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jueves, 16 de julio de 2020

DE LA RACIONALIDAD Y LA EMOCIÓN


Óscar Osorio



El proyecto del retiro del 10% de las AFP por parte del parlamente hace un par de días atrás, se constituyó no sólo en una de las más grandes derrotas del gobierno, sino que también en una “desagradable sorpresa” para la elite gobernante del país. Esta elite ha reaccionado con todo y con todos sus voceros, oficiales y oficiosos, además con todos sus medios.  En efecto, con toda una puesta en escena, con toda una estética, a veces elegante y las más de las veces sin ningún pudor por la ética política.

Que la derecha, la política y fundamentalmente la económica, se haya pronunciado en contra de este proyecto, con todo el terror político a cuestas, es absolutamente entendible: ellos defienden sus intereses, sus negocios y las posibilidades futuras de ellos. Por supuesto que bajo el actual orden institucional. Ese orden que ha sido incapaz de incorporar ningún tipo de regulación al negocio de las AFP y que se ha transformado en el soporte financiero para los negocios de los grupos empresariales del país. Sin embargo, lo que llama la atención, es que el peso de la elite gobernante es tan amplio y diverso, que sus tentáculos han coaptado a un singular grupo de  representantes del llamado “arco político transversal”, que bajo el manto de hipotética “neutralidad axiológica de la técnica”, han salido a manifestarse también en contra de este proyecto y de las futuras calamidades que afectarán al país, de aprobarse finalmente.

El contenido de las opiniones que han salido al ruedo o a la cancha donde se juegan las batallas comunicacionales, van desde la política del terror (“quieren expropiar los fondos previsionales de los trabajadores chilenos”; “se acabó el Chile republicano, no sabemos qué se viene”), pasando por la intimidación y chantaje (“con esto se rompe el acuerdo acerca del paquete económico logrado con el Colegio Médico”; “es posible que el plebiscito de octubre se revise, ya que se ha violado el acuerdo constituyente”), hasta llegar a simplismos pseudo inteligentes proferidos por aviesos intelectuales de la plaza, que aprovechándose de su acceso preferencial en los medios (de la misma elite) nos dicen que estamos a punto de ingresar por el camino, sin retorno, del populismo ya que se ha instalado una estela de simplismo intelectual, que responde solo a  la pulsión de las emociones”.

Desde una suerte de tribuna de “sumo pontífice” se nos advierte que la clase política (particularmente quienes votaron por aprobar este retiro del 10%) ha dejado de lado la racionalidad en sus quehaceres y que ha  reducido sus acciones a una suerte de moralina basada en una simple sensación de injusticia que hace empatía circunstancial, con la emotividad de la calle, abstrayéndose de una capacidad de reflexión de carácter racional.

Se olvida el Sr. Pontífice, de  las cifras que muestran que detrás de la “simple sensación de injusticia” generada por la pandemia y la situación económica, surge un país altamente vulnerable, precario, endeudado,  que apenas sobrevive en un escenario altamente incierto. Un país sin esperanza, que ya no cree en sus gobernantes ni menos en sus políticas. “Ha llegado la hora vestida de pánico ”, al futuro, a la cesantía,  a caer bajo la línea de la pobreza, a no tener para el pan. Este es “Sr. Pontífice”, la emoción y estado de ánimo instalado no sólo en la clase media, sino en todo el país. Por lo tanto, la empatía generada entre los parlamentarios que votaron mayoritariamente a favor de este proyecto, con la opinión y emoción de la gente, da cuenta justamente de un gran diálogo, de un acercamiento virtuoso que denota un gran sentido democrático, no solo una decisión lesiva, para esta mayoría ignorante. 

El liderazgo político que conduce, que genera sentido de pertenencia, adhesión y cohesión social; que es capaz de pensar en la construcción inclusiva de un  “nosotros”, jamás será insumiso ni menos estará ajeno a las emociones de su gente, de su pueblo.


lunes, 8 de junio de 2020

13 PELÍCULAS QUE ANUNCIARON EL ESTALLIDO


Rodolfo Fortunatti



Durante la última década el cine chileno ha producido más de trescientas cintas que, probablemente, nadie haya visto en su totalidad y menos todavía recuerde sus títulos. Dentro de esta larga lista hay una pequeña fracción de películas cuya selección, sin ser exhaustiva, tiene el valor de mostrar la diversidad y versatilidad de las luchas de reconocimiento en el campo de fuerzas de la posmodernidad capitalista. Es el cine premonitorio del estallido social de octubre, del letal fracaso del sistema de seguridad sanitaria, y de la ingobernabilidad política e institucional que amenaza la paz civil del país.

