota pidiendo auxilio. Encontramos su cuerpo varios días más tarde en el río Mapocho, el río que atraviesa mi ciudad. En su cuerpo había huellas de tortura. De la peor de todas no había huella evidente. Solo el examen de sus pulmones podía indicar que el agua en que fue ahogado no era el agua de ese río café y barroso que fue tumba de tantos en mi país.
La tortura como método de terrorismo de estado es muy eficiente. En Chile sólo hace dos meses pudimos hacernos cargo de lo ocurrido. El terror es tan profundo que tuvimos que necesitar casi quince años de transición para indagar oficialmente acerca de la tortura masiva y sistemática practicada por el Estado, para eliminar a los adversarios políticos de la dictadura del General Pinochet.
Los métodos de tortura fueron comunes a casi toda América Latina, fueron enseñados en la Escuela de las Américas (Panamá), por oficiales de Estados Unidos. Y Estados Unidos, a su vez, recibió ese conocimiento desde Francia, que refinó los métodos de tortura en Argelia.
En julio de 1976, cuando mi padre desapareció, cuando lo buscábamos con desesperación por las cárceles, cuando lo encontramos en el río, entonces yo supe lo que era el miedo. Ese miedo que se mete dentro de las vísceras, porque mi voz temblaba, mi vientre temblaba todo el día. Y así por semanas y no había como calmar ese temblor. Seguí trabajando y después de enterrar a mi padre, completé la entrevista que le estaba haciendo al líder sindical Tucaperig Jiménez. Seis años más tarde iba a ser su turno, lo degollaron en 1982.
Vencer el miedo puede ser la columna vertebral, el eje de la vida humana y su sentido, vencer el miedo a la muerte, vencer el dolor, el miedo al abandono, el miedo a la pobreza, el miedo al desempleo, el miedo a la traición, vencer el miedo, tantos miedos. Aquí estamos reunidos frente a dos miedos: el terrorismo de estado y el terrorismo organizado por grupos privados. Dos caras de la guerra sucia.
A veces unos están ligados con otros. Yo estaba en Manhattan, en septiembre de 2001, llegué la víspera. El 10 de septiembre a una Nueva York muy calurosa y que recibió con mucha alegría una lluvia torrencial ese atardecer. Me acosté esa noche sabiendo que al otro día era martes 11 de septiembre, porque fue el día 11 de septiembre el golpe de estado en Chile. Y me desperté con el grito de alerta. Y lo primero que pensé fue en Chile. Imaginé que estaba ocurriendo otro golpe de estado en mi país. Salí a la calle a vivir ese trágico episodio con los neoyorquinos, me mezclé entre los que huían con la ropa llena de polvo, caminando como autómatas, estuve entre el pánico, ese pánico que podía palparse de tan espeso que era. Fue un día largo, larguísimo, marcado a fuego en la memoria.
Por la noche me senté en la acera de la Quinta Avenida a llorar y rezar. Imaginé el dolor que habría en miles y miles de hogares a mí alrededor. La ciudad estaba vacía, paralizada por el terror. Me quedé mucho tiempo rezando hasta que pasaron las máquinas retroexcavadoras amarillas. Y después de ellas pasaban taxis sin el asiento trasero para transportar cadáveres. Sé que en algún momento pensé: alguno de estos habitantes sabrá que en un día como hoy, hace 28 años, el gobierno de su país provocó el terror y provocó la muerte a miles y miles de chilenos. Sabrá alguno que el Presidente Nixon y Henry Kissinger decidieron la tragedia en mi país. Me respondí: No, no saben o no lo recuerdan si es que alguna vez supieron.
¿Qué hacer entonces para que no se repita? La solución parece ser una sola: Justicia. Justicia social al interior de nuestros países, de cada país, porque la injusticia es el criadero de rabias y de violencias. Desde la violencia al interior de un hogar hasta la violencia que provoca el estallido social. Justicia, justicia en las relaciones internacionales. Toda la historia nos enseña que la opresión de un pueblo sobre otro crea las condiciones para devolver el golpe. Justicia para investigar los crímenes respetando el estado de derecho y condenar a los culpables de acuerdo a la ley, para que no se repita. Para un defensor de los derechos humanos es tan bárbaro lo que hoy ocurre en Guantánamo como que hoy siga sin condena el General Pinochet.
Anteayer yo estaba en Madrid y fui varias veces, durante mi estancia en la capital española, a rezar a la estación de Atocha. Y por ser chilena cada vez que salgo de mi país, la pregunta que más se repite es ¿por qué no podemos enjuiciar y condenar al General Pinochet? ¿Por qué él aún tiene tanto poder? La respuesta es simple: el General Pinochet fue la herramienta, el instrumento de terror que Estados Unidos y la ultra derecha chilena utilizaron para derrocar al Presidente Salvador Allende y para luego instaurar una larga dictadura. Más aún, Pinochet finalmente aceptó que Chile se transformara en el laboratorio del neoliberalismo económico diseñado por el Premio Nóbel Milton Friedman, en la Escuela de Chicago.
Por tanto se le debe mucho a Pinochet y esa deuda debe pagársele al menos con su impunidad. Los defensores de los derechos humanos hemos dificultado bastante el cumplimiento de este compromiso espurio. Estuvimos a punto de conseguir que Londres le extraditara a Madrid y siempre agradeceremos a España por su tarea en la defensa internacional de los derechos humanos. Hoy seguimos luchando en los tribunales chilenos.
Nuevamente logramos hace poco el desafuero de Pinochet. Y nuevamente está sometido a proceso. Y ojo que estamos hablando de un General Pinochet que hasta el día de hoy conserva el título de “Padre Benemérito de la Patria”. Ahora estamos buscando la condena de los altos mandos militares y de los civiles de la dictadura. En estos días se ha procedido a la orden de arresto contra quienes fueron los ministros de seguridad interior. Es un nuevo paso. La impunidad de Pinochet también se explica por la necesidad de mantener en forma, afilada esta herramienta del terrorismo de Estado.
Me explico: Póngase en la cabeza de un jefe de la CIA, o de un poderoso empresario ultraderechista de Chile. Si Pinochet es condenado hoy, se pregunta: ¿Contaremos con los jefes militares mañana si nuevamente requerimos sus servicios? Es decir, para asegurar que mañana puedan contar con las Fuerzas Armadas para otro golpe, hay que darle impunidad hoy. Y qué decimos nosotros los defensores de derechos humanos para asegurar que mañana no se tienten con otro golpe, es justamente que tenemos que enjuiciarlos hoy y condenarlos hoy. Hay también otras formas de justicia: una de ellas dice en relación con la memoria. Que no se olvide que las nuevas generaciones recuerden nuestras tragedias. Yo trabajo en ambos espacios, colaboró con las causas judiciales, investigando y escribo mis libros para que no se olvide.
El holocausto judío no se limitó al juicio de Nuremberg y a los juicios a los jerarcas nazis que luego fueron hallados. Cada año tenemos nuevas películas y novelas que relatan esta tragedia desde los millones y millones de historias de los seres humanos. En periodismo sabemos que un millón de muertos es estadístico. Un muerto es tragedia. Y con esa medida es que trabajamos como se ha hecho en este evento. Para que la historia de un hombre, de una mujer o de una niña quede en la conciencia de los habitantes de este planeta en el futuro. Así se trabaja por la paz para proteger la vida de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos.
Que no haya impunidad ni olvido. Que sí haya justicia y memoria. Colaborar con esta tarea permite que uno se perciba como una persona decente. Y hay que resistir con mucha fuerza las presiones en orden a perdonar y olvidar como sinónimo de buen cristiano. Cada vez que alguien me exige perdón y olvido se que estoy frente a alguien que es cómplice por acción u omisión de los crímenes. Ni el Papa Juan Pablo II permitió la impunidad de quien intentó matarlo. Como Juan Pablo II, acaban de recordarlo, el Papa fue a la cárcel, lo bendijo en señal de perdón y el criminal se quedó entre rejas hasta completar su condena. Eso es justicia. Gracias.
miércoles, 9 de enero de 2008
En lo esencial, unidad
Declaración
La Democracia Cristiana realizó en el mes de octubre un Congreso Ideológico y Programático cuyas conclusiones son un ejemplo de adecuación de nuestra doctrina a la realidad chilena del 2008. Sin embargo, también es verdad que durante este tiempo nuestro Partido ha tenido conflictos internos que han culminado en el día de ayer con la renuncia de cinco diputados.
Quienes firmamos este documento lo hacemos en el ánimo de serenar nuestros espíritus, mantener la unidad del Partido y enfocar en nuestro futuro el rol que nos corresponde cumplir teniendo como norte los acuerdos del Congreso ya mencionados.
El aporte del Quinto Congreso es mucho más profundo que las dificultades que estamos sorteando. Por ello no compartimos las apreciaciones sostenidas en forma pública, por algunos militantes o ex militantes en la que señalan que la crisis de la Democracia Cristiana sería terminal y que sólo nos quedaría prepararnos para un rol menguado y secundario. Por el contrario lo sucedido debe renovar nuestro compromiso con la forma en que el Partido se ha expresado a Chile: Partido de vanguardia, Partido por la libertad, Partido para los mas necesitados, Partido para una democracia integral, Partido para cambiar la economía materialista y contraria a la equidad entre los chilenos.
Reiteramos que en esta perspectiva podemos lograr, y lo lograremos, la recomposición de nuestras relaciones internas para concluir en un todo superior a la suma de sus partes, y que sea el lugar común de cada militante.
Por eso:
1.- Valoramos como norma esencial la unidad interna en torno al proyecto global diseñado en el Congreso Ideológico, para ser capaces de ejercer una pedagogía política hacia nuestros militantes y hacia la opinión pública. Asumimos la sentancia de San Agustín:
En lo esencial, unidad.
En lo accidental, libertad.
Siempre fraternidad.
2.-Rescatamos como esencial el valor del Congreso y propusimos un documento suscrito por todas las sensibilidades y expresiones internas, planteando una mesa integrada e integradora que permitiera que nuestros líderes y eventuales candidatos a la Presidencia de la República tuvieran plena libertad y capacidad para dedicarse a expresar su opinión a Chile liberándolos del ejercicio de la Presidencia del Partido. De esta manera, a pesar de no haberse logrado plenamente el objetivo buscado, insistimos en una propuesta unitaria y dialogante entre nosotros, de respeto a quienes han abandonado nuestras filas, pero de claridad para señalarle a nuestros militantes y a la opinión pública que el espíritu y la vitalidad esencial de la Democracia Cristiana están en su historia, en sus testimonios, en su gente, en sus instituciones, en el compromiso con la Concertación y con los más pobres y vulnerables de Chile; y que nada de ello está fuera de la Democracia Cristiana.
3.-Proponemos también:
a) Una pronta entrega de los documentos del Congreso a las bases del Partido;
b) El inicio inmediato de una campaña de difusión interna y externa de dichas conclusiones;
c) Una programación también inmediata de las visitas de nuestros dirigentes a todas las comunas de Chile; y
d) La expresa petición a nuestros militantes de no generar conflictos innecesarios a quienes abandonaron el partido, pero asimismo, la expresa exigencia de resguardar el respeto a la Democrácia Cristiana con la fuerza de nuestros argumentos.
4.-Llamamos a nuestros camaradas, a los independientes y a nuestros partidos de la Concertación, a enfrentar con responsabilidad y entereza lo que viene sucediendo entre nosotros, al interior de nuestro Partido y en Chile entero. Por razones éticas nos unimos para derrotar a la Dictadura y por las mismas razones debemos seguir unidos hasta completar el cambio en la sociedad chilena. Por el respaldo que el país nos ha dado debemos asumir que no caben entre nosotros ni la corrupción ni la falta de compromiso ético. Pero también por estas mismas razones les pedimos templanza y serenidad para defender una democracia que tiene como base partidos de pensamiento claro y esperanzador.
Este es el mensaje que busca hacer de la Democracia Cristiana el instrumento con que podamos avanzar hacia una patria más justa, más libre y más solidaria; que no se construye sino con una Concertación querida y valorada por los chilenos. Instamos a elevar la calidad de nuestras controversias políticas frente a las discusiones insulsas que nos opone la derecha. Hacemos un llamado al respeto por nosotros mismos y por la investidura de los cargos y responsabilidades que el país nos ha confiado.
VC/ Santiago / 9 de enero de 2008.
miércoles, 2 de enero de 2008
La desaparición de los «colorines»
Rodolfo Fortunatti
¿Tiene sentido seguir hablando de los colorines cuando aquel que les dio su nombre ya no es militante de la Democracia Cristiana? ¿Tiene sentido seguir hablando del ala colorina cuando su líder natural busca fundar otra tienda política? ¿Qué queda de la tendencia colorina una vez que ha desaparecido aquello que la definía? ¿Qué nociones políticas, ideológicas o programáticas ha dejado en herencia el otrora carismático líder? ¿Acaso su crítica al stablishment? ¿Quizá la satírica alegoría sobre el Mapu-Martínez? ¿La crónica del fin de la Concertación? ¿El secular concepto de crimen social? ¿Tal vez la crítica al modelo?
Sólo vacío e incertidumbre han seguido a la expulsión. Un enorme vacío de proyecto. ¿Cuál es ahora el objetivo? ¿Hacia dónde avanzar? La vía judicial —anunciada y renunciada por Zaldívar— al menos ofrecía un horizonte. Pero esto de irse solo. Esto de irse no más del partido. Esto de no intentar nada desde dentro, se parece más a una capitulación que a un llamado a luchar.
Luego está el vacío de liderazgo. Nadie mejor que el senador encarnó la crítica a la clase política, al gobierno, al partido y a la coalición. Nadie con la inteligencia de Zaldívar ha podido ser más demoledor e intransigente en sus ataques. Pero, desaparecido el rostro de la disidencia, ¿no desaparece también el contenido de la disidencia? ¿Y no es precisamente ésta la consecuencia lógica del liderazgo personalista que simbolizó Zaldívar? ¿No es acaso su personalidad, y el culto que se desarrolló en torno suyo, el genuino soporte del discurso disidente? ¿Cómo podrían otros representar lo que sólo a él le pertenece?
Y está el vacío de poder, la vertiginosa pérdida de presencia e influencia. Está el problema de la reconstitución de las lealtades y adhesiones. ¿Cómo unir los fragmentos a los que quedó reducido el viejo mundo colorín? ¿Cuáles son las señas de identidad de este archipiélago formado por islotes de talante popular y reformador, y otros de raigambre conservadora y populista? ¿A dónde irán sin el liderazgo unipersonal que los interconectaba?
Como un día afirmó el propio Mulet, en Chile se está rebarajando el naipe, y el fenómeno está ocurriendo en el seno de la Democracia Cristiana. La desaparición de los colorines entraña la aparición de nuevas sensibilidades, culturas y formas de representación que alterarán crucialmente la actual correlación de fuerzas de la colectividad. Y ello quedará de relieve en el convulso acontecer político del 2008.
¿Tiene sentido seguir hablando de los colorines cuando aquel que les dio su nombre ya no es militante de la Democracia Cristiana? ¿Tiene sentido seguir hablando del ala colorina cuando su líder natural busca fundar otra tienda política? ¿Qué queda de la tendencia colorina una vez que ha desaparecido aquello que la definía? ¿Qué nociones políticas, ideológicas o programáticas ha dejado en herencia el otrora carismático líder? ¿Acaso su crítica al stablishment? ¿Quizá la satírica alegoría sobre el Mapu-Martínez? ¿La crónica del fin de la Concertación? ¿El secular concepto de crimen social? ¿Tal vez la crítica al modelo?
