Encuentro del Profesionales y Técnicos de la Democracia Cristiana

Convocatoria en formato pdf

Emilio Soria Céspedes, Presidente Nacional y Héctor Altamirano Cornejo, Secretario Nacional del Frente de Profesionales y Técnicos del Partido Demócrata Cristiano, tienen el agrado de invitar a usted al Encuentro “Camino al V Congreso Nacional del PDC”, a realizarse el 11 de Agosto de 2007, entre las 09:00 y las 14:00 hrs., en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales de la Universidad de Santiago (Las Sophoras 175, Estación Central).

Se solicita confirmar su asistencia a esoria@tie.cl o altamirano@aim.tie.cl o a los fonos 2020320 - 6337472.


PROGRAMA

11 de agosto de 2007, en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales de la Universidad de Santiago


09:00 - 09:30 : Inscripción

09:30 - 10:00 : Plenario.

Palabras del Presidente Nacional del Frente de Profesionales y Técnicos, camarada Emilio Soria.

Palabras de la Presidenta Comisión V Congreso, camarada Mariana Aylwin.

Palabras de la Presidenta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, camarada Soledad Alvear.

Información sobre el funcionamiento de las comisiones, camarada Rodolfo Fortunatti.

10:00 - 13:00 : Funcionamiento de las Comisiones.

13:00 - 14:00 : Plenario final.

Lectura de conclusiones por el relator de cada comisión.



* Habrá servicio de cafetería

¡Váyase, señor González!

Rodolfo Fortunatti

Lo gritó una y otra vez la derecha española: ¡Váyase, señor González! Desde 1993 en adelante lo repitió machaconamente. Con la misma irreverencia que muestran Piñera, Matthei y Allamand. Como el cántaro al agua o, como la gota de agua sobre la piedra. Al final algo se romperá —pensaban—; algo se socavará. Y así, hasta que en 1996, consiguió sacar del gobierno a Felipe González y al PSOE. Entonces aquella derecha ganó las elecciones parlamentarias y, al año siguiente, Felipe abandonó la dirección del Partido Socialista Obrero Español.

Mal asesorados, los neoliberales de esta ex colonia, hacen lo mismo que les susurran los otrora conquistadores. Sólo que aquí la fórmula lleva el nombre de «El Desalojo». Aquí, lo que tenemos es una derecha minoritaria, aunque fuertemente apoyada en los propietarios de medios de comunicación y, por cierto, en los publicistas políticos que trabajan para esos medios. Y en los renegados de la Concertación. También en los elementos más permeables al discurso de esta derecha. La popularidad de Piñera actualmente se empina a la que logró Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre del ‘88. Hay quienes creen que ese es el techo de la derecha. Que no podría elevarse más.

¡Váyase, señor González! Voceaban allende el Atlántico. Aquí es muy difícil decir eso. ¿Cómo hacerlo cuando la popularidad presidencial se mantiene sobre la mayoría absoluta? ¿Cómo hacerlo cuando, pese a los errores del gobierno, la derecha no logra llevar las aguas del descontento a su propio molino? ¿Cómo, cuando hasta la base electoral de la derecha condena las injusticias de la patronal hacia los trabajadores, y las ganancias mal habidas de sus dirigentes polticos? ¿Qué votos podrían conseguir en un electorado conservador que, sin embargo, es proclive a la negociación colectiva?

Ni los renegados y vulnerables han podido sacarle provecho al caballo de batalla en que la derecha convirtió el Transantiago… ¡Cuánto ilícito! Desprestigio de los partidos y de sus instituciones. Tergiversación de minutas informativas. Cartas privadas filtradas con espectacularidad. Mañosas interpelaciones parlamentarias. Instrumentalización de comisiones investigadoras. Amenazas de acusación constitucional. Negligencia e ingobernabilidad. ¿Para qué? Si ha sido para ganarse a la opinión pública, el fracaso puede verse a todo lo largo de la línea. Pues, Transantiago no es ni el principal, ni uno de los más importantes problemas de la gente. Y más todavía, parecerá extraño, pero el país logra advertir mejorías. Curiosamente esta sensación la experimentan especialmente los democratacristianos. No debería sorprender que el liderazgo de Soledad Alvear se haya disparado hasta el primer lugar de la Concertación.

Dicho esto, no parece haber audiencia para la arrogante voz de orden de la derecha.

En Dios confiamos

Rodolfo Fortunatti


Piñera es contradictorio. Primero promete que abandonará sus negocios para dedicarse al servicio público, la vocación que dice sentir en el alma. Y, a las pocas horas, sostiene que el servicio público es oficio de vagos que viven a costa del Estado. ¿Por qué alguien habría de aspirar a algo que en el fondo desprecia? ¿Qué pretende realmente Piñera? ¿Querría dedicarse al servicio público para convertirse en vago? ¿Querría convertir a los servidores públicos que desdeña en emprendedores? ¿O es que sólo quedó demudado cuando escuchó decir que era prisionero de su fortuna, y respondió con lo primero que pudo echar mano en su subconciente? ¿Cuál fue el punto sensible que tocaron las expresiones del gobierno?

Es muy probable que sea la fatal inconsistencia entre la ambición desmedida y el Bien Común. Michael Novak, el neoliberal católico norteamericano que entendía bien esta incongruencia, acostumbraba a representarla con la leyenda del billete de un dólar: «In God we trust», que traducida significa «en Dios confiamos». Para darle sentido, Novak completaba la frase del siguiente modo: «En Dios confiamos… y en nadie más». Y así terminaba demostrando que la democracia, tal y como se conocía en América desde Tocqueville hasta nuestros días, consistía precisamente en no confiar demasiado poder a ninguno y, por consiguiente, en distribuir el poder en el mayor número de personas y comunidades.

Este principio tan básico, pero de un valor tan crucial para la justicia, la paz y la libertad, expresa el punto de equilibrio entre los intereses individuales y los colectivos. Esta noción tan elemental para la construcción del consenso social, es la que violenta Piñera con su promiscua relación entre política y negocios. El empresario, amparado en un régimen de desigualdades tan indigno como el prevaleciente en Chile, sobre todo desde la experiencia neoliberal de Pinochet, ha logrado amasar un inmenso patrimonio. Si estas impresionantes acumulaciones de poder económico no han podido ser deslegitimadas, se ha debido al frívolo debate político que nos ahoga, así como a la fuerte concentración de los medios de comunicación en pocas manos. No porque sean justas. No porque sean lícitas, como lo revela la multa impuesta por la SVS.

Desde esa posición de poder, Piñera ahora aspira a la Presidencia de la República, o sea, al control del poder político. A la conducción del gobierno. Al manejo del Estado. El problema para él es que, no obstante la precariedad de nuestra política local, aún en la derecha hay una reserva moral para la que resulta inaceptable este modo de acaparar poder. No ha de parecer extraño pues, que los desposeídos, los vulnerables, y hasta los perdedores del sistema, sientan más próxima la presencia de Longueira, de Dittborn, de Novoa o de Matthei, que la de Piñera, Allamand o Espina. Se trata quizá de una cuestión de grado, pero que proyectada al infinito fija una notable distancia entre la democracia y la oligarquía.

La salvaguardia

Rodolfo Fortunatti

«Aquí se aplicó una cultura del ocultamiento y del engaño», declara Sebastián Piñera. Lo dice presumiendo que el gobierno habría ignorado el Informe de Metro. «A sabiendas de estos problemas de diseño e implementación —remacha el aspirante presidencial—, casi todos, partiendo por la Presidenta, se fueron de vacaciones».

¡Qué soltura! Berlusconi no habría podido hacerlo mejor.

Hay que hacerse cargo de las declaraciones de Piñera. Por un par de razones. Se trata del más probable postulante de la derecha en las elecciones del 2009. Seguidamente, su conducta política de ahora, revela cómo actuaría a futuro enfrentado a circunstancias semejantes. Nos da signos sobre su talante, su carácter de estadista, su firmeza y resolución. También nos da señas acerca de su consecuencia política, un bien muy preciado en aquellos que han sido formados en los valores del humanismo cristiano. Algo que no es menor, pues, si Piñera es consecuente con lo que dice, entonces él jamás aplicaría una cultura del ocultamiento y del engaño. Si Piñera es consecuente, nunca tomaría vacaciones a sabiendas de la existencia de problemas. Si Piñera es consecuente, prestaría atención a cualquier informe que previera un escenario crítico. Más aún, si Piñera es consecuente, como Presidente de la República habría postergado la implementación del Transantiago, basado en el Informe de Metro.

Piñera no escatima calificativos. Habla de engaño, lo cual significa que el gobierno falta a la verdad en lo que dice, hace, cree, piensa o discurre. Habla de ocultamiento, o sea, de callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir. Habla de disfrazar la verdad. Y todo esto lo ampara en la convicción de que el gobierno no le habría dado la debida importancia al Informe de Metro, lo cual contrasta con la que el empresario le otorga. Es tal la importancia que Piñera le asigna al Informe, que acaba por convertirlo en un oráculo, en una ventana abierta hacia el porvenir, hacia lo desconocido. Nótese que Piñera aparece como general después de la batalla, a no ser que haya tenido acceso al Informe de Metro, cuando apareció en noviembre de 2006, en cuyo caso estaba obligado a advertir lo que ahora denuncia. Pero, precisamente, porque vivimos en una sociedad del riesgo, es que un político —como lo haría un cirujano— debe preguntarse cuán seguro es el informe que llega a mis manos. Cuán fundadas son sus predicciones. Cuán asertivas sus recomendaciones de política.