Los neoliberales han querido reducir tales conflictos a una puja de clases medias aspiracionales contra élites incapaces de satisfacer demandas avivadas por el propio bienestar que ofrece el capitalismo. Siguiendo este relato, no sólo habría una mayor presión de las nuevas clases medias por el acceso a bienes de consumo, sino que también una apetencia de los segmentos más jóvenes por conseguir mayores recompensas en la distribución del poder político.

Sin embargo, aunque estos intereses compiten en la lucha desencadenada, no la explican. La experiencia enseña que las motivaciones que dan origen al actual estado de ruptura y perplejidad colectivas brotan de varias fuentes de malestar social. El estallido ha diseminado fragmentos ideológicos de etnia, de clase, de género, de edad, de territorio, de inseguridad, de segregación, de abuso e injusticia. En su revés, la respuesta del sistema ha sido una y uniforme: concentración económica, violencia represiva y bloqueo institucional.

«Esta es una dictadura disfrazada», expresa con asertividad y convicción Juan Mora Cid, director deL largometraje Dominio vigente, (2020). Es precisamente a través de este lente que el joven realizador desnuda el lacerante conflicto entre el Estado neoliberal chileno y la voluntad de supervivencia del pueblo mapuche. La coproducción chileno-alemana viene a coronar una larga sucesión de aproximaciones cinematográficas a la crisis de destino que sacude a la sociedad chilena.

El verano de los peces voladores (2014), dirección y guión de Marcela Said, es la querella hecha desde la clase y la cultura dominantes a la ideología del conquistador que subyace hasta en lo más rudimentario de la vida cotidiana. Vista en perspectiva, la que en su momento pareció moderar las aristas del conflicto es la denuncia contra el huinca que hace lo que quiere, no solo con lo humano, sino también con la naturaleza, en oposición a la cosmovisión del mapuche, gente de la tierra en permanente búsqueda de armonía con la biodiversidad.  

(Pewen) Araucaria (2016), dirección de Carlos Vásquez Méndez, guión suyo y de Juana Castell Palou, descubre esta comunicación del pewenche despojado, luego marginado y, finalmente, abandonado por el Estado. «La Araucanía ―señala el autor― pertenece a los Mapuche, evidentemente, pero también es mi tierra cuando me doy cuenta de que aquí se nombraron las cosas por primera vez, que este paisaje fue bautizado por quienes le daban sentido, al contemplarlo, al atravesarlo, al experimentarlo. Este es el origen del mundo, de mi mundo, del mundo chileno».

Aquí no ha pasado nada (2016), dirección de Alejandro Fernández Almendras, guión del mismo Fernández Almendras y Jerónimo Rodríguez. Es un largometraje basado en hechos reales, el accidente de ruta que involucró al hijo del ex senador y ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, y que costó la vida de Hernán Canales. El filme es una crítica a una justicia de clase que, subordinada a los intereses económicos y políticos del neteo en la designación de los jueces, termina por no ser justa ni oportuna para los pobres y desempoderados.

La isla de los pingüinos (2017), dirección de Guille Söhrens y guión de Söhrens, Javier Muñoz Percherón y Javiera Moraga, es un largometraje de 105 minutos en formato digital, que revisa diez años después de ocurrida, la llamada Revolución Pingüina, aquella que puso en el debate público la crisis de la educación chilena, condenó los negocios y el lucro, reivindicó la educación como derecho humano, y generó la masa crítica necesaria para el ascenso de las jóvenes elites políticas protagonistas de las movilizaciones de 2011 en Chile. Su sinopsis es una intuición certera: «Chile 2006, un país que mantiene las mismas políticas públicas de la dictadura de Augusto Pinochet: después de dieciséis años en un estado de democracia, ¿serán capaces los estudiantes de cambiar el futuro de Chile?».

El vals de los inútiles (2013), dirección y guión de Edison Cájas, el documental de 80 minutos es el antecedente cinematográfico de La isla de los Pingüinos y, no obstante, aborda el periodo que le sigue, el de las movilizaciones estudiantiles de 2011. Como en octubre de 2019, el estallido aquí prende en el Instituto Nacional. «Un amigo me invitó a participar de la protesta para grabar con él, y al poco tiempo me di cuenta que podía ser una película y que se podía transformar efectivamente en un documental sobre la movilización», confiesa Cájas.