Sólo vacío e incertidumbre han seguido a la expulsión. Un enorme vacío de proyecto. ¿Cuál es ahora el objetivo? ¿Hacia dónde avanzar? La vía judicial —anunciada y renunciada por Zaldívar— al menos ofrecía un horizonte. Pero esto de irse solo. Esto de irse no más del partido. Esto de no intentar nada desde dentro, se parece más a una capitulación que a un llamado a luchar.
Luego está el vacío de liderazgo. Nadie mejor que el senador encarnó la crítica a la clase política, al gobierno, al partido y a la coalición. Nadie con la inteligencia de Zaldívar ha podido ser más demoledor e intransigente en sus ataques. Pero, desaparecido el rostro de la disidencia, ¿no desaparece también el contenido de la disidencia? ¿Y no es precisamente ésta la consecuencia lógica del liderazgo personalista que simbolizó Zaldívar? ¿No es acaso su personalidad, y el culto que se desarrolló en torno suyo, el genuino soporte del discurso disidente? ¿Cómo podrían otros representar lo que sólo a él le pertenece?
Y está el vacío de poder, la vertiginosa pérdida de presencia e influencia. Está el problema de la reconstitución de las lealtades y adhesiones. ¿Cómo unir los fragmentos a los que quedó reducido el viejo mundo colorín? ¿Cuáles son las señas de identidad de este archipiélago formado por islotes de talante popular y reformador, y otros de raigambre conservadora y populista? ¿A dónde irán sin el liderazgo unipersonal que los interconectaba?
Como un día afirmó el propio Mulet, en Chile se está rebarajando el naipe, y el fenómeno está ocurriendo en el seno de la Democracia Cristiana. La desaparición de los colorines entraña la aparición de nuevas sensibilidades, culturas y formas de representación que alterarán crucialmente la actual correlación de fuerzas de la colectividad. Y ello quedará de relieve en el convulso acontecer político del 2008.
miércoles, 26 de diciembre de 2007
El riesgo de la DC es seguir transitando igual que ahora
Entrevista al senador Ruiz-Esquide
El senador por la Octava Región Sur advierte el riesgo de una eventual renuncia del presidente del Tribunal Supremo de la DC, Carlos Figueroa, que puede ser malinterpretada en el partido. También asegura que el factor Zaldívar no es “la esencia de la enfermedad” que azota hoy a la tienda falangista.
Paralelo a los problemas que se han presentado en la Democracia Cristiana (DC) con la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia del Tribunal Supremo (TS) del partido, algunos sectores mantienen en pie la propuesta de convenir una mesa de consenso integrada por las sensibilidades más representativas del falangismo, para enfrentar los comicios municipales de noviembre del 2008.
Sin embargo, hay quienes señalan que ello sólo llevaría a profundizar la actual crisis partidaria. Uno de ellos es el senador chascón Mariano Ruiz-Esquide, quien se sumó la semana pasada al grupo liderado por el presidente del Senado, Eduardo Frei, para analizar una salida política al conflicto que mantiene cruzados a la mesa alvearista con el líder "colorín".
Sobre el senador Adolfo Zaldívar pesan dos solicitudes de expulsión, las cuales se podrían decidir a partir de hoy, fecha en que se reúne a deliberar el TS y donde también podría concretarse la renuncia de Carlos Figueroa.
- ¿Cómo queda de aquí en adelante el escenario en la DC, luego de la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia del Tribunal Supremo?
-No puedo responder eso porque es casi una adivinación. Si uno cruza los reglamentos, los estatutos, la forma de actuar del Tribunal, qué debe hacerse desde la mesa y la situación concreta del problema del momento, no tengo ninguna forma racional de saber qué sucede hacia delante. En todo caso, mi planteamiento es -y estoy tratando de ubicar a Carlos Figueroa para decirle- que ni él ni el vicepresidente deben renunciar.
-El senador Jorge Pizarro espera que la mesa directiva y el consejo rechacen la renuncia de Figueroa, porque el tribunal debe terminar el trabajo que empezó. ¿Comparte esa opinión?
-Sí, pero por otras razones.
-¿Cuáles?
-Mi razón fundamental es la siguiente: Aquí él (Figueroa) ha cumplido con su obligación y el tribunal ha hecho un trabajo determinado cuyo resultado no lo conocemos, porque él insiste en que aquí no hay fallo contra Adolfo Zaldívar. Segundo, él se siente traicionado por alguien de su propio tribunal, o tal vez alguien de la secretaría, o tal vez alguien "x", no sabemos quién fue el que traspasó esos antecedentes.
-¿De donde es más coherente pensar que se filtró la información, desde el sector alvearista o "colorín"?
-Es que puede ser cualquiera a estas alturas. Entonces, frente a su renuncia tengo dos observaciones. La primera, rescatar el valor ético. Él dice yo soy el presidente, me han traicionado, me siento traicionado, por lo tanto no me siento en condiciones de continuar. Como se dice en Europa, "shapoo", esto significa le sacamos el sombrero por su reacción ética. Pero desde el punto de vista formal y de las cosas de fondo, si él no es responsable no veo por qué tenga que renunciar y, además, si él renuncia se produce una renuncia del vicepresidente y se puede producir una renuncia masiva y quedamos, en materia disciplinaria y de un órgano importante, prácticamente en una cosa vacía que no sabemos qué va a suceder. Con eso triunfa aquel que comete el delito. Por lo tanto, creo que debería desistir de su rechazo y que se vuelva a hacer lo que falta, se haga y se falle, cualquiera sea el fallo.
-Si la mesa y el consejo nacional rechazan la renuncia, ¿estaría obligado a continuar Carlos Figueroa?
-Claro, pero no sería bueno que lo hiciera así porque entonces la defensa de Adolfo va a decir: Ahora sí que está obligado (Figueroa) con la mesa directiva, porque como le rechazó (la renuncia) está en deuda.
-A pesar del portazo que dio la senadora Alvear a la futura mesa de consenso de la DC, ¿sigue vigente la propuesta?
-No creo que ella haya rechazado la mesa de consenso, lo que ha rechazado es que los que son presidenciables a la República no entren a la nueva mesa, que es nuestra propuesta. Pero ése es un tema que se va a discutir más adelante. Ahora, si no es posible conciliar la integración de los que son abanderados, buscaremos lo que sea posible u otras fórmulas de acuerdo.
-¿Qué explicación dio la senadora Alvear para no aceptar la totalidad de la propuesta de mesa de consenso?
-Dijo que era más consistente que quien tenía mayoría pudiera estar presente en ambas tareas, dirección del partido y candidata presidencial. Además, minimizó los riesgos de estar todos los días en el trajín diario y cree que es más lógico su propuesta.
-¿Comparte la crítica del alvearismo que cuestiona la intervención del senador Eduardo Frei en el conflicto, acusándolo de tener sólo ambiciones presidencialistas?
-Creo que sería muy duro juzgar si Frei sólo tiene esta ambición. De que la tiene, la tiene. Yo le he preguntado y él me ha dicho que sí y todos sabemos que la tiene. Así como tampoco nadie duda de que Alvear quiera ser Presidenta de la República. Por eso prefiero que el debate se haga sobre hechos concretos y no sobre intenciones.
-¿Qué viene ahora que el alvearismo cerró la puerta a la mesa de consenso?
-Junto a otros representantes del sector chascón proponemos que las deliberaciones de la próxima junta nacional se enmarquen en lo resuelto por el congreso y se traduzcan en líneas de acción política, estratégica y programática. Pensamos que el caso Zaldívar es un hecho importante, pero no es la esencia de la enfermedad, sólo un síntoma que viene de atrás y cualquiera sea el resultado del fallo del TS, el partido no va a morir ni se va a desviar de la línea del congreso. Por ello insistimos en que el partido debe renovar su directiva, expresando la máxima pluralidad y para eso se requiere de la máxima generosidad de todos, rechazando de paso cualquier tentación de personalismos.
-¿Usted está disponible, si le piden que asuma un rol protagónico en la conducción partidaria?
-Todos debemos estar dispuestos, pero con la misma claridad le digo que no estoy en situación de responder sí a su pregunta, porque si lo hago, rompo el esfuerzo que estamos haciendo. De manera que yo no estoy en ésa, ni ninguno de nuestro grupo. Estamos por hacer una tesis y de eso que surja una mesa lo más integrada e inequívocamente imparcial para todos. Pero yo no soy candidato.
-¿Qué riesgos observa en la DC, si no logran una mesa de consenso?
-El riesgo es seguir transitando igual que ahora, porque no creo que se rompa. Sin embargo, las dificultades serán mayores. Por eso que también estamos abiertos a convenir una fórmula aleatoria.
-¿Observando el problema con mayor distancia, cree que la directiva alvearista exageró al pedir la expulsión de Zaldívar?
-La mesa no podía hacer otra cosa que recurrir al TS.
-¿Pero era necesario pedir su expulsión?
-Eso fue una petición. Ahora, puedo compartir que fue un error político de la directiva.
El senador por la Octava Región Sur advierte el riesgo de una eventual renuncia del presidente del Tribunal Supremo de la DC, Carlos Figueroa, que puede ser malinterpretada en el partido. También asegura que el factor Zaldívar no es “la esencia de la enfermedad” que azota hoy a la tienda falangista.
Paralelo a los problemas que se han presentado en la Democracia Cristiana (DC) con la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia del Tribunal Supremo (TS) del partido, algunos sectores mantienen en pie la propuesta de convenir una mesa de consenso integrada por las sensibilidades más representativas del falangismo, para enfrentar los comicios municipales de noviembre del 2008.
Sin embargo, hay quienes señalan que ello sólo llevaría a profundizar la actual crisis partidaria. Uno de ellos es el senador chascón Mariano Ruiz-Esquide, quien se sumó la semana pasada al grupo liderado por el presidente del Senado, Eduardo Frei, para analizar una salida política al conflicto que mantiene cruzados a la mesa alvearista con el líder "colorín".
Sobre el senador Adolfo Zaldívar pesan dos solicitudes de expulsión, las cuales se podrían decidir a partir de hoy, fecha en que se reúne a deliberar el TS y donde también podría concretarse la renuncia de Carlos Figueroa.
- ¿Cómo queda de aquí en adelante el escenario en la DC, luego de la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia del Tribunal Supremo?
-No puedo responder eso porque es casi una adivinación. Si uno cruza los reglamentos, los estatutos, la forma de actuar del Tribunal, qué debe hacerse desde la mesa y la situación concreta del problema del momento, no tengo ninguna forma racional de saber qué sucede hacia delante. En todo caso, mi planteamiento es -y estoy tratando de ubicar a Carlos Figueroa para decirle- que ni él ni el vicepresidente deben renunciar.
-El senador Jorge Pizarro espera que la mesa directiva y el consejo rechacen la renuncia de Figueroa, porque el tribunal debe terminar el trabajo que empezó. ¿Comparte esa opinión?
-Sí, pero por otras razones.
-¿Cuáles?
-Mi razón fundamental es la siguiente: Aquí él (Figueroa) ha cumplido con su obligación y el tribunal ha hecho un trabajo determinado cuyo resultado no lo conocemos, porque él insiste en que aquí no hay fallo contra Adolfo Zaldívar. Segundo, él se siente traicionado por alguien de su propio tribunal, o tal vez alguien de la secretaría, o tal vez alguien "x", no sabemos quién fue el que traspasó esos antecedentes.
-¿De donde es más coherente pensar que se filtró la información, desde el sector alvearista o "colorín"?
-Es que puede ser cualquiera a estas alturas. Entonces, frente a su renuncia tengo dos observaciones. La primera, rescatar el valor ético. Él dice yo soy el presidente, me han traicionado, me siento traicionado, por lo tanto no me siento en condiciones de continuar. Como se dice en Europa, "shapoo", esto significa le sacamos el sombrero por su reacción ética. Pero desde el punto de vista formal y de las cosas de fondo, si él no es responsable no veo por qué tenga que renunciar y, además, si él renuncia se produce una renuncia del vicepresidente y se puede producir una renuncia masiva y quedamos, en materia disciplinaria y de un órgano importante, prácticamente en una cosa vacía que no sabemos qué va a suceder. Con eso triunfa aquel que comete el delito. Por lo tanto, creo que debería desistir de su rechazo y que se vuelva a hacer lo que falta, se haga y se falle, cualquiera sea el fallo.
-Si la mesa y el consejo nacional rechazan la renuncia, ¿estaría obligado a continuar Carlos Figueroa?
-Claro, pero no sería bueno que lo hiciera así porque entonces la defensa de Adolfo va a decir: Ahora sí que está obligado (Figueroa) con la mesa directiva, porque como le rechazó (la renuncia) está en deuda.
-A pesar del portazo que dio la senadora Alvear a la futura mesa de consenso de la DC, ¿sigue vigente la propuesta?
-No creo que ella haya rechazado la mesa de consenso, lo que ha rechazado es que los que son presidenciables a la República no entren a la nueva mesa, que es nuestra propuesta. Pero ése es un tema que se va a discutir más adelante. Ahora, si no es posible conciliar la integración de los que son abanderados, buscaremos lo que sea posible u otras fórmulas de acuerdo.
-¿Qué explicación dio la senadora Alvear para no aceptar la totalidad de la propuesta de mesa de consenso?
-Dijo que era más consistente que quien tenía mayoría pudiera estar presente en ambas tareas, dirección del partido y candidata presidencial. Además, minimizó los riesgos de estar todos los días en el trajín diario y cree que es más lógico su propuesta.
-¿Comparte la crítica del alvearismo que cuestiona la intervención del senador Eduardo Frei en el conflicto, acusándolo de tener sólo ambiciones presidencialistas?
-Creo que sería muy duro juzgar si Frei sólo tiene esta ambición. De que la tiene, la tiene. Yo le he preguntado y él me ha dicho que sí y todos sabemos que la tiene. Así como tampoco nadie duda de que Alvear quiera ser Presidenta de la República. Por eso prefiero que el debate se haga sobre hechos concretos y no sobre intenciones.
-¿Qué viene ahora que el alvearismo cerró la puerta a la mesa de consenso?
-Junto a otros representantes del sector chascón proponemos que las deliberaciones de la próxima junta nacional se enmarquen en lo resuelto por el congreso y se traduzcan en líneas de acción política, estratégica y programática. Pensamos que el caso Zaldívar es un hecho importante, pero no es la esencia de la enfermedad, sólo un síntoma que viene de atrás y cualquiera sea el resultado del fallo del TS, el partido no va a morir ni se va a desviar de la línea del congreso. Por ello insistimos en que el partido debe renovar su directiva, expresando la máxima pluralidad y para eso se requiere de la máxima generosidad de todos, rechazando de paso cualquier tentación de personalismos.
-¿Usted está disponible, si le piden que asuma un rol protagónico en la conducción partidaria?
-Todos debemos estar dispuestos, pero con la misma claridad le digo que no estoy en situación de responder sí a su pregunta, porque si lo hago, rompo el esfuerzo que estamos haciendo. De manera que yo no estoy en ésa, ni ninguno de nuestro grupo. Estamos por hacer una tesis y de eso que surja una mesa lo más integrada e inequívocamente imparcial para todos. Pero yo no soy candidato.
-¿Qué riesgos observa en la DC, si no logran una mesa de consenso?
-El riesgo es seguir transitando igual que ahora, porque no creo que se rompa. Sin embargo, las dificultades serán mayores. Por eso que también estamos abiertos a convenir una fórmula aleatoria.
