Lucha y pacto social

Rodolfo Fortunatti

En los precisos momentos en que Alan Greenspan publica sus memorias, en Chile se oye una nueva demanda de justicia. En los instantes en que el ex presidente del Banco Central de Estados Unidos lanza al mercado su último libro, Época de turbulencia: aventuras en un mundo nuevo*, la Iglesia reclama un pacto social a favor de la solidaridad, la paz y la democracia. Dos discursos simultáneos, pero con fuertes contrastes.

Por una parte, Greenspan, que ahora —porque nunca en sus dieciocho años a cargo de las reservas federales— posa de paladín de las altas tasas de interés, las bajas de inflación, y el control del gasto. Si se ha atrevido a criticar la política fiscal del mismísimo Bush. Alan Greenspan que, como el converso Peter Berger («me he vuelto enfáticamente pro-capitalista», confesó un día a sus amigos del CEP), descree del imperialismo y de las elites económicas como fuentes del subdesarrollo. Pero por otra parte los obispos, todos los obispos, especialmente el cardenal Errázuriz y monseñor Goic. El Cardenal, porque ha convocado al país a un amplio pacto social que combine «crecimiento económico y sus ventajas, con el aumento de la productividad y de los lugares de trabajo, y con el crecimiento en justicia social, acogiendo sus imperativos éticos». El obispo Goic, porque ha iluminado el sentido del compromiso político cristiano: «de poco nos serviría una democracia que no fuera capaz de generar más justicia social, y de poco nos serviría un mayor crecimiento del que sólo algunos se beneficiaran y engendrara nuevas y mayores injusticias».

Hay quienes creen hacerse cargo de las exhortaciones pastorales oponiéndole el clásico reduccionismo liberal católico, que no por burdo resulta menos tecnocrático. ¿Para qué un pacto social —se preguntan— si existe contrato colectivo? ¿Para qué negociación colectiva cuando hay contrato individual? Mañana, a no dudarlo, nos rebatirán con los argumentos de Greenspan, aun sabiendo que la respuesta no se encuentra bajando hacia los procedimientos, sino subiendo hacia los principios, donde la pregunta es otra.

¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el bien perseguido? ¿Deseamos dotar a las personas de las capacidades y facultades necesarias para ser reconocidas? Porque hoy no todos se sienten reconocidos. De otro modo no se entiende que exploten, cada vez con mayor virulencia, las luchas políticas y sociales que han conmocionado al país. Satisfacer este anhelo de reconocimiento entraña pues plasmarlo en las instituciones y, seguidamente, en la convivencia social. Lo uno, para hacer justicia; lo otro, para inhibir los deseos de venganza, y asegurar los estados de paz. Ser capaces y ser reconocidos son condiciones de la realización de las personas, o sea, de la conquista de mayor libertad y autonomía.

Quizá nadie como Paul Ricoeur haya explicado de manera más lúcida esta relación. Primero, para Ricoeur la persona humana es una historia, esto es, una biografía, un proceso, un continuo que se extiende a lo largo del tiempo. Segundo, Ricoeur distingue dos tipos de capacidades, a saber, las heredadas por transmisión genética, y las adquiridas por efecto de la socialización. Tercero, Ricoeur identifica las capacidades de decir, de producir espontáneamente un discurso sensato; de actuar, de producir acontecimientos en la sociedad y en la naturaleza; de contar, de relatar acontecimientos de manera legible e inteligible dentro de una historia; de imputabilidad, de ser autor de actos; y de promesa, de comprometer la palabra y de limitar así la incertidumbre acerca del mañana y el riesgo de traición. Cuarto, según Ricoeur la persona aspira a que estas capacidades sean reconocidas por los demás. Quinto, este reconocimiento no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad. Sexto, el envilecimiento de las luchas de reconocimiento se expresa en humillación, desprecio y violencia en todas sus formas. Séptimo, las luchas de reconocimiento se producen tanto en el seno de la familia, como en las estructuras institucionales, especialmente en el ámbito de los derechos que se fundan en los principios de libertad, justicia e igualdad: «No pueden reivindicarse derechos para mí que no se reivindiquen para otros sobre bases de igualdad». Sin embargo, las luchas de reconocimiento van más allá de las instituciones. Se orientan a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades reclaman reconocimiento.

¿Pero puede haber reconocimiento sin lucha? Ricoeur sostiene que el genuino reconocimiento surge cuando hay reciprocidad, mutualidad, «proporcionar a cambio». Ricoeur asimismo afirma que esta modalidad superior de generosidad se encuentra en todas las treguas de nuestras luchas y, en consecuencia, en los armisticios y acuerdos sociales. Se trataría de un compromiso cimentado en la amistad política. Un compromiso que trasciende el puro intercambio mercantil. Más todavía, un compromiso que interrumpe el mercado alejándonos de la incertidumbre de la guerra de todos contra todos. A esta especie pertenece el pacto social que por estos días propugnan los cristianos.

*Alan Greenspan, The Age of Turbulence: Adventures in a New World, Penguin Press, NY, 2007.

Suburbia

Rodolfo Fortunatti

Estaba a punto de explotar el otoño caliente del 2005 en Francia. Era el 25 de octubre cuando Sarkozy, a la sazón ministro del Interior, bajó a los suburbios y mirando de frente a las cámaras dijo: ¿Están ustedes ya hartos de esa chusma? ¡Pues los vamos a librar de ella! Sarkozy se refería a los revoltosos. A los miles de jóvenes que desafiando los flashball y los taser de la policía, venían ocupando calles y quemando autos. El año 2004 habían incendiado veinte mil. A esas alturas del 2005 ya llevaban 28 mil. Pero lo peor aún estaba por ocurrir.

Los días 5, 6 y 7 de noviembre, tras las pendencieras expresiones de Sarkozy, fueron quemados 1.400 vehículos. Sus hechores saquearon cuanta bodega pudieron franquear, y cuanta mercancía pudieron convertir en botín. Se apoderaron de calles y barrios enteros, y arremetieron contra todo el mobiliario público. En realidad, contra todo lo que representara al Estado. Aquellos eran en su mayoría menores, agrupados en bandas y tribus suburbanas. Eran, y siguen siendo, los excluidos, los pobres, los vándalos; a ratos, puro lumpen. Eso que Sarkozy llama la caillera (de ra-caille, y éste, de racalha: el vómito, el deshecho) Muchachos de poca conciencia política y, sobre todo, de lenguaje muy elemental. Porque no necesitan manejar grandes discursos ideológicos. Les basta un simple instructivo para agitar la ciudad. Son como esos jóvenes que ayer, de regreso a casa después de participar en los disturbios del centro de Santiago, tarareaban: vamos a tirar cadenas/ y miguelitos y gomas/ vamos a prenderles fuego…

¿Qué tanto puede saber un niñito de 13 ó 14 años del significado enorme que tiene el 11 de septiembre para Chile? —se preguntaba un observador. ¿Les hace falta? Estos no necesitan saberlo, porque no es el 11 de septiembre la razón. No es el odio heredado de sus padres la razón. Es el mundo de Suburbia, donde ser nada es un designio fatal, y conseguirlo todo, es el acto vandálico llamado a torcer aquel destino. Estos pertenecen a la clase universal de los excluidos. Estos pueden ser de la garra, lo mismo que de la banda. Manejar la molotov, igual que el negocio del mercado persa. Y la linterna láser, al mismo tiempo que la mira telescópica, y el fusil hechizo. Sólo necesitan una oportunidad. Y ésta viene de la mano de la planificación política, que trastoca crucialmente aquella situación de exclusión. Es cuando la exclusión social se transforma en violencia social, cumpliendo así el cometido de una acción política planificada.

Por obra de la planificación política, Santiago es una ciudad cercada a lo largo del anillo Américo Vespucio. Por obra de la planificación política, Lo Hermida de Peñalolén, Villa Francia de Estación Central, Herminda de La Victoria de Cerro Navia, y Santo Tomás de La Pintana, marcan los cuatro ejes cardinales de una operación. Por obra de la planificación política la violencia se focaliza en veinte puntos neurálgicos de la ciudad. Tal vez la planificación política no haya previsto suministrar elementos tales como subametralladoras, bombas de ácido, perdigones, escopetas de repetición y armas semiautomáticas. Quizá la planificación política jamás haya contemplado los ataques contra efectivos de Carabineros. Y acaso la planificación política lamente la muerte del cabo Cristián Vera, y las heridas a bala y por ácido sufridas por otros uniformados.

Pero la planificación política es responsable de sus consecuencias. Quienes planificaron la noche del 11 de septiembre no sólo son responsables de la violencia desencadenada contra los hogares, contra los ciudadanos, contra los pobres, contra los trabajadores, contra los carabineros —jóvenes y vulnerables como cualquiera de los imberbes—, y contra las garantías constitucionales. Son asimismo responsables del endurecimiento del Estado. Son responsables de invocar al Sarkozy chileno. Y, en el futuro próximo, serán responsables de poner en manos de la policía un flashball o un taser.

