Mariano Ruiz-Esquide
Una vez más el Senado es convocado para ejercer una función especial,
privativa, exclusiva y excluyente.
El juicio político ha de ser tratado con la altura que la expresión
exige, ya que la política es la manera civilizada en que los pueblos toman
decisiones sobre los valores que deben inspirar su accionar, la estructura y el
funcionamiento de sus instituciones, las medidas concretas cuya adopción
requiere el bien común de la sociedad y la manera de evitar abusos de los que
ostentan el poder. Ya se ha dicho que es un hecho político que debe sustentarse
en bases jurídicas adecuadas.
En la vieja enseñanza aristotélica ya se reconocían las formas puras e
impuras de instituciones, como la democracia frente a la demagogia. Son
numerosas las veces en que la política se ha desfigurado, y su degradación
merece llamarse "politiquería". Pero no creo que el funcionamiento de
una institución tan antigua como esta, copiada de otras culturas democráticas
de larga data, merezca que la desnaturalicemos con motivos oportunistas como,
por desgracia, hemos visto en los últimos días.
En todo caso, los errores formales cometidos por la parte acusadora y la
defensa, durante la tramitación de la acusación en la otra rama del Parlamento,
no le restan un ápice a la validez del texto y del procedimiento, como
señalaron tanto el Presidente de la Cámara de Diputados, militante de la UDI,
cuanto el Presidente del Senado, camarada de mi Partido, señor Jorge Pizarro. Y
vuelvo sobre el punto porque en los últimos minutos nuevamente se ha puesto en
debate cuando ya parecía definitivamente zanjado, por cuanto el error de los
redactores, y de la defensa, al no hacerlo presente en la instancia
correspondiente, no impide que el Senado cumpla su rol, como lo manifestó
también el destacado académico don Mario Fernández Baeza.
Los tres señores Diputados acusadores hicieron su exposición. La defensa
ha usado todos los recursos establecidos. Y ahora nos corresponde exponer lo
que en conciencia hemos concluido, esto es -y cito textual-, "declarar si
el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le
imputa" por la Cámara de Diputados.
¡Esa es nuestra tarea! ¡Nada más, pero tampoco nada menos!
No estamos aquí para ver si esta es la manera de mejorar la educación
chilena, tema que se trae a colación en cada momento a este Parlamento y en el
que creo que todos de algún modo, desde los últimos cuarenta o cincuenta años,
somos responsables.
Tampoco estamos acá para discutir si el señor Ministro es un académico o
un paradigma de virtud -lo que no está y jamás hemos puesto en duda-, porque,
con ese criterio, tal vez nunca habríamos podido acusar constitucionalmente a
ningún Ministro, ya que todos los que fueron acusados anteriormente eran
personas adecuadas y dignas.
Los británicos, que crearon esta institución, y los chilenos, que la
hemos incorporado en todos nuestros textos, nunca la hemos defendido para
mejorar una determinada política, porque su objetivo es otro. Se trata de un
mecanismo establecido para sancionar abusos o negligencias culpables.
Conforme a las opiniones vertidas por el profesor Mario Fernández,
participamos como jurado en un juicio político, no en un proceso judicial. Pero
se trata de un juicio político en democracia y, por ello, se han respetado las
reglas del debido proceso.
Sin embargo, no nos corresponde a los Senadores calificar la existencia
de delitos penales o civiles. La idea, simplemente, es darle sentido a la
institución creada por las democracias para poner freno a aquellos que ejercen
el poder entregado por el pueblo de una manera inapropiada, negligente o abusiva,
más aún hoy, cuando vivimos un presidencialismo excesivo. No hay aquí agravio a
nadie por cumplir con nuestro mandato constitucional. Tampoco debe defenderse
el señor Ministro de una especie de martirologio que no existe.
Honorable Senado, quiero dar por sentado que el acusado es un hombre de
sólida formación académica. Sin embargo, no es eso lo que cuestionamos. Tampoco
-reitero- estamos resolviendo los cambios necesarios en educación.
Creo que durante los Gobiernos de la Concertación podríamos haber hecho
más para enfrentar este modelo inhumano, pero, del mismo modo, creo que en esos
veinte años nunca tuvimos la capacidad legislativa para llevar adelante tales
cambios, porque -seamos claros- la Oposición de entonces fue también
inmisericorde.
En este caso, sí, se dan tres situaciones que, si comparamos esta
acusación con las anteriores, no eran conocidas.
Primero, la denuncia de un académico y exparlamentario de la Alianza, el
señor Raúl Urrutia, que se niega a ser cómplice de hechos ilegales.
Segundo, don Patricio Basso, otro académico y funcionario público que
lleva a cargo su tarea con profesionalismo y honestidad, entrega a las
autoridades competentes denuncias fundadas.
Tercero, un consultor contratado por el actual Gobierno pone al
descubierto maniobras para eludir la norma legal que prohíbe el lucro y es
desestimado en sus opiniones.
Algunos hablan de "persecución contra el señor Beyer" y nada
dicen de la persecución desatada contra un funcionario público que, en
cumplimiento de su deber, denunció estos delitos e infracciones y que es, hasta
ahora, la única persona sancionada. Me refiero al señor Patricio Basso,
académico de gran trayectoria en nuestro país.
De lo que he leído y escuchado en esta Sala -y acortaré mi discurso por
falta de tiempo-, tengo la convicción de que la acusación tiene fundamentos
sólidos:
1.- Falta de diligencia en el caso de la Universidad del Mar.
2.- No se ha hecho respetar la ley que prohíbe el lucro. Y los
antecedentes dados por los demás Senadores ameritan mi silencio en esta materia
para evitar repeticiones innecesarias.
Consta en el decreto de cierre de la Universidad del Mar que el Ministro
omitió hacer mención alguna al tema del lucro, a pesar de que el mismo Consejo
Nacional de Educación lo había puesto como la primera razón para cerrar dicha
casa de estudios.
3.- Señalo este punto por separado por cuanto se ha sostenido que el
Ministro carecía de las facultades para fiscalizar. Sin embargo, la Comisión
Nacional de Acreditación usó información financiera para analizar a la
Universidad Santo Tomás -que ha sido mencionada en exceso en esta Sala- y a la
Universidad de las Comunicaciones, información que se halla disponible en el
Ministerio de Educación.
Por lo expuesto, votaré a favor de todos los capítulos de la acusación
constitucional, con la convicción de que pronunciarme sobre ella forma parte de
mi obligación como Senador y de las funciones para las cuales fui elegido. Lo
hago libremente, sin presiones ni contubernios con nadie.
Sólo tengo tres preocupaciones, reales y republicanas.
La primera es mi asombro real, sincero, angustioso a veces, por la
respuesta que dio el oficialismo a la aprobación de la acusación constitucional
en la Cámara de Diputados y, eventualmente, en el Senado. Nunca, en los 23 años
que he permanecido en esta Corporación, había visto una crispación como la de
estos días, por parte del Gobierno y su red de apoyo, nimbada permanentemente
de un corifeo de arrogancias que hace pensar en el peligro que representa para
el país que un sector tan importante de la política chilena -hoy en el
Gobierno- pierda la compostura frente a una eventual derrota.
¡La arrogancia y la soberbia son malas compañías en política!
Mi segunda preocupación es el lenguaje utilizado para juzgar nuestra
conducta como Senadores, en este caso de la Oposición.
Lo hemos dicho hasta la saciedad. Estimados colegas, cuando se acaban
las palabras, llega la música; la libertad se acaba cuando aparece la violencia
verbal, expresa o sibilina.
La política es el legítimo debate, pero no lo es el equivocado derecho a
demeritar a tal grado al adversario o a quienes representamos al pueblo chileno
-¡todos!-, no solo quienes estamos en la Oposición y son causantes de la
acusación, sino también los parlamentarios de Gobierno. Por ello -reitero-, no
solo exijo respeto hacia las bancadas opositoras actuales, sino a todos mis
colegas y al Senado como tal, porque no aceptaré jamás que el día de mañana se
trate a los Senadores de Derecha como ahora se nos ha tratado a nosotros.
Nunca como hoy cuanto personero de Gobierno existe o los medios de
comunicación cercanos a éste se han creído con el derecho a demeritar el
trabajo y la figura de esta Corporación. Y no estoy paranoico ni tengo sentido
de persecución, sino que me basta leer los diarios, escuchar a los Secretarios
de Estado, sondear las versiones de algunas Ministras, etcétera.
¡Debate, siempre! ¡Comedido, serio, claro y nunca agraviante! El respeto
a las palabras y al lenguaje no significa debilidad argumental. Este es el
criterio bajo el cual he querido vivir todos estos años en las bancas de esta
Alta Corporación, que prontamente dejaremos.
Mi tercera preocupación es la desvalorización del Senado, que se ha
providenciado desde estas mismas instancias. Hoy sabemos cómo empezamos, pero
no cómo empezamos, pero no cómo vamos a finalizar.
El maltrato, la forma descomedida con que se trata a los Senadores y al
Senado en su conjunto también generan respuestas duras. Y tenemos derecho a
esperar que se nos respete y se valore nuestro silencio frente al agravio.
No hemos respondido nada de lo que se nos ha dicho de manera inadecuada.
Actuamos así porque para nosotros la democracia será defendida siempre
"hasta que duela", así como nos duele hoy el lenguaje utilizado, que
a veces más vale tomarlo con paciencia, porque el pueblo, al final, valora más
el respeto, la tranquilidad y la fuerza en los argumentos que la arrogancia de
los que alardean de ser impolutos y se autocalifican de estar en el lado bueno
del mundo, como lo han hecho algunos colegas.
Termino, señor Presidente, haciendo un esfuerzo para que nunca se acabe
la paz entre nosotros, la que en este debate y en los planteamientos que se han
efectuado ha sido muy cercanamente "cercada", y excúsenme la forma de
decirlo. ¡Que nunca lleguen a reproducirse aquí las palabras de la Pasionaria
en el Congreso español hace ya 80 años, cuando, frente a hechos duros en el
debate público, dijo una frase que jamás quiero escuchar: "Se ha acabado
la paz"!
Defiendo mi derecho a no ser ofendido por nadie porque ninguno de los
Senadores de la Oposición lo hemos hecho. Tengo el más profundo respeto al
cargo presidencial, así como por la persona del señor Presidente de la
República. Pero ni el mismo Presidente de Chile nos puede llamar, por los
diarios, a votar "en conciencia" -entre comillas-, como si no
supiéramos cuál es nuestro deber.
Él es el Jefe del Gobierno y tiene derecho a dirigir la tarea de sus
Ministros, pero con serenidad y calma. No debe olvidar que está llamado a
actuar así porque su cargo representa la unidad nacional.
Si procede de ese modo, será bienvenido entre nosotros. Si no lo hace, y
continúa en la misma línea, será responsable del enrarecimiento del clima
político.
Tampoco admito que se nos advierta que no debemos votar como borregos, o
como ovejas, porque eso es inaceptable hasta para el más obsceno lenguaje.
El Ministro del Interior, ex colega nuestro, a quien apreciamos, tiene
un desafío: entender nuestras quejas y darnos a lo menos una excusa.
Creo que lo puede hacer, lo enaltecería y haría que señaláramos las
cosas de mejor manera.
Reclamo porque hemos tenido, hacia el Gobierno y sus miembros,
comportamientos educados y tratamientos correctos, que pocas veces se han visto
tan claramente como en este tiempo, a pesar de mis tantos años en política.
Señor Presidente, terminaré mis palabras señalando lo que ya dijo Sancho
a don Quijote: "Cuide mi señor su entorno que el mucho bien enfada".
INTERVENCIÓN DE SENADOR MARIANO RUIZ-ESQUIDE J. MIERCOLES 17 DE
ABRIL DE 2013 ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA MINISTRO DE EDUCACION SEÑOR
HARALD BEYER BURGOS