¿Se hizo estas preguntas Piñera? ¿Leyó Piñera la salvaguardia del Informe de Metro? La salvaguardia es una garantía, un amparo, que se dan los informantes para protegerse de los efectos no deseados que podrían tener para sí mismos sus análisis y previsiones. Es una custodia del tipo siguiente: «dados estos antecedentes, podría suceder esto, pero no tengo certeza de su ocurrencia». En el Informe de Metro, la salvaguardia es muy clara y explícita, y fue puesta en la primera página, según se lee:

«A propósito de la implementación de Transantiago, la situación real y concreta que vivirán los santiaguinos una vez materializado plenamente este proyecto, sólo se podrá dimensionar después del 10 de febrero próximo, posiblemente, al cabo de tres o cuatro meses de operación.

«Por lo tanto, las proyecciones que se hagan hoy para anticipar dicha situación, y todos los comentarios basados en esas proyecciones (incluyendo los que siguen), son meras aproximaciones. Esto vale por supuesto, para Metro».

¿Por qué los autores plantearon esta salvaguardia? Porque, como lo expresara otro observador al cabo de cuatro meses de operación del sistema, «nadie podía predecir la magnitud de la crisis generada». Nadie. Tampoco los autores del Informe de Metro, como se podría probar contrastando sus predicciones con la realidad… Desde luego, la ciudadanía se comportó de un modo más racional que el pronosticado. Ello, no obstante, la fuerte campaña de la televisión, de la prensa y de los activistas.

La Nostalgia «Light»

Rodolfo Fortunatti



«Hay Sarkozy para todos», concluye Eugenio Tironi, rescatando las virtudes progresistas que quisiera ver en el líder francés. Tironi, situado así a la derecha de Jocelyn-Holt, el historiador de derechas. No es extraño que Jocelyn-Holt vaya más adelante; puede ver más hacia adelante. En cambio, Tironi, a la luz de Jocelyn-Holt, acaso refleje el aguatonamiento mundial de las izquierdas, según la viva expresión acuñada por este último.

«Hay Sarkozy para todos», señala Tironi. Parece creer que por un par de discursos y unos ministros socialistas en su gabinete, Sarkozy se hubiera convertido en la reencarnación moral de la política. No es lo que piensan los franceses. Esto, a juzgar por la minoritaria presencia sarkozista en el Parlamento. Como fuere, el movimiento se demuestra andando, y Sarkozy tiene cuatro años para demostrarlo. El mismo que tiene Tironi para revisar su apología. Lo demás es pura ficción política; puro juego de escenarios. Un juego que, sin embargo, le quita peso, profundidad y proyección, a la acción política.

«Hay Sarkozy para todos», consuela Tironi, en un gesto de justicia redistributiva que nadie reclama. Porque ni Hermógenes Pérez de Arce —que lo emula al borde de la línea democrática— piensa que pueda haber Sarkozy para todos. Hasta el ex colaborador de Pinochet está convencido que el presidente galo representa a la derecha de siempre. ¿Por qué la derecha querría compartir lo que ha sido siempre de la derecha? ¿Y a qué izquierda tendría que interesarle la oferta que hace Tironi? Si aquella izquierda apareciera, lo más probable es que haya dejado de serlo.

«Hay Sarkozy para todos», declama Tironi. Lo cierto es que no hay Sarkozy para la izquierda genuina. No para el auténtico progresismo. Quizá para la izquierda light. El problema es que la cáustica crítica de Sarkozy apunta precisamente a esta izquierda heredera del Mayo del ‘68. Esta que en Chile hace lo imposible por contemporizar con una derecha arcaica, anquilosada en la defensa de sus intereses, vacía de principios ideológicos, e incapaz de construir una mirada universal, como la anhelada por Jocelyn-Holt.

Semejante universalidad se consigue, claro, con una profunda pasión por la tierra, por la época, y por la gente. Porque un gran amor —como pensaba Mounier— comienza con una gran pasión.

Juicio a Fujimori

Rodolfo Fortunatti

En contraste con el rostro amable y sonriente que exhibe desde su residencia de Chicureo, Fujimori es uno de los peores enemigos de los derechos humanos, las libertades y la democracia en América Latina. Gobernó Perú entre 1990 y 2000. Durante su administración amparó y promovió la acción represiva de escuadrones de la muerte, los atropellos al Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción, y la persecución sistemática de los opositores.

Ayer, el ministro Instructor de la Corte Suprema, el único facultado para valorar los antecedentes sobre Fujimori, rechazó la extradición solicitada por el gobierno peruano. El ministro se formó una sola convicción en los doce ilícitos que se le imputan a Fujimori, entre ellos, las graves violaciones a los derechos humanos. El ministro cree que los delitos no estarían debidamente acreditados.

Según el fallo, no existiría evidencia de la conexión entre Fujimori y el escuadrón Colina, causante de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Lo que sí habría serían declaraciones de testigos de oídas… ¡que no presenciaron jamás el momento en que el Presidente habría ordenado la comisión de estos delitos! Tampoco constituiría prueba de peso que Fujimori haya dictado una Ley de Amnistía para proteger a los ex militares comprometidos en acciones antisubversivas. La dictó el Congreso, no Fujimori, dice el fallo. Y no podrían sancionarse los actos de corrupción del ex gobernante, pues al momento de consumarse no existía legislación. A Fujimori se le atribuye la apropiación de patrimonio público avaluado en unos dos mil millones de dólares.

Así y todo, lejos de tomar el dictamen del ministro Instructor como una derrota para la causa de los derechos humanos, debe ser visto como una oportunidad para ratificar el valor universal de estos derechos donde quiera que fueren vulnerados. Pues, con su actuar, el ministro Instructor acaba de iniciar en Chile el juicio de fondo contra Fujimori. Con ello, y más allá de la extradición, los juristas han quedado exhortados a nutrir y a sustentar la evidencia disponible, en una cultura política que, como la chilena, se ha vuelto sensible a los excesos de los tiranos. Y la sociedad civil, las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos, los ciudadanos, han quedado a su vez instados a promover un diálogo moral que sitúe a la Justicia en la justicia. Sólo así quedará claro que cuando el Estado viola la integridad de un peruano, en realidad también daña la integridad de un chileno.

El vacío de poder

Rodolfo Fortunatti

Hasta hace unos meses Longueira era el político mejor posicionado de la UDI. Al menos para disputarle a Piñera su ventaja presidencial. Hasta hace unas pocas semanas, la alta aceptación de Piñera en la opinión pública lo convertía en el más probable candidato de la Alianza. Todavía la SVS no le aplicaba la multa que lo dejó en jaque. Hasta hace unos días —quizá cuando Mauricio Macri reveló el nuevo talante moral de la derecha argentina— la política de choque de Allamand no tenía competencia. Hasta hace unas horas, lo que parecían pequeñas variaciones de temperatura en el «baño maría» que disfrutaban RN y la UDI, se tornó en atmósfera fría y lacerante. Hasta hace unos minutos, lo que pudo ser silencio y complicidad, tomó un cariz enteramente distinto. La UDI por las claras le planteó a Piñera que no podía esperar apoyos corporativos como si ella «tuviera la obligación de defender sus intereses en negocios particulares».

«La Alianza pisó el palito», concluyó entonces Espina. Lo dijo como si creyera que la Concertación está en condiciones de orquestar la intervención electoral de que la acusa. Lo dijo como queriendo olvidar el patético final de la otrora «patrulla juvenil», la trenza formada por Piñera, Matthei y Allamand, cuyos fantasmas retornan hoy transfigurados a la escena nacional. Lo dijo como ignorando el secular temperamento autodestructivo de la derecha chilena. Casi indiferente a la lección de Gabriel González Videla, último liberal radical que encabezó una coalición sólida y estable. Porque desde 1952 que la derecha no sabe lo que es gobernar en coalición. Y desde entonces que no sabe cómo construir mayoría.

Con todo, los problemas de la derecha no son muy distintos de los de la Concertación. Sus fracasos no están ligados a la suerte de Sebastián Piñera, Adolfo Zaldívar o Fernando Flores. Podría prescindirse de ellos y de sus circunstancias personales, y todavía las dificultades seguirían ahí. Y no es que falten sueños, esperanzas, o expectativas de un mañana mejor. Todo el mundo aspira a algo, e imagina caminos para conseguirlo. El problema es cómo realizar esos sueños que sólo unidos a otros podemos alcanzar. El problema es de la política. La política que se ha hecho actividad de elite, de pequeño grupo, de fracción. Lo confirman las encuestas. Sólo 2 de cada 10 chilenos aprueban lo que hace la Concertación. Y sólo 2 de cada 10 aceptan lo que hace la Alianza. El resto mira y, si en algo le importa el asunto, desaprueba.

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mientras más democracia, más poder para el pueblo. Sólo que aquí no ha funcionado el ideal. Nunca en democracia hubo volúmenes más grandes de poder concentrados en tan pocos. Nunca en democracia hubo más personas al margen de las decisiones, y nunca tantos decidieron tan poco sobre la organización de los intereses colectivos y sobre sus vidas. Tanto, que por el camino que transitamos quizá lo único que estemos consiguiendo sea abrir un colosal vacío de poder social.

Los satisfechos se muestran satisfechos. Y quisieran que muchos se exhibieran igualmente satisfechos. Que aceptaran la política tal cual es. Que se resignaran a la destrucción de los lazos de solidaridad. Que admitieran la pérdida de cultura política, de dominio, de saber, de autonomía, de libertad. Y, finalmente, la pérdida de conciencia sobre los propios derechos. Pero la política es el gobierno del pueblo. Y devolverle el poder al pueblo, pasa por restablecer el valor moral y político de la concertación, esto es, del acuerdo superior y general de la sociedad civil en la cúspide del Estado.

La política como estrategia pura

Rodolfo Fortunatti

Hay quienes, asumiendo una relación entre la moral y la política, disciernen la presencia de dos éticas contrapuestas en la actual controversia democratacristiana. Se trataría de los dos principios normativos para la acción descritos por el sociólogo alemán Max Weber. Por una parte, la ética de la responsabilidad, según la cual el sujeto actúa calculando las consecuencias que sus actos tendrían para los demás. Y por otra, la ética de la convicción, donde el sujeto actúa siguiendo sus creencias sin prestar atención a las consecuencias de sus actos. Su máxima se expresaría de un modo semejante a: «Obra bien y deja las consecuencias en las manos de Dios».

Llevado a la práctica, por responsabilidad política, la Democracia Cristiana, sus órganos directivos y sus representantes en el Congreso, habrían acordado aprobar los recursos adicionales para el Transantiago. El partido habría calculado los costos sociales de no hacerlo. En su reverso, el senador Adolfo Zaldívar, movido por la firme convicción de que el Transantiago es el mayor crimen social de la historia de Chile, habría obedecido a su conciencia, rechazando el proyecto del Ejecutivo. Como corolario de lo anterior, el partido habría actuado de manera pragmática, mientras que el parlamentario lo habría hecho de un modo voluntarista o purista.

Se podría discutir ampliamente esta tesis, pero bastaría con señalar que por lo general no seguimos estos preceptos al pie de la letra. Más bien actuamos con una responsabilidad convenida. Procuramos seguir los dictados de nuestra conciencia, eliminando o reduciendo al mínimo los efectos nocivos que nuestros actos podrían eventualmente tener para los demás. Porque, si nos manejáramos en cada lugar y a cada instante por el puro cálculo de conveniencia, más temprano que tarde el oportunismo que esto entraña quedaría al desnudo. Y al revés, si nos moviéramos por puras convicciones, seríamos santos. Y no lo somos. El Sermón de la Montaña —acaso el mejor ejemplo de una ética absoluta— demuestra cuán imperfectas pueden ser nuestras conductas. ¿Dónde está aquel cuya conciencia ha obedecido siempre a los cuatro mandamientos del Sermón de la Montaña? ¿Dónde el que lo ha dejado todo? ¿Dónde el que ha puesto la otra mejilla? ¿Dónde el que no responde al mal con la fuerza? ¿Dónde el que siempre dice la verdad?

Lo que diferencia la acción de la Democracia Cristiana del comportamiento del senador Zaldívar, no es pues la responsabilidad de uno y la convicción del otro, sino un contrapunto distinto, pero de factura igualmente weberiana.

Max Weber, además de la dicotomía responsabilidad/convicción, también distinguió la acción política orientada a fines y la acción política con arreglo a valores. En la acción política ajustada a fines todo comportamiento se justifica según su adecuación al fin deseado. Donde el fin es lo que el consenso social dice que es. La verdad, por ejemplo. También la vida. ¿Qué hacer sin embargo cuando los fines son contradictorios? ¿Qué hacer cuando decir la verdad comporta el sufrimiento de otro? ¿Qué hacer cuando salvar la vida supone matar a otro? ¿A quién elegir cuando sólo se puede salvar a uno de dos hijos? La acción con arreglo a fines no da respuesta, porque tampoco resuelve cómo se origina el consenso social. De este modo, también la corrupción podría ser un fin socialmente aceptado y, por lo tanto, un principio ordenador de la acción colectiva. Como lo pueden ser las peculiares nociones de «crimen social», «poderes fácticos» o «establishment», acuñadas por el senador Zaldívar.

En la acción con arreglo a valores todo debe guardar coherencia con el bien perseguido, lo cual entraña la jerarquización de los bienes deseados. Así pues, el valor de la vida corona la escala de valores, aunque dar la vida por otros, sugiere una dignidad aún más excelsa. El problema es que en Weber, como en Zaldívar y en el «G9», los valores permanecen relegados en la esfera privada —o sea, en el plano de la fe, donde el pluralismo soporta cualquier cosa—, mientras que la acción pública se reduce a una pura racionalidad instrumental: los otros son medios para algo. La cohesión del «G9», y su acción de pequeño grupo, se construyen a costa de la Democracia Cristiana y de sus valores comunes. La lealtad y la disciplina no existen sino subordinadas a una conciencia individual que reivindica para sí misma su revelación y excelencia. Esto transforma su acción política en un modelo esencialmente estratégico.

Pero una acción puramente estratégica, una acción instrumental, una acción desprovista de valores comunes, de valores actuales y arraigados en el espacio público, es una acción vaciada de humanidad. Si Ortega y Gasset viviera, diría de ella lo que a principios del xx lo hizo proferir dicterios contra el «señorito satisfecho»:

«…ha venido a la vida para hacer lo que le dé la gana… es el que cree poder comportarse fuera de casa como en su casa, el que cree que nada es fatal, irremediable e irrevocable… un hombre nacido en un mundo demasiado bien organizado del cual sólo percibe las ventajas y no los peligros. El contorno lo mima porque es civilización —esto es, una casa— y el hijo de familia no siente nada que le haga salir de su temple caprichoso, que incite a escuchar instancias externas superiores a él, y mucho menos que le obligue a tomar contacto con el fondo inexorable de su propio destino».

El mensaje de Aparecida

Rodolfo Fortunatti


Aparecida ilumina la actual reflexión política democratacristiana en tres sentidos: primero, confirma la crítica al modelo; segundo, expresa su preocupación por las enormes fracturas y desigualdades sociales; tercero, advierte sobre las fallas de la democracia representativa realmente existente.

Así pues, respecto del modelo económico neoliberal, Aparecida llama la atención sobre el peligro que envuelve la incontrolada concentración del poder económico. Expresa, asimismo, su temor a que el afán de lucro —ganancia y acumulación tan custodiadas por los católicos liberales— se constituya en el valor supremo de la vida social (60). El afán de lucro puede hacerse perverso, cuando la actividad empresarial viola los derechos de los trabajadores y la justicia (137). Aparecida ve en el mercado un mecanismo que tiende a poner la eficacia y la productividad por sobre los valores objetivos de la verdad, la justicia, el amor, la dignidad y los derechos de todos, especialmente de los excluidos (61). Repara en la globalización una fuerte tendencia a la concentración, no sólo de la riqueza material, sino —lo que redunda en una severa restricción para los derechos civiles y políticos— de la propiedad y el manejo de la información (62).

¿Qué propone como alternativa? Postula un orden mundial impregnado por la justicia, la solidaridad, y los derechos humanos (64). Se inclina por la Economía Social de Mercado como la organización más idónea para orientar el trabajo, el conocimiento y el capital, hacia la satisfacción de las genuinas necesidades humanas (69). Demanda protección del Estado hacia las pymes. Explica que en ausencia de tales protecciones, sólo cabe esperar el avance incontenible de los grandes conglomerados económicos como factores determinantes del desarrollo (63).

¿Qué luces arroja sobre la sociedad anhelada? De entrada, renueva su opción preferencial por los pobres y excluidos (405). «Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre» —dice. «Por eso la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza» (406). Sobre el fondo de tan excelsa iconografía, es que Aparecida se detiene a perfilar el rostro de los excluidos. Ya no son sólo los explotados de ayer; ahora son también los «sobrantes» y «desechables» (65), como los productos de mercado.

Aparecida, más allá de un pragmatismo cínico que se agota en los derechos individuales, propone un enfoque moral que eleva el valor de los derechos sociales, culturales y solidarios, a la calidad de principios de dignificación humana (47). Reclama a los responsables de las políticas públicas, que asuman una perspectiva ética, solidaria y auténticamente humanista (417). En materia de educación, esto significaría garantizar a los padres, cualquiera fuere su condición social, el derecho a escoger la educación de sus hijos, sin que nadie pudiera arrogarse la exclusividad en la atención de los más pobres (354). Significa impulsar una educación de calidad para todos. Para todos; especialmente para los más pobres (348).

¿Qué horizonte le señala al orden político? Aparecida advierte la presencia de tendencias reñidas con la humanización de la vida: «…la idolatría del dinero, el avance de una ideología individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción incluso en las fuerzas del orden y la falta de políticas públicas de equidad social» (78). Tendencias que se afirman a medida que la democracia se inhibe a cuestiones puramente formales y procedimientales, lo que tarde o temprano acaba en dictaduras y populismos dolorosos para el pueblo. De ahí que abogue por una democracia participativa fundada en el respeto y promoción de los derechos humanos (74).