Mala junta (2016), dirección de Claudia Huaiquimilla, guión de la misma directora y de Pablo Greene, es un galardonado drama de ficción de una hora y 29 minutos de duración, hablada en español y mapudungun, que pone de relieve las distintas dimensiones del prejuicio y la negación del otro, padecidas por los adolescentes en Chile. La pobreza, el origen étnico, la juventud, el delito, la droga, el provincianismo y la marginalidad, constituyen la suma de «cautiverios sociales» ―en la perspicaz descripción de Álvaro García Mateluna―, que echan luces sobre el arrojo, la persistencia y el desenfado de la primera línea de la protesta.

Cuentos sobre el futuro (2012), dirección y guión de Pachi Bustos, es un documental de 68 minutos que muestra las infranqueables barreras de acceso al mañana con que se estrellan los jóvenes de sectores populares. Retrata una realidad ignorada, omitida y desdeñada por autoridades y representantes populares a cargo de las políticas públicas, que han vivido convencidos de la utopía, nunca llevada a la práctica, de la igualdad de oportunidades para todos.

74mt2 (2012),  dirección y guión de Tiziana Panizza y Paola Castillo, la cinta es un documental de 67 minutos, rodado durante siete años en Valparaíso, y que exhibe las enormes dificultades de las familias para acceder a una vivienda de setenta y cuatro metros cuadrados de superficie habitable, pero, especialmente, las brechas de integración geográfica, originadas en brechas culturales insalvables como las que ha puesto de manifiesto la pandemia covid-19.

Princesita (2017), dirección de Marialy Rivas, guión de la directora junto a Camila Gutiérrez, es un largometraje de ficción de una hora y 18 minutos, en formato digital, que procura desentrañar las claves del patriarcado en el escenario de una secta, y tomando como víctima de un relato con referentes en hechos reales ocurridos en la zona sur del país, a una niña de once años.

El mal trato (2015), dirección y guión de Daniel Vivanco, es una película dramática de 68 minutos de duración, que, basada en un hecho real, se enfoca en la violencia de género. Su director ya por entonces observaba que, pese a ser un tema público, apenas sí lo era para la política. «Desde hace más de cuatro años que el feminicidio se transformó en un concepto tangible ―dice Vivanco―, es cosa de prender la tele y verás de donde viene la inspiración». Las grandes manifestaciones públicas de las mujeres fueron indicios del estallido social y las últimas que se protagonizaron antes del confinamiento de la ciudadanía por covid-19.

Cabros de mierda (2017), dirección y guión de Gonzalo Justiniano, es un largometraje de ficción de 118 minutos, que relata las formas que adoptó la economía solidaria del cuidado durante la dictadura, para resistir la represión y asegurar la subsistencia de los hogares populares. Como ahora, el peso descansa sobre los hombros de mujeres. Como ahora, se organizan las ollas comunes, los comprando juntos y la protección de niños y ancianos. «Filmé fundamentalmente en La Victoria, una población emblemática, muy combativa, una de las primeras poblaciones que se organizó y que fue vital contra la dictadura. Allí había sobre todo mujeres, porque los hombres se habían ido, los habían expulsado o asesinado. Ellas se hacían cargo de los abuelos, los niños y de llevar adelante la lucha por la democracia. Sabemos las barbaridades y las atrocidades que hizo la dictadura».

Propaganda (2014),  dirección de Christopher Murray, guión de Murray, Maite Alberdi y Antonio Luco, es un documental de 61 minutos realizado el año 2013 con ocasión de la campaña presidencial de los candidatos Michelle Bachelet, Evelyn Matthei, Franco Parisi, Marco Enríquez Ominami y Roxana Miranda. El filme pone al descubierto una paulatina pérdida de legitimidad del sistema democrático, que hoy torna imposible la gestión gubernamental, el control de los actos de la administración, y el diálogo racional para hallar fórmulas que permitan atender las necesidades más apremiantes de la población. El valor de la cinta, dicho por su director, radica en que «se instala en espacios donde los medios tradicionales no profundizan acerca de las elecciones; propone nuevas imágenes que buscan generar reflexión social sobre la crisis de representatividad política en nuestro país».

8 de junio de 2020.


domingo, 24 de febrero de 2019

DE LA VÍA INSURRECCIONAL A LA VÍA VENEZOLANA

Crónica de una derrota


Rodolfo Fortunatti

Piñera, Duque, Guaidó, Almagro: el amargo balance

La vía insurreccional ya es pasado. Insistir en ella es arroparse en las mortajas de una derrota que oscurece vertiginosamente su épica.