-¿Observando el problema con mayor distancia, cree que la directiva alvearista exageró al pedir la expulsión de Zaldívar?
-La mesa no podía hacer otra cosa que recurrir al TS.
-¿Pero era necesario pedir su expulsión?
-Eso fue una petición. Ahora, puedo compartir que fue un error político de la directiva.
viernes, 21 de diciembre de 2007
Los Caminos de la Conciliación Democratacristiana
pdf
Nadie en la Democracia Cristiana ignora el difícil momento por el que atraviesa el Partido. Aún admitiendo los matices que existen entre nosotros respecto a su magnitud, es innegable que todos hemos sido conmovidos y puestos en actitud vigilante. Este hecho representa un primer paso hacia la salida de la espiral, pues un problema que nos compromete a todos acaba llamando la atención de todos. Esto, desde luego, nos acerca a una mirada común.
Y no es el único gesto. Observamos con esperanza cómo se multiplican las voces que llaman a serenar los espíritus y a buscar genuinos caminos de entendimiento. Por el solo hecho de hacerse públicos, tales pronunciamientos entrañan actos políticos de enorme valor, pues colocan a sus autores en la obligación de exigirse a sí mismos lo que piden a los demás. Este principio de reciprocidad, de ponerse mentalmente en el lugar del otro, puede que parezca insuficiente para resolver los conflictos, pero su ausencia torna muy dificultoso, si no imposible, un diálogo racional y objetivo.
El Partido necesita profundizar el diálogo. El Partido necesita debatir. Necesita deliberar, porque esta impelido a tomar decisiones. En unas semanas, el 12 de enero, vence el plazo establecido para publicar las conclusiones del Quinto Congreso, así como las reformas orgánicas encomendadas a la Comisión de Estatutos, las cuales, a través de la Junta Nacional, deberán convertirse en la línea política de la Democracia Cristiana.
El Partido necesita examinar y confirmar las condiciones en que se desarrollará la vida interna. A propósito de los últimos procesos disciplinarios, la legitimidad, autoridad y prestigio de sus órganos de decisión han quedado expuestos al escrutinio público. No sólo es necesario administrar justicia sino también emprender acciones reparadoras. Hay pérdidas y degradaciones políticas que exigen el reestablecimiento del respeto, el imperio de las normas y la unidad en función de fines y metas comunes.
Por todo lo anterior, y en concordancia con lo que hemos venido señalando en los últimos días, proponemos que:
1) Las deliberaciones de la próxima Junta Nacional se enmarquen fundamentalmente en lo resuelto por el Quinto Congreso, y por cierto, que traduzcan sus acuerdos en líneas de acción política, estratégica y programática, donde los democratacristianos puedan arribar a un diagnóstico común sobre los problemas, soluciones y eventuales riesgos; y
2) En todo caso, y cualquiera sea el mecanismo a través del cual se renueve la directiva nacional, aspiramos a que ésta exprese la máxima pluralidad e imparcialidad del Partido y, sobre todo, que actúe desde la crisis hacia la estabilidad, la gobernabilidad y la paz que aspiramos.
Eso requiere la máxima generosidad de todos y cada uno de los democratacristianos, y el rechazo a todo personalismo develado o implícito.
VC / Santiago / 21 de diciembre de 2007.
Nadie en la Democracia Cristiana ignora el difícil momento por el que atraviesa el Partido. Aún admitiendo los matices que existen entre nosotros respecto a su magnitud, es innegable que todos hemos sido conmovidos y puestos en actitud vigilante. Este hecho representa un primer paso hacia la salida de la espiral, pues un problema que nos compromete a todos acaba llamando la atención de todos. Esto, desde luego, nos acerca a una mirada común.
Y no es el único gesto. Observamos con esperanza cómo se multiplican las voces que llaman a serenar los espíritus y a buscar genuinos caminos de entendimiento. Por el solo hecho de hacerse públicos, tales pronunciamientos entrañan actos políticos de enorme valor, pues colocan a sus autores en la obligación de exigirse a sí mismos lo que piden a los demás. Este principio de reciprocidad, de ponerse mentalmente en el lugar del otro, puede que parezca insuficiente para resolver los conflictos, pero su ausencia torna muy dificultoso, si no imposible, un diálogo racional y objetivo.
El Partido necesita profundizar el diálogo. El Partido necesita debatir. Necesita deliberar, porque esta impelido a tomar decisiones. En unas semanas, el 12 de enero, vence el plazo establecido para publicar las conclusiones del Quinto Congreso, así como las reformas orgánicas encomendadas a la Comisión de Estatutos, las cuales, a través de la Junta Nacional, deberán convertirse en la línea política de la Democracia Cristiana.
El Partido necesita examinar y confirmar las condiciones en que se desarrollará la vida interna. A propósito de los últimos procesos disciplinarios, la legitimidad, autoridad y prestigio de sus órganos de decisión han quedado expuestos al escrutinio público. No sólo es necesario administrar justicia sino también emprender acciones reparadoras. Hay pérdidas y degradaciones políticas que exigen el reestablecimiento del respeto, el imperio de las normas y la unidad en función de fines y metas comunes.
Por todo lo anterior, y en concordancia con lo que hemos venido señalando en los últimos días, proponemos que:
1) Las deliberaciones de la próxima Junta Nacional se enmarquen fundamentalmente en lo resuelto por el Quinto Congreso, y por cierto, que traduzcan sus acuerdos en líneas de acción política, estratégica y programática, donde los democratacristianos puedan arribar a un diagnóstico común sobre los problemas, soluciones y eventuales riesgos; y
2) En todo caso, y cualquiera sea el mecanismo a través del cual se renueve la directiva nacional, aspiramos a que ésta exprese la máxima pluralidad e imparcialidad del Partido y, sobre todo, que actúe desde la crisis hacia la estabilidad, la gobernabilidad y la paz que aspiramos.
Eso requiere la máxima generosidad de todos y cada uno de los democratacristianos, y el rechazo a todo personalismo develado o implícito.
VC / Santiago / 21 de diciembre de 2007.
viernes, 14 de diciembre de 2007
La Promesa
Rodolfo Fortunatti
Quizá uno de los mayores aciertos del relato de Ignacio González sobre la vida y el testimonio de Renán Fuentealba, sea su genio para desentrañar los lazos de afecto, lealtad y franqueza de los falangistas. Estos vínculos de genuina amistad, se revelan al modo de un subtexto, de un hálito espiritual que recorre la trama entera, sobre todo en aquellos episodios críticos que pudieron amenazar el destino de millones de seres humanos. Especialmente en las crisis, cuando las circunstancias no dejan lugar a vacilaciones, y la voluntad política se ve forzada a tomar posición. Es cuando alcanza mayor relieve esta persistente reafirmación de la promesa que une a los fundadores.
Hablo de promesa en el sentido en que la entiende Ricoeur. Esto es, como facultad humana. Donde la persona «se compromete con su palabra y dice que hará mañana lo que dice hoy: la promesa limita lo imprevisible del futuro, a riesgo de traición; el sujeto puede mantener su promesa o romperla; de esta manera, compromete la promesa de la promesa, la de cumplir su palabra, de ser confiable».
En las relaciones de afecto que establecen los viejos democratacristianos, se torna una necesidad controlar el riesgo futuro, manejar la incertidumbre del mañana, mediante la renovación de la promesa. La demanda de promesa fluye de manera explícita en cada epístola, en cada gesto, en cada palabra, en cada acción que emprenden. La promesa, asimismo, opera como salvaguarda contra la traición, compañera inseparable del poder y la dominación. La promesa permite limitar el poder a través del respeto a los principios y valores que se invocan sin cesar en el discurso político.
Cuenta Ignacio González que Bernardo Leighton encaró una vez a Edmundo Pérez Zujovic. «Yo también, Edmundo, tengo que quejarme contigo —le dijo. Porque estando yo en el extranjero, como ministro del Interior, entrevistándome con gente de otros gobiernos, tú, aquí, convenciste al Presidente que te nombrara ministro. Yo hice el ridículo afuera. El autor de eso eres tú. Porque el Presidente no es capaz de hacer eso». El incidente le había causado mucho pesar a Leighton, pero ello no lo inhibió de representárselo a Pérez, cara a cara y ante un tercero. Porque así era el trato. No precisamente pío, pero tampoco humillante ni destructivo. Es lo que mantenía la continuidad del diálogo y la colaboración.
La necesidad de actualizar la promesa hecha al otro, tiene también por objeto reafirmar la propia identidad, y diferenciarla de la identidad de aquellos que no están obligados a cumplirla, o que, simplemente, no quieren cumplirla. En palabras de Arendt, «sin estar obligados a cumplir las promesas, no podríamos mantener nuestras identidades, estaríamos condenados a vagar desesperados, sin dirección fija, en la oscuridad de nuestro solitario corazón, atrapados en sus contradicciones y equívocos, oscuridad que sólo desaparece con la luz de la esfera pública mediante la presencia de los demás, quienes confirman la identidad entre el que promete y el que cumple».
La reflexión del Presidente Frei, en marzo de 1969, fija crucialmente una identidad. A raíz de los trágicos sucesos de Pampa Irigoin, donde perdieron la vida ocho pobladores, Enrique Correa, a la sazón presidente de la JDC, exigió la renuncia del ministro Edmundo Pérez, al tiempo que emplazó a Bernardo Leighton —que gozaba de gran ascendiente— a responder por los… ¡asesinatos! Entonces Frei escribió a Renán Fuentealba, presidente del PDC, uno de sus más sentidos mensajes: «Estas declaraciones que no tienen precedente en la historia de Chile, que comprometen mi honor, puesto que yo constituyo el Gobierno y soy su primer representante, son incompatibles con mi presencia en el Partido. Si el Partido estima que la vida entera que he consagrado no tiene valor frente a declaraciones tan insensatas como miserables, se me hace imposible sentirme moralmente ligado a quienes me injurian de una manera tan atroz. Esto ya no es un problema político; es un problema moral».
Ya no es un problema político, subraya Frei. No es una cuestión de ideas, programas, formas de conducción, discrepancias en torno a iniciativas legislativas, o disciplina parlamentaria. Frei fija otra frontera, aún más fuerte y maciza que las del pluralismo democrático y la libertad de conciencia. Frei reivindica su honor personal, o sea, su dignidad esencial. Frei reclama reconocimiento a una vida de servicio. Frei apela a la comunidad, su Partido, y lo hace por su ministro del Interior. Frei habla por cada democratacristiano. Y nos recuerda la promesa.
Quizá uno de los mayores aciertos del relato de Ignacio González sobre la vida y el testimonio de Renán Fuentealba, sea su genio para desentrañar los lazos de afecto, lealtad y franqueza de los falangistas. Estos vínculos de genuina amistad, se revelan al modo de un subtexto, de un hálito espiritual que recorre la trama entera, sobre todo en aquellos episodios críticos que pudieron amenazar el destino de millones de seres humanos. Especialmente en las crisis, cuando las circunstancias no dejan lugar a vacilaciones, y la voluntad política se ve forzada a tomar posición. Es cuando alcanza mayor relieve esta persistente reafirmación de la promesa que une a los fundadores.
Hablo de promesa en el sentido en que la entiende Ricoeur. Esto es, como facultad humana. Donde la persona «se compromete con su palabra y dice que hará mañana lo que dice hoy: la promesa limita lo imprevisible del futuro, a riesgo de traición; el sujeto puede mantener su promesa o romperla; de esta manera, compromete la promesa de la promesa, la de cumplir su palabra, de ser confiable».
En las relaciones de afecto que establecen los viejos democratacristianos, se torna una necesidad controlar el riesgo futuro, manejar la incertidumbre del mañana, mediante la renovación de la promesa. La demanda de promesa fluye de manera explícita en cada epístola, en cada gesto, en cada palabra, en cada acción que emprenden. La promesa, asimismo, opera como salvaguarda contra la traición, compañera inseparable del poder y la dominación. La promesa permite limitar el poder a través del respeto a los principios y valores que se invocan sin cesar en el discurso político.
Cuenta Ignacio González que Bernardo Leighton encaró una vez a Edmundo Pérez Zujovic. «Yo también, Edmundo, tengo que quejarme contigo —le dijo. Porque estando yo en el extranjero, como ministro del Interior, entrevistándome con gente de otros gobiernos, tú, aquí, convenciste al Presidente que te nombrara ministro. Yo hice el ridículo afuera. El autor de eso eres tú. Porque el Presidente no es capaz de hacer eso». El incidente le había causado mucho pesar a Leighton, pero ello no lo inhibió de representárselo a Pérez, cara a cara y ante un tercero. Porque así era el trato. No precisamente pío, pero tampoco humillante ni destructivo. Es lo que mantenía la continuidad del diálogo y la colaboración.
La necesidad de actualizar la promesa hecha al otro, tiene también por objeto reafirmar la propia identidad, y diferenciarla de la identidad de aquellos que no están obligados a cumplirla, o que, simplemente, no quieren cumplirla. En palabras de Arendt, «sin estar obligados a cumplir las promesas, no podríamos mantener nuestras identidades, estaríamos condenados a vagar desesperados, sin dirección fija, en la oscuridad de nuestro solitario corazón, atrapados en sus contradicciones y equívocos, oscuridad que sólo desaparece con la luz de la esfera pública mediante la presencia de los demás, quienes confirman la identidad entre el que promete y el que cumple».
La reflexión del Presidente Frei, en marzo de 1969, fija crucialmente una identidad. A raíz de los trágicos sucesos de Pampa Irigoin, donde perdieron la vida ocho pobladores, Enrique Correa, a la sazón presidente de la JDC, exigió la renuncia del ministro Edmundo Pérez, al tiempo que emplazó a Bernardo Leighton —que gozaba de gran ascendiente— a responder por los… ¡asesinatos! Entonces Frei escribió a Renán Fuentealba, presidente del PDC, uno de sus más sentidos mensajes: «Estas declaraciones que no tienen precedente en la historia de Chile, que comprometen mi honor, puesto que yo constituyo el Gobierno y soy su primer representante, son incompatibles con mi presencia en el Partido. Si el Partido estima que la vida entera que he consagrado no tiene valor frente a declaraciones tan insensatas como miserables, se me hace imposible sentirme moralmente ligado a quienes me injurian de una manera tan atroz. Esto ya no es un problema político; es un problema moral».
Ya no es un problema político, subraya Frei. No es una cuestión de ideas, programas, formas de conducción, discrepancias en torno a iniciativas legislativas, o disciplina parlamentaria. Frei fija otra frontera, aún más fuerte y maciza que las del pluralismo democrático y la libertad de conciencia. Frei reivindica su honor personal, o sea, su dignidad esencial. Frei reclama reconocimiento a una vida de servicio. Frei apela a la comunidad, su Partido, y lo hace por su ministro del Interior. Frei habla por cada democratacristiano. Y nos recuerda la promesa.
El Perdón
Rodolfo Fortunatti
La irrupción de Frei no traerá la paz, pero contribuirá a ella. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana no pondrá atajo a la lucha, pero dictará sentencia. No acabará con las odiosidades, rencores y venganzas, pero suspenderá la disputa. Tal vez recupere la legitimidad, magnanimidad y autoridad, que tanto se echan de menos en la Justicia chilena. Acaso ayude a generar las condiciones para el respeto, el diálogo y la cooperación inherentes a los estados de paz.