Crimen social

Rodolfo Fortunatti

Por estos días comienza a emplearse con bastante regularidad la expresión crimen social. Se la aplica a hechos de diversa índole. Por ejemplo, al incendio de la discoteca Cromañon ocurrido el 30 de diciembre de 2004 donde perdieron la vida 194 personas. También al bombardeo aéreo del 16 de junio de 1955 sobre Buenos Aires, que arrojó más de 300 muertos. En Chile, a la violencia de Estado que buscó frenar el nacimiento y emancipación del movimiento obrero. Según los historiadores Julio César Jobet y Fernando Pinto, entre 1891 y 1925 habrían perecido víctimas de la represión policial y militar, sobre cinco mil chilenos. Sólo en la Escuela Santa María de Iquique habrían hallado la muerte unas 2000 personas aquel 21 de diciembre de 1907. Más tarde, en la llamada Matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, fueron acribillados por tropas gubernamentales más de cincuenta jóvenes nacionalsocialistas. El golpe de Estado de 1973 —y hasta el fin de la dictadura de Pinochet— truncó la vida de más de tres mil personas. Serían todos crímenes sociales.

El uso del asbesto en algunos productos y procesos de producción, tomaría el carácter de crimen social por ser éste un material extraordinariamente dañino para la salud de la población. También admitiría dicho carácter, la tragedia de «El Humo» del 19 de junio de 1945, cuando una explosión en la mina de Sewell mató a 355 trabajadores y dejó a otros 747 heridos. Y lo ocurrido el otoño pasado en Argentina, cuando 32 personas perecieron a consecuencia de una intensa ola de frío. La explicación para calificarlo como crimen social es simple: las autoridades habrían dilapidado los recursos públicos destinados a gas y calefacción al fijar sobreprecios y repartir coimas. El 18 de mayo de 2005, abandonados a los fuertes y fríos vientos cordilleranos, murieron 45 soldados en la localidad chilena de Antuco. ¿Fue éste un crimen social? Si lo fue, las responsabilidades políticas se esfumaron. Pero tampoco nadie las reclamó.

Hay quienes inscriben el magnicidio dentro de la categoría de crímenes sociales. Esto, cuando la ejecución del personero ha sido realizada por un grupo social, como en Fuenteovejuna, de Lope de Vega. — ¿Quién mató al Comendador? —preguntó el juez. ¡Fuenteovejuna, señor! —respondió entonces Pascuala, señalando así a todo el pueblo.

Hay quienes amplían el concepto de crimen social a los ilícitos financieros. Así pues, los certificados negociables de inversión, CENI, emitidos por el Banco Central de Nicaragua, serían constitutivos de crimen social, por entrañar un fraude a miles de poseedores de bonos. Hay otros que están ampliando el conocimiento experto en la materia. Se sabe de la aparición de centros de investigación y estudio especializados en crímenes sociales. Finalmente, hay otros que, lejos de toda pretensión política o intelectual, usan la noción de manera laxa, casi jocosa, como cuando afirman que envejecer sería un crimen social, lo mismo que engordar.

Pero en estricto sentido, ¿a qué llamamos crimen? ¿Y qué vendría a ser un crimen social? La voz latina designa un delito grave. Tal vez una acción indebida o reprensible. Podría significar matar o herir gravemente a alguien. Podría, en consecuencia, aludir al quebrantamiento de la ley. No queda suficientemente claro. Para dilucidarlo, hay que echar un vistazo a la historia, al origen del término.

Quien primero usó la noción de crimen social fue Federico Engels, filósofo y revolucionario alemán, amigo de Carlos Marx, con quien redactó el Manifiesto Comunista. Mas, si hemos de ser fieles al derecho de autor, habría que decir que los primeros en acuñar la expresión, fueron los trabajadores ingleses. De ellos Engels tomó la frase y la plasmó en su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrita entre septiembre de 1844 y marzo de 1845.

¿Qué querían decir los trabajadores ingleses cuando hablaban de crimen social? Se referían a los miles de muertos por el hambre y las enfermedades, que empezaba a cobrarse el capitalismo temprano. Los trabajadores culpaban de ello a la sociedad —o sea, a la burguesía, a la clase dominante— que toleraba y estimulaba la comisión de semejante crimen. Engels se pregunta si los trabajadores ingleses tenían razón en llamar crimen social a esto. Y para verificarlo avanza los siguientes pasos lógicos:

Primero, «cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio;

Segundo, «si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen;

Tercero, «cuando la sociedad expone a centenares de proletarios a una muerte prematura y anormal; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien, que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen».

Hoy por hoy, lo más próximo a la noción que desarrolló Engels para explicar los desórdenes del capitalismo emergente, es la idea de sociedad del riesgo en la veta sociológica de Ulrich Beck, y de aceptabilidad del riesgo, en la vertiente antropológica de Mary Douglas. Pero aún en Engels, siglo y medio atrás, el crimen social se consumaba con la muerte de la víctima. Por lo tanto, no era aplicable a cualquier forma de vulnerabilidad social.

El 29 de agosto

Rodolfo Fortunatti

¿Qué fue lo del 29 de agosto? ¿Fue un movimiento? ¿Un freno a la ciudad? ¿Gente desafiando al orden público? ¿Ciudadanos resistiendo la interrupción de su propio orden público? ¿Campos de fuerza en colisión? Fue todo esto, pero quizá con un único sentido identificable: ocupar y desocupar espacios. Abundaban las voces de orden: contra el neoliberalismo, por la reforma electoral, salarios justos… Y así, podrían agregarse todas las esperanzas frustradas de la transición. Pero, ¿qué de todo esto ha de quedar en las políticas contra la pobreza? ¿Qué en las políticas que buscan amparar a los trabajadores? ¿Qué quedará latente en la memoria que el país se hará del gobierno de Bachelet?

Si las imágenes hablaran, dirían que lo del 29 de agosto fueron barricadas, humo, lágrimas, agua, policías y pancartas. Sobre todo mucha energía. Tal vez más voluntad de actuar que conciencia de los fines. Una demanda demasiado fragmentada, y unos protagonistas que no se parecían mucho entre sí. No era la clase trabajadora. Eran varias clases. Varios tipos de trabajadores, y de no-trabajadores. Varios tipos de cesantes, y también —como reza Aparecida— de «sobrantes» y «desechables» del mercado, el otro rostro del capitalismo global.

Lo del 29 de agosto fue un movimiento levantisco. Una acción colectiva con fuerte compromiso afectivo, y no siempre ni necesariamente violenta. Porque no fue la violencia de la fuerza policial la que arrojó alrededor de 600 detenidos y más de treinta carabineros lesionados, sino la magnitud del choque entre los movilizados y los controles policiales. Más comprensivamente, fue el miedo al otro, anticipado en la imagen del daño que eventualmente podría hacerme el otro, y donde los comportamientos de manifestante y de represor se podrían explicar por sus respectivas estrategias de choque.

Lo que ha hecho la protesta social es brotar la existencia de una lucha de reconocimiento. Lucha, que no es negociación, ni estado de paz. Lucha que busca llamar la atención sobre una nueva regla de equivalencia, una nueva noción de justicia. Una que todavía no se argumenta, no se delibera, ni se hace política. Una que todavía no proporciona razones de por qué corresponde dar qué cosa a quién. Una que no se suspende, sino que al contrario, se prolonga en la disputa por aquello que es justo. Incluso sustrayéndose a la venganza y a la espera de una nueva manifestación.

Lo que ha hecho la protesta social no es un programa, sino una intervención en el lenguaje, en los discursos y en las consignas. Como la naturaleza que insiste sobre las especies, de igual modo, tras sucesivos tanteos, aciertos y errores, la protesta construyó/mejoró el mensaje de los excluídos. Y esto, a largo plazo, quedará plasmado como un nuevo concepto de la justicia, donde, por el ejercicio de las libertades públicas, pero más allá de las libertades públicas, las personas conquistarán la capacidad efectiva de «hacer sus vidas».

Banco Central: tres mitos.

Rodolfo Fortunatti

La gestión del actual presidente del Banco Central vence el 6 de diciembre. Antes de esa fecha, la Presidenta de la República debe enviar al Senado el nombre de su sucesor. La Presidenta tendrá que concitar el respaldo de la mitad más uno de los senadores en ejercicio, y hacer frente a los tres mitos que ha levantado la derecha en torno a la sucesión.

Primer mito: el consenso 2 por 2 más 1. Cada vez que ha correspondido renovar el Consejo del Banco Central, la derecha ha invocado un consenso tácito que se habría fraguado en los albores de la transición democrática. Según el referido acuerdo, al momento de someter un nuevo nombre a la aprobación del Senado, el Presidente de la República debería asegurar que, de los cinco consejeros, sólo dos fueran de la Concertación, dos pertenecieran a la Alianza, y el quinto fuera independiente. De no cumplirse este requisito, entonces la oposición no debería concurrir con sus votos a la formación de mayoría, impidiendo así salvar la nominación gubernamental.