Esto entraña algo muy crucial para los democratacristianos. Comporta la rehabilitación ética de política. Una nueva moral cuya eficacia arranca de la incorporación protagónica de la sociedad civil. Porque, sólo ella puede robustecer la democracia, afianzar una verdadera economía solidaria y consolidar un desarrollo integral, solidario y sustentable (421).

Nunca debiera olvidarse que la auténtica democracia es una de justicia social, división de poderes y Estado de derecho (76).

La nueva moral burguesa

Rodolfo Fortunatti


Lo escribió Hans Küng: sin ideologías humanistas no puede haber humanización del mundo. No fueron las fuerzas de la individuación quienes hicieron esta contribución a la humanización de la vida, sino los movimientos populares y reformadores. Ellos, los que ofrecieron protección y comunidad. Ellos, los que construyeron el arca común donde pudiera avanzar el pueblo, el país, la nación, a su amparo y protección. Paradójicamente, en Francia y en Argentina, empieza a ser la derecha quien despierta esas esperanzas de autonomía y realización.

El domingo antepasado Nicolas Sarkozy conquistó 350 de las 577 bancas de la asamblea francesa. Y pudo haber conseguido sobre los 400 escaños. Ayer, en Buenos Aires, triunfó Mauricio Macri, disputándole la opción presidencial a Cristina Kirchner. ¿Con qué mensaje? ¿Con qué sueño de país? ¿Qué le dijo Sarkozy a los franceses el pasado 29 de abril? ¿Qué les dijo Macri a los argentinos?

«No me da miedo la palabra moral —afirmaba en su discurso el actual Presidente francés—. Desde mayo de 1968 no se podía hablar de moral. Era una palabra que había desaparecido del vocabulario político. Hoy, por primera vez en decenios, la moral ha estado en el corazón de la campaña presidencial.

«Mayo del 68 nos había impuesto el relativismo intelectual y moral. Los herederos del ‘68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo.

«Habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no había diferencias de valor y de mérito.

«Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, y que no puede existir ninguna jerarquía de valores.

«Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable, y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido».

Sarkozy habla desde el reformismo de derechas. Critica al progresismo light, incluso reivindicando la solvencia ética del genuino reformismo francés de izquierda. Sarkozy apunta, no obstante, más allá. Va tras la recuperación de una moralidad burguesa perdida en el tiempo…

«La herencia de Mayo del ‘68 ha introducido el cinismo en la sociedad y en la política. Han sido precisamente los valores de Mayo del ‘68 los que han promovido la deriva del capitalismo financiero, el culto del dinero—rey, del beneficio a corto plazo, de la especulación. El cuestionamiento de todas las referencias éticas y de todos los valores morales ha contribuido a debilitar la moral del capitalismo, ha preparado el terreno para el capitalismo sin escrúpulos y sin ética, para esas indemnizaciones millonarias de los grandes directivos, esos retiros blindados, esos abusos de ciertos empresarios, el triunfo del depredador sobre el emprendedor, del especulador sobre el trabajador».

En América, otro hombre, Mauricio Macri, habla desde el corazón de Argentina, donde ha conquistado la alcaldía de Buenos Aires con el 61 por ciento de los 2,5 millones de votos. Macri derrotó el domingo a Daniel Filmus, pero en la práctica venció al Presidente Kirchner, que se jugó entero por él. ¿Cuál fue el espíritu de su mensaje? Se puede escuchar en la conmovedora Propuesta Republicana:

«Alguien tiene que proponer Justicia Social, alguien tiene que proponer una educación pública, alguien tiene que proponer algo más saludable, alguien tiene que tener una propuesta más segura, alguien tiene que devolverle al pueblo lo que es del pueblo, alguien tiene que proponer una revolución contra los conservadores, alguien tiene que proponer volver a soñar despiertos.

«Y lo propuso usted.

«Usted que es independiente, y se quedó sin independencia. Usted que es Peronista y se quedó sin Perón, sin Evita, porque nos quedamos sin Perón y sin Evita.

«Y usted que es Radical, y no hay nadie que se parezca a Irigoyen ni a Alvear, ni a Balbín, ni a Illía. Porque todos nos quedamos sin Irigoyen, sin Alvear, sin Balbín y sin Illía.

«Lamentablemente nos quedamos sin Frondizi. Pero afortunadamente queda su espíritu con ideas nuevas».

Mauricio Macri es todo lo neoliberal que pudo haberle censurado Kirchner, pero fustiga a los conservadores, y levanta una alternativa que pretende superar a las izquierdas y a las derechas.

¿Dónde radica el éxito de aquellas derechas que las autóctonas no han podido descubrir, y que por eso no han podido sacar provecho siquiera de los errores? Esas derechas han logrado detectar el malestar de la cultura política. Esta cultura que abandona al ciudadano a su propia suerte. Esta cultura que se nutre de la desaprensión, del relajamiento de los lazos comunitarios, de la pérdida del diálogo moral. O sea, del triunfo del relativismo en la acción política. En suma, de la instalación del principio del todo vale.

Fragmentación y diálogo moral

Rodolfo Fortunatti

Con el gobierno de Michelle Bachelet se inició un nuevo ciclo. En ningún campo se evidencia más este cambio, que en los partidos políticos. Y es probable que en ninguna otra dimensión de los partidos políticos se revele más claramente, que en su cohesión interna. Los partidos transitan desde la máxima complejidad e integración ideológica, política y orgánica, conquistada en las postrimerías de la dictadura, hacia una mayor simplificación, dispersión de intereses y lealtades. Esto, con independencia de su participación en las coaliciones y, a contrapelo de los bloqueos institucionales —como el sistema binominal o el régimen presidencial— que conspiran contra el ajuste de las expectativas políticas.

El signo más característico de dicha transición, es la aparición de conductas más libres y autónomas, y algunas francamente díscolas. Estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales para sus actores como, asimismo, para las colectividades políticas que las soportan. Hay que hacer distinciones. Desde este prisma, no pueden ser iguales los comportamientos de los senadores Ominami, Flores y Zaldívar, como no lo es la conducta del ex Intendente Trivelli.

Ominami discrepa de la dirección política del Partido Socialista, y gana en liderazgo al formular sus propuestas. Pero su divergencia favorece a la tienda porque la provee de líneas de orientación que no arriesgan su unidad. La asociación entre este liderazgo individual y el corporativo del partido resulta en mutuo beneficio. Y si no, al menos permite compartir la mesa común sin que la ganancia del senador entrañe un daño para el partido. Ambos, parlamentario y partido, pueden cohabitar.

Tampoco la conducta de Trivelli provoca perjuicio para la DC. La suya es la del inquilino que alberga su candidatura presidencial en el seno de la falange, incluso al amparo de su actual mesa directiva, pero que aunque no la recompense en esta relación, tampoco le provoca menoscabo. ¿Quién podría enojarse con Trivelli por las motivaciones de su candidatura, cuando nunca ha dado a conocer estas razones? «La mira la pusimos en La Moneda, punto, así de simple», afirma por toda respuesta. En realidad, es él quien podría convertirse en la víctima de su juego.

«Chile Primero» y el «G9» son otra cosa. Cuando Fernando Flores inventó la historia de la mafia del PPD, y Jorge Schaulsohn, la ideología de la corrupción de la Concertación, fijaron los términos de una competencia que podría llegar a ser destructiva para ambos. Una competencia regida por el principio de exclusión, según el cual la existencia del PPD supone forzosamente la desaparición de «Chile Primero», y viceversa. ¿Significará lo mismo para la Concertación…? Depende del PPD.

El «G9» es sólo eso: un grupo. Una liga de parlamentarios aglutinados en torno al liderazgo carismático del senador Adolfo Zaldívar. Una bancada dentro de otra bancada que, sin embargo, asegura representar a la mitad del Partido Demócrata Cristiano. El «G9» reclama reconocimiento y respeto por su identidad. Vive como huésped de la colectividad y obtiene beneficios de esta situación. En ocasiones, sin daño para el partido. Las más de las veces, llevando las tensiones a extremos peligrosos para el organismo que lo hospeda, al que ve como una colosal maquinaria de poder. «He estado solo contra una maquinaria de poder que quiere aplastar a alguien cuando actúa con libertad y actúa pensando en lo que es mejor», declara Zaldívar. ¡Cuidado, están al borde de la ilegalidad! —advierte. Y llama la atención sobre la eficacia del artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que prohibe a éstos dar órdenes de votación a sus senadores y diputados. No repara que al situar la controversia en este plano, sus detractores podrían invocar sin dificultad el artículo 21 de dicho cuerpo legal que prohibe expresamente exigir determinadas obligaciones a los ministros de Estado, como lo ha hecho el senador al condicionar su recta conciencia a la renuncia de los titulares de Hacienda y Obras Públicas. Todo el mundo sabe que el problema no es materia de gabinete de abogados, sino de asamblea deliberante, o sea, de reflexión colectiva, lúcida y explícita.

¿Cómo conducir el proceso sin verse arrastrado por él? Interviniendo en la cultura política. Fortaleciendo la cultura moral de las comunidades. Esto se logra con diálogo moral. El diálogo moral es ante todo discusión sobre valores. No una conversación de técnicos, expertos o especialistas, sino de ciudadanos. Pues, aunque el diálogo moral hace referencia a la realidad concreta, es fundamentalmente ético. El diálogo moral pone de relieve aquello que la comunidad acepta o condena.