Pero no acabarán la beligerancia ni el revanchismo. Para hacer desaparecer los deseos de venganza —la filosofía aún se pregunta si este propósito está al alcance de la política—, se precisan gestos de arrepentimiento y de perdón. Y es sabido que éstos anidan en el fuero íntimo de las personas. Como observa Hannah Arendt, el perdón y la relación que establece entre las personas, siempre es un asunto individual, donde lo hecho se perdona por amor a quien lo hizo. «La conciliación es entre dos personas» —declara la mesa—. Y Duarte, jefe de la bancada DC, explica: «Aquí no hay una decisión de dos personas, aquí hay una decisión institucional de la directiva de un partido, ratificada y respaldada por la enorme mayoría del consejo nacional, por lo tanto tendrían que llamar a conciliación a cuarenta y tantas personas que constituyen la institucionalidad de la DC». Así y todo, no obstante la penitencia y la indulgencia, la gracia no excluye la justicia. La justicia es la evocación de la regla de equivalencia y el registro de aquello que ha trastrocado las cosas.
El paso por el tribunal es necesario, pero no suficiente. Porque después de la justicia, todavía esperan su turno las responsabilidades moral y política. La responsabilidad moral convoca la voluntad individual de ofensores y ofendidos, y la dispone a la reconciliación. Sólo se llega a ella por convicción, y, ciertamente, ninguna estructura puede obligarla o condicionarla. En cambio, la responsabilidad política es colectiva, y comporta el llamado a todos los militantes a asumir la identidad y el compromiso ético político de actuar como miembros de la Democracia Cristiana, y de respetarse mutuamente. La responsabilidad política supone que todos son herederos de una misma historia.
Lo más difícil en una organización política es hacer explícita la responsabilidad moral. Precisamente porque ésta entraña el perdón. El perdón es el acto por el cual el ofendido libera al ofensor del daño que causó, y éste reconoce y repara lo hecho. ¿Qué es lo que nos ofende? La ofensa es una expresión de desprecio y humillación: «Yo soy honesto, usted es parte de una asociación ilícita»; «Yo respeto la ley, lo suyo, en cambio, se parece a la mafia siciliana»; «Yo soy sensible al sufrimiento de la gente, usted promueve el crimen social».
La negación que implica el trato desdeñoso, despierta resentimientos en el ofendido. El resentimiento es un odio moral que, no necesariamente, busca la destrucción del agresor, sino mostrar y vencer su falso mensaje. Los argumentos empleados son del tipo: «Es él quien cree que somos unos delincuentes»; «Tengo la convicción moral de que la directiva es tremendamente proba»; «Están en política para servir y no para servirse de los cargos»; «Tienen una trayectoria intachable». El problema del resentimiento es que una baja estima del ofendido lo empuje a renunciar a su defensa, o que, en el otro extremo, a través de un acto de venganza, trate de recuperar la pérdida: «¡Váyanse, váyanse, váyanse!».
Mas, sólo estamos perdonando cuando el perdón que otorgamos no entraña la pérdida de dignidad moral de quien lo recibe. Pero, en su reverso, la genuina garantía de integridad moral es que el perdón se funde en el arrepentimiento de éste. Y claro, el verdadero arrepentimiento supone, primero, reconocer que hubo agravio moral, y segundo, prometer que dicho agravio no volverá a ocurrir. El silencio sobre ambas cuestiones consolida el punto de no retorno.
lunes, 3 de diciembre de 2007
Movimiento Quinto Congreso
El viernes 30 de noviembre, militantes de diversas sensibilidades y regiones del país, nos hemos reunido en el antiguo edificio del Senado en Santiago. Lo hemos hecho motivados por el firme propósito de asumir los desafíos emanados del Quinto Congreso Nacional de la Democracia Cristiana. Sin embargo, sobrecogidos por el crítico momento que atraviesa el partido, los ahí congregados hemos decidido convertir esta convocatoria en un gran movimiento de opinión política, moral e intelectual, que contribuya a sortear la crisis y a responder eficazmente a las demandas y necesidades del país.
El partido es una comunidad de personas libres. Se ingresa a él por convicción, esto es, de manera libre y conciente. Con libertad asumimos el compromiso de respetar las normas que regulan su convivencia y sus cursos de acción política. Con libertad damos nuestro reconocimiento a sus instancias de decisión, entre las cuales el Congreso Nacional, es la más alta y soberana de todas. Con libertad consentimos someternos a las autoridades legítimamente constituidas, y la Mesa Nacional es la expresión ejecutiva de la voluntad colectiva, como el Consejo Nacional su asamblea representativa deliberante, y el Tribunal Supremo, su máxima instancia de resolución de litigios.
Por virtud de nuestra libertad es que los democratacristianos decidimos realizar el Congreso de octubre. Por obra de la libertad es que renovamos nuestra confianza en la organización. Por el valor de la libertad es que conquistamos comunitariamente una nueva convicción. Entonces, ocurrido este importante hito que fue el Quinto Congreso, nadie tiene derecho a actuar en contra del partido.
Contravenir estas garantías de la vida política común que comparten miles de militantes activos a lo largo de Chile, es poner en riesgo la herencia, vigencia y proyección de la Democracia Cristiana. Es romper lealtades mutuas. De ahí que la primera condición para restituir el diálogo y el entendimiento entre nosotros, sea respetar la casa que nos acoge.
Acusar a la directiva nacional de formar una asociación ilícita, una organización mafiosa siciliana para coludirse con la corrupción, entraña un hiriente agravio a todos los democratacristianos. Hacer cálculos de mayorías y minorías respecto de las inclinaciones del Tribunal Supremo, es rebajar la función de la justicia, y desacreditar sus arbitrajes. Justificar la violación de los estatutos en la libertad de opinión, es instalar fueros y privilegios reñidos con la igualdad de todos ante la ley. Nunca debiéramos olvidar que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal.
En este sentido, el de la acción y del discurso político, desplegaremos nuestros mayores esfuerzos para hacer realidad los siguientes anhelos:
Primero, la difusión, debate y concreción de las resoluciones adoptadas en el Quinto Congreso Nacional de la Democracia Cristiana. Ellas constituyen un faro que ilumina nuestra acción política, e inauguran una nueva modalidad de diálogo hacia dentro y hacia fuera de la Concertación. Ellas muestran los nuevos horizontes de la justicia, la libertad y la solidaridad en nuestra Patria.
Segundo, una resuelta participación del partido en la orientación de las políticas públicas. La acción del partido en la gestión política y legislativa de la Concertación debe ir más allá de su opinión acerca de los proyectos emblemáticos, más allá del desempeño de sus militantes en el aparato estatal, y más allá de la acción de sus senadores y diputados. Nadie es más grande que el partido; el partido trasciende a los gobiernos; el partido no se agota en la vida parlamentaria. Todo el partido debe involucrarse en el éxito del programa comprometido con la ciudadanía.
Tercero, la constitución de una mesa integrada que refleje el pluralismo y los consensos del Congreso. Una mesa cuya principal finalidad sea adecuar el partido a las resoluciones aprobadas en octubre. Proponemos una directiva que dé garantías a todos los eventuales candidatos presidenciales del partido, lo cual entraña que éstos se inhiban de encabezarla.
Cuarto, un acuerdo municipal y parlamentario ahora a fin de desactivar potenciales focos de conflicto y volcar las energías de la colectividad en las grandes tareas políticas y programáticas del futuro.
Quinto, la elaboración del Programa de Gobierno que representará la candidatura presidencial de la Democracia Cristiana.
Santiago, 3 de diciembre de 2007.
miércoles, 28 de noviembre de 2007
Después del Quinto Congreso
Rodolfo Fortunatti
Antes del año 49 de nuestra era, el cristianismo no se distinguía de otras muchas y varias sectas. Hasta el Concilio Apostólico de Jerusalén, celebrado probablemente aquel año, Jesucristo no pasaba de ser un personaje histórico, un líder, un liberador, quizá otro mesías. Hasta aquella discusión franca, directa y fraterna, protagonizada por Pablo y Pedro en Antioquía, el mensaje cristiano no pasaba de ser uno más entre los ancestrales credos judíos. Cuando Pablo advierte a Pedro acerca de los alcances de la ruptura, sólo entonces se instala la nueva religión con su crucial revelación de que Jesús en verdad era el hijo de Dios. Parece claro que de no haber mediado la convicción y resolución de Pablo, lo del Consejo de Jerusalén hoy sería un puro incidente eclesiástico. Es Pablo, pues, quien provoca el giro político que dará origen al cristianismo.
Vuelcos como éste son los que cambian el curso de los hechos. Por lo regular —como acontece con lo acordado por el consejo de la Democracia Cristiana—, detrás de ellos se alojan interrogantes no resueltas. ¿Recuperará su liderazgo la Democracia Cristiana? ¿Ofrecerá garantías de gobernabilidad, a pesar de los desmembramientos de la coalición y de la caída en la popularidad del gobierno? ¿Podrá constituirse en alternativa el 2009? De haber seguido la tendencia irresoluta prevaleciente hasta el lunes, ninguna de estas preguntas habría hallado respuesta. Pero el Consejo hace un corte. Fija un antes y un después, un punto de quiebre, una ruptura con la inercia de la costumbre. ¿Para qué? Para restablecer la confianza en la organización, en sus instituciones, en sus autoridades, en su convivencia interna. ¿Por qué? Porque sólo desde una posición creíble el partido puede contribuir a la unidad de la coalición, exigir conducción y liderazgo al gobierno y responder a las necesidades del país. Y, desde luego, trascender en el tiempo.
El quinto congreso había generado todas las condiciones de legitimidad necesarias para mejorar la calidad de la política democratacristiana. Paradójicamente, tras él se siguieron sucediendo las mismas prácticas políticas. Se siguió actuando como si nada hubiera ocurrido, con el consiguiente descrédito del proceso y el rápido desgaste de la organización. Esto, hasta el lunes pasado, cuando la inmensa y diversa mayoría del consejo resolvió respaldar a la mesa directiva, y solicitar al tribunal supremo la marginación del senador Adolfo Zaldívar. Lo obrado, más que una señal, marca un rumbo, que, de perseverar, colocará a la Democracia Cristiana a la vanguardia del sistema de partidos.
Antes del año 49 de nuestra era, el cristianismo no se distinguía de otras muchas y varias sectas. Hasta el Concilio Apostólico de Jerusalén, celebrado probablemente aquel año, Jesucristo no pasaba de ser un personaje histórico, un líder, un liberador, quizá otro mesías. Hasta aquella discusión franca, directa y fraterna, protagonizada por Pablo y Pedro en Antioquía, el mensaje cristiano no pasaba de ser uno más entre los ancestrales credos judíos. Cuando Pablo advierte a Pedro acerca de los alcances de la ruptura, sólo entonces se instala la nueva religión con su crucial revelación de que Jesús en verdad era el hijo de Dios. Parece claro que de no haber mediado la convicción y resolución de Pablo, lo del Consejo de Jerusalén hoy sería un puro incidente eclesiástico. Es Pablo, pues, quien provoca el giro político que dará origen al cristianismo.
Vuelcos como éste son los que cambian el curso de los hechos. Por lo regular —como acontece con lo acordado por el consejo de la Democracia Cristiana—, detrás de ellos se alojan interrogantes no resueltas. ¿Recuperará su liderazgo la Democracia Cristiana? ¿Ofrecerá garantías de gobernabilidad, a pesar de los desmembramientos de la coalición y de la caída en la popularidad del gobierno? ¿Podrá constituirse en alternativa el 2009? De haber seguido la tendencia irresoluta prevaleciente hasta el lunes, ninguna de estas preguntas habría hallado respuesta. Pero el Consejo hace un corte. Fija un antes y un después, un punto de quiebre, una ruptura con la inercia de la costumbre. ¿Para qué? Para restablecer la confianza en la organización, en sus instituciones, en sus autoridades, en su convivencia interna. ¿Por qué? Porque sólo desde una posición creíble el partido puede contribuir a la unidad de la coalición, exigir conducción y liderazgo al gobierno y responder a las necesidades del país. Y, desde luego, trascender en el tiempo.
El quinto congreso había generado todas las condiciones de legitimidad necesarias para mejorar la calidad de la política democratacristiana. Paradójicamente, tras él se siguieron sucediendo las mismas prácticas políticas. Se siguió actuando como si nada hubiera ocurrido, con el consiguiente descrédito del proceso y el rápido desgaste de la organización. Esto, hasta el lunes pasado, cuando la inmensa y diversa mayoría del consejo resolvió respaldar a la mesa directiva, y solicitar al tribunal supremo la marginación del senador Adolfo Zaldívar. Lo obrado, más que una señal, marca un rumbo, que, de perseverar, colocará a la Democracia Cristiana a la vanguardia del sistema de partidos.
martes, 16 de octubre de 2007
Valoramos nuestro Congreso
1 Terminado nuestro V Congreso Ideológico y Programático, los abajo firmantes queremos expresar nuestra satisfacción y orgullo por su realización y los acuerdos alcanzados en un clima de gran unidad, con un debate serio y con resultados de gran trascendencia.
2 Agradecemos a todos los militantes su esfuerzo y participación. Valoramos en justicia y fraternidad el trabajo del Consejo Nacional, la mesa directiva y la comisión organizadora. Asumimos su éxito como un triunfo de todos los militantes lo que nos llena de satisfacción.
3 Los acuerdos alcanzados revitalizan nuestra identidad partidaria progresista, renovadora, de avanzada social y de compromiso con el cambio del modelo económico y social —y no sólo con su corrección— que no interpreta el debate del Congreso. Sus acuerdos nos colocan a la par de los mismos vientos que corren en Chile y en el mundo entero ante la brecha brutal que se ha abierto en las sociedades del siglo XXI.
4 Las resoluciones acordadas sobre el sistema político y los valores éticos y doctrinarios, identidad del Partido, educación, derechos laborales y su protección, economía, visión interreligiosa, ciencia e innovación, la nueva constitución y el sistema judicial nos coloca en la tradición histórica desde la Falange, la Revolución en Libertad, la lucha por la libertad contra la dictadura, la inclaudicable acción de nuestra juventud y los cambios a favor del mundo rural, pobladores y de la mujer chilena, nos coloca —por los hechos— en la centro izquierda del esquema político chileno, ratificado por nuestro compromiso con la Concertación.
5 Estos mismos acuerdos descartan toda indefinición de nuestro partido, como tanto se nos acusa, y nos permite levantar la frente para trabajar por Chile. Llamamos a nuestros camaradas a dar testimonio de este Congreso en el trabajo partidario, en las leyes a futuro y en nuestra vida personal.
Llamamos con respeto, pero con fraternal urgencia, a nuestros partidos amigos, a tantos independientes y trabajadores que se han hecho renuentes a la política en el último tiempo, a recoger esta nueva segunda etapa que se nos abre para hacer surgir el desarrollo de Chile en un crecimiento justo y unidad real en nuestra diversidad. Esperamos con ansias nuestros propios cambios de conducta a la luz de la ética que surge del Congreso para que nuestro comportamiento sea un ejemplo que —con modestia— nos sirva a todos en el cumplimiento de nuestros deberes.
6 Asumimos los mandatos y desafíos del Congreso realizado. Nos compromete a todos sin mayor racionalización. Rechazamos por ello toda interpretación ventajista para juzgar sus acuerdos por parte de la derecha. Ellos son transparentes, leales con nuestros compromisos y en la perspectiva de futuro. Son por ello éticamente intachables y alejados de cualquier intención subalterna o mezquina.
7 Está todo muy claro:
Somos herederos de una tradición humanista cristiana que nació hace 70 años para terminar con el viejo capitalismo que hoy sigue siendo salvaje –en las palabras de Patricio Aylwin– y dirigir los cambios necesarios en cada época y muy especialmente hoy cuando oprime a mucha gente en el mundo entero.
Somos el presente de una puesta de justicia social, de defensa de los Derechos Humanos, de lucha por la equidad económica para terminar con la brecha escandalosa en la repartición de la riqueza, fruto de un pacto entre el humanismo cristiano y el humanismo social demócrata.
Somos –respaldados por los acuerdos del Congreso– la esperanza de las fuerzas sociales por el cambio, de los jóvenes que nos impulsan y de los trabajadores fuertes y organizados. Somos también la posibilidad de articular la unidad social del pueblo y de la unidad nacional como eje de nuestro esfuerzo. Este esfuerzo es el que requerimos para liderar la nueva etapa de la Concertación porque los acuerdos del Congreso no pueden implementarse con la derecha. Seríamos no consecuentes.
En estas líneas no hay vanidad; sólo orgullosa modestia porque ya pueden nuestros camaradas caminar por Chile con la frente en alto por las nuevas y renovadas rutas del Congreso. Además hora con el compromiso de nuestro comportamiento ético.
Santiago, 16 de octubre de 2007.
Renán Fuentealba Moena / Mariano Ruiz-Esquide / María Rozas / Alejandra Miranda / Héctor Gárate / Jorge Donoso / Jorge Consales / Ignacio Balbontín / Juan Guillermo Espinoza / José Soto / Rodolfo Fortunatti.
viernes, 12 de octubre de 2007
El lugar de la Democracia Cristiana
Rodolfo Fortunatti
Habrá tiempo para hacer el balance de este Quinto Congreso. Habrá tiempo y serenidad, para evaluar su organización, representatividad y transparencia. En todo caso, para juzgar el desempeño de su dirigencia política. Pero hoy lo que corresponde es fijar los términos del debate. Y los términos del debate apuntan precisamente a aquellas tensiones y conflictos que, al no haber hallado solución, arriesgan la supervivencia de la colectividad. ¿Qué problemas por ejemplo? Pues aquellas diferencias que afloran en la prensa, pero cuyas motivaciones políticas e ideológicas se arrastran desde hace unos 40 años.
Por entonces también se discutía la conveniencia de seguir prestándole apoyo al Presidente de la República, de mantenerse en la coalición de Gobierno, y de corregir sus inclinaciones díscolas. Sólo que hace 40 años las democracias cristianas latinoamericanas eran claras alternativas al capitalismo, como las democracias cristianas del mundo eran potentes disuasivos contra el equilibrio del terror impuesto por las grandes potencias. Ahora, es el presidente de la ODCA quien llama la atención sobre la supuesta izquierdización del partido, y es el presidente de la IDC quien recuerda a la falange la impronta centroderechista del organismo internacional. Todo ello, en un mundo signado por la globalización neoliberal y por una hegemonía imperial sin contrapeso.
¿Se han izquierdizado los democratacristianos? Si se miran los 50 años de trayectoria del partido, salta a la vista un dato muy importante: la época de oro de la colectividad coincide con la Revolución en Libertad, y con la movilización de cientos de miles de jóvenes estudiantes, campesinos, obreros, pobladores y profesionales atrapados por la gran obra política y cultural que encarnó el Presidente Eduardo Frei Montalva. No es sólo su movilización política, sino su ascenso e integración social. Se trata de un salto de conciencia que, con el correr de los años, pervivirá indeleble en la memoria. Esos jóvenes -entre los que se cuentan no pocos adolescentes- actualmente conforman las clases políticas dirigentes del país y, lo más significativo, son quienes han tomado a su cargo la conducción del partido de la flecha roja.
Son los mismos que dirigieron la lucha social bajo el Gobierno de Salvador Allende. Los mismos que combatieron a la dictadura de Augusto Pinochet. Los mismos que asumieron las exigencias de la transición democrática. Los que hoy reafirman el pacto social y político que nutre a la Concertación. Esos jóvenes que jamás gobernaron con la derecha porque lo suyo era la emancipación de los trabajadores y porque, a fin de cuentas, la derecha se volvió insurreccional. Esos jóvenes y sus herederos, ese talante nacional y popular, esa sociología histórica de la Democracia Cristiana, es la misma que se congrega este fin de semana.
Entonces: ¿se podría estar más a la izquierda de la Revolución en Libertad? ¿Se podría estar más a la izquierda de la vía no-capitalista de desarrollo? ¿Y de la reforma agraria? ¿Y de las nacionalizaciones? ¿Y de la redención proletaria? ¿Y del socialismo comunitario? Parece imposible. Y volviendo al presente, ¿no basta acaso ponerse al centro para verse a la izquierda de la derecha? Porque, ¿dónde está la centroderecha en Chile? ¿Dónde los Sarkozy y los Macri autóctonos? Es indudable que no existen. En cuanto a la política de alianzas de la Democracia Cristiana, huelgan dos preguntas. Primera: ¿debe la colectividad tomar el camino propio cuando sólo cuenta con el apoyo de la quinta parte del electorado en presencia de un régimen de mayorías? Segunda: si el partido resolviera concurrir a una alianza con la derecha, ¿cuál sería el programa político que impediría que sus sectores populares emigraran hacia otras opciones políticas?
Así y todo, el verdadero referente del posicionamiento político de la Democracia Cristiana lo proporciona la Iglesia Católica. Hace 40 años la Iglesia no sólo era pionera de la reforma social, sino artífice de cambios tan radicales como los que habría de traer el Concilio Vaticano II. Fue este sustrato humanista el que dio fundamento moral y espiritual a la transformación agraria impulsada por el partido. El caso es que, al igual que en aquella época, la Iglesia contemporánea alza su voz a favor de la justicia social. Es lo que se confirma en la localidad de Aparecida. Así también cuando los obispos se pronuncian por un sueldo ético y por un pacto social. La Democracia Cristiana comprenderá que no puede quedar a la zaga de los avances conseguidos por la conciencia moral, de la cual el mensaje de la Iglesia da fiel testimonio. Su desafío, por lo tanto, consistirá en situarse a la vanguardia de las luchas de reconocimiento y de los estados de paz, algo que entraña definiciones.
Los enemigos de la Democracia Cristiana no están en sus grupos y fracciones internas, sino en las condiciones que favorecen el grupalismo, el fraccionalismo y, en último término, la fragmentación del interés colectivo. Su mayor amenaza es la irresolución, la falta de voluntad para encarar las crisis, para hacer valer el voto de las mayorías, y para imponer autoridad y gobernabilidad. Por eso debe definirse. Esto, si no quiere caer en el extremo de Ramón Barros Luco, político tradicional para quien no había más que dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución.
Habrá tiempo para hacer el balance de este Quinto Congreso. Habrá tiempo y serenidad, para evaluar su organización, representatividad y transparencia. En todo caso, para juzgar el desempeño de su dirigencia política. Pero hoy lo que corresponde es fijar los términos del debate. Y los términos del debate apuntan precisamente a aquellas tensiones y conflictos que, al no haber hallado solución, arriesgan la supervivencia de la colectividad. ¿Qué problemas por ejemplo? Pues aquellas diferencias que afloran en la prensa, pero cuyas motivaciones políticas e ideológicas se arrastran desde hace unos 40 años.
Por entonces también se discutía la conveniencia de seguir prestándole apoyo al Presidente de la República, de mantenerse en la coalición de Gobierno, y de corregir sus inclinaciones díscolas. Sólo que hace 40 años las democracias cristianas latinoamericanas eran claras alternativas al capitalismo, como las democracias cristianas del mundo eran potentes disuasivos contra el equilibrio del terror impuesto por las grandes potencias. Ahora, es el presidente de la ODCA quien llama la atención sobre la supuesta izquierdización del partido, y es el presidente de la IDC quien recuerda a la falange la impronta centroderechista del organismo internacional. Todo ello, en un mundo signado por la globalización neoliberal y por una hegemonía imperial sin contrapeso.
¿Se han izquierdizado los democratacristianos? Si se miran los 50 años de trayectoria del partido, salta a la vista un dato muy importante: la época de oro de la colectividad coincide con la Revolución en Libertad, y con la movilización de cientos de miles de jóvenes estudiantes, campesinos, obreros, pobladores y profesionales atrapados por la gran obra política y cultural que encarnó el Presidente Eduardo Frei Montalva. No es sólo su movilización política, sino su ascenso e integración social. Se trata de un salto de conciencia que, con el correr de los años, pervivirá indeleble en la memoria. Esos jóvenes -entre los que se cuentan no pocos adolescentes- actualmente conforman las clases políticas dirigentes del país y, lo más significativo, son quienes han tomado a su cargo la conducción del partido de la flecha roja.
Son los mismos que dirigieron la lucha social bajo el Gobierno de Salvador Allende. Los mismos que combatieron a la dictadura de Augusto Pinochet. Los mismos que asumieron las exigencias de la transición democrática. Los que hoy reafirman el pacto social y político que nutre a la Concertación. Esos jóvenes que jamás gobernaron con la derecha porque lo suyo era la emancipación de los trabajadores y porque, a fin de cuentas, la derecha se volvió insurreccional. Esos jóvenes y sus herederos, ese talante nacional y popular, esa sociología histórica de la Democracia Cristiana, es la misma que se congrega este fin de semana.
Entonces: ¿se podría estar más a la izquierda de la Revolución en Libertad? ¿Se podría estar más a la izquierda de la vía no-capitalista de desarrollo? ¿Y de la reforma agraria? ¿Y de las nacionalizaciones? ¿Y de la redención proletaria? ¿Y del socialismo comunitario? Parece imposible. Y volviendo al presente, ¿no basta acaso ponerse al centro para verse a la izquierda de la derecha? Porque, ¿dónde está la centroderecha en Chile? ¿Dónde los Sarkozy y los Macri autóctonos? Es indudable que no existen. En cuanto a la política de alianzas de la Democracia Cristiana, huelgan dos preguntas. Primera: ¿debe la colectividad tomar el camino propio cuando sólo cuenta con el apoyo de la quinta parte del electorado en presencia de un régimen de mayorías? Segunda: si el partido resolviera concurrir a una alianza con la derecha, ¿cuál sería el programa político que impediría que sus sectores populares emigraran hacia otras opciones políticas?
Así y todo, el verdadero referente del posicionamiento político de la Democracia Cristiana lo proporciona la Iglesia Católica. Hace 40 años la Iglesia no sólo era pionera de la reforma social, sino artífice de cambios tan radicales como los que habría de traer el Concilio Vaticano II. Fue este sustrato humanista el que dio fundamento moral y espiritual a la transformación agraria impulsada por el partido. El caso es que, al igual que en aquella época, la Iglesia contemporánea alza su voz a favor de la justicia social. Es lo que se confirma en la localidad de Aparecida. Así también cuando los obispos se pronuncian por un sueldo ético y por un pacto social. La Democracia Cristiana comprenderá que no puede quedar a la zaga de los avances conseguidos por la conciencia moral, de la cual el mensaje de la Iglesia da fiel testimonio. Su desafío, por lo tanto, consistirá en situarse a la vanguardia de las luchas de reconocimiento y de los estados de paz, algo que entraña definiciones.
Los enemigos de la Democracia Cristiana no están en sus grupos y fracciones internas, sino en las condiciones que favorecen el grupalismo, el fraccionalismo y, en último término, la fragmentación del interés colectivo. Su mayor amenaza es la irresolución, la falta de voluntad para encarar las crisis, para hacer valer el voto de las mayorías, y para imponer autoridad y gobernabilidad. Por eso debe definirse. Esto, si no quiere caer en el extremo de Ramón Barros Luco, político tradicional para quien no había más que dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución.
martes, 9 de octubre de 2007
7 Ejes Progresistas; 21 ideas-fuerza para el V Congreso
pdf
I. El juicio histórico de la D.C.
1. La Democracia Cristiana chilena, a partir de su fundación como Falange Nacional, ha sido vanguardia por los cambios orientados por la solidaridad, la equidad y la libertad. Rompió desde el comienzo con la sociedad tradicional conservadora. En su origen constituye una fuerza Nacional y Popular para hacer los cambios, por la Justicia Social, mediante procedimientos pacíficos y democráticos.
2. La Democracia Cristiana cumple hasta hoy, ese rol histórico articulador para llevar a cabo los Cambios en Democracia lo que ha hecho predominar la Paz. Ha habido hitos claves: La Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva que liberó e integró grandes mayorías desposeídas. Fue el puente entre Capas Medias y Sectores Populares lo que se expresó en la profecía de la “Unidad Política y Social del Pueblo” con Radomiro Tomic. La lucha ejemplar, testimonial y pacífica, de muchos militantes, por la Democracia y los Derechos Humanos durante la dictadura que abrió paso a la Concertación de Partidos por la Democracia. La agrupación más exitosa de nuestra historia.
3. La Democracia Cristiana chilena está por el entendimiento histórico entre el Social Cristianismo y la Social Democracia, para construir un Estado Democrático y Social de Derecho, basado en una Economía de Desarrollo Social y en un Gran Pacto Social a través de un Consejo Económico y Social institucionalizado. Nuestra actual Misión es hacer de Chile una Sociedad más Humana y Solidaria para el siglo XXI.
II. Nuestra identidad
4. Las fuentes de inspiración originales fueron la filosofía cristiana; la doctrina social de la Iglesia Católica; el personalismo; el comunitarismo.
5. En el pasado reciente el ecumenismo, las experiencias de conciliación entre cristianos y socialistas, en base al humanismo. Las concertaciones de centro-izquierda.
6. Hoy debemos abrirnos no sólo a la filosofía y la doctrina humanista, sino a todas las fuentes de pensamiento que inspiran el Desarrollo Humano en las diversas Ciencias Sociales. Ser avanzada, para profundizar y perfeccionar nuestros acuerdos sociales y políticos, hacia una Democracia Plena, institucionalizada en un Estado de Derecho.
III. El Sistema Político que queremos
7. Chile necesita una Nueva Constitución Política para el Siglo XXI dentro de la Próxima Década. Un Nuevo Ideario común y compartido articulado por la Solidaridad, un Nuevo Estado. Nuevo Acuerdo Nacional Político y Social.
8. La Estrategia para lograrlo debe ser Gradual, pero no Conservadora. Debe apuntar hacia el Cambio. Puede ser consagrado por: Asamblea Constituyente, Plebiscito o Reforma Parlamentaria Electoral, pero debe dirigirse hacia un Sistema Electoral Proporcional Corregido, a breve plazo, y poner fin del binominalismo. Rebajar el quórum de las Leyes Orgánicas Constitucionales estableciendo la Mayoría absoluta de los Parlamentarios en Ejercicio, para que haya gobernabilidad mayoritaria.
9. Chile necesita un Nuevo Régimen Político, Semi –Presidencial que permita el gobierno de las Grandes Mayorías. Una descentralización, que concrete la Igualdad Territorial y la elección directa de Consejos Regionales. Una Descentralización efectiva.
IV. La Estrategia de Desarrollo que queremos
10. Una nueva Estrategia de Desarrollo, actualizada moderna y de futuro. Que aproveche la plataforma ya construida nacional e internacionalmente. Un fuerte papel del Estado, cuyo norte sea el establecimiento de una real Economía de Desarrollo Social; mayor valor agregado; protección social de los trabajadores y derechos laborales para la participación y negociación colectiva, que permitan su autorrealización; financiamiento y apoyo de la organización plural de la micro, pequeña y mediana empresa; participación social e integración equitativa a la producción buscando el pleno empleo de recursos humanos y materiales; políticas de desarrollo inclusivo, capaces de lograr mayor cohesión social y equidad, para sobrepasar solidariamente las desigualdades de ingreso, ocupacionales, educacionales, de género, etáreas, de acceso a la justicia y simbólicas.