Al parecer —porque se cree que la Concertación siempre ha contado con tres de los cinco consejeros—, ésta habría sido la práctica seguida durante los pasados diecisiete años. Se podría especular, sin embargo, que en los últimos años la Concertación ha perdido gravitación debido a la fuerte presencia de Vittorio Corbo y de Jorge Desormeaux, dos hombres de derecha, dos antiguos compañeros de oficina, y dos veteranos académicos del Instituto de Economía de la Universidad Católica. No olvidemos que el nombre de Corbo, su actual presidente, surge en los momentos de mayor vulnerabilidad del gobierno de Lagos, cuando en 2003, para asegurar la estabilidad y, sobre todo, la gobernabilidad política, fue necesario concordar un paquete de modernizaciones con Pablo Longueira. Tampoco olvidemos que en aquel tiempo José De Gregorio, su vicepresidente, fue apoyado por 23 senadores, 8 de los cuales pertenecían a la UDI, 3 a la bancada institucional, y sólo 12 a la Concertación.

La Alianza insiste en recurrir a ese consenso y, por eso, persiste en postular a Corbo para un nuevo período. La Alianza apela a un consenso más antiguo que el de Washington, ignorando que cuando lo impuso, Chile era otro país. Por entonces vivía Pinochet. No sólo eso; Pinochet era comandante en jefe del Ejército. Había senadores designados. La derecha era mayoría en el Senado y, en tal calidad, detentaba un eficaz poder de veto. Por entonces, los equilibrios macroeconómicos constituían el gran desafío de la política económica. Hoy, estos son principios de aceptación universal que pondrían en ridículo los vaticinios inflacionarios con que algunos andan espantando mercados. Hoy la derecha es minoría en ambas cámaras legislativas. Hoy, cuando no es suficiente el puro monetarismo, adquiere crucial importancia una gestión preocupada por la estrategia de desarrollo del país.

Segundo mito: más allá del bien y del mal. Sobre todo la derecha ha hecho tal panegírico del presidente del Banco Central, que ha terminado por convertirlo en una autoridad ajena a toda disputa ideológica, en un ente sobrenatural situado más allá del bien y del mal. La derecha ha llevado las cosas a tal extremo, que ha confundido a Corbo con autonomía, y autonomía con autarquía. Se romperá el equilibrio si se nombra a alguien de la Concertación, aseguran; el Banco Central dejará de ser autónomo. El único nombramiento aceptable —sostiene Jovino Novoa— es Corbo.

Al contrario de las virtudes que destaca en Corbo, la derecha sólo ve concupiscencia del poder en la Concertación. La misma que vio para la nominación del Contralor y de los directores de TVN. «La Concertación sigue en su apetito incontrolado por el poder», ha declarado Hernán Larraín. «No les basta con tener 3 de 5 consejeros, ahora quieren tener 4, lo cual desnaturaliza la institución en su carácter de independiente y autónoma», ha argumentado. Pero la realidad, que ya no es una cuestión de caprichos o antojos, sino de reglas institucionales, lleva a desenmascarar el tercer mito.

Tercer mito: no tienen los votos. Como en otras ocasiones, la derecha ha especulado sobre la eventual incapacidad del gobierno para reunir los votos necesarios. Sin embargo, como ha trascendido a la opinión pública, por primera vez la Presidenta dispone de una mayoría favorable a la mejor candidatura que podría ofrecer la Concertación. No sólo cuenta con la palabra empeñada de veinte senadores, sino tal vez con la mejor oportunidad para provocar un cambio en la política del instituto emisor.

Al modo de Sonora y de Chihuahua

Rodolfo Fortunatti

Interesante opinión la de Manuel Espino Barrientos. Interesante, porque permite comprender lo que la Democracia Cristiana no fue, no es, y ya no será.

¿Qué dice Espino Barrientos? Espino Barrientos denuncia la izquierdización de la Concertación. Peor aún, Espino Barrientos detecta la radicalización de la Concertación y, en consecuencia, la tendencia a la polarización política del país. Muy ideologizada se le antoja a él la coalición. Claro que a Espino Barrientos le preocupa más la suerte de la Falange que la de sus socios. No le gustaría que el desgaste de Michelle Bachelet afectara el liderazgo de Soledad Alvear. Por eso aconseja a los democratacristianos repensar su permanencia en el gobierno. ¿Para irse dónde? Bueno, Espino Barrientos discurre algo así como una redefinición de las alianzas. ¿Redefinición de las alianzas? ¿En qué consiste eso? Espino Barrientos no lo aclara. Sólo confiesa el motivo de una tal redefinición: ¡Por el bien de Chile!

Interesante opinión la de Espino Barrientos. Interesante porque permite recordar que fue en Chile donde se fundó el primer partido demócrata cristiano de América, allá por el mes de julio de 1957. En estricto rigor, según los historiadores, habría sido el año 1937, cuando se creó la Falange Nacional, la buena semilla. También en Chile se formó el primer gobierno democratacristiano de América, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza. ¿Sabrá Espino Barrientos que el programa de Frei encarnaba la gran esperanza temporal de Jacques Maritain, el filósofo humanista cristiano? ¿Sabrá Espino Barrientos que la Revolución en Libertad del presidente Frei representó la emancipación de millones de pobres de la ciudad y el campo? ¿Se habrá enterado Espino Barrientos que nunca en su historia la Democracia Cristiana ha constituído gobierno con la derecha? ¿Sabrá al menos que en Chile la Democracia Cristiana luchó por el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia, cuando los actuales líderes de la derecha se la jugaban a favor de Pinochet? ¿O dónde imagina Espino Barrientos que andaban Piñera, Matthei, Lavín y Larraín? ¿En qué consiste la redefinición de las alianzas que sugiere Espino Barrientos? ¿En qué, si aquí la única derecha que conocemos aún no rompe sus ataduras con el pasado?

Tiene que haber un modo más pedagógico de entender qué quiere decirnos el profesor secundario. Y, al revés, tiene que haber un modo de explicarle al licenciado en administración de empresas, en qué consiste esta empresa popular y reformadora, que ha concurrido a la coalición política más prolongada y exitosa de toda la historia republicana de Chile. Tiene que haber un modo de entenderse de igual a igual con el presidente del PAN. Tiene que haber un modo de hacerle ver a Espino Barrientos, a la sazón presidente de la ODCA, que su primer deber consiste en respetar la autonomía e independencia de los partidos hermanos. En fin, tiene que haber un modo de decirle al durangueño, al político de Sonora (lugar de maíz) y de Chihuahua (lugar árido y arenoso), que los democratacristianos saben qué hacer en Chile.

Quizá el V Congreso de octubre sea una ocasión propicia para ello.

Justicia social: ¿pasada de moda?

Rodolfo Fortunatti

¿Justicia social? ¡Old-fashioned! Pronunciaban con cierto aire de sofisticada pedantería los modernosos. Lo hacían desde el Consenso de Washington. Se lo enrostraban a los vencidos de la Revolución Socialista. Pero también a los derrotados de la Revolución en Libertad. En subsidio, ellos preferían hablar de equidad; ni siquiera de igualdad. Equidad, una noción más técnica y operativa y, por ello, más manejable para el pensamiento único, por lo demás, el único con credenciales de ciencia económica. El resto, si acaso daba para ideología, comportaba pura especulación. El resto pintaba sólo como un anacronismo.

Varios de aquellos pomposos ahora toman distancia de su pasado, e incluso se disculpan ante sus audiencias cuando deben emplear términos en inglés. Otros, en cambio, aún conservan sus viejos cánones neoliberales y su arrogancia. Y todavía suelen tratar con desdén a quienes se salen del pensamiento único. Les resulta inconcebible la sola idea de subordinar el dogma económico a un principio ético superior. Les desconcierta defender sus teorías en una arena intelectual distinta de la ofrecida por la modelística neoliberal. Por eso desautorizan a sus interlocutores. Por eso agreden al mensajero sin haber acusado recibo del mensaje.

Pero el tiempo no pasa de balde. El tiempo actúa sobre el lenguaje, los conceptos y las teorías. El tiempo siempre les otorga un sentido nuevo a las palabras. Son las personas, que se apropian y reconvierten los significados. Y así, del mismo modo que la naturaleza insiste sobre las especies, la palabra consigue su fuerza comprensiva y expresiva tras sucesivos tanteos. Como ocurre cuando la Iglesia habla de salario ético. O cuando clama por la justicia social. O cuando declara sin ambages que sin justicia social no hay democracia integral. ¿Por qué nos resultan tan nuevas estas invocaciones? Piénsese que ya en la encíclica Rerum Novarum —más bien, en el Evangelio de Santiago—, se encontraba la noción de salario ético. Y que a San Alberto Hurtado pertenece la cita que da título a la declaración del Comité Permanente del Episcopado.

¿Qué las hace tan actuales? Y, al revés, ¿qué hace tan impertinentes, extemporáneas e inapropiadas las opiniones de sus detractores? La respuesta está en la historia. Chile hoy es otro. Su cultura política es otra. Su conciencia moral ha cambiado. Su expectativa sobre la justicia ha cambiado. Sólo a modo de contrapunto: hace diecisiete años el valor de la palabra justicia estaba crucialmente ligado a las reparaciones humanitarias por las violaciones a los derechos de las personas cometidas durante la dictadura. Hoy, la noción de justicia cobra su mayor potencial político en la lucha por el reconocimiento de los derechos que confieren la capacidad de obrar, que es el nuevo alcance de la justicia social. Según éste, no basta que la sociedad garantice las libertades, si las personas carecen de capacidad efectiva para hacer su vida. De ello se sigue que una sociedad es más justa en la medida en que sus miembros pueden hacer.

