REFORMA LABORAL: POR UNA DEMOCRACIA CRISTIANA COHERENTE CON SU HISTORIA

Nuevamente algunos militantes de la Democracia Cristiana reunidos en torno al Grupo «Progresismo con Progreso» han formulado severas críticas a otro proyecto del gobierno que busca complementar la tarea por una mayor igualdad en que nos encontramos empeñados para hacer de Chile un país más inclusivo y con mayor densidad democrática.

Esta vez fue el turno de la Reforma Laboral (RL). Sus argumentos por legítimos que sean no contribuyen al debate ponderado y razonable que necesitamos tener para crear las condiciones que nos permitan superar los desafíos de un país que ha agotado un ciclo político y que requiere revertir la tendencia de rendimientos decrecientes en lo económico (bajo crecimiento del PIB) y social (persistencia de una alta desigualdad).

Sorprende la similitud de sus argumentos críticos con los esgrimidos por sectores de derecha durante el actual período de tramitación legislativa.

Así es, argumentar que esta RL pone en riesgo el crecimiento de la economía, la creación de empleos y la capacidad para incrementar los salarios en el largo plazo es lo que hemos escuchado de parte de la derecha y de algunos sectores empresariales. Es por lo demás el mismo argumento que conocimos al inicio de nuestra transición democrática cuando el presidente Aylwin propuso reformas en el ámbito tributario y laboral, entre otras, y que la realidad demostró ser falsos pues el país creció a tasas históricas en la década de los noventa, lo que sólo se detuvo por efectos del contagio de la crisis asiática.

El error de este argumento está en su simplismo, pues omite la experiencia comparada del mundo desarrollado que nos muestra sistemáticamente que para saltar la trampa de los ingresos medios, los países requieren combinar simultáneamente tres logros, como son mantener un horizonte futuro de una década de altas tasas de crecimiento económico, acompañado de una reducción sostenida de la desigualdad y de una consolidación y perfeccionamiento de sus instituciones democráticas (Alejandro Foxley, 2012).

Por el contrario, nuestros camaradas critican la RL arguyendo que con ella Chile se aleja de los países agrupados en la OCDE. Nuevamente omiten la evidencia empírica que muestra que mientras en promedio estos países tienen una tasa de afiliación sindical del 17,1% y una tasa de cobertura de negociación colectiva de 62%, Chile presenta tasas promedio de 15,3% y 6%, respectivamente.

Demonizan el no reemplazo interno en huelga, pero omiten que en los países europeos donde este se ha permitido por vía de decisiones judiciales particulares, los sindicatos pueden votar huelgas sorpresivas sin previo aviso a los empleadores y que el proyecto del gobierno considera, en el peor de los casos, un plazo mínimo de 55 días antes de que ésta se haga efectiva. Omiten también que en la mayoría de estos países existe la negociación colectiva por rama o sector de actividad. Si no ¿cómo se explica sus altas tasas de cobertura en negociación colectiva?

Comparten además el argumento de la derecha al estigmatizar esta reforma como una reforma sindical por no incluir una modernización de los programas de capacitación laboral y que apunte directamente a incrementar la productividad de los trabajadores y sus ingresos, obviando que la actual reforma laboral sólo busca perfeccionar nuestra actual legislación en materia de derechos colectivos para alcanzar un mayor equilibrio de poderes entre la parte trabajadora y empleadora al interior de las empresas. Esto, en miras de facilitar las condiciones para una mejor distribución de los ingresos del trabajo o, dicho en otras palabras, disminuir las asimetrías de poder en las relaciones laborales.

Esta preocupación por muy válida que sea, sabemos que debe ser abordada en una agenda más bien vinculada al desarrollo productivo y de políticas de empleo y empleabilidad, pero jamás desde aquella que apunta exclusivamente al fortalecimiento de los derechos colectivos de los trabajadores. A menos que lo que se quiera decir, es que desmantelar o desregular completamente estos derechos, sí constituye una buena política de empleo.

Pero digámoslo claramente, no son sólo las razones técnicas las que determinan nuestra disposición favorable a esta reforma, también son fundamentales los principios y convicciones que nos alientan como demócratas cristianos. Está en nuestra esencia superar la dialéctica estado-mercado, lo nuestro es también la construcción de comunidad o dicho en lenguaje moderno, la acumulación de mayor capital social.

Esta reforma laboral no merece ser vista como una amenaza, sino que como una oportunidad para avanzar en igualdad y construcción de un mayor asociativismo y empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras.

El temor al cambio es propio y consustancial a la derecha chilena y, por lo mismo, muy lejano al pensamiento e historia de la Democracia Cristiana.

Apoyamos esta Reforma Laboral porque creemos que es necesario cambiar las relaciones al interior de las empresas, las que se caracterizan por altos niveles de desconfianza, escasa colaboración y carencia de diálogo entre los actores, lo que no es de extrañar en un Chile en que el nivel de confianza interpersonal alcanza sólo al 13% y que muestra comparativamente con el mundo desarrollo un déficit significativo de capital social.

Apoyamos esta RL porque sabemos que la experiencia empírica y comparada muestra que sus orientaciones serán una fuente generadora de externalidades positivas en dos ámbitos. Primero, la evidencia empírica sugiere consistentemente que en las organizaciones donde se verifican buenos procesos de negociación colectiva acompañados de altas tasas de asociatividad de sus trabajadores -sindicatos fuertes- generan entornos que favorecen relaciones laborales modernas, justas y equilibradas. Segundo, empresas con sindicatos fuertes y profesionales (OIT, 2013) mejoran la redistribución vía remuneraciones, establecen con más facilidad incentivos por rendimiento e invierten más en capacitación de sus trabajadores. Por ello, se afirma que la existencia de sindicatos genera círculos virtuosos.

Para mayor abundamiento, David Kreps, académico de la Universidad de Stanford invitado recientemente a Chile, sostuvo a propósito del debate de la RL que "estudios recientes señalan que en promedio, los sindicatos mejoran la productividad y aumentan el total de ganancias a repartir. Entonces, cuando se ha dado al sindicato una voz fuerte, se ha producido una relación laboral más productiva. En el caso chileno, si los empresarios y los sindicatos tienen buenas relaciones, las reformas mejorarán la productividad hasta beneficiar a ambos. Sin embargo, donde no hay buenas relaciones, sufrirán ambos. En mi opinión, es deber de los empresarios buscar una relación positiva".

Asimismo, siempre es bueno recordar, que el contrabando ideológico y la contaminación técnica a nadie favorecen. Es más probable que se legisle mal si no hay espacio para un diálogo serio y constructivo a que si, por lo contrario, nos damos la oportunidad de escucharnos y abrirnos a la razón del otro. Varias de las indicaciones del Ejecutivo son una prueba de ese espíritu.

Es más necesario para un país que aún no alcanza su desarrollo la construcción de un consenso político y económico-social amplio a otro que ya lo consiguió. Peor aún, si ese país está expuesto a una crisis de legitimidad y representatividad de su sistema político, es responsabilidad de todos, especialmente de su elite, redoblar estos esfuerzos.   Lo paradójico del Chile actual es que estas obviedades anteriores no están presentes. La tramitación de la RL es un buen ejemplo de estos males que nos aquejan.

Cuantas barbaridades se han tenido que escuchar en nombre del crecimiento económico. En qué quedó el consenso manifestado en la elección presidencial pasada en el sentido que debíamos reforzar la búsqueda de una mayor igualdad sin descuidar el crecimiento económico, dejando así atrás definitivamente el paradigma neoliberal de la dictadura.

Por último, apoyamos esta Reforma Laboral para ser fieles con la historia del Partido y de sus grandes líderes sindicales como son Manuel Bustos, María Rozas y Pepe Ruiz Di Giorgio.

ALDO CORNEJO ALEJANDRO GONZÁLEZ BELISARIO VELASCO

CLAUDIO ARRIAGADA

CRISTIAN MORALES

DIEGO CALDERÓN

EDUARDO ABEDRAPO

ENRIQUE BERTRÁN

EVA JIMÉNEZ

FREDDY CAMPUSANO

GABRIEL RODRIGUEZ

GABRIEL SILBER

HECTOR GARATE

HUGO MUÑOZ

JOAQUIN CABRERA

JORGE BERAZALUCE

JORGE CONSALES

JOSE CASTRO

JOSE CRIADO REYES

JOSE SOTO SANDOVAL

JUAN DÍAZ BERRIOS

JUAN MANUEL SEPÚLVEDA

JUAN MORANO

JUAN PABLO SEVERIN

LUIS EDUARDO THAYER

LUIS PLATONI

MARCO SOTO

MARIANELA CERRI

MARIO VENEGAS

MAURICIO JELVEZ

NESTOR GUTIERREZ

NICOLÁS MENA LETELIER

OMAR JARA

OSCAR SOTO RIVEROS

PATRICIO VALLESPIN

PILAR MALLEA ARAUS

RAMÓN MALLEA

RAMON MALLEA ARAUS

RENE SAFFIRIO

RICARDO HALABI CAFFENA

RICARDO RINCÓN

RODOLFO FORTUNATTI

SERGIO OJEDA

SOLEDAD LUCERO

VICTOR TORRES

YASNA PROVOSTE CAMPILLAY

LA REACTIVACION POLITICA DC

Belisario Velasco

LA DEMOCRACIA CRISTIANA realizó un Consejo Nacional «ampliado» con el solo propósito de analizar sus vínculos con el Gobierno y con la Nueva Mayoría.

Las definiciones plasmadas en el voto aprobado revelan problemas políticos que se arrastran largo tiempo y que se han visto agudizados por una agitada coyuntura nacional con lamentables situaciones internas que no se han definido, todo en un contexto de omisión en nuestro debate DC.

Es facultad de la Junta Nacional —cuya realización parece eludirse, pues no se la cita ni se la reúne desde julio de 2014, en circunstancias que debería hacerlo al menos una vez al año— sancionar la cuenta de la anterior directiva y las propuestas de la actual mesa. 