Lo más importante del diálogo moral es que a través suyo «la gente modifica con frecuencia su conducta, sus sentimientos y sus creencias», sobreponiéndose así al «pánico moral» que generan las crisis políticas que estamos observando.

La disciplina de la libertad

Rodolfo Fortunatti

¿Qué se juega en la negativa del senador Adolfo Zaldívar? ¿Es lo mismo que se arriesga en el caso del senador Flores? ¿Se les puede exigir lo mismo a ambos? ¿Se le puede pedir lo mismo a Flores, que ya no es miembro de la Concertación, y a Zaldívar que, por ser militante de la Democracia Cristiana, le debe adhesión al gobierno y a la coalición? ¿Es un puro asunto de disciplina partidaria el de Zaldívar, o su conducta podría comprometer otros valores?

Lo que está en juego no es la disciplina de los parlamentarios del PDC, sino algo más que eso; es la libertad de cada uno de sus militantes. Es la garantía que asiste a cada democratacristiano —especialmente a los que disponen de menor poder e influencia— de que su voz y su voto todavía tienen algún valor, y de que tiene sentido para ellos seguir sirviendo en el partido. Pero Adolfo Zaldívar presiona la crisis del gabinete. Condiciona su voto a las renuncias de los ministros de Hacienda y Obras Públicas, exigencias que sólo pueden ser satisfechas con lo que configuran: una derrota de la Presidenta Bachelet. Zaldívar cierra así las salidas. Bloquea el diálogo. Desafía: ¡Que cada cual asuma sus responsabilidades!

La presidenta del partido responde que el compromiso del Consejo Nacional de aprobar los recursos para el Transantiago, es vinculante, es decir, que obliga a los senadores. Al plantearlo recuerda que lo que está en juego son las instituciones partidarias, sus normas, sus cánones de convivencia. En suma, su responsabilidad política ante el país, ante la coalición y ante el gobierno que contribuyó a elegir. En el fondo, lo suyo es una invocación al orden y al principio de mayoría que por cerca de medio siglo han perfilado la identidad de este partido. Una apelación a todo eso que hace del PDC una organización política confiable. Pero el senador persiste: «Nadie puede forzar a un parlamentario a actuar como un autómata o a actuar sin personalidad y sin discernimiento», dice. Él cree que «ésta es una mal entendida lealtad y una falsa solidaridad entre nosotros». Pero si todos los democratacristianos pensaran así, probablemente no existiría partido.

Los más poderosos, son también los más responsables. Las intervenciones de Eduardo Frei no son irrelevantes. Se trata de la voz de un ex Presidente de la República, y actual presidente del Senado. Las declaraciones de Belisario Velasco no son intrascendentes. Provienen del ministro del Interior, o sea, del Vicepresidente de la República. No carecen de importancia las opiniones de Adolfo Zaldívar, uno de los seis senadores democratacristianos y, durante cuatro años, la máxima autoridad falangista. Ni son insignificantes las expresiones de Soledad Alvear, ex candidata presidencial democratacristiana, y actual presidenta de la tienda. ¿Podría ser desdeñada la palabra de Patricio Walker, presidente de la Cámara de Diputados? ¿O la de René Cortázar, ministro de Transportes? ¿O la de Patricia Poblete, ministra de Vivienda? ¿No son la cara visible del partido? ¿No son ellos los democratacristianos?

La mayor paradoja de todo esto es que la mesa nacional de la Democracia Cristiana dispone de las herramientas necesarias para dar gobierno y mostrar caminos. El problema es que si no lo hace; sobre todo, si no lo hace ahora, pecará por omisión abandonando a la colectividad a su inminente degradación y, a poco andar, a su eventual desplome.

Entre las facultades de la mesa directiva del PDC se cuenta la de convocar a la Junta Nacional. Incluso bastaría la mitad más uno de los votos del Consejo Nacional para hacer efectiva dicha convocatoria, o la firma de 170 delegados. La Junta Nacional es el máximo órgano resolutivo de la colectividad. La Junta es una asamblea deliberante de alrededor de quinientas personas. Son miembros de ella los consejeros nacionales, los ex Presidentes Aylwin y Frei, los senadores y diputados, los delegados de los frentes sociales, los presidentes provinciales, los delegados de libre elección, la mesa y los consejeros de la JDC, los presidentes comunales, los ministros y subsecretarios, y los integrantes del Tribunal Supremo. Es la instancia más amplia y legitimada del partido.

No se resuelve el problema con la aprobación del proyecto en el Senado, ni judicializando el comportamiento político del senador Zaldívar. Los partidos deben saber procesar sus diferencias, especialmente cuando éstas los superan y acaban dañando bienes superiores. Si la ejecutiva DC llamara a una junta nacional extraordinaria cuyo único propósito fuera sancionar el plan de transporte urbano, daría una clara señal de conducción y de cohesión políticas. Quizá amplificaría el impacto público de los conflictos internos, pero lograría decantar las posiciones y fijar «un antes y un después» en el desaprensivo clima partidario.

Restableciendo confianza social

Rodolfo Fortunatti

¿Qué es la confianza? Más precisamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la confianza social? Nos sorprendería constatar cuán cerca de otros conceptos está la confianza. Incluso, cuán sustancial es a otros términos que empleamos a diario. Palabras que expresan nuestro ideario, los valores que defendemos, los principios por los que luchamos. Y también los sueños que compartimos.

La confianza es la expectativa de que el otro seguirá siendo como ha sido hasta ahora. Es la seguridad que nos damos acerca del comportamiento de los demás: dadas tales condiciones, puedo esperar que el otro actúe de cierta manera. En reciprocidad, me obligo a fijar en los otros la expectativa cierta e inconfundible de que seguiré siendo como he sido hasta ahora. Ello entraña hacer juicios de valor acerca de cuán confiables son los demás, y de cuán confiables nos hacemos nosotros mismos para los demás. Vista así la confianza social, ella se erige como el sustrato espiritual de la vida colectiva. En el cemento de las instituciones y de su funcionamiento. Ciertamente, en lo medular de un intangible tan común como es la acción política.

En su revés, la confianza se deteriora y envilece cuando se traicionan dichas expectativas. Dejamos de creer en las personas, cuando perdemos la confianza en ellas. Recelamos de las instituciones, cuando dejan de ser confiables. Los partidos políticos nos abandonan, cuando ya no somos confiables para el logro de sus objetivos. Se concede y se retira la confianza. Se pierde y se recupera, según plazos y circunstancias. Sin ella no es concebible la vida en sociedad. Y no es posible la cohesión, sin la confianza social. Luego, tampoco es posible la civilidad, la comunidad, ni la solidaridad. Ni la legitimidad democrática. Pues la gobernabilidad y la estabilidad políticas descansan en la confianza social. ¿Qué sino confianza social es la popularidad que miden las encuestas?

Es fácil imaginar el problema que origina la pérdida de confianza política. Los ciudadanos se distancian. Se vuelven sobre sus individualidades. Se inhiben de participar en los asuntos colectivos. Es cuando comienzan a oscurecerse los contrastes entre los demócratas y los demagogos, los responsables y los populistas, los libertarios y los tiranos. Entonces es cuando la opinión pública envía a los políticos, a los parlamentarios y a los jueces, a los últimos lugares de la confiabilidad social. Un estudio de la Cepal sobre cohesión social, especialmente su capítulo 4, dedicado a los factores subjetivos que inciden en ésta, revela el deterioro de las confianzas corporativas e institucionales en América Latina y, en el caso de Chile, la escasa participación de la población en organizaciones políticas. En las zonas rurales es prácticamente inexistente.

Es fácil imaginar el daño al capital social, político, democrático y republicano, que provoca la actual pugna entre el Senado y la Cámara de Diputados; entre los parlamentarios y los jefes de partidos; entre los congresistas y dirigentes políticos, por una parte, y los ministros, por la otra. El daño a las coaliciones que producen los conflictos no resueltos entre colectividades aliadas. La vacuidad política que anuncian los movimientos y candidaturas presidenciales desgajadas de sus matrices. Son manifestación del mismo fenómeno: el extravío de las expectativas en una época de cambios.

Un gesto de sensatez recomienda el restablecimiento de las confianzas.

Disyuntiva, opción y desafío

Rodolfo Fortunatti

Cuando en 1990 la Concertación se hizo cargo del gobierno, en el país había cinco millones de pobres. Hoy, a la luz de la última encuesta Casen, los pobres ascienden a dos millones doscientas mil personas. Ello significa que si hace diecisiete años, cuarenta de cada cien chilenos vivía en la pobreza, en la actualidad se hallan en tal situación sólo catorce de cada cien… —¡Catorce de cada cien!—. El progreso es indiscutible. Y así lo revela el silencio de la derecha. Sobre todo, de su prensa, de sus editores, y de sus periodistas. El avance es refrendado por una modesta, aunque serendípica, mejora de la distribución del ingreso.

Ciertamente, este mayor empuje obedece a políticas públicas audaces y sostenidas. Desde luego, a Chile Solidario, un verdadero nido de protección social. Se debe a la ampliación y consolidación de los derechos económicos y sociales. En suma, a la gradual recuperación del papel del Estado como organizador superior de la sociedad.

Hay quienes ven estos indicadores como los máximos económicos y sociales tolerables por la democratización, sin advertir que los déficits de justicia que envuelven son los causantes de la crisis de representación de la política. Los miran como si se tratara de la última frontera de la reforma democrática; la justificación ideológica límite de la política popular de la Concertación. Sabemos, sin embargo, que estas salvaguardias contra la pobreza no alcanzan a cubrir los mínimos de protección a que puede aspirar un país con los recursos y potenciales que posee Chile. Tantos, que algún observador ha tenido el atrevimiento de sugerir el tránsito desde el reino de la necesidad hacia la «administración inteligente de la abundancia».

¿Pero podemos correr los límites de la justicia más allá de este umbral? ¿Hay posibilidades de ampliar los espacios de propiedad social, de ciudadanía social, de derechos, y de protecciones, más allá de la línea de la pobreza? ¿Con cuánto podemos vivir? ¿Tal vez con 47 mil pesos mensuales, como los pobres urbanos? ¿Quizá con 18 mil pesos, como los indigentes del campo? ¿Cuál es el punto de referencia? El hombre más acaudalado de Chile posee un patrimonio avaluado en 3 millones ciento ochenta mil millones de pesos ($ 3.180.000.000.000), algo así como el 5 por ciento del PIB de Chile. Podrá ser un orgullo calificar entre las diez mayores fortunas latinoamericanas, pero no es éste el patrón más objetivo para medir el bienestar de la sociedad chilena. Como no puede serlo la pura superación de la pobreza, aunque la sola erradicación de la indigencia constituya todo un logro civilizatorio.

Por eso, es tan importante el consenso que comienzan a construir dos de las varias expresiones de la Concertación, como son las plasmadas en La disyuntiva y en El desafío. El horizonte es un Estado Democrático y Social de Derecho, tributario de las doctrinas humanistas que concurren en la Concertación.

Mas, si bien el seminario organizado por el CED y Chile 21 mostró grandes convergencias, dejó un prurito exacerbado contra el Transantiago, para algunos el más grave problema de la coalición en toda su historia. Crítica injustificada, si se la analiza desapasionadamente, pero comprensible por la falta de debate interno al que apuntó Carlos Ominami. En ello, Transantiago: una reforma en panne, puede ser de gran utilidad para atemperar los ánimos, arribar a un diagnóstico común sobre el asunto, e incluso, conseguir una mayor apertura al diálogo y el acuerdo.

Un signo de esta mirada equilibrada, pero convencida de las desventajas de la liberalización del transporte, es la conclusión del citado informe de seguimiento de políticas públicas. Ahí se lee: «Naturalmente, era probable que enfrentara muchos problemas durante su implementación, aunque nadie podía predecir la magnitud de la crisis generada. Sin embargo, en su estructura básica esta reforma es la mejor opción disponible para ofrecerle a Santiago un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente».

Trivelli: del otro lado del espejo

Rodolfo Fortunatti

Desde su anuncio el jueves pasado, la información apareció en una docena de medios. Un esfuerzo mediático nada desdeñable. Téngase en cuenta que capturó las cámaras de dos canales de televisión, y los micrófonos de un par de radios con alta sintonía. ¿Cuál es la primera reacción que provoca? No causa asombro. Nadie le atribuye gravedad. Antes bien, las opiniones se mueven entre la indiferencia y el escepticismo. Por ejemplo, la actitud de Patricio Melero: «La Concertación debe preocuparse de sus propios problemas y éste es uno de ellos» —dice el diputado UDI. O, la de Jorge Pizarro, que confiesa valorar la audacia, imaginación y sentido de aventura del advenedizo. Mulet, más flemático, lo toma como una falta de respeto a Michelle Bachelet. Por anticipar la carrera presidencial, sostiene.

Soledad Alvear y Escalona, aseguran que el candidato será propuesto por los partidos políticos; en cualquier caso, no antes del 2008. Y Bitar lo confirma como dice el dicho: «No por mucho madrugar amanece más temprano».

Pero, en el fondo, nada serio. Nada que amenace al statu quo. Nada fuera de la rutina. Salvo para el candidato y para su círculo de amigos, en adelante, el comité estratégico. Por ahí echaron a correr la voz de que Chileprimero tenía fuerte interés en la operación. Fue sin embargo Schaulsohn quien se encargó de desvanecer toda ilusión al respecto. Y fue duro al declarar que desmentía categóricamente tal posibilidad. Fue duro, no por el desmentido, sino por la justificación del mismo. Dijo, sin temor a incoherencias, que lo que buscaba Chileprimero era «elevar el debate de la política».

Claro que hay quienes aprovechan la oportunidad noticiosa que les brinda el ex Intendente, para publicitar sus puntos de vista. Así es como Acción Ecológica lo hace responsable del Transantiago, de la contaminación del aire, y de la repavimentación de la Alameda. Es un «cara de palo» subraya Luis Mariano Rendón. Y Patricio Herman espeta con severidad: «Fue uno de los autores materiales, junto a Jaime Ravinet, del mayor atentado ambiental contra Santiago de los últimos años, cual fue la expansión de la ciudad sobre las tierras agrícolas…Esta expansión, que benefició directamente a los especuladores inmobiliarios, agudiza sin embargo todos los problemas urbanos, entre ellos el transporte. Ello, pues se hace necesario alargar los recorridos de buses y automóviles, con todos los costos económicos, sociales y ambientales que eso genera. Sin duda que Trivelli ha sabido servir a los señores del dinero, pero nunca supo servir a la ciudadanía».

Pero Trivelli procura creer su guión y, sobre todo, convencer al mundo que en verdad se cree el libreto. Sólo que el relato de Marcelo Trivelli ocurre del otro lado del espejo; del lado de Alicia. Pertenece a un mundo irreal, un mundo imaginario, un mundo, en fin, que no necesita verificar sus caminos de realización, a diferencia del pensamiento utópico. De otro modo no se entienden afirmaciones como la siguiente: «La gente me ha dicho que quiere que avancemos más rápido y que quiere verme en La Moneda». O, como esta: «Yo gané la alcaldía de Santiago sin competir; todos decían que debí haber sido el alcalde de Santiago, y claro, eso se terminó. Esta es una opción en miras del 2009, y creo que vamos a salir ganadores». O quizá como esta otra: «Yo le gané a Joaquín Lavín y, por lo tanto, creo que puedo derrotar a Piñera».

Nada de esto ha ocurrido en el mundo real. Ni la gente se ha pronunciado en plebiscito alguno. Ni Trivelli es alcalde. Ni le ha ganado a Lavín. Y lo de Piñera, está por verse.

Presidencialismo a la chilena

Rodolfo Fortunatti

Sarkozy ha conquistado cerca del 40 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias del domingo. Los socialistas quedaron rezagados al 25 por ciento de los sufragios, mientras que el centrista Francois Bayrou, que en la primera vuelta presidencial había capturado el 18 por ciento de las preferencias, esta vez apenas consiguió el 7 por ciento. Con este apabullante triunfo, el neoliberal Sarkozy podría lograr 400 de los 570 escaños de la asamblea francesa, entretanto la segunda fuerza más importante, los socialistas, acaso consiga unos 100 asientos, seguida a gran distancia por comunistas, verdes y ultraderechistas.

¿Qué es lo más significativo de los comicios franceses? Pues que todos los observadores ven en ellos la firme voluntad popular de granjearle una sólida mayoría al gobierno de Sarkozy, para, de este modo, asegurar las reformas estructurales. Eso mismo ocurrió en Chile hace un poco más de un año, cuando el país eligió a Michelle Bachelet y la blindó con una clara mayoría en la Cámara de Diputados y, por primera vez, también en el Senado. Sólo que, no obstante este amplio respaldo, desde entonces la Presidenta Bachelet ha operado dos cambios de gabinete. El primero, a escasos dos meses de haber asumido.

¿Qué hace la diferencia? Veamos: mientras en Francia impera un régimen semipresidencial, en Chile —desde 1925 y fortalecido sucesivamente—, tenemos un presidencialismo que no garantiza la estabilidad del gobierno y tampoco la continuidad de las coaliciones. En Francia, el Presidente es elegido por cinco años y puede ser reelegido en forma indefinida, mientras que en Chile el mandato presidencial dura cuatro años sin reelección. Al igual que en Chile, las facultades del presidente francés comportan la convocatoria a referéndum, la disolución del Parlamento, y la conducción de la política internacional y de las Fuerzas Armadas. En Francia, sin embargo, existe la figura del primer Ministro que responde de sus actos ante el Congreso, y en él recae la responsabilidad de formar gobierno. Esto permite renovar el gabinete de ministros una vez agotado un ciclo político, o sea, cuando se producen fugas de lealtades parlamentarias, cuando decae la popularidad del Presidente, y se hace necesario reajustar el pacto inicial de gobernabilidad con los partidos concertados.

La Concertación —incluso más que las administraciones de derecha durante los últimos cincuenta años— ha sido capaz de asegurar estabilidad. En gran medida porque se constituyó en una alianza preelectoral que acortó la distancia ideológica entre los grandes e históricos partidos que la integran, pasando de una docena de colectividades a las actuales cuatro con representación parlamentaria, sin desechar el aporte de la colectividad más pequeña, y conservando la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Hoy por hoy, estas características no son suficiente garantía de estabilidad y gobernabilidad.