¿Es que acaso cambió la esencia de la noción de justicia? No; ésta sigue ahí. Justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia sigue siendo una regla. La regla de la equivalencia. La regla que mide, que calcula y que compara. La regla que argumenta. Porque la justicia proporciona razones de por qué corresponde dar qué cosa a quién. Y cuando se agotan los argumentos, y llega el momento de la sentencia, la justicia suspende la disputa. Pero sólo la suspende, sin asegurar el estado de paz. Y aún más, incluso sustrayendo la disputa a la venganza.

Ahora son los neoliberales los que no tienen idea de justicia social. Y no la tienen porque la teoría económica que la explica ha saltado fuera del estrecho modelismo utilitarista anglosajón, para encontrarse con una concepción más rica de la libertad, de la justicia y de la solidaridad. Esta que, si la voz de la Iglesia no cesa, y la Democracia Cristiana asume como su misión política, hará de Chile un país donde la vida tenga sentido para todos.

Expansiva es política

Rodolfo Fortunatti

Hay que examinar en serio el mensaje de Expansiva, antes de juzgar su autoridad, como lo hace Carlos Peña. Hay que ver en Expansiva un real agente de poder, porque es un genuino agente moral-cultural.

¿De qué sirve enterarse que Expansiva se originó en un seminario realizado en el Divinity School de Harvard? ¿De qué sirve saber que sus miembros reclaman de la élite política —porque no del electorado— un reconocimiento del cual carecen? ¿De qué sirve acusarla de neutralidad valorativa? ¿De qué vale descubrir su supuesta imparcialidad? ¿De qué, si no se desenmascara el núcleo del poder de Expansiva, que es su ideología de legitimación?

Lo menos que tiene Expansiva es la neutralidad que le atribuye Peña. Y lo único que consigue con semejante imputación el columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, es escabullir el bulto. Porque es incuestionable que Expansiva posee una visión del pasado reciente, como la poseen Peña, El Mercurio y la Universidad Diego Portales. Es indudable que Expansiva también tiene una visión del futuro próximo, como la tienen Peña, El Mercurio y la UDP. Es indesmentible, asimismo, que Expansiva tiene un modelo de intervención social; un modelo con pretensiones políticas, al igual que los modelos de Peña, de El Mercurio y de la UDP. Lo cual se puede verificar en el documento Somos más, queremos más y podemos más, de Expansiva, como lo de Peña en las publicaciones de El Mercurio y de la UDP.

Para ser honestos, lo que hace Expansiva es formular una crítica a la transición democrática de los últimos veinte años. Expansiva apunta explícitamente a la estructura institucional de Chile, como el principal escollo del desarrollo. Por eso, lo peor en la crítica a Expansiva sería reducir la polémica a una confrontación entre técnicos y políticos. Porque Expansiva es política.

Dice Expansiva que la falla de nuestra transición es haber fomentado, a través de políticas asistenciales del Estado, la aparición de ciudadanos pasivos, sin aptitudes para la creatividad y la cooperación. Piensa Expansiva que para vencer estas rémoras es menester actuar sobre tres barreras. Primero, sobre la pesada y desvencijada estructura del Estado. A Expansiva no le preocupa el tamaño del Estado —ingresos del 18%, y gastos del 21% del PIB—, cuanto su modernización tecnológica. Segundo, es necesario actuar sobre la organización social, desterrando el paternalismo subyacente tras ella, y estimulando, en su reverso, la libre iniciativa de los individuos. Tercero, es preciso actuar sobre la cultura política mediante la desregulación normativa e institucional, sobre todo, del mercado laboral, a fin de limitar los excesos desprotectores y opresivos de la sociedad chilena.

Hecho el diagnóstico y formulado el proyecto, Expansiva define las condiciones nacionales e internacionales dentro de las cuales operará su estrategia de intervención. Frente a los avances esperados en materia de ciencia y tecnología, Espansiva propone flexiseguridad. A los efectos no deseados de la globalización, responde con capacitación, seguros personales, y vida digna —aunque no explica qué entiende por tal—. A las transformaciones socioculturales desestabilizadoras, responde con inscripción automática, democracia partidaria, elección de autoridades regionales, instancias de control de la ciudadanía, iniciativa popular de ley, y plebiscitos. A las futuras restricciones que pesarán sobre el Estado, opone una sociedad más exigente, pero sin recursos instrumentales. A las limitaciones que mostrarán los mercados, opone una política social activa, que tampoco explica. Por último, para hacer frente a la incertidumbre y a la inseguridad provocadas por la delincuencia, el desempleo, el envejecimiento de la población, y las migraciones, Expansiva reivindica la colaboración recíproca del Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Con todo, lo crucial de su modelo estratégico es la reforma institucional, entiéndase: participación, cohesión, transparencia, eficiencia, accountability, incentivos, inserción internacional y diálogo. Cierto es que se observa una fuerte asimetría entre las inciertas tendencias de largo plazo —de aquí al 2027— y las iniciativas propuestas por Expansiva —algunas actualmente en el Parlamento—.

El problema del modelo Expansiva —y hay que controvertirlo de cara a Expansiva— es que no parece confiar lo mismo en los individuos, la empresa privada y los mercados, que en el Estado y la Sociedad. Si no, alguna línea habría reservado Expansiva a los derechos de las personas y a sus capacidades de obrar. Pero eso, eso es más de Amartya Sen que de Expansiva.

La desambiguación de la derecha

Rodolfo Fortunatti

El riesgo de propalar una predicción es que se convierta en profecía autocumplida, es decir, que las personas concernidas en determinados acontecimientos acaben actuando como se dice que lo harán. Es lo que podría ocurrir con el diseño estratégico de la derecha de cara a las elecciones del 2009: un giro en 180 grados. El paso desde la obstrucción y el ataque, hacia la colaboración y el acuerdo.

La decisión respecto de poner en marcha la acusación constitucional contra el gabinete de la Presidenta Bachelet, es el punto de inflexión. Un punto de no retorno llamado a zanjar la pugna entre halcones y palomas, entre el talante Allamand y el estilo Macri, entre la puerilidad de El Desalojo y la veta reformadora de Sarkozy. Entre el «Pensamiento Alicia» y el realismo cínico del empresario Piñera. Es muy improbable que la pugna se perpetúe en la irresolución, cuando precisamente lo que necesita esta derecha es una definición clara, unitaria, convocante, y que anuncie su voluntad de ser gobierno. Es muy difícil que la derecha pueda mantenerse en la indefinición, mientras crece y se afirma el liderazgo de Piñera. En algún momento tendrá que empezar a operar la ley de los rendimientos decrecientes, esto es, que la ambigüedad del sector comience a corroer la popularidad del multimillonario.

Audaz vuelo el de los halcones. Osado, porque las acusaciones constitucionales recuerdan los tiempos de inestabilidad política e institucional que derivaron en la caída de Allende. Un recurso extremo que, en las grandes y fuertes uñas de los halcones, sólo puede ofrecer un espectáculo desolador, por depredador, claro. Uno que contrasta con la imagen de moderación que tendrá que imprimirle Piñera a su candidatura presidencial. Esto, si aspira cotejar con éxito las opciones de Ricardo Lagos y/o Soledad Alvear. Un recurso puramente mediático, si se tiene en cuenta que para aprobar el libelo acusatorio la derecha necesita el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados, así como de la mayoría del Senado. Para conseguirlo, la derecha tendría que demostrar que los ministros comprometieron gravemente el honor o la seguridad de la Nación, infringieron la Constitución y las leyes, o traicionaron, malversaron, sobornaron o hicieron cobros ilícitos. La derecha sabe que esto es meterse en una camisa de once varas: demasiada tela para tan menuda criatura. Y que en tales circunstancias, no le queda más opción que avanzar por los atajos que le abren las reformas a la educación y al sistema previsional, no obstante los escollos que le opone la reforma electoral.

Por eso, la desambiguación de la derecha debería ocurrir al precio de la caída de los halcones, con lo cual el desalojador se transforma en desalojado.

Encuentro del Profesionales y Técnicos de la Democracia Cristiana

Convocatoria en formato pdf

Emilio Soria Céspedes, Presidente Nacional y Héctor Altamirano Cornejo, Secretario Nacional del Frente de Profesionales y Técnicos del Partido Demócrata Cristiano, tienen el agrado de invitar a usted al Encuentro “Camino al V Congreso Nacional del PDC”, a realizarse el 11 de Agosto de 2007, entre las 09:00 y las 14:00 hrs., en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales de la Universidad de Santiago (Las Sophoras 175, Estación Central).

Se solicita confirmar su asistencia a esoria@tie.cl o altamirano@aim.tie.cl o a los fonos 2020320 - 6337472.


PROGRAMA

11 de agosto de 2007, en el Centro de Eventos Nacionales e Internacionales de la Universidad de Santiago


09:00 - 09:30 : Inscripción

09:30 - 10:00 : Plenario.

Palabras del Presidente Nacional del Frente de Profesionales y Técnicos, camarada Emilio Soria.

Palabras de la Presidenta Comisión V Congreso, camarada Mariana Aylwin.

Palabras de la Presidenta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, camarada Soledad Alvear.

Información sobre el funcionamiento de las comisiones, camarada Rodolfo Fortunatti.

10:00 - 13:00 : Funcionamiento de las Comisiones.

13:00 - 14:00 : Plenario final.

Lectura de conclusiones por el relator de cada comisión.



* Habrá servicio de cafetería

¡Váyase, señor González!

Rodolfo Fortunatti

Lo gritó una y otra vez la derecha española: ¡Váyase, señor González! Desde 1993 en adelante lo repitió machaconamente. Con la misma irreverencia que muestran Piñera, Matthei y Allamand. Como el cántaro al agua o, como la gota de agua sobre la piedra. Al final algo se romperá —pensaban—; algo se socavará. Y así, hasta que en 1996, consiguió sacar del gobierno a Felipe González y al PSOE. Entonces aquella derecha ganó las elecciones parlamentarias y, al año siguiente, Felipe abandonó la dirección del Partido Socialista Obrero Español.

Mal asesorados, los neoliberales de esta ex colonia, hacen lo mismo que les susurran los otrora conquistadores. Sólo que aquí la fórmula lleva el nombre de «El Desalojo». Aquí, lo que tenemos es una derecha minoritaria, aunque fuertemente apoyada en los propietarios de medios de comunicación y, por cierto, en los publicistas políticos que trabajan para esos medios. Y en los renegados de la Concertación. También en los elementos más permeables al discurso de esta derecha. La popularidad de Piñera actualmente se empina a la que logró Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre del ‘88. Hay quienes creen que ese es el techo de la derecha. Que no podría elevarse más.

¡Váyase, señor González! Voceaban allende el Atlántico. Aquí es muy difícil decir eso. ¿Cómo hacerlo cuando la popularidad presidencial se mantiene sobre la mayoría absoluta? ¿Cómo hacerlo cuando, pese a los errores del gobierno, la derecha no logra llevar las aguas del descontento a su propio molino? ¿Cómo, cuando hasta la base electoral de la derecha condena las injusticias de la patronal hacia los trabajadores, y las ganancias mal habidas de sus dirigentes polticos? ¿Qué votos podrían conseguir en un electorado conservador que, sin embargo, es proclive a la negociación colectiva?

Ni los renegados y vulnerables han podido sacarle provecho al caballo de batalla en que la derecha convirtió el Transantiago… ¡Cuánto ilícito! Desprestigio de los partidos y de sus instituciones. Tergiversación de minutas informativas. Cartas privadas filtradas con espectacularidad. Mañosas interpelaciones parlamentarias. Instrumentalización de comisiones investigadoras. Amenazas de acusación constitucional. Negligencia e ingobernabilidad. ¿Para qué? Si ha sido para ganarse a la opinión pública, el fracaso puede verse a todo lo largo de la línea. Pues, Transantiago no es ni el principal, ni uno de los más importantes problemas de la gente. Y más todavía, parecerá extraño, pero el país logra advertir mejorías. Curiosamente esta sensación la experimentan especialmente los democratacristianos. No debería sorprender que el liderazgo de Soledad Alvear se haya disparado hasta el primer lugar de la Concertación.

Dicho esto, no parece haber audiencia para la arrogante voz de orden de la derecha.

En Dios confiamos

Rodolfo Fortunatti


Piñera es contradictorio. Primero promete que abandonará sus negocios para dedicarse al servicio público, la vocación que dice sentir en el alma. Y, a las pocas horas, sostiene que el servicio público es oficio de vagos que viven a costa del Estado. ¿Por qué alguien habría de aspirar a algo que en el fondo desprecia? ¿Qué pretende realmente Piñera? ¿Querría dedicarse al servicio público para convertirse en vago? ¿Querría convertir a los servidores públicos que desdeña en emprendedores? ¿O es que sólo quedó demudado cuando escuchó decir que era prisionero de su fortuna, y respondió con lo primero que pudo echar mano en su subconciente? ¿Cuál fue el punto sensible que tocaron las expresiones del gobierno?

Es muy probable que sea la fatal inconsistencia entre la ambición desmedida y el Bien Común. Michael Novak, el neoliberal católico norteamericano que entendía bien esta incongruencia, acostumbraba a representarla con la leyenda del billete de un dólar: «In God we trust», que traducida significa «en Dios confiamos». Para darle sentido, Novak completaba la frase del siguiente modo: «En Dios confiamos… y en nadie más». Y así terminaba demostrando que la democracia, tal y como se conocía en América desde Tocqueville hasta nuestros días, consistía precisamente en no confiar demasiado poder a ninguno y, por consiguiente, en distribuir el poder en el mayor número de personas y comunidades.

Este principio tan básico, pero de un valor tan crucial para la justicia, la paz y la libertad, expresa el punto de equilibrio entre los intereses individuales y los colectivos. Esta noción tan elemental para la construcción del consenso social, es la que violenta Piñera con su promiscua relación entre política y negocios. El empresario, amparado en un régimen de desigualdades tan indigno como el prevaleciente en Chile, sobre todo desde la experiencia neoliberal de Pinochet, ha logrado amasar un inmenso patrimonio. Si estas impresionantes acumulaciones de poder económico no han podido ser deslegitimadas, se ha debido al frívolo debate político que nos ahoga, así como a la fuerte concentración de los medios de comunicación en pocas manos. No porque sean justas. No porque sean lícitas, como lo revela la multa impuesta por la SVS.

Desde esa posición de poder, Piñera ahora aspira a la Presidencia de la República, o sea, al control del poder político. A la conducción del gobierno. Al manejo del Estado. El problema para él es que, no obstante la precariedad de nuestra política local, aún en la derecha hay una reserva moral para la que resulta inaceptable este modo de acaparar poder. No ha de parecer extraño pues, que los desposeídos, los vulnerables, y hasta los perdedores del sistema, sientan más próxima la presencia de Longueira, de Dittborn, de Novoa o de Matthei, que la de Piñera, Allamand o Espina. Se trata quizá de una cuestión de grado, pero que proyectada al infinito fija una notable distancia entre la democracia y la oligarquía.

La salvaguardia

Rodolfo Fortunatti

«Aquí se aplicó una cultura del ocultamiento y del engaño», declara Sebastián Piñera. Lo dice presumiendo que el gobierno habría ignorado el Informe de Metro. «A sabiendas de estos problemas de diseño e implementación —remacha el aspirante presidencial—, casi todos, partiendo por la Presidenta, se fueron de vacaciones».

¡Qué soltura! Berlusconi no habría podido hacerlo mejor.

Hay que hacerse cargo de las declaraciones de Piñera. Por un par de razones. Se trata del más probable postulante de la derecha en las elecciones del 2009. Seguidamente, su conducta política de ahora, revela cómo actuaría a futuro enfrentado a circunstancias semejantes. Nos da signos sobre su talante, su carácter de estadista, su firmeza y resolución. También nos da señas acerca de su consecuencia política, un bien muy preciado en aquellos que han sido formados en los valores del humanismo cristiano. Algo que no es menor, pues, si Piñera es consecuente con lo que dice, entonces él jamás aplicaría una cultura del ocultamiento y del engaño. Si Piñera es consecuente, nunca tomaría vacaciones a sabiendas de la existencia de problemas. Si Piñera es consecuente, prestaría atención a cualquier informe que previera un escenario crítico. Más aún, si Piñera es consecuente, como Presidente de la República habría postergado la implementación del Transantiago, basado en el Informe de Metro.

Piñera no escatima calificativos. Habla de engaño, lo cual significa que el gobierno falta a la verdad en lo que dice, hace, cree, piensa o discurre. Habla de ocultamiento, o sea, de callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir. Habla de disfrazar la verdad. Y todo esto lo ampara en la convicción de que el gobierno no le habría dado la debida importancia al Informe de Metro, lo cual contrasta con la que el empresario le otorga. Es tal la importancia que Piñera le asigna al Informe, que acaba por convertirlo en un oráculo, en una ventana abierta hacia el porvenir, hacia lo desconocido. Nótese que Piñera aparece como general después de la batalla, a no ser que haya tenido acceso al Informe de Metro, cuando apareció en noviembre de 2006, en cuyo caso estaba obligado a advertir lo que ahora denuncia. Pero, precisamente, porque vivimos en una sociedad del riesgo, es que un político —como lo haría un cirujano— debe preguntarse cuán seguro es el informe que llega a mis manos. Cuán fundadas son sus predicciones. Cuán asertivas sus recomendaciones de política.

¿Se hizo estas preguntas Piñera? ¿Leyó Piñera la salvaguardia del Informe de Metro? La salvaguardia es una garantía, un amparo, que se dan los informantes para protegerse de los efectos no deseados que podrían tener para sí mismos sus análisis y previsiones. Es una custodia del tipo siguiente: «dados estos antecedentes, podría suceder esto, pero no tengo certeza de su ocurrencia». En el Informe de Metro, la salvaguardia es muy clara y explícita, y fue puesta en la primera página, según se lee:

«A propósito de la implementación de Transantiago, la situación real y concreta que vivirán los santiaguinos una vez materializado plenamente este proyecto, sólo se podrá dimensionar después del 10 de febrero próximo, posiblemente, al cabo de tres o cuatro meses de operación.

«Por lo tanto, las proyecciones que se hagan hoy para anticipar dicha situación, y todos los comentarios basados en esas proyecciones (incluyendo los que siguen), son meras aproximaciones. Esto vale por supuesto, para Metro».

¿Por qué los autores plantearon esta salvaguardia? Porque, como lo expresara otro observador al cabo de cuatro meses de operación del sistema, «nadie podía predecir la magnitud de la crisis generada». Nadie. Tampoco los autores del Informe de Metro, como se podría probar contrastando sus predicciones con la realidad… Desde luego, la ciudadanía se comportó de un modo más racional que el pronosticado. Ello, no obstante, la fuerte campaña de la televisión, de la prensa y de los activistas.

La Nostalgia «Light»

Rodolfo Fortunatti



«Hay Sarkozy para todos», concluye Eugenio Tironi, rescatando las virtudes progresistas que quisiera ver en el líder francés. Tironi, situado así a la derecha de Jocelyn-Holt, el historiador de derechas. No es extraño que Jocelyn-Holt vaya más adelante; puede ver más hacia adelante. En cambio, Tironi, a la luz de Jocelyn-Holt, acaso refleje el aguatonamiento mundial de las izquierdas, según la viva expresión acuñada por este último.

«Hay Sarkozy para todos», señala Tironi. Parece creer que por un par de discursos y unos ministros socialistas en su gabinete, Sarkozy se hubiera convertido en la reencarnación moral de la política. No es lo que piensan los franceses. Esto, a juzgar por la minoritaria presencia sarkozista en el Parlamento. Como fuere, el movimiento se demuestra andando, y Sarkozy tiene cuatro años para demostrarlo. El mismo que tiene Tironi para revisar su apología. Lo demás es pura ficción política; puro juego de escenarios. Un juego que, sin embargo, le quita peso, profundidad y proyección, a la acción política.

«Hay Sarkozy para todos», consuela Tironi, en un gesto de justicia redistributiva que nadie reclama. Porque ni Hermógenes Pérez de Arce —que lo emula al borde de la línea democrática— piensa que pueda haber Sarkozy para todos. Hasta el ex colaborador de Pinochet está convencido que el presidente galo representa a la derecha de siempre. ¿Por qué la derecha querría compartir lo que ha sido siempre de la derecha? ¿Y a qué izquierda tendría que interesarle la oferta que hace Tironi? Si aquella izquierda apareciera, lo más probable es que haya dejado de serlo.

«Hay Sarkozy para todos», declama Tironi. Lo cierto es que no hay Sarkozy para la izquierda genuina. No para el auténtico progresismo. Quizá para la izquierda light. El problema es que la cáustica crítica de Sarkozy apunta precisamente a esta izquierda heredera del Mayo del ‘68. Esta que en Chile hace lo imposible por contemporizar con una derecha arcaica, anquilosada en la defensa de sus intereses, vacía de principios ideológicos, e incapaz de construir una mirada universal, como la anhelada por Jocelyn-Holt.

Semejante universalidad se consigue, claro, con una profunda pasión por la tierra, por la época, y por la gente. Porque un gran amor —como pensaba Mounier— comienza con una gran pasión.

Juicio a Fujimori

Rodolfo Fortunatti

En contraste con el rostro amable y sonriente que exhibe desde su residencia de Chicureo, Fujimori es uno de los peores enemigos de los derechos humanos, las libertades y la democracia en América Latina. Gobernó Perú entre 1990 y 2000. Durante su administración amparó y promovió la acción represiva de escuadrones de la muerte, los atropellos al Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción, y la persecución sistemática de los opositores.

Ayer, el ministro Instructor de la Corte Suprema, el único facultado para valorar los antecedentes sobre Fujimori, rechazó la extradición solicitada por el gobierno peruano. El ministro se formó una sola convicción en los doce ilícitos que se le imputan a Fujimori, entre ellos, las graves violaciones a los derechos humanos. El ministro cree que los delitos no estarían debidamente acreditados.

Según el fallo, no existiría evidencia de la conexión entre Fujimori y el escuadrón Colina, causante de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Lo que sí habría serían declaraciones de testigos de oídas… ¡que no presenciaron jamás el momento en que el Presidente habría ordenado la comisión de estos delitos! Tampoco constituiría prueba de peso que Fujimori haya dictado una Ley de Amnistía para proteger a los ex militares comprometidos en acciones antisubversivas. La dictó el Congreso, no Fujimori, dice el fallo. Y no podrían sancionarse los actos de corrupción del ex gobernante, pues al momento de consumarse no existía legislación. A Fujimori se le atribuye la apropiación de patrimonio público avaluado en unos dos mil millones de dólares.

Así y todo, lejos de tomar el dictamen del ministro Instructor como una derrota para la causa de los derechos humanos, debe ser visto como una oportunidad para ratificar el valor universal de estos derechos donde quiera que fueren vulnerados. Pues, con su actuar, el ministro Instructor acaba de iniciar en Chile el juicio de fondo contra Fujimori. Con ello, y más allá de la extradición, los juristas han quedado exhortados a nutrir y a sustentar la evidencia disponible, en una cultura política que, como la chilena, se ha vuelto sensible a los excesos de los tiranos. Y la sociedad civil, las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos, los ciudadanos, han quedado a su vez instados a promover un diálogo moral que sitúe a la Justicia en la justicia. Sólo así quedará claro que cuando el Estado viola la integridad de un peruano, en realidad también daña la integridad de un chileno.

El vacío de poder

Rodolfo Fortunatti

Hasta hace unos meses Longueira era el político mejor posicionado de la UDI. Al menos para disputarle a Piñera su ventaja presidencial. Hasta hace unas pocas semanas, la alta aceptación de Piñera en la opinión pública lo convertía en el más probable candidato de la Alianza. Todavía la SVS no le aplicaba la multa que lo dejó en jaque. Hasta hace unos días —quizá cuando Mauricio Macri reveló el nuevo talante moral de la derecha argentina— la política de choque de Allamand no tenía competencia. Hasta hace unas horas, lo que parecían pequeñas variaciones de temperatura en el «baño maría» que disfrutaban RN y la UDI, se tornó en atmósfera fría y lacerante. Hasta hace unos minutos, lo que pudo ser silencio y complicidad, tomó un cariz enteramente distinto. La UDI por las claras le planteó a Piñera que no podía esperar apoyos corporativos como si ella «tuviera la obligación de defender sus intereses en negocios particulares».

«La Alianza pisó el palito», concluyó entonces Espina. Lo dijo como si creyera que la Concertación está en condiciones de orquestar la intervención electoral de que la acusa. Lo dijo como queriendo olvidar el patético final de la otrora «patrulla juvenil», la trenza formada por Piñera, Matthei y Allamand, cuyos fantasmas retornan hoy transfigurados a la escena nacional. Lo dijo como ignorando el secular temperamento autodestructivo de la derecha chilena. Casi indiferente a la lección de Gabriel González Videla, último liberal radical que encabezó una coalición sólida y estable. Porque desde 1952 que la derecha no sabe lo que es gobernar en coalición. Y desde entonces que no sabe cómo construir mayoría.

Con todo, los problemas de la derecha no son muy distintos de los de la Concertación. Sus fracasos no están ligados a la suerte de Sebastián Piñera, Adolfo Zaldívar o Fernando Flores. Podría prescindirse de ellos y de sus circunstancias personales, y todavía las dificultades seguirían ahí. Y no es que falten sueños, esperanzas, o expectativas de un mañana mejor. Todo el mundo aspira a algo, e imagina caminos para conseguirlo. El problema es cómo realizar esos sueños que sólo unidos a otros podemos alcanzar. El problema es de la política. La política que se ha hecho actividad de elite, de pequeño grupo, de fracción. Lo confirman las encuestas. Sólo 2 de cada 10 chilenos aprueban lo que hace la Concertación. Y sólo 2 de cada 10 aceptan lo que hace la Alianza. El resto mira y, si en algo le importa el asunto, desaprueba.

La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Mientras más democracia, más poder para el pueblo. Sólo que aquí no ha funcionado el ideal. Nunca en democracia hubo volúmenes más grandes de poder concentrados en tan pocos. Nunca en democracia hubo más personas al margen de las decisiones, y nunca tantos decidieron tan poco sobre la organización de los intereses colectivos y sobre sus vidas. Tanto, que por el camino que transitamos quizá lo único que estemos consiguiendo sea abrir un colosal vacío de poder social.

Los satisfechos se muestran satisfechos. Y quisieran que muchos se exhibieran igualmente satisfechos. Que aceptaran la política tal cual es. Que se resignaran a la destrucción de los lazos de solidaridad. Que admitieran la pérdida de cultura política, de dominio, de saber, de autonomía, de libertad. Y, finalmente, la pérdida de conciencia sobre los propios derechos. Pero la política es el gobierno del pueblo. Y devolverle el poder al pueblo, pasa por restablecer el valor moral y político de la concertación, esto es, del acuerdo superior y general de la sociedad civil en la cúspide del Estado.