11. Dada la actual y manifiesta crisis de desigualdad e injusticia social que sufre Chile, es necesario un Programa Nacional de Urgencia, a cinco años plazo, para la Democratización y Reducción acelerada de las Desigualdades, que contenga indicadores con metas específicas, de avance. Apoyo especial y explícito a las MYPIMES agrícolas, mineras, pesqueras y comerciales, para su inserción en clusters productivos de nuestros recursos naturales más valiosos, con metas precisas y mayores niveles de capacitación tecnológica; rectificaciones profundas en los mercados de capitales públicos y privados corrigiendo los cobros desmedidos y plazos insuficientes para los créditos; mayor reforma y modernización del aparato público, en beneficio de la mejor atención y defensa de los sectores medios y populares.
12. El actual marco constitucional e institucional de Chile es aún injusto. Restringe el derecho igualitario al desarrollo en condiciones equitativas. Es imprescindible introducir reformas jurídicas en el Orden Económico, en las leyes orgánicas constitucionales para avanzar más en un Desarrollo equilibrado socialmente, sustentable e incluyente. Son indispensables ciertas reformas: la tributaria hacia una mayor proporcionalidad de las cargas; el incremento de la actividad productiva del Estado en áreas estratégicas; la coordinación de las políticas financieras nacionales e internacionales para reducir la híper autonomía del Banco Central de Chile, sin parangón en el mundo. Así podremos apuntar hacia un Estado Democrático Social de Derecho, basado en una Economía de Desarrollo Social.
V. La Sociedad que queremos
13. Una Sociedad Participativa y Solidaria donde la Fraternidad armonice la vinculación social entre la Libertad y la Igualdad. Una vida social orgánicamente articulada en sus relaciones. Humanamente meritocrática en su movilidad. Integrada, Inclusiva, Dinámica, Moderna, Cohesionada e Incorporadora. Base de un Estado Democrático Social de Derecho. Hacer de Chile, un país integralmente desarrollado y sustentable, respetuoso de la naturaleza y de los derechos de las generaciones futuras. Una estrategia de cambio social, gradual, pero progresiva y dinámica, de acuerdo con la sociedad en que vivimos.
14. Un Nuevo Pacto Social y Político de Convivencia. Consolidar las redes de Protección Social. Un Consejo Económico y Social, institucionalizado y permanente. Hacer que las leyes que sancionen las políticas sociales en educación, salud, vivienda y urbanismo, trabajo y previsión, justicia y seguridad ciudadana tengan rasgos centrales de carácter solidario, que guarezcan el bien común por sobre el interés individual mercantil. Cambiar el sentido individualista de las leyes orgánicas constitucionales, bajándoles su quórum a la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
15. Desarrollar una organización social del trabajo, que respete los derechos inalienables del hombre que trabaja. Fortalecer el peso de las organizaciones sindicales y la negociación colectiva. Promover el poder, la agrupación e integración de las micro, pequeñas y medianas empresas, para su desarrollo moderno.
VI. El Partido que queremos
16. Partido Nacional y Popular; democrático, descentralizado, transparente y conductor; del cambio. Siempre articulador en Pro de la unidad de las fuerzas sociales y políticas de avanzada; crítico del neoliberalismo; y crítico de la globalización neoliberal; con políticas de alianzas de centro-izquierda desde la Concertación; un procedimiento interno de nominación de un solo candidato presidencial; un mecanismo que comprometa a toda la coalición para la selección de un único candidato presidencial para el 2009. Un programa concertado en sus contenidos básicos, un candidato legitimado democráticamente, una lista parlamentaria pactada en forma transparente.
17. Reforma de Estatutos. Un partido que actúe a la par en la política y en la sociedad. Coordinación Partido-Ejecutivo; coordinación Partido-Parlamento; coordinación Partido-Gobiernos Regionales; coordinación Partido-Municipios; coordinación Partido-Organizaciones de la Sociedad Civil. Mayor capacidad de conducción y orientación política, para concretar los cambios.
18. Pluralista dentro del humanismo cristiano. Moderno, profesional, con redes y comunicaciones fluidas hacia la sociedad; con financiamiento público y privado de los propios militantes. Autónomo nacional e internacionalmente. Una Democracia Cristiana Chilena regional e internacionalmente integrada, con fuerzas de avanzada democrática.
VII. El Mundo que queremos
19. Chile presente e integrado al mundo moderno. Respetuoso de los Tratados Internacionales y buscando el fortalecimiento de los Organismos Multilaterales. Artífice de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos. Trato justo en la OMC, para los países en desarrollo y subdesarrollados. Integrado con Europa, Asia Pacífico y Norteamérica. Aprovechamiento de los nichos que se han creado con los cerca de 70 tratados de libre comercio que se han firmado, con el fin de ampliar nuestras posibilidades de desarrollo en todos los planos.
20. Chile integrado y amistoso en América Latina y el Caribe. Miembro activo de las Américas. Partícipe en el MERCOSUR, la Comunidad Sud Americana y la Comunidad Andina.
21. Chile abierto y amistoso con sus vecinos, pero sólido en la defensa de sus derechos. Integrado regionalmente en la medida de lo posible, protegiendo su dignidad e identidad nacional, democrática.
Mariano Ruiz-Esquide / Renán Fuentealba Moena / Jorge Consales / Ignacio Balbontín / María Rozas / Héctor Gárate / Jorge Donoso / Juan Guillermo Espinoza / Rodolfo Fortunatti /
Santiago de Chile, 5 de octubre de 2007.
I. El juicio histórico de la D.C.
1. La Democracia Cristiana chilena, a partir de su fundación como Falange Nacional, ha sido vanguardia por los cambios orientados por la solidaridad, la equidad y la libertad. Rompió desde el comienzo con la sociedad tradicional conservadora. En su origen constituye una fuerza Nacional y Popular para hacer los cambios, por la Justicia Social, mediante procedimientos pacíficos y democráticos.
2. La Democracia Cristiana cumple hasta hoy, ese rol histórico articulador para llevar a cabo los Cambios en Democracia lo que ha hecho predominar la Paz. Ha habido hitos claves: La Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva que liberó e integró grandes mayorías desposeídas. Fue el puente entre Capas Medias y Sectores Populares lo que se expresó en la profecía de la “Unidad Política y Social del Pueblo” con Radomiro Tomic. La lucha ejemplar, testimonial y pacífica, de muchos militantes, por la Democracia y los Derechos Humanos durante la dictadura que abrió paso a la Concertación de Partidos por la Democracia. La agrupación más exitosa de nuestra historia.
3. La Democracia Cristiana chilena está por el entendimiento histórico entre el Social Cristianismo y la Social Democracia, para construir un Estado Democrático y Social de Derecho, basado en una Economía de Desarrollo Social y en un Gran Pacto Social a través de un Consejo Económico y Social institucionalizado. Nuestra actual Misión es hacer de Chile una Sociedad más Humana y Solidaria para el siglo XXI.
II. Nuestra identidad
4. Las fuentes de inspiración originales fueron la filosofía cristiana; la doctrina social de la Iglesia Católica; el personalismo; el comunitarismo.
5. En el pasado reciente el ecumenismo, las experiencias de conciliación entre cristianos y socialistas, en base al humanismo. Las concertaciones de centro-izquierda.
6. Hoy debemos abrirnos no sólo a la filosofía y la doctrina humanista, sino a todas las fuentes de pensamiento que inspiran el Desarrollo Humano en las diversas Ciencias Sociales. Ser avanzada, para profundizar y perfeccionar nuestros acuerdos sociales y políticos, hacia una Democracia Plena, institucionalizada en un Estado de Derecho.
III. El Sistema Político que queremos
7. Chile necesita una Nueva Constitución Política para el Siglo XXI dentro de la Próxima Década. Un Nuevo Ideario común y compartido articulado por la Solidaridad, un Nuevo Estado. Nuevo Acuerdo Nacional Político y Social.
8. La Estrategia para lograrlo debe ser Gradual, pero no Conservadora. Debe apuntar hacia el Cambio. Puede ser consagrado por: Asamblea Constituyente, Plebiscito o Reforma Parlamentaria Electoral, pero debe dirigirse hacia un Sistema Electoral Proporcional Corregido, a breve plazo, y poner fin del binominalismo. Rebajar el quórum de las Leyes Orgánicas Constitucionales estableciendo la Mayoría absoluta de los Parlamentarios en Ejercicio, para que haya gobernabilidad mayoritaria.
9. Chile necesita un Nuevo Régimen Político, Semi –Presidencial que permita el gobierno de las Grandes Mayorías. Una descentralización, que concrete la Igualdad Territorial y la elección directa de Consejos Regionales. Una Descentralización efectiva.
IV. La Estrategia de Desarrollo que queremos
10. Una nueva Estrategia de Desarrollo, actualizada moderna y de futuro. Que aproveche la plataforma ya construida nacional e internacionalmente. Un fuerte papel del Estado, cuyo norte sea el establecimiento de una real Economía de Desarrollo Social; mayor valor agregado; protección social de los trabajadores y derechos laborales para la participación y negociación colectiva, que permitan su autorrealización; financiamiento y apoyo de la organización plural de la micro, pequeña y mediana empresa; participación social e integración equitativa a la producción buscando el pleno empleo de recursos humanos y materiales; políticas de desarrollo inclusivo, capaces de lograr mayor cohesión social y equidad, para sobrepasar solidariamente las desigualdades de ingreso, ocupacionales, educacionales, de género, etáreas, de acceso a la justicia y simbólicas.
11. Dada la actual y manifiesta crisis de desigualdad e injusticia social que sufre Chile, es necesario un Programa Nacional de Urgencia, a cinco años plazo, para la Democratización y Reducción acelerada de las Desigualdades, que contenga indicadores con metas específicas, de avance. Apoyo especial y explícito a las MYPIMES agrícolas, mineras, pesqueras y comerciales, para su inserción en clusters productivos de nuestros recursos naturales más valiosos, con metas precisas y mayores niveles de capacitación tecnológica; rectificaciones profundas en los mercados de capitales públicos y privados corrigiendo los cobros desmedidos y plazos insuficientes para los créditos; mayor reforma y modernización del aparato público, en beneficio de la mejor atención y defensa de los sectores medios y populares.
12. El actual marco constitucional e institucional de Chile es aún injusto. Restringe el derecho igualitario al desarrollo en condiciones equitativas. Es imprescindible introducir reformas jurídicas en el Orden Económico, en las leyes orgánicas constitucionales para avanzar más en un Desarrollo equilibrado socialmente, sustentable e incluyente. Son indispensables ciertas reformas: la tributaria hacia una mayor proporcionalidad de las cargas; el incremento de la actividad productiva del Estado en áreas estratégicas; la coordinación de las políticas financieras nacionales e internacionales para reducir la híper autonomía del Banco Central de Chile, sin parangón en el mundo. Así podremos apuntar hacia un Estado Democrático Social de Derecho, basado en una Economía de Desarrollo Social.
V. La Sociedad que queremos
13. Una Sociedad Participativa y Solidaria donde la Fraternidad armonice la vinculación social entre la Libertad y la Igualdad. Una vida social orgánicamente articulada en sus relaciones. Humanamente meritocrática en su movilidad. Integrada, Inclusiva, Dinámica, Moderna, Cohesionada e Incorporadora. Base de un Estado Democrático Social de Derecho. Hacer de Chile, un país integralmente desarrollado y sustentable, respetuoso de la naturaleza y de los derechos de las generaciones futuras. Una estrategia de cambio social, gradual, pero progresiva y dinámica, de acuerdo con la sociedad en que vivimos.
14. Un Nuevo Pacto Social y Político de Convivencia. Consolidar las redes de Protección Social. Un Consejo Económico y Social, institucionalizado y permanente. Hacer que las leyes que sancionen las políticas sociales en educación, salud, vivienda y urbanismo, trabajo y previsión, justicia y seguridad ciudadana tengan rasgos centrales de carácter solidario, que guarezcan el bien común por sobre el interés individual mercantil. Cambiar el sentido individualista de las leyes orgánicas constitucionales, bajándoles su quórum a la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
15. Desarrollar una organización social del trabajo, que respete los derechos inalienables del hombre que trabaja. Fortalecer el peso de las organizaciones sindicales y la negociación colectiva. Promover el poder, la agrupación e integración de las micro, pequeñas y medianas empresas, para su desarrollo moderno.
VI. El Partido que queremos
16. Partido Nacional y Popular; democrático, descentralizado, transparente y conductor; del cambio. Siempre articulador en Pro de la unidad de las fuerzas sociales y políticas de avanzada; crítico del neoliberalismo; y crítico de la globalización neoliberal; con políticas de alianzas de centro-izquierda desde la Concertación; un procedimiento interno de nominación de un solo candidato presidencial; un mecanismo que comprometa a toda la coalición para la selección de un único candidato presidencial para el 2009. Un programa concertado en sus contenidos básicos, un candidato legitimado democráticamente, una lista parlamentaria pactada en forma transparente.
17. Reforma de Estatutos. Un partido que actúe a la par en la política y en la sociedad. Coordinación Partido-Ejecutivo; coordinación Partido-Parlamento; coordinación Partido-Gobiernos Regionales; coordinación Partido-Municipios; coordinación Partido-Organizaciones de la Sociedad Civil. Mayor capacidad de conducción y orientación política, para concretar los cambios.
18. Pluralista dentro del humanismo cristiano. Moderno, profesional, con redes y comunicaciones fluidas hacia la sociedad; con financiamiento público y privado de los propios militantes. Autónomo nacional e internacionalmente. Una Democracia Cristiana Chilena regional e internacionalmente integrada, con fuerzas de avanzada democrática.
VII. El Mundo que queremos
19. Chile presente e integrado al mundo moderno. Respetuoso de los Tratados Internacionales y buscando el fortalecimiento de los Organismos Multilaterales. Artífice de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos. Trato justo en la OMC, para los países en desarrollo y subdesarrollados. Integrado con Europa, Asia Pacífico y Norteamérica. Aprovechamiento de los nichos que se han creado con los cerca de 70 tratados de libre comercio que se han firmado, con el fin de ampliar nuestras posibilidades de desarrollo en todos los planos.
20. Chile integrado y amistoso en América Latina y el Caribe. Miembro activo de las Américas. Partícipe en el MERCOSUR, la Comunidad Sud Americana y la Comunidad Andina.
21. Chile abierto y amistoso con sus vecinos, pero sólido en la defensa de sus derechos. Integrado regionalmente en la medida de lo posible, protegiendo su dignidad e identidad nacional, democrática.
Mariano Ruiz-Esquide / Renán Fuentealba Moena / Jorge Consales / Ignacio Balbontín / María Rozas / Héctor Gárate / Jorge Donoso / Juan Guillermo Espinoza / Rodolfo Fortunatti /
Santiago de Chile, 5 de octubre de 2007.
viernes, 5 de octubre de 2007
El juez del caso Riggs
Rodolfo Fortunatti
El 4 de abril del 2006 fue una intensa jornada de debate en el Senado. Se votaba la iniciativa del Presidente Lagos para llenar la vacante de la Corte Suprema dejada por José Benquis. El nombre elegido por Lagos, entre los cinco seleccionados por el Poder Judicial, fue el de Carlos Cerda, juez a cargo del caso Riggs. Cerda concitó entonces la adhesión de los veinte senadores de la Concertación, más el voto de Alberto Espina, vicepresidente de Renovación Nacional. Sin embargo, el alto quórum de dos tercios exigido por la Constitución del ‘80 —25 de los 38 senadores en ejercicio, cuando en Estados Unidos para estos efectos se precisa la simple mayoría—, resultó en el rechazo de la propuesta. La negativa la impuso una minoría de 16 parlamentarios de derecha, entre ellos, Andrés Allamand, paladín de la teoría del desalojo, y Evelyn Matthei, que se irrita con facilidad ante la sola idea de que la Concertación haga valer su mayoría en la sucesión del Banco Central.
Carlos Cerda no es importante por su currículum, que lo tiene, sino por su biografía. Por currículum, o sea, por sus títulos, honores, cargos, trabajos realizados, calificaciones, Carlos Cerda es una persona que inició la carrera judicial en 1965. Trabajó en el Primer Juzgado de Santa Cruz entre 1968 y 1974. Después se desempeñó como abogado relator de la Corte de Apelaciones, y, en 1979, de la Corte Suprema. En 1982 pasó a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que fue su presidente entre los años 2002 y 2003. Por currículum, Carlos Cerda es doctor en derecho de las universidades Católica de Lovaina, Bélgica, y Paris II, Francia.
Por biografía, es decir, por historia de vida, Carlos Cerda es de otro talante. Juez valiente, hombre decente e independiente, dicen de él. Una voz que se levantó en el ámbito de la justicia en momentos de gran consternación en el país, subrayan los cronistas. El único juez que persiguió casos por abusos a los derechos humanos del régimen de Pinochet mientras éste aún estaba en el poder, fundamenta la Gruber Foundation al galardonarlo. Por biografía, Carlos Cerda ha penetrado en el imaginario popular chileno. Ha sido capaz de contribuir al discurso de los derechos humanos. Ha sido capaz de actuar y de conmover con sus acciones a la sociedad. Ha sido capaz de relatar el sentido de la justicia, y lo ha hecho de un modo tan legible e inteligible, que su relato ha galvanizado nuestra visión del mundo y de las cosas. Ha dado testimonio de sus valores y creencias, y ello le ha valido el desprecio y las humillaciones, aunque, en compensación, también ha recibido el aprecio de los desposeídos y vulnerables. Por biografía, Carlos Cerda ha comprometido su palabra, y lo ha hecho de manera tan coherente que, hasta hoy, la suya es una de las voces más veraces, confiables y esperanzadoras que se escuchan.
Carlos Cerda, más allá del currículum, hoy empieza a gravitar como biografía, como una vida personal dentro de una vida colectiva. Y, más allá de esta vida colectiva, real y cotidiana, la imagen comienza a dar origen a la leyenda, a la iconografía de las capacidades y virtudes con las que el país desearía identificarse. Son nuestros valores los que construyen aquella figura. Son nuestros valores los que crean al héroe que, a su vez, se legitima por nuestros ideales sociales. Nace el héroe, la imagen idealizada que nos hacemos de nosotros mismos. Porque es nuestra propia imaginación poética la que nos ofrece un horizonte, una luz, una nueva frontera hacia donde avanzar. Porque lo que el país en verdad ve en el perfil del juez Cerda, es su nuevo talante nacional. Así, mientras el magistrado —escapando a pesar suyo de la realidad— dirige sus pasos hacia la leyenda, nosotros nos encaminamos hacia una nueva conciencia de la justicia. Gracias a gente como él podemos seguir abrigando la certidumbre de nuevos sueños.
lunes, 24 de septiembre de 2007
Lucha y pacto social
Rodolfo Fortunatti
En los precisos momentos en que Alan Greenspan publica sus memorias, en Chile se oye una nueva demanda de justicia. En los instantes en que el ex presidente del Banco Central de Estados Unidos lanza al mercado su último libro, Época de turbulencia: aventuras en un mundo nuevo*, la Iglesia reclama un pacto social a favor de la solidaridad, la paz y la democracia. Dos discursos simultáneos, pero con fuertes contrastes.
Por una parte, Greenspan, que ahora —porque nunca en sus dieciocho años a cargo de las reservas federales— posa de paladín de las altas tasas de interés, las bajas de inflación, y el control del gasto. Si se ha atrevido a criticar la política fiscal del mismísimo Bush. Alan Greenspan que, como el converso Peter Berger («me he vuelto enfáticamente pro-capitalista», confesó un día a sus amigos del CEP), descree del imperialismo y de las elites económicas como fuentes del subdesarrollo. Pero por otra parte los obispos, todos los obispos, especialmente el cardenal Errázuriz y monseñor Goic. El Cardenal, porque ha convocado al país a un amplio pacto social que combine «crecimiento económico y sus ventajas, con el aumento de la productividad y de los lugares de trabajo, y con el crecimiento en justicia social, acogiendo sus imperativos éticos». El obispo Goic, porque ha iluminado el sentido del compromiso político cristiano: «de poco nos serviría una democracia que no fuera capaz de generar más justicia social, y de poco nos serviría un mayor crecimiento del que sólo algunos se beneficiaran y engendrara nuevas y mayores injusticias».
Hay quienes creen hacerse cargo de las exhortaciones pastorales oponiéndole el clásico reduccionismo liberal católico, que no por burdo resulta menos tecnocrático. ¿Para qué un pacto social —se preguntan— si existe contrato colectivo? ¿Para qué negociación colectiva cuando hay contrato individual? Mañana, a no dudarlo, nos rebatirán con los argumentos de Greenspan, aun sabiendo que la respuesta no se encuentra bajando hacia los procedimientos, sino subiendo hacia los principios, donde la pregunta es otra.
¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el bien perseguido? ¿Deseamos dotar a las personas de las capacidades y facultades necesarias para ser reconocidas? Porque hoy no todos se sienten reconocidos. De otro modo no se entiende que exploten, cada vez con mayor virulencia, las luchas políticas y sociales que han conmocionado al país. Satisfacer este anhelo de reconocimiento entraña pues plasmarlo en las instituciones y, seguidamente, en la convivencia social. Lo uno, para hacer justicia; lo otro, para inhibir los deseos de venganza, y asegurar los estados de paz. Ser capaces y ser reconocidos son condiciones de la realización de las personas, o sea, de la conquista de mayor libertad y autonomía.
Quizá nadie como Paul Ricoeur haya explicado de manera más lúcida esta relación. Primero, para Ricoeur la persona humana es una historia, esto es, una biografía, un proceso, un continuo que se extiende a lo largo del tiempo. Segundo, Ricoeur distingue dos tipos de capacidades, a saber, las heredadas por transmisión genética, y las adquiridas por efecto de la socialización. Tercero, Ricoeur identifica las capacidades de decir, de producir espontáneamente un discurso sensato; de actuar, de producir acontecimientos en la sociedad y en la naturaleza; de contar, de relatar acontecimientos de manera legible e inteligible dentro de una historia; de imputabilidad, de ser autor de actos; y de promesa, de comprometer la palabra y de limitar así la incertidumbre acerca del mañana y el riesgo de traición. Cuarto, según Ricoeur la persona aspira a que estas capacidades sean reconocidas por los demás. Quinto, este reconocimiento no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad. Sexto, el envilecimiento de las luchas de reconocimiento se expresa en humillación, desprecio y violencia en todas sus formas. Séptimo, las luchas de reconocimiento se producen tanto en el seno de la familia, como en las estructuras institucionales, especialmente en el ámbito de los derechos que se fundan en los principios de libertad, justicia e igualdad: «No pueden reivindicarse derechos para mí que no se reivindiquen para otros sobre bases de igualdad». Sin embargo, las luchas de reconocimiento van más allá de las instituciones. Se orientan a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades reclaman reconocimiento.
¿Pero puede haber reconocimiento sin lucha? Ricoeur sostiene que el genuino reconocimiento surge cuando hay reciprocidad, mutualidad, «proporcionar a cambio». Ricoeur asimismo afirma que esta modalidad superior de generosidad se encuentra en todas las treguas de nuestras luchas y, en consecuencia, en los armisticios y acuerdos sociales. Se trataría de un compromiso cimentado en la amistad política. Un compromiso que trasciende el puro intercambio mercantil. Más todavía, un compromiso que interrumpe el mercado alejándonos de la incertidumbre de la guerra de todos contra todos. A esta especie pertenece el pacto social que por estos días propugnan los cristianos.
*Alan Greenspan, The Age of Turbulence: Adventures in a New World, Penguin Press, NY, 2007.
En los precisos momentos en que Alan Greenspan publica sus memorias, en Chile se oye una nueva demanda de justicia. En los instantes en que el ex presidente del Banco Central de Estados Unidos lanza al mercado su último libro, Época de turbulencia: aventuras en un mundo nuevo*, la Iglesia reclama un pacto social a favor de la solidaridad, la paz y la democracia. Dos discursos simultáneos, pero con fuertes contrastes.
Por una parte, Greenspan, que ahora —porque nunca en sus dieciocho años a cargo de las reservas federales— posa de paladín de las altas tasas de interés, las bajas de inflación, y el control del gasto. Si se ha atrevido a criticar la política fiscal del mismísimo Bush. Alan Greenspan que, como el converso Peter Berger («me he vuelto enfáticamente pro-capitalista», confesó un día a sus amigos del CEP), descree del imperialismo y de las elites económicas como fuentes del subdesarrollo. Pero por otra parte los obispos, todos los obispos, especialmente el cardenal Errázuriz y monseñor Goic. El Cardenal, porque ha convocado al país a un amplio pacto social que combine «crecimiento económico y sus ventajas, con el aumento de la productividad y de los lugares de trabajo, y con el crecimiento en justicia social, acogiendo sus imperativos éticos». El obispo Goic, porque ha iluminado el sentido del compromiso político cristiano: «de poco nos serviría una democracia que no fuera capaz de generar más justicia social, y de poco nos serviría un mayor crecimiento del que sólo algunos se beneficiaran y engendrara nuevas y mayores injusticias».
Hay quienes creen hacerse cargo de las exhortaciones pastorales oponiéndole el clásico reduccionismo liberal católico, que no por burdo resulta menos tecnocrático. ¿Para qué un pacto social —se preguntan— si existe contrato colectivo? ¿Para qué negociación colectiva cuando hay contrato individual? Mañana, a no dudarlo, nos rebatirán con los argumentos de Greenspan, aun sabiendo que la respuesta no se encuentra bajando hacia los procedimientos, sino subiendo hacia los principios, donde la pregunta es otra.
¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el bien perseguido? ¿Deseamos dotar a las personas de las capacidades y facultades necesarias para ser reconocidas? Porque hoy no todos se sienten reconocidos. De otro modo no se entiende que exploten, cada vez con mayor virulencia, las luchas políticas y sociales que han conmocionado al país. Satisfacer este anhelo de reconocimiento entraña pues plasmarlo en las instituciones y, seguidamente, en la convivencia social. Lo uno, para hacer justicia; lo otro, para inhibir los deseos de venganza, y asegurar los estados de paz. Ser capaces y ser reconocidos son condiciones de la realización de las personas, o sea, de la conquista de mayor libertad y autonomía.
Quizá nadie como Paul Ricoeur haya explicado de manera más lúcida esta relación. Primero, para Ricoeur la persona humana es una historia, esto es, una biografía, un proceso, un continuo que se extiende a lo largo del tiempo. Segundo, Ricoeur distingue dos tipos de capacidades, a saber, las heredadas por transmisión genética, y las adquiridas por efecto de la socialización. Tercero, Ricoeur identifica las capacidades de decir, de producir espontáneamente un discurso sensato; de actuar, de producir acontecimientos en la sociedad y en la naturaleza; de contar, de relatar acontecimientos de manera legible e inteligible dentro de una historia; de imputabilidad, de ser autor de actos; y de promesa, de comprometer la palabra y de limitar así la incertidumbre acerca del mañana y el riesgo de traición. Cuarto, según Ricoeur la persona aspira a que estas capacidades sean reconocidas por los demás. Quinto, este reconocimiento no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad. Sexto, el envilecimiento de las luchas de reconocimiento se expresa en humillación, desprecio y violencia en todas sus formas. Séptimo, las luchas de reconocimiento se producen tanto en el seno de la familia, como en las estructuras institucionales, especialmente en el ámbito de los derechos que se fundan en los principios de libertad, justicia e igualdad: «No pueden reivindicarse derechos para mí que no se reivindiquen para otros sobre bases de igualdad». Sin embargo, las luchas de reconocimiento van más allá de las instituciones. Se orientan a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades reclaman reconocimiento.
¿Pero puede haber reconocimiento sin lucha? Ricoeur sostiene que el genuino reconocimiento surge cuando hay reciprocidad, mutualidad, «proporcionar a cambio». Ricoeur asimismo afirma que esta modalidad superior de generosidad se encuentra en todas las treguas de nuestras luchas y, en consecuencia, en los armisticios y acuerdos sociales. Se trataría de un compromiso cimentado en la amistad política. Un compromiso que trasciende el puro intercambio mercantil. Más todavía, un compromiso que interrumpe el mercado alejándonos de la incertidumbre de la guerra de todos contra todos. A esta especie pertenece el pacto social que por estos días propugnan los cristianos.
*Alan Greenspan, The Age of Turbulence: Adventures in a New World, Penguin Press, NY, 2007.
jueves, 13 de septiembre de 2007
Suburbia
Rodolfo Fortunatti
Estaba a punto de explotar el otoño caliente del 2005 en Francia. Era el 25 de octubre cuando Sarkozy, a la sazón ministro del Interior, bajó a los suburbios y mirando de frente a las cámaras dijo: ¿Están ustedes ya hartos de esa chusma? ¡Pues los vamos a librar de ella! Sarkozy se refería a los revoltosos. A los miles de jóvenes que desafiando los flashball y los taser de la policía, venían ocupando calles y quemando autos. El año 2004 habían incendiado veinte mil. A esas alturas del 2005 ya llevaban 28 mil. Pero lo peor aún estaba por ocurrir.
Los días 5, 6 y 7 de noviembre, tras las pendencieras expresiones de Sarkozy, fueron quemados 1.400 vehículos. Sus hechores saquearon cuanta bodega pudieron franquear, y cuanta mercancía pudieron convertir en botín. Se apoderaron de calles y barrios enteros, y arremetieron contra todo el mobiliario público. En realidad, contra todo lo que representara al Estado. Aquellos eran en su mayoría menores, agrupados en bandas y tribus suburbanas. Eran, y siguen siendo, los excluidos, los pobres, los vándalos; a ratos, puro lumpen. Eso que Sarkozy llama la caillera (de ra-caille, y éste, de racalha: el vómito, el deshecho) Muchachos de poca conciencia política y, sobre todo, de lenguaje muy elemental. Porque no necesitan manejar grandes discursos ideológicos. Les basta un simple instructivo para agitar la ciudad. Son como esos jóvenes que ayer, de regreso a casa después de participar en los disturbios del centro de Santiago, tarareaban: vamos a tirar cadenas/ y miguelitos y gomas/ vamos a prenderles fuego…
¿Qué tanto puede saber un niñito de 13 ó 14 años del significado enorme que tiene el 11 de septiembre para Chile? —se preguntaba un observador. ¿Les hace falta? Estos no necesitan saberlo, porque no es el 11 de septiembre la razón. No es el odio heredado de sus padres la razón. Es el mundo de Suburbia, donde ser nada es un designio fatal, y conseguirlo todo, es el acto vandálico llamado a torcer aquel destino. Estos pertenecen a la clase universal de los excluidos. Estos pueden ser de la garra, lo mismo que de la banda. Manejar la molotov, igual que el negocio del mercado persa. Y la linterna láser, al mismo tiempo que la mira telescópica, y el fusil hechizo. Sólo necesitan una oportunidad. Y ésta viene de la mano de la planificación política, que trastoca crucialmente aquella situación de exclusión. Es cuando la exclusión social se transforma en violencia social, cumpliendo así el cometido de una acción política planificada.