Las fuertes tendencias hacia la individuación, la fragmentación de la sociedad civil, las enormes diferencias de clases, de estilos, de poder y de prestigio, y de ingresos, la escasa participación política, son todos síntomas de un cambio cultural que no ha encontrado respuesta en la coalición. Por eso cobran relieve las verdaderas relaciones de fuerza predominantes en un régimen presidencial como el chileno. La popularidad del Presidente de la República comienza a desgastarse desde el momento que asume. Luego, se ve obligado a concluir su mandato con los mismos parlamentarios que le mezquinan el apoyo. Como no hay reelección, entonces se desatan las luchas por la conducción de los partidos, y por la sucesión presidencial, generando así una constante inestabilidad. Los tiempos institucionales resultan tan rígidos —como que se eligen Presidente y congresales cada cuatro años, y simultáneamente—, que la única manera de sobrellevar las crisis, es mediante ajustes sucesivos de gabinete. Mas, como no es posible convocar a elecciones anticipadas, tampoco es posible castigar a los tránsfugas... Todo un paraíso para los díscolos.

El presidencialismo a la chilena resulta tan perverso, que sólo puede evitar la parálisis gubernamental bajo el expediente de apelar a la esquiva buena voluntad de los hombres. Sólo un presidencialismo así podía persistir en presencia de otro procedimiento igualmente perverso, como el binominal, que fomenta los pactos por omisión y estimula la lucha entre aliados. Sólo un presidencialismo autóctono, heredero del atávico autoritarismo señorial, podía prevalecer arrebatándole al partido mayoritario su facultad de dirigir la formación del gobierno.

La política de desalojo de Piñera

Rodolfo Fortunatti

Dos preguntas son necesarias para reconocer una teoría política reformista. Primera pregunta: la crítica radical ¿lleva necesariamente a una acción política revolucionaria, o puede también conducir a la reforma? Segunda pregunta: la reforma ¿es sólo una práctica política de izquierdas, o puede ser emprendida por las derechas? El francés Robert Castel asegura que la crítica al poder y la dominación puede dar origen a una política reformista, y, como ejemplo, cita la acción de la socialdemocracia europea con sus programas de democratización dentro del sistema capitalista; un reformismo que no anula la propiedad privada ni aspira a la colectivización de los medios de producción. Afirma, asimismo Castel, que las derechas pueden ser artífices de políticas reformistas, como lo revelarían los casos de Francia y España. Ahí, como en Chile, las derechas se tornarían reformistas en la medida en que se hacen más neoliberales.

Miradas así las cosas, si Sebastián Piñera pudiera ejecutar su programa político, ello constituiría la primera experiencia histórica de reforma —que no de revolución— de derechas en Chile. Porque Piñera representa el modelo corregido, reacondicionado, reformado, heredado del régimen militar. Para verificarlo bastaría revisar los siete ejes de su programa de gobierno, dos de los cuales son pertinentes al actual debate sobre la justicia. El primero, el eje de la igualdad de oportunidades, pone de relieve la manera en que esta derecha —y no pocos concertacionistas— entiende la equidad social. En materia de empleo, sugiere más flexibilidad laboral. En salud, la libre elección de los prestadores, o sea, el subsidio a la demanda. En familia, propone la jubilación para las dueñas de casa. El segundo eje, el de la institucionalidad democrática, da clara cuenta de lo que entiende la derecha por el rol del Estado en la sociedad. Sencillamente, y sin rodeos, plantea transferir las funciones sociales a cargo del Estado, al mercado y a los privados. El quinto eje es ilustrativo de cómo esta derecha reformista hace suya la representación de las clases medias, y la defensa de las pymes. Incluso, prometiendo la drástica reducción del superávit estructural.

Lo sustantivo del programa reformista de derechas —y lo que le imprime su renovado perfil— es que busca acabar con las regulaciones democráticas impuestas por el Estado postdictatorial. Es que busca liberar aún más al mercado. Es que busca abandonar el Derecho para volver al contrato individual. Y este esencialismo, no nos equivoquemos, sólo puede desembocar en un país dividido entre triunfadores y perdedores, es decir, la lucha de clases sin atenuantes, el núcleo de la política del desalojo de Piñera.

¿Tiene visos de ocurrir? Falta tiempo aún, pero su desenlace depende de la actual política reformadora de centro-izquierda, y del programa reformista de centro-izquierda que se le oponga. Luego, ¿cuáles son las características del reformismo de centro-izquierda? Esta política, que se expresa en la Concertación, pero cuyos referentes seculares se hallan en los Estados de bienestar europeos, procura construir un consenso social entre los intereses del mercado, que son los de la ganancia y la acumulación, y los intereses de los trabajadores, que son los de la seguridad y la protección. Es consenso, y no pacto social, porque el primero ocurre en un campo de fuerzas políticas, mientras que el segundo precisa de un campo de relaciones laborales, y de una sociedad civil, con actores bien constituidos.

Contra el neoliberalismo, el reformismo de centro-izquierda postula el Estado Democrático y Social de Derecho. ¿Qué es lo medular de dicho orden político? Pues, la propiedad social, el conjunto de los derechos políticos, económicos y sociales que, en la forma de regulaciones jurídicas, el Estado debe garantizar a los no propietarios. Estos derechos —antes que una red social que evite la caída libre de los más pobres y vulnerables— construyen un nido de mínimos de seguridad social, salud, vivienda, educación, empleo, alimentación. Son por ello los derechos que elevan la ciudadanía política a la ciudadanía social.

¿Cuándo adquiere dramatismo el programa reformador de la derecha? Cuando las fuerzas de la alternativa, esto es, la izquierda extraparlamentaria y la centro-izquierda, no logran mensurar el riesgo involutivo del reformismo de derechas, e insisten en abdicar de su compromiso con las grandes mayorías.

Chile Primero: viaje al centro del individualismo

Rodolfo Fortunatti

«Chile Primero es un fenómeno ABC1», afirma Pepe Auth. ¿Lo es? ¿Es ésta la seña de identidad del movimiento encabezado por Flores, Schaulsohn y Valenzuela? ¿Es esto lo que lo define en esencia; su pertenencia a las clases ricas e ilustradas de Chile? Schaulsohn lo rebate. Argumenta que de los 800 asistentes al lanzamiento del nuevo referente, había más de 500 que no pertenecían a los estratos altos, lo que es igual a decir que 4 de cada 10 chileprimarios eran de origen socioeconómico alto. Mucho, sin duda. Mucho para un país donde 1 de cada 10 chilenos se ubica en el segmento ABC1.

Con todo, Chile Primero es más que un fenómeno de clase. Chile Primero es un brote de contracultura política. Una realidad sociológica actual en cuyo caldo espiritual confluyen todas las tendencias del proceso de individualización ocurrido en Chile en los últimos cincuenta años. Es, en este sentido, el espejo que devuelve de modo descarnado la imagen crítica de nuestra cultura política, de sus proyectos y tradiciones, de sus partidos y coaliciones, de sus liderazgos y mecenazgos.

Chile Primero representa la psicologización del quehacer político, la inmersión en el mundo íntimo del individuo, tributario, a su vez, de la nunca superada ficción del hombre autosuficiente, emprendedor, innovador, hecho a sí mismo. Y no por ello Chile Primero es neoliberal. Un economicismo del tipo neoliberal, que mercantiliza y cosifica a los seres humanos, no daría fiel cuenta de la ideología de los gestores de Chile Primero. Lo suyo es —por oposición a la cosificación capitalista, y a semejanza de su afán de lucro— la maximización del potencial humano que anida en el mundo de las emociones. Por eso, Chile Primero es la búsqueda obsesiva de la identidad. La exacerbación de la diferenciación social, del anhelo de singularidad, de la urbanización, y de la metropolización… ¡Veremos qué produce Talca!

Los chileprimarios destilan el malestar de una identidad herida. Como los judíos vieneses de fines del siglo xix, Schaulsohn construye el discurso del malditismo. La denuncia de la perversión, de las malas costumbres, y de las malas intenciones. De esta manera, Schaulsohn introduce un escalpelo en el alma de la Concertación. Inventa la ideología de la corrupción, convierte en bodrio al Transantiago, y al Estado en catastrófico. Su malestar evoca el talante de La Secesión, aquel movimiento artístico austriaco de 1898: «En sus presupuestos es sumamente aristocrático… —escribía un crítico— pero en sus efectos es democrático pues se dirige a todos los que se sienten desamparados y llevan sobre sus hombros la pesada carga de la vida cotidiana».

Chile Primero es el reflujo de los prodigiosos años sesenta que Sarkozy ha querido exorcizar. Aquellos de los jóvenes idealistas suspendidos en el espacio social. Aquellos años que regresan una y otra vez de un viaje a Oriente, como en Shiddharta, de Hermann Hesse. De la mano de una promesa mesiánica, pero siempre autorreferente, siempre recogida sobre sí misma, y siempre predestinada a una gracia superior. «Estamos interesados en un cambio de estilo de la política —confiesa Flores—. Aunque no somos el mesías, creemos que podemos hacer un aporte para que no siga la manera clásica de hacer política en Chile, donde todo se reduce a presentar candidatos, a buscar reelecciones y después a odiarse. Quienes fundamos ChilePrimero nos caracterizamos por hablar bien de frente. Es un capital que ya tenemos. Estamos interesados en la nueva cultura que va a emerger y que vamos a hacer emerger». Y, más adelante, sin pretenderlos a todos, pero convencido de reunir a los buenos, agrega: «No podemos pretender que toda la gente buena esté con nosotros; por distintas razones también está en otro lado».