La política como estrategia pura

Rodolfo Fortunatti

Hay quienes, asumiendo una relación entre la moral y la política, disciernen la presencia de dos éticas contrapuestas en la actual controversia democratacristiana. Se trataría de los dos principios normativos para la acción descritos por el sociólogo alemán Max Weber. Por una parte, la ética de la responsabilidad, según la cual el sujeto actúa calculando las consecuencias que sus actos tendrían para los demás. Y por otra, la ética de la convicción, donde el sujeto actúa siguiendo sus creencias sin prestar atención a las consecuencias de sus actos. Su máxima se expresaría de un modo semejante a: «Obra bien y deja las consecuencias en las manos de Dios».

Llevado a la práctica, por responsabilidad política, la Democracia Cristiana, sus órganos directivos y sus representantes en el Congreso, habrían acordado aprobar los recursos adicionales para el Transantiago. El partido habría calculado los costos sociales de no hacerlo. En su reverso, el senador Adolfo Zaldívar, movido por la firme convicción de que el Transantiago es el mayor crimen social de la historia de Chile, habría obedecido a su conciencia, rechazando el proyecto del Ejecutivo. Como corolario de lo anterior, el partido habría actuado de manera pragmática, mientras que el parlamentario lo habría hecho de un modo voluntarista o purista.

Se podría discutir ampliamente esta tesis, pero bastaría con señalar que por lo general no seguimos estos preceptos al pie de la letra. Más bien actuamos con una responsabilidad convenida. Procuramos seguir los dictados de nuestra conciencia, eliminando o reduciendo al mínimo los efectos nocivos que nuestros actos podrían eventualmente tener para los demás. Porque, si nos manejáramos en cada lugar y a cada instante por el puro cálculo de conveniencia, más temprano que tarde el oportunismo que esto entraña quedaría al desnudo. Y al revés, si nos moviéramos por puras convicciones, seríamos santos. Y no lo somos. El Sermón de la Montaña —acaso el mejor ejemplo de una ética absoluta— demuestra cuán imperfectas pueden ser nuestras conductas. ¿Dónde está aquel cuya conciencia ha obedecido siempre a los cuatro mandamientos del Sermón de la Montaña? ¿Dónde el que lo ha dejado todo? ¿Dónde el que ha puesto la otra mejilla? ¿Dónde el que no responde al mal con la fuerza? ¿Dónde el que siempre dice la verdad?

Lo que diferencia la acción de la Democracia Cristiana del comportamiento del senador Zaldívar, no es pues la responsabilidad de uno y la convicción del otro, sino un contrapunto distinto, pero de factura igualmente weberiana.

Max Weber, además de la dicotomía responsabilidad/convicción, también distinguió la acción política orientada a fines y la acción política con arreglo a valores. En la acción política ajustada a fines todo comportamiento se justifica según su adecuación al fin deseado. Donde el fin es lo que el consenso social dice que es. La verdad, por ejemplo. También la vida. ¿Qué hacer sin embargo cuando los fines son contradictorios? ¿Qué hacer cuando decir la verdad comporta el sufrimiento de otro? ¿Qué hacer cuando salvar la vida supone matar a otro? ¿A quién elegir cuando sólo se puede salvar a uno de dos hijos? La acción con arreglo a fines no da respuesta, porque tampoco resuelve cómo se origina el consenso social. De este modo, también la corrupción podría ser un fin socialmente aceptado y, por lo tanto, un principio ordenador de la acción colectiva. Como lo pueden ser las peculiares nociones de «crimen social», «poderes fácticos» o «establishment», acuñadas por el senador Zaldívar.

En la acción con arreglo a valores todo debe guardar coherencia con el bien perseguido, lo cual entraña la jerarquización de los bienes deseados. Así pues, el valor de la vida corona la escala de valores, aunque dar la vida por otros, sugiere una dignidad aún más excelsa. El problema es que en Weber, como en Zaldívar y en el «G9», los valores permanecen relegados en la esfera privada —o sea, en el plano de la fe, donde el pluralismo soporta cualquier cosa—, mientras que la acción pública se reduce a una pura racionalidad instrumental: los otros son medios para algo. La cohesión del «G9», y su acción de pequeño grupo, se construyen a costa de la Democracia Cristiana y de sus valores comunes. La lealtad y la disciplina no existen sino subordinadas a una conciencia individual que reivindica para sí misma su revelación y excelencia. Esto transforma su acción política en un modelo esencialmente estratégico.

Pero una acción puramente estratégica, una acción instrumental, una acción desprovista de valores comunes, de valores actuales y arraigados en el espacio público, es una acción vaciada de humanidad. Si Ortega y Gasset viviera, diría de ella lo que a principios del xx lo hizo proferir dicterios contra el «señorito satisfecho»:

«…ha venido a la vida para hacer lo que le dé la gana… es el que cree poder comportarse fuera de casa como en su casa, el que cree que nada es fatal, irremediable e irrevocable… un hombre nacido en un mundo demasiado bien organizado del cual sólo percibe las ventajas y no los peligros. El contorno lo mima porque es civilización —esto es, una casa— y el hijo de familia no siente nada que le haga salir de su temple caprichoso, que incite a escuchar instancias externas superiores a él, y mucho menos que le obligue a tomar contacto con el fondo inexorable de su propio destino».

El mensaje de Aparecida

Rodolfo Fortunatti


Aparecida ilumina la actual reflexión política democratacristiana en tres sentidos: primero, confirma la crítica al modelo; segundo, expresa su preocupación por las enormes fracturas y desigualdades sociales; tercero, advierte sobre las fallas de la democracia representativa realmente existente.

Así pues, respecto del modelo económico neoliberal, Aparecida llama la atención sobre el peligro que envuelve la incontrolada concentración del poder económico. Expresa, asimismo, su temor a que el afán de lucro —ganancia y acumulación tan custodiadas por los católicos liberales— se constituya en el valor supremo de la vida social (60). El afán de lucro puede hacerse perverso, cuando la actividad empresarial viola los derechos de los trabajadores y la justicia (137). Aparecida ve en el mercado un mecanismo que tiende a poner la eficacia y la productividad por sobre los valores objetivos de la verdad, la justicia, el amor, la dignidad y los derechos de todos, especialmente de los excluidos (61). Repara en la globalización una fuerte tendencia a la concentración, no sólo de la riqueza material, sino —lo que redunda en una severa restricción para los derechos civiles y políticos— de la propiedad y el manejo de la información (62).

¿Qué propone como alternativa? Postula un orden mundial impregnado por la justicia, la solidaridad, y los derechos humanos (64). Se inclina por la Economía Social de Mercado como la organización más idónea para orientar el trabajo, el conocimiento y el capital, hacia la satisfacción de las genuinas necesidades humanas (69). Demanda protección del Estado hacia las pymes. Explica que en ausencia de tales protecciones, sólo cabe esperar el avance incontenible de los grandes conglomerados económicos como factores determinantes del desarrollo (63).

¿Qué luces arroja sobre la sociedad anhelada? De entrada, renueva su opción preferencial por los pobres y excluidos (405). «Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre» —dice. «Por eso la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza» (406). Sobre el fondo de tan excelsa iconografía, es que Aparecida se detiene a perfilar el rostro de los excluidos. Ya no son sólo los explotados de ayer; ahora son también los «sobrantes» y «desechables» (65), como los productos de mercado.

Aparecida, más allá de un pragmatismo cínico que se agota en los derechos individuales, propone un enfoque moral que eleva el valor de los derechos sociales, culturales y solidarios, a la calidad de principios de dignificación humana (47). Reclama a los responsables de las políticas públicas, que asuman una perspectiva ética, solidaria y auténticamente humanista (417). En materia de educación, esto significaría garantizar a los padres, cualquiera fuere su condición social, el derecho a escoger la educación de sus hijos, sin que nadie pudiera arrogarse la exclusividad en la atención de los más pobres (354). Significa impulsar una educación de calidad para todos. Para todos; especialmente para los más pobres (348).

¿Qué horizonte le señala al orden político? Aparecida advierte la presencia de tendencias reñidas con la humanización de la vida: «…la idolatría del dinero, el avance de una ideología individualista y utilitarista, el irrespeto a la dignidad de cada persona, el deterioro del tejido social, la corrupción incluso en las fuerzas del orden y la falta de políticas públicas de equidad social» (78). Tendencias que se afirman a medida que la democracia se inhibe a cuestiones puramente formales y procedimientales, lo que tarde o temprano acaba en dictaduras y populismos dolorosos para el pueblo. De ahí que abogue por una democracia participativa fundada en el respeto y promoción de los derechos humanos (74).

Esto entraña algo muy crucial para los democratacristianos. Comporta la rehabilitación ética de política. Una nueva moral cuya eficacia arranca de la incorporación protagónica de la sociedad civil. Porque, sólo ella puede robustecer la democracia, afianzar una verdadera economía solidaria y consolidar un desarrollo integral, solidario y sustentable (421).

Nunca debiera olvidarse que la auténtica democracia es una de justicia social, división de poderes y Estado de derecho (76).

La nueva moral burguesa

Rodolfo Fortunatti


Lo escribió Hans Küng: sin ideologías humanistas no puede haber humanización del mundo. No fueron las fuerzas de la individuación quienes hicieron esta contribución a la humanización de la vida, sino los movimientos populares y reformadores. Ellos, los que ofrecieron protección y comunidad. Ellos, los que construyeron el arca común donde pudiera avanzar el pueblo, el país, la nación, a su amparo y protección. Paradójicamente, en Francia y en Argentina, empieza a ser la derecha quien despierta esas esperanzas de autonomía y realización.