Es de su competencia también confirmar la selección de candidatos a alcalde y concejal y determinar los pactos electorales. Pero, sobre todo, es resorte de la Junta Nacional pronunciarse sobre asuntos cruciales, como las reformas constitucional, educacional, laboral, de descentralización, de partidos políticos, y problemas como los de gestión en salud.

Un Consejo Nacional, aun cuando se amplíe a ministros, subsecretarios, intendentes y parlamentarios, no puede sustituir las facultades ni la riqueza de la deliberación política de la Junta Nacional, donde están representadas las bases del partido a través de sus presidentes provinciales y comunales, sus frentes sociales, y sus delegados de regiones. En las provincias y comunas se vota, pero no se las escucha. ¿Cuál será el resultado?

Nadie debería suponer que un consejo de estas características, pueda actuar como sucedáneo de nuestro órgano superior de decisión, sin menoscabo de la institucionalidad y de la vida partidaria. La desconcentración del poder es obra de una lucha progresiva que no admite ser revertida a través de expedientes administrativos ni por mayorías circunstanciales.

No hay ninguna razón que impida reunir a la Junta Nacional en la primera quincena de enero, antes de las primarias municipales, ordenando el debate en comisiones de trabajo que recojan las propuestas de las juntas regionales, provinciales y comunales que la preceden.

Lo mismo vale para el Congreso Nacional del partido. Muchas de nuestras controversias ventiladas públicamente se deben a que no se respetan las resoluciones del anterior congreso ni se quieren resolver las del nuevo. 

Aunque lo normal es celebrar uno cada cuatro años, el último se realizó hace ocho años, y el que se inició el año pasado ha permanecido inactivo.

Reactivar el Congreso es un imperativo estatutario, partidario y político insoslayable, por lo que urge fijar un itinerario que, entre otras acciones, considere elegir a sus congresales en el mismo evento de primarias municipales, dictar su reglamento, nombrar su Secretaría Ejecutiva, y convocar a su comisión organizadora.

La ciudadanía ha sido llamada a participar en un proceso constituyente que tiene como finalidad elaborar las bases ciudadanas para una nueva Constitución Política. Éste envuelve un ejercicio de movilización civil al que se exponen las ideas de todos los partidos políticos.

El proceso constituyente no es una elaboración neutra. Entraña confrontar nociones acerca de cómo queremos vivir y cómo queremos ser gobernados. 

Por eso, la importancia que le da el partido debe reflejarse en la creación de una subsecretaría nacional para el proceso constituyente, que coordine y oriente nuestra visión constitucional, y que convierta a la comuna en la unidad básica de este acto republicano donde se expresen las fuerzas vivas de la comunidad nacional.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LA REINSCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS

El lunes 19 de octubre, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana acordó respaldar la inscripción de los militantes en un plazo no mayor de 12 meses.
Asimismo, decidió que serán militantes con plenos derechos y deberes sólo aquellos que se hayan reinscrito en sus padrones.  Se entenderá que tendrán «suspendida su militancia» todos quienes actualmente figuran en las nóminas del Servicio Electoral y que en los doce meses de plazo no realicen el trámite de inscripción. Recuérdese que la indicación del Gobierno al proyecto señalaba que «se considerará actualizado el registro una vez que sean eliminadas de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación y aquellas cuya inscripción no se hubiere completado de forma legal». En consecuencia, el pronunciamiento de la instancia partidaria es coincidente con lo propuesto por la Comisión Engel, así como con el Proyecto de Ley del Ejecutivo (véase: ¿Milita en un partido político?).
En cuanto a las exigencias de democracia y participación, el Consejo Nacional dispuso que se estableciera como exigencia de la Ley para el acceso a financiamiento público, la celebración de elecciones directas y universales bajo el principio de un militante, un voto. La indicación del Gobierno al proyecto de ley instituía que «el sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus  afiliados».
El Consejo resolvió también un itinerario que contempla los siguientes hitos:
*	El 17 de enero de 2016 se realizarán primarias internas para nominar candidatos a alcaldes y concejales.
*	El 26 de marzo de 2016 se reunirá la Junta Nacional del PDC.
*	En junio de 2016 se celebrarán primarias de la Nueva Mayoría para nominar candidatos a alcaldes.
*	En julio de 2016 se efectuará un encuentro de candidatos del PDC.
*	El 27 de noviembre de 2016 se llevarán a cabo las elecciones territoriales del PDC.
De esta forma, el Consejo Nacional —desestimando las especulaciones de pactos municipales con Renovación Nacional, Amplitud y Fuerza Pública—, reafirma la voluntad del PDC de enfrentar dentro de la Nueva Mayoría los próximos desafíos electorales.
Por cierto, la fijación de marzo de 2016 como fecha de realización de la Junta Nacional, no significa que el evento no pueda ser prorrogado, y tampoco significa que la máxima instancia de decisión no pueda ser convocada antes del itinerario acordado.