Chile Primero no sería noticia si un número cada vez mayor de ciudadanos no rehuyera la actividad política, ni se retirara a cultivar su yo interior. Si un número cada vez mayor de militantes no renunciara a los partidos, ni cayera seducido por el mercado de las emociones, por los «especialistas en ti», por los que te dicen que «eres tú quien construye la realidad». Chile Primero, es la criatura nacida de la fragmentación social y política de nuestra democracia.

Hoy Chile Primero se alza con una superioridad moral que no oculta sus delirios de grandeza. Quizá mañana, cuando haya concluido el viaje al centro del individualismo, sus adeptos se debatan en la depresión y la frustración.

Cuando la propaganda es política

Rodolfo Fortunatti

A horas del Mensaje Presidencial, el diario La Tercera inició una ofensiva comunicacional desde sus primeras planas y a grandes titulares. Y así, buscando un golpe de efecto, el sábado 19 comenzó su campaña con el siguiente rótulo: «Desaprobación a Bachelet (46%) supera su nivel de respaldo (40)». El domingo 20, su principal encabezado decía: «Apoyo a Bachelet en Santiago llega a 33%, contra 46% en regiones». Y el día 21: «Bachelet rinde cuenta anual en su peor momento y con énfasis en anuncios sociales».

La noticia no quedó ahí. Se difundió por todas partes en etiquetas al estilo de «La popularidad de Bachelet sigue cayendo», «Aprobación chilena Bachelet cae a peor nivel», «Chile: El rechazo a la gestión de Bachelet ya supera al respaldo», «46% la desaprueba», «Michelle Bachelet pierde apoyo popular», «La popularidad de Bachelet sigue cayendo», «Gobierno: última encuesta es llamado de atención…»

Pero, ¿cuán veraz y objetiva era la información proporcionada por el diario? Desde luego, su origen era un sondeo de opinión. Un estudio hecho por el ‘Centro de Encuestas’ de… ¡La Tercera! O sea, el mismo matutino convertido en su fuente de información, cuestión que no tendría nada de objetable si la encuesta de marras pasara satisfactoriamente los exámenes de confiabilidad y validez. Como se sabe, la prueba de la confiabilidad consiste en que los resultados del sondeo sean más o menos semejantes a los arrojados por otros estudios. La prueba de la validez consiste en que la encuesta indague realmente lo que quiere averiguar.

¿Cómo determinar cuán válida y confiable es la medición del ‘Centro de Encuestas’ de La Tercera? De entrada, hay que irse a la construcción del cuestionario, a la elaboración de las preguntas. Y aquí, la pregunta que apunta a la popularidad de la Presidenta no parece estar bien formulada. Ella dice: ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de Michelle Bachelet? Una interrogación más precisa habría sido la que hicieron el CEP y Adimark: ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Michelle Bachelet está conduciendo su gobierno? O, la del CERC: ¿Usted aprueba o no aprueba la gestión del gobierno que encabeza la Presidenta Bachelet? Seguidamente, hay que irse a la muestra. El de La Tercera es un sondeo telefónico hecho a residentes de 49 ciudades del país. En contraste, las encuestas CEP son presenciales y cubren todo el territorio, con la sola excepción de Isla de Pascua. Las encuestas CERC, a su vez, alcanzan al 70 por ciento de la población nacional a través de una muestra de 1200 casos. Hay también que ver en cuánto tiempo se hizo el trabajo. Las llamadas telefónicas de La Tercera a los encuestados, se efectuaron en 3 días. Adimark, para igual sondeo telefónico precisó 17 días.

Pero quizá donde el ‘Centro de Encuestas’ de La Tercera muestra sus mayores falencias metodológicas, sea a la hora de pasar la prueba de la confiabilidad. Digamos que cualquier observador medianamente informado compara los resultados de un sondeo de opinión con los hallazgos de otros estudios. Digamos, además, que cualquier observador medianamente informado espera que una encuesta revele las variaciones ocurridas en las opiniones de la gente. Pues bien, cuando un observador medianamente informado ve los resultados de La Tercera y los compara con los del CEP, del CERC, e incluso, con los de Adimark, no puede sino concluir que el país está sumido en la bipolaridad. Que ya no son opiniones, sino violentos cambios de estado los que lo arrastran de la euforia a la depresión, y viceversa.

Y es que hace sólo un año el ‘Centro de Encuestas’ de La Tercera le daba un 66 por ciento de aprobación a la Presidenta, y sólo un 16 por ciento de desaprobación, cuando el Cerc registraba el doble, un 32 por ciento de desaprobación. De agosto a diciembre de 2006, el ‘Centro de Encuestas’ de La Tercera hizo caer la desaprobación a la Presidenta del 37 al 24 por ciento, cuando el CEP la mantuvo estable en el 31 por ciento. No hay consistencia.

Sin embargo, ¿cuál es el valor del ‘Centro de Encuestas’ de La Tercera y, en particular, de su último trabajo? Pues, algo muy necesario para las libertades y para la vida democrática: sirve de fondo para advertir el contraste entre lo que es pura propaganda política —que esa es la lección de este fin de semana— y lo que es un buen oficio.

¿Revolución “sarkozysta” en Chile?

Rodolfo Fortunatti

Hay quienes quisieran ver en el comportamiento de la derecha, la versión autóctona de la anunciada revolución ‘sarkozysta’. Derecha popular la llama Pérez de Arce. Popular o ‘sarkozysta’, ¿cuál es el programa, la estrategia y el modo de operar de esta derecha?

Primero, su programa —el verdadero perfil de la candidatura Piñera— entraña una ruptura con la tradición republicana, y una restauración neoliberal que se reclama más modernosa pero también más autoritaria. Es una derecha que desconfía del Estado, de la sociedad civil organizada, y de la solidaridad como principio ordenador de las relaciones sociales. Segundo, su estrategia político-electoral consiste en el empleo de medios orientados a vulnerar las alianzas de centro-izquierda, con el fin de desgajar de aquellas sus lealtades más débiles. Tercero, su estilo es la provocación permanente, sistemática y sin escrúpulos. Un talante que no duda en azuzar el descontento y la insatisfacción social, empujando el conflicto a grados inauditos de violencia.

Nada refleja mejor el carácter de esta derecha, que su comportamiento político frente al Transantiago. Tres opiniones simples, fáciles de entender y encubridoras de la realidad —como todo pensamiento Alicia—, dan cuenta de esta conducta. Desde luego, la formulada por la senadora Evelyn Matthei, una de las cartas presidenciales de la UDI, y dueña de la mejor performance con el admirado estilo ‘sarkozysta’. ¿Cómo ha replicado a la propuesta de Frei de un Estado responsable de dar continuidad a los servicios? Lo ha hecho despreciando al Estado. Mostrándolo como una fuente de ineptitud y corrupción y, a sus funcionarios, como venales e incompetentes. Le ha bastado preguntar «a quién pondría Frei en su empresa estatal: ¿A la gente de EFE, de Chiledeportes, de los programas de empleo, a los que pavimentaron la Alameda, o a quienes hicieron contratos con sus parientes en Codelco? ¿O tal vez a quienes obtuvieron jugosas indemnizaciones al final de su gobierno?» Todo un ejemplo del programa de la derecha.

Otra pieza oratoria para el bronce, es la del presidente de la UDI, partido que ha defendido a todo evento la herencia autoritaria de las micros amarillas, y extendido el acta de defunción al actual plan. «Invitamos, emplazamos, le rogamos, díganme ustedes cómo se lo decimos al Gobierno, para que termine con Transantiago y hagamos un sistema razonable», ha dicho Hernán Larraín. Y ha sido el ex Presidente Frei quien le ha respondido, desenmascarando de paso el angustiado grito de la derecha: «Lo único que quiere la Alianza —ha declarado el senador—, es que el Gobierno se desangre para un interés político electoral». Todo un ejemplo de la estrategia de la derecha.

En la misma línea de Larraín, aunque de un modo que no puede ser juzgado sino como una irresponsabilidad política, el senador Pablo Longueira ha expresado que «el Transantiago fracasó porque la gente dejó de pagarlo, porque la reacción de la ciudadanía de Santiago es decir ‘a mí me transportan como animales, perfecto, pero yo no pago’. Y para ser honestos, uno siente un grado de justificación. Cuando uno escucha la humillación que siente la gente más modesta que es transportada, la verdad es que yo le encuentro razón de no pagar». Valga la reiteración: «Yo no soy y no he sido nunca un populista, nunca he sido partidario de situaciones que no son correctas, pero reconozco que cuando uno escucha la humillación de la gente más modesta, le encuentro razón en no pagar». Por cierto, la consumación del populismo es precisamente la apología de la transgresión, la invitación a violar el Estado de Derecho, que no otra cosa es lo que hace esta ideología de legitimación. Todo un ejemplo del estilo de la derecha.

Si la sensatez triunfa sobre las humillaciones; más todavía, si por su sensatez la gente se sobrepone a las humillaciones y se mantiene digna, entonces podemos estar seguros de que no se equivocará a la hora de responder las preguntas de rigor: ¿Ganará en Chile esta derecha como lo hizo en Francia? ¿Logrará gobernar Francia? ¿Dará gobierno a Chile?.