El domingo antepasado Nicolas Sarkozy conquistó 350 de las 577 bancas de la asamblea francesa. Y pudo haber conseguido sobre los 400 escaños. Ayer, en Buenos Aires, triunfó Mauricio Macri, disputándole la opción presidencial a Cristina Kirchner. ¿Con qué mensaje? ¿Con qué sueño de país? ¿Qué le dijo Sarkozy a los franceses el pasado 29 de abril? ¿Qué les dijo Macri a los argentinos?

«No me da miedo la palabra moral —afirmaba en su discurso el actual Presidente francés—. Desde mayo de 1968 no se podía hablar de moral. Era una palabra que había desaparecido del vocabulario político. Hoy, por primera vez en decenios, la moral ha estado en el corazón de la campaña presidencial.

«Mayo del 68 nos había impuesto el relativismo intelectual y moral. Los herederos del ‘68 habían impuesto la idea de que todo vale, de que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo.

«Habían querido hacernos creer que el alumno vale tanto como el maestro, que no hay que poner notas para no traumatizar a los malos alumnos, que no había diferencias de valor y de mérito.

«Habían querido hacernos creer que la víctima cuenta menos que el delincuente, y que no puede existir ninguna jerarquía de valores.

«Habían proclamado que todo está permitido, que la autoridad había terminado, que las buenas maneras habían terminado, que el respeto había terminado, que ya no había nada que fuera grande, nada que fuera sagrado, nada admirable, y tampoco ya ninguna regla, ninguna norma, nada que estuviera prohibido».

Sarkozy habla desde el reformismo de derechas. Critica al progresismo light, incluso reivindicando la solvencia ética del genuino reformismo francés de izquierda. Sarkozy apunta, no obstante, más allá. Va tras la recuperación de una moralidad burguesa perdida en el tiempo…

«La herencia de Mayo del ‘68 ha introducido el cinismo en la sociedad y en la política. Han sido precisamente los valores de Mayo del ‘68 los que han promovido la deriva del capitalismo financiero, el culto del dinero—rey, del beneficio a corto plazo, de la especulación. El cuestionamiento de todas las referencias éticas y de todos los valores morales ha contribuido a debilitar la moral del capitalismo, ha preparado el terreno para el capitalismo sin escrúpulos y sin ética, para esas indemnizaciones millonarias de los grandes directivos, esos retiros blindados, esos abusos de ciertos empresarios, el triunfo del depredador sobre el emprendedor, del especulador sobre el trabajador».

En América, otro hombre, Mauricio Macri, habla desde el corazón de Argentina, donde ha conquistado la alcaldía de Buenos Aires con el 61 por ciento de los 2,5 millones de votos. Macri derrotó el domingo a Daniel Filmus, pero en la práctica venció al Presidente Kirchner, que se jugó entero por él. ¿Cuál fue el espíritu de su mensaje? Se puede escuchar en la conmovedora Propuesta Republicana:

«Alguien tiene que proponer Justicia Social, alguien tiene que proponer una educación pública, alguien tiene que proponer algo más saludable, alguien tiene que tener una propuesta más segura, alguien tiene que devolverle al pueblo lo que es del pueblo, alguien tiene que proponer una revolución contra los conservadores, alguien tiene que proponer volver a soñar despiertos.

«Y lo propuso usted.

«Usted que es independiente, y se quedó sin independencia. Usted que es Peronista y se quedó sin Perón, sin Evita, porque nos quedamos sin Perón y sin Evita.

«Y usted que es Radical, y no hay nadie que se parezca a Irigoyen ni a Alvear, ni a Balbín, ni a Illía. Porque todos nos quedamos sin Irigoyen, sin Alvear, sin Balbín y sin Illía.

«Lamentablemente nos quedamos sin Frondizi. Pero afortunadamente queda su espíritu con ideas nuevas».

Mauricio Macri es todo lo neoliberal que pudo haberle censurado Kirchner, pero fustiga a los conservadores, y levanta una alternativa que pretende superar a las izquierdas y a las derechas.

¿Dónde radica el éxito de aquellas derechas que las autóctonas no han podido descubrir, y que por eso no han podido sacar provecho siquiera de los errores? Esas derechas han logrado detectar el malestar de la cultura política. Esta cultura que abandona al ciudadano a su propia suerte. Esta cultura que se nutre de la desaprensión, del relajamiento de los lazos comunitarios, de la pérdida del diálogo moral. O sea, del triunfo del relativismo en la acción política. En suma, de la instalación del principio del todo vale.

Fragmentación y diálogo moral

Rodolfo Fortunatti

Con el gobierno de Michelle Bachelet se inició un nuevo ciclo. En ningún campo se evidencia más este cambio, que en los partidos políticos. Y es probable que en ninguna otra dimensión de los partidos políticos se revele más claramente, que en su cohesión interna. Los partidos transitan desde la máxima complejidad e integración ideológica, política y orgánica, conquistada en las postrimerías de la dictadura, hacia una mayor simplificación, dispersión de intereses y lealtades. Esto, con independencia de su participación en las coaliciones y, a contrapelo de los bloqueos institucionales —como el sistema binominal o el régimen presidencial— que conspiran contra el ajuste de las expectativas políticas.

El signo más característico de dicha transición, es la aparición de conductas más libres y autónomas, y algunas francamente díscolas. Estas pueden ser beneficiosas o perjudiciales para sus actores como, asimismo, para las colectividades políticas que las soportan. Hay que hacer distinciones. Desde este prisma, no pueden ser iguales los comportamientos de los senadores Ominami, Flores y Zaldívar, como no lo es la conducta del ex Intendente Trivelli.

Ominami discrepa de la dirección política del Partido Socialista, y gana en liderazgo al formular sus propuestas. Pero su divergencia favorece a la tienda porque la provee de líneas de orientación que no arriesgan su unidad. La asociación entre este liderazgo individual y el corporativo del partido resulta en mutuo beneficio. Y si no, al menos permite compartir la mesa común sin que la ganancia del senador entrañe un daño para el partido. Ambos, parlamentario y partido, pueden cohabitar.

Tampoco la conducta de Trivelli provoca perjuicio para la DC. La suya es la del inquilino que alberga su candidatura presidencial en el seno de la falange, incluso al amparo de su actual mesa directiva, pero que aunque no la recompense en esta relación, tampoco le provoca menoscabo. ¿Quién podría enojarse con Trivelli por las motivaciones de su candidatura, cuando nunca ha dado a conocer estas razones? «La mira la pusimos en La Moneda, punto, así de simple», afirma por toda respuesta. En realidad, es él quien podría convertirse en la víctima de su juego.

«Chile Primero» y el «G9» son otra cosa. Cuando Fernando Flores inventó la historia de la mafia del PPD, y Jorge Schaulsohn, la ideología de la corrupción de la Concertación, fijaron los términos de una competencia que podría llegar a ser destructiva para ambos. Una competencia regida por el principio de exclusión, según el cual la existencia del PPD supone forzosamente la desaparición de «Chile Primero», y viceversa. ¿Significará lo mismo para la Concertación…? Depende del PPD.

El «G9» es sólo eso: un grupo. Una liga de parlamentarios aglutinados en torno al liderazgo carismático del senador Adolfo Zaldívar. Una bancada dentro de otra bancada que, sin embargo, asegura representar a la mitad del Partido Demócrata Cristiano. El «G9» reclama reconocimiento y respeto por su identidad. Vive como huésped de la colectividad y obtiene beneficios de esta situación. En ocasiones, sin daño para el partido. Las más de las veces, llevando las tensiones a extremos peligrosos para el organismo que lo hospeda, al que ve como una colosal maquinaria de poder. «He estado solo contra una maquinaria de poder que quiere aplastar a alguien cuando actúa con libertad y actúa pensando en lo que es mejor», declara Zaldívar. ¡Cuidado, están al borde de la ilegalidad! —advierte. Y llama la atención sobre la eficacia del artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que prohibe a éstos dar órdenes de votación a sus senadores y diputados. No repara que al situar la controversia en este plano, sus detractores podrían invocar sin dificultad el artículo 21 de dicho cuerpo legal que prohibe expresamente exigir determinadas obligaciones a los ministros de Estado, como lo ha hecho el senador al condicionar su recta conciencia a la renuncia de los titulares de Hacienda y Obras Públicas. Todo el mundo sabe que el problema no es materia de gabinete de abogados, sino de asamblea deliberante, o sea, de reflexión colectiva, lúcida y explícita.

¿Cómo conducir el proceso sin verse arrastrado por él? Interviniendo en la cultura política. Fortaleciendo la cultura moral de las comunidades. Esto se logra con diálogo moral. El diálogo moral es ante todo discusión sobre valores. No una conversación de técnicos, expertos o especialistas, sino de ciudadanos. Pues, aunque el diálogo moral hace referencia a la realidad concreta, es fundamentalmente ético. El diálogo moral pone de relieve aquello que la comunidad acepta o condena.

Lo más importante del diálogo moral es que a través suyo «la gente modifica con frecuencia su conducta, sus sentimientos y sus creencias», sobreponiéndose así al «pánico moral» que generan las crisis políticas que estamos observando.