Por obra de la planificación política, Santiago es una ciudad cercada a lo largo del anillo Américo Vespucio. Por obra de la planificación política, Lo Hermida de Peñalolén, Villa Francia de Estación Central, Herminda de La Victoria de Cerro Navia, y Santo Tomás de La Pintana, marcan los cuatro ejes cardinales de una operación. Por obra de la planificación política la violencia se focaliza en veinte puntos neurálgicos de la ciudad. Tal vez la planificación política no haya previsto suministrar elementos tales como subametralladoras, bombas de ácido, perdigones, escopetas de repetición y armas semiautomáticas. Quizá la planificación política jamás haya contemplado los ataques contra efectivos de Carabineros. Y acaso la planificación política lamente la muerte del cabo Cristián Vera, y las heridas a bala y por ácido sufridas por otros uniformados.
Pero la planificación política es responsable de sus consecuencias. Quienes planificaron la noche del 11 de septiembre no sólo son responsables de la violencia desencadenada contra los hogares, contra los ciudadanos, contra los pobres, contra los trabajadores, contra los carabineros —jóvenes y vulnerables como cualquiera de los imberbes—, y contra las garantías constitucionales. Son asimismo responsables del endurecimiento del Estado. Son responsables de invocar al Sarkozy chileno. Y, en el futuro próximo, serán responsables de poner en manos de la policía un flashball o un taser.
Estaba a punto de explotar el otoño caliente del 2005 en Francia. Era el 25 de octubre cuando Sarkozy, a la sazón ministro del Interior, bajó a los suburbios y mirando de frente a las cámaras dijo: ¿Están ustedes ya hartos de esa chusma? ¡Pues los vamos a librar de ella! Sarkozy se refería a los revoltosos. A los miles de jóvenes que desafiando los flashball y los taser de la policía, venían ocupando calles y quemando autos. El año 2004 habían incendiado veinte mil. A esas alturas del 2005 ya llevaban 28 mil. Pero lo peor aún estaba por ocurrir.
Los días 5, 6 y 7 de noviembre, tras las pendencieras expresiones de Sarkozy, fueron quemados 1.400 vehículos. Sus hechores saquearon cuanta bodega pudieron franquear, y cuanta mercancía pudieron convertir en botín. Se apoderaron de calles y barrios enteros, y arremetieron contra todo el mobiliario público. En realidad, contra todo lo que representara al Estado. Aquellos eran en su mayoría menores, agrupados en bandas y tribus suburbanas. Eran, y siguen siendo, los excluidos, los pobres, los vándalos; a ratos, puro lumpen. Eso que Sarkozy llama la caillera (de ra-caille, y éste, de racalha: el vómito, el deshecho) Muchachos de poca conciencia política y, sobre todo, de lenguaje muy elemental. Porque no necesitan manejar grandes discursos ideológicos. Les basta un simple instructivo para agitar la ciudad. Son como esos jóvenes que ayer, de regreso a casa después de participar en los disturbios del centro de Santiago, tarareaban: vamos a tirar cadenas/ y miguelitos y gomas/ vamos a prenderles fuego…
¿Qué tanto puede saber un niñito de 13 ó 14 años del significado enorme que tiene el 11 de septiembre para Chile? —se preguntaba un observador. ¿Les hace falta? Estos no necesitan saberlo, porque no es el 11 de septiembre la razón. No es el odio heredado de sus padres la razón. Es el mundo de Suburbia, donde ser nada es un designio fatal, y conseguirlo todo, es el acto vandálico llamado a torcer aquel destino. Estos pertenecen a la clase universal de los excluidos. Estos pueden ser de la garra, lo mismo que de la banda. Manejar la molotov, igual que el negocio del mercado persa. Y la linterna láser, al mismo tiempo que la mira telescópica, y el fusil hechizo. Sólo necesitan una oportunidad. Y ésta viene de la mano de la planificación política, que trastoca crucialmente aquella situación de exclusión. Es cuando la exclusión social se transforma en violencia social, cumpliendo así el cometido de una acción política planificada.
Por obra de la planificación política, Santiago es una ciudad cercada a lo largo del anillo Américo Vespucio. Por obra de la planificación política, Lo Hermida de Peñalolén, Villa Francia de Estación Central, Herminda de La Victoria de Cerro Navia, y Santo Tomás de La Pintana, marcan los cuatro ejes cardinales de una operación. Por obra de la planificación política la violencia se focaliza en veinte puntos neurálgicos de la ciudad. Tal vez la planificación política no haya previsto suministrar elementos tales como subametralladoras, bombas de ácido, perdigones, escopetas de repetición y armas semiautomáticas. Quizá la planificación política jamás haya contemplado los ataques contra efectivos de Carabineros. Y acaso la planificación política lamente la muerte del cabo Cristián Vera, y las heridas a bala y por ácido sufridas por otros uniformados.
Pero la planificación política es responsable de sus consecuencias. Quienes planificaron la noche del 11 de septiembre no sólo son responsables de la violencia desencadenada contra los hogares, contra los ciudadanos, contra los pobres, contra los trabajadores, contra los carabineros —jóvenes y vulnerables como cualquiera de los imberbes—, y contra las garantías constitucionales. Son asimismo responsables del endurecimiento del Estado. Son responsables de invocar al Sarkozy chileno. Y, en el futuro próximo, serán responsables de poner en manos de la policía un flashball o un taser.
jueves, 6 de septiembre de 2007
Crimen social
Rodolfo Fortunatti
Por estos días comienza a emplearse con bastante regularidad la expresión crimen social. Se la aplica a hechos de diversa índole. Por ejemplo, al incendio de la discoteca Cromañon ocurrido el 30 de diciembre de 2004 donde perdieron la vida 194 personas. También al bombardeo aéreo del 16 de junio de 1955 sobre Buenos Aires, que arrojó más de 300 muertos. En Chile, a la violencia de Estado que buscó frenar el nacimiento y emancipación del movimiento obrero. Según los historiadores Julio César Jobet y Fernando Pinto, entre 1891 y 1925 habrían perecido víctimas de la represión policial y militar, sobre cinco mil chilenos. Sólo en la Escuela Santa María de Iquique habrían hallado la muerte unas 2000 personas aquel 21 de diciembre de 1907. Más tarde, en la llamada Matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, fueron acribillados por tropas gubernamentales más de cincuenta jóvenes nacionalsocialistas. El golpe de Estado de 1973 —y hasta el fin de la dictadura de Pinochet— truncó la vida de más de tres mil personas. Serían todos crímenes sociales.
El uso del asbesto en algunos productos y procesos de producción, tomaría el carácter de crimen social por ser éste un material extraordinariamente dañino para la salud de la población. También admitiría dicho carácter, la tragedia de «El Humo» del 19 de junio de 1945, cuando una explosión en la mina de Sewell mató a 355 trabajadores y dejó a otros 747 heridos. Y lo ocurrido el otoño pasado en Argentina, cuando 32 personas perecieron a consecuencia de una intensa ola de frío. La explicación para calificarlo como crimen social es simple: las autoridades habrían dilapidado los recursos públicos destinados a gas y calefacción al fijar sobreprecios y repartir coimas. El 18 de mayo de 2005, abandonados a los fuertes y fríos vientos cordilleranos, murieron 45 soldados en la localidad chilena de Antuco. ¿Fue éste un crimen social? Si lo fue, las responsabilidades políticas se esfumaron. Pero tampoco nadie las reclamó.
Hay quienes inscriben el magnicidio dentro de la categoría de crímenes sociales. Esto, cuando la ejecución del personero ha sido realizada por un grupo social, como en Fuenteovejuna, de Lope de Vega. — ¿Quién mató al Comendador? —preguntó el juez. ¡Fuenteovejuna, señor! —respondió entonces Pascuala, señalando así a todo el pueblo.
Hay quienes amplían el concepto de crimen social a los ilícitos financieros. Así pues, los certificados negociables de inversión, CENI, emitidos por el Banco Central de Nicaragua, serían constitutivos de crimen social, por entrañar un fraude a miles de poseedores de bonos. Hay otros que están ampliando el conocimiento experto en la materia. Se sabe de la aparición de centros de investigación y estudio especializados en crímenes sociales. Finalmente, hay otros que, lejos de toda pretensión política o intelectual, usan la noción de manera laxa, casi jocosa, como cuando afirman que envejecer sería un crimen social, lo mismo que engordar.
Pero en estricto sentido, ¿a qué llamamos crimen? ¿Y qué vendría a ser un crimen social? La voz latina designa un delito grave. Tal vez una acción indebida o reprensible. Podría significar matar o herir gravemente a alguien. Podría, en consecuencia, aludir al quebrantamiento de la ley. No queda suficientemente claro. Para dilucidarlo, hay que echar un vistazo a la historia, al origen del término.
Quien primero usó la noción de crimen social fue Federico Engels, filósofo y revolucionario alemán, amigo de Carlos Marx, con quien redactó el Manifiesto Comunista. Mas, si hemos de ser fieles al derecho de autor, habría que decir que los primeros en acuñar la expresión, fueron los trabajadores ingleses. De ellos Engels tomó la frase y la plasmó en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrita entre septiembre de 1844 y marzo de 1845.
¿Qué querían decir los trabajadores ingleses cuando hablaban de crimen social? Se referían a los miles de muertos por el hambre y las enfermedades, que empezaba a cobrarse el capitalismo temprano. Los trabajadores culpaban de ello a la sociedad —o sea, a la burguesía, a la clase dominante— que toleraba y estimulaba la comisión de semejante crimen. Engels se pregunta si los trabajadores ingleses tenían razón en llamar crimen social a esto. Y para verificarlo avanza los siguientes pasos lógicos:
Primero, «cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio;
Segundo, «si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen;
Tercero, «cuando la sociedad expone a centenares de proletarios a una muerte prematura y anormal; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien, que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen».
Hoy por hoy, lo más próximo a la noción que desarrolló Engels para explicar los desórdenes del capitalismo emergente, es la idea de sociedad del riesgo en la veta sociológica de Ulrich Beck, y de aceptabilidad del riesgo, en la vertiente antropológica de Mary Douglas. Pero aún en Engels, siglo y medio atrás, el crimen social se consumaba con la muerte de la víctima. Por lo tanto, no era aplicable a cualquier forma de vulnerabilidad social.
Por estos días comienza a emplearse con bastante regularidad la expresión crimen social. Se la aplica a hechos de diversa índole. Por ejemplo, al incendio de la discoteca Cromañon ocurrido el 30 de diciembre de 2004 donde perdieron la vida 194 personas. También al bombardeo aéreo del 16 de junio de 1955 sobre Buenos Aires, que arrojó más de 300 muertos. En Chile, a la violencia de Estado que buscó frenar el nacimiento y emancipación del movimiento obrero. Según los historiadores Julio César Jobet y Fernando Pinto, entre 1891 y 1925 habrían perecido víctimas de la represión policial y militar, sobre cinco mil chilenos. Sólo en la Escuela Santa María de Iquique habrían hallado la muerte unas 2000 personas aquel 21 de diciembre de 1907. Más tarde, en la llamada Matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, fueron acribillados por tropas gubernamentales más de cincuenta jóvenes nacionalsocialistas. El golpe de Estado de 1973 —y hasta el fin de la dictadura de Pinochet— truncó la vida de más de tres mil personas. Serían todos crímenes sociales.
El uso del asbesto en algunos productos y procesos de producción, tomaría el carácter de crimen social por ser éste un material extraordinariamente dañino para la salud de la población. También admitiría dicho carácter, la tragedia de «El Humo» del 19 de junio de 1945, cuando una explosión en la mina de Sewell mató a 355 trabajadores y dejó a otros 747 heridos. Y lo ocurrido el otoño pasado en Argentina, cuando 32 personas perecieron a consecuencia de una intensa ola de frío. La explicación para calificarlo como crimen social es simple: las autoridades habrían dilapidado los recursos públicos destinados a gas y calefacción al fijar sobreprecios y repartir coimas. El 18 de mayo de 2005, abandonados a los fuertes y fríos vientos cordilleranos, murieron 45 soldados en la localidad chilena de Antuco. ¿Fue éste un crimen social? Si lo fue, las responsabilidades políticas se esfumaron. Pero tampoco nadie las reclamó.
Hay quienes inscriben el magnicidio dentro de la categoría de crímenes sociales. Esto, cuando la ejecución del personero ha sido realizada por un grupo social, como en Fuenteovejuna, de Lope de Vega. — ¿Quién mató al Comendador? —preguntó el juez. ¡Fuenteovejuna, señor! —respondió entonces Pascuala, señalando así a todo el pueblo.
Hay quienes amplían el concepto de crimen social a los ilícitos financieros. Así pues, los certificados negociables de inversión, CENI, emitidos por el Banco Central de Nicaragua, serían constitutivos de crimen social, por entrañar un fraude a miles de poseedores de bonos. Hay otros que están ampliando el conocimiento experto en la materia. Se sabe de la aparición de centros de investigación y estudio especializados en crímenes sociales. Finalmente, hay otros que, lejos de toda pretensión política o intelectual, usan la noción de manera laxa, casi jocosa, como cuando afirman que envejecer sería un crimen social, lo mismo que engordar.
Pero en estricto sentido, ¿a qué llamamos crimen? ¿Y qué vendría a ser un crimen social? La voz latina designa un delito grave. Tal vez una acción indebida o reprensible. Podría significar matar o herir gravemente a alguien. Podría, en consecuencia, aludir al quebrantamiento de la ley. No queda suficientemente claro. Para dilucidarlo, hay que echar un vistazo a la historia, al origen del término.
Quien primero usó la noción de crimen social fue Federico Engels, filósofo y revolucionario alemán, amigo de Carlos Marx, con quien redactó el Manifiesto Comunista. Mas, si hemos de ser fieles al derecho de autor, habría que decir que los primeros en acuñar la expresión, fueron los trabajadores ingleses. De ellos Engels tomó la frase y la plasmó en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrita entre septiembre de 1844 y marzo de 1845.
¿Qué querían decir los trabajadores ingleses cuando hablaban de crimen social? Se referían a los miles de muertos por el hambre y las enfermedades, que empezaba a cobrarse el capitalismo temprano. Los trabajadores culpaban de ello a la sociedad —o sea, a la burguesía, a la clase dominante— que toleraba y estimulaba la comisión de semejante crimen. Engels se pregunta si los trabajadores ingleses tenían razón en llamar crimen social a esto. Y para verificarlo avanza los siguientes pasos lógicos:
Primero, «cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio;
Segundo, «si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen;
Tercero, «cuando la sociedad expone a centenares de proletarios a una muerte prematura y anormal; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien, que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen».
Hoy por hoy, lo más próximo a la noción que desarrolló Engels para explicar los desórdenes del capitalismo emergente, es la idea de sociedad del riesgo en la veta sociológica de Ulrich Beck, y de aceptabilidad del riesgo, en la vertiente antropológica de Mary Douglas. Pero aún en Engels, siglo y medio atrás, el crimen social se consumaba con la muerte de la víctima. Por lo tanto, no era aplicable a cualquier forma de vulnerabilidad social.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)