La del fin de semana fue una derrota para la oposición venezolana alineada/alienada por el diseño estratégico del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Aunque según el plan original el momento del desenlace debía ocurrir el 12 de febrero, este fue prorrogado al 23 de febrero. Razones del cambio fueron la necesidad de aprovechar al máximo las ventajosas oportunidades que abrió a los disidentes el apoyo internacional, la presión militar desembozada del Comando Sur de Estados Unidos en aguas del Caribe, asegurar el acopio de las donaciones en Cúcuta, Curazao y Roraima, y, especialmente, medir los efectos internos de los embargos de bienes y activos de Venezuela en el exterior. Este aplazamiento también dio tiempo a Nicolás Maduro para fortalecer su propia modalidad de respuesta al asedio.


¡Las horas de Maduro están contadas! Advertían las voces de Washington, al tiempo que amenazaban con ingresar los envíos a toda costa a Venezuela, incluso acompañados por convoyes militares de Estados Unidos y Colombia si la protección de los marchantes así lo exigía. Los asesores del presidente Trump llamaban a las fuerzas armadas a insubordinarse apremiándolas con el ultimátum de que lo perderían todo si no se levantaban contra el gobierno establecido. Las administraciones de Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador toleraban los violentos e indignos asaltos de los designados de Guaidó a las legaciones diplomáticas venezolanas, que gozan de inmunidad territorial.


Pocas veces, como en febrero en el Caribe, ha sido tan cruda y tan visible la vulneración del Sistema de Naciones Unidas, desde el derecho internacional hasta los órganos y protocolos administrativos. Y quizá nunca tan desembozado y banal el comportamiento de los halcones de la Casa Blanca, urgidos a garantizar el éxito de una operación que, conforme pasaba el tiempo, demostraba cuán equivocados habían sido sus consejos a Trump.


Porque, si no es sensato cortar la rama sobre la que estás sentado, es torpe hacerlo cuando comprometes a terceros, que fue lo que hizo el inquilino de la Casa Blanca al interrumpir los suministros de petróleo venezolano en los momentos que los norteamericanos más necesitaban del hidrocarburo. Venezuela no tardó en asegurar nuevos mercados, uno de ellos la India que, por hacerlo, se hizo blanco de reconvenciones. Sin duda hubo un mal cálculo respecto del tiempo que resistiría Maduro, como hubo una errónea información de inteligencia acerca del comportamiento que tendrían las instituciones militares. Es un hecho que, pese a las reiteradas conminaciones, no hubo jamás señales de que las fuerzas armadas fueran a cambiar de bando.


Por cierto, no hay precedentes de la unidad que logró la oposición en esta coyuntura. Con 70 millones de dólares invertidos en su realización, consiguió el monumental espectáculo de Cúcuta, un movimiento de masas eminentemente lúdico y de fuerte irradiación mediática, que, sin embargo, no fue el menguado que se apostó al día siguiente en los pasos fronterizos, constituido por piquetes de agitadores y provocadores. Al lado suyo, a unos trescientos metros, el de Tienditas, fue sin duda un acto testimonial.


Por otra parte, la conducción de Guaidó logró imponerse a cualquier fricción interna, manteniendo durante la operación una coordinación uniforme entre los distintos grupos que concurren a la Mesa de la Unidad Democrática. Esto podría jugar como un importante activo político a la hora de sentar a la oposición en futuras mesas de negociación, pero, tras el fracaso del 23F y la consiguiente y radical opción de Guaidó a favor de todas las formas de lucha para derribar a Maduro, podría precipitar la descomposición del movimiento y estimular la emergencia de una tercera fuerza moderada.


Guaidó aseguró que los envíos ingresarían a Venezuela, pero nunca lo hicieron. Esperó hasta el crepúsculo el alzamiento militar, que tampoco ocurrió. Prometió movilizar a un millón de venezolanos para abrir lo que impropiamente denominó un «corredor humanitario», condición sugerida por su poder judicial en el exterior para invocar el principio de la responsabilidad de proteger, suponiendo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas daría el visto bueno. Pero no hubo tal, y en su reverso, solo se vio tensión, violencia y muerte en las fronteras, que los opositores atribuyeron al gobierno. ¿Es responsable el gobierno? ¿En qué grado? Habría antes que preguntarse ¿cuál fue la fuente de la agresión?


El gobierno de la holandesa isla de Curazao donde se acopió parte del cargamento procedente de Estados Unidos, aclaró que los paquetes solo serían enviados cuando el gobierno de Venezuela estuviera de acuerdo, una decisión que ahorra hablar sobre los principios que definen lo que es y no es ayuda humanitaria, a saber, independencia operativa, imparcialidad, neutralidad, humanidad y atención, amén de las explicaciones dadas por especialistas de instituciones de asistencia, como PNUD, ACNUR, UNICEF, PMA y Cruz Roja. Para ser ayuda humