En cuatro meses más se realizarán las elecciones de
alcaldes y concejales, iniciando un ciclo electoral que se extenderá hasta el
final del mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Los que advienen serán por
ello meses decisivos. Meses para evaluar las gestiones municipal, regional y del
gobierno central. Será el escrutinio a los partidos políticos y a su desempeño.
Lealtad con lo realizado
La mayor parte de la senda que emprendimos en marzo de 2014
está hecha. La mayor parte de los cambios que comprometimos con el país está
realizada. Pronto empezarán a verse los frutos de la reforma tributaria
destinada a financiar las transformaciones de la educación. Veremos que pese a
las dificultades que ha debido sobrellevar, la reforma laboral traerá mejores
relaciones de asociación y cooperación entre el capital y el trabajo.
Conseguiremos despenalizar la interrupción voluntaria del
embarazo en tres causales, y consolidaremos el régimen proporcional que vino a
remplazar al sistema binominal. Y no abrigamos dudas de que daremos pasos
progresivos desde el pilar solidario hacia el pilar contributivo de la reforma
previsional. Como no nos asisten irresoluciones acerca de la necesidad y
justicia de la gratuidad en la educación superior. Porque la educación, la
salud, el trabajo decente, la protección integral de la infancia y
adolescencia, son derechos universales que, en la era del conocimiento, de la
tecnología y de la productividad del trabajo, deben ser garantizados, exigibles
y justiciables, como parte del progreso humano hacia la sociedad de personas y
comunidades que anhelamos.
Opción de centroizquierda y
primarias
Para afianzar estos logros necesitamos de una coalición
mayoritaria. Y para resolver nuestra opción presidencial dentro de esta
coalición mayoritaria, no existe mejor medio que el mecanismo de primarias que
contribuimos a institucionalizar y a fijar como un atributo más de nuestra
democracia desde que, en 1993, postulamos a Eduardo Frei como candidato y
acogimos a Ricardo Lagos como su leal competidor. Que nadie se confunda: ¡este
debe ser el procedimiento para seleccionar la carta democratacristiana, y
también el que permita elegir a quien encabezará el programa del conglomerado
para el periodo 2018―2022!
La vocación política de la Democracia Cristiana es servir
al país desde una opción preferente por lo más pobres, defendiendo el progreso
y la seguridad de las clases medias que viven de su trabajo y esfuerzo.
Creemos, y así lo confirman los gobiernos de la Concertación y de la Nueva
Mayoría, que la eficacia de este servicio está dada por una coalición de
centro-izquierda amplia, unitaria y clara en sus objetivos programáticos. Por
eso, luchamos para que sus aspiraciones sean coronadas con éxito y su quehacer
se proyecte más allá de la actual administración. Así lo hemos reiterado en
nuestras máximas instancias de decisión.
Es el camino correcto. Es la vía buena y verdadera que no
deja espacio a las ofertas erráticas y aventureras, y que responde a la sensatez
básica de los ciudadanos frente a las involuciones populistas, principalmente a
las experiencias neo-autoritarias.
La Democracia Cristiana es un partido político
institucionalizado. En consecuencia, es una organización que cuenta con
estructuras y normas a través de las cuales canaliza la deliberación pública,
de modo que nadie más que sus órganos legítimos tiene la autoridad para
representar los intereses de la colectividad ante el Gobierno, el Parlamento,
la Magistratura y las demás instituciones del Estado.
En momentos de grandes turbulencias como el actual sólo
quienes se mantienen unidos se hacen más fuertes y vencen la adversidad.
Por eso, debemos poner fin a la captura que un puñado de militantes
ejerce sobre nuestro Partido. Por eso, exigimos que se respeten las decisiones
emanadas del Consejo Nacional y de los votos políticos ratificados por la Junta
Nacional.
No basta con pedir perdón
En el actual escenario, cuando enfrentamos una de las
peores crisis de legitimidad y de credibilidad del sistema político, cuesta
mantener la motivación en alto. Ser joven y militar en un partido político
parece ser hoy en día una excentricidad. A ratos, un absurdo. Se torna difícil
seguir bregando porque, al igual que el resto de la ciudadanía, también
sentimos decepción, rabia y frustración al ver cómo otros han arruinado el espacio
político, el amor por lo público y una actividad que, por definición, debiera
ser noble, de entrega, de servicio y no de satisfacción de intereses
personales.
Debemos aprovechar esta oportunidad y lograr separar el
poder económico del poder político. Debemos poner fin a la servidumbre de la
política al dinero. Estamos postulando una convivencia cívica a la altura del
Estado democrático y constitucional de derecho que proclamamos. Estamos exhortando
a un comportamiento mínimamente respetuoso de los principios éticos, dentro de
los cuales, la consistencia entre lo que dicen y lo que hacen los partidos y sus
dirigentes, debe ser un hecho palpable.
Porque la gente juzga el contraste entre un partido que
valora su reforma agraria, su sindicalización campesina, su promoción popular —en
suma, la libertad y autonomía con que defiende y promueve estas grandes
conquistas de justicia—, y el modo desembozado con que poderosos intereses
económicos y redes financieras intervienen en las campañas de sus candidatos y disciplinan
su voto en las asambleas deliberantes. En ocasiones, incluso pisoteando a las
personas y mancillando su dignidad. Como reza el dicho, quien pone la plata
pone la música. Y ésta es la más importante lección que nos dejan PENTA, SQM,
KDM, CAVAL y las compañías pesqueras, gracias a la resuelta acción del ministerio
público, sin duda, el actor más relevante de esta etapa de regeneración moral y
política que atraviesa el país.
Quienes practican estas oscuras conexiones, generando con ello
la subordinación de la actividad política partidaria, parlamentaria y
gubernamental a los negocios, se alejan del pluralismo amplio y unitario que
impregnó la vida de la Falange Nacional y de la Democracia Cristiana.
Son grupos herodianos, genuflexos a poderes externos, y cuyas
motivaciones e ideales no deben hallar cabida en la Democracia Cristiana. Sus
malas prácticas políticas deben ser erradicadas.
Santiago, 28 de julio
de 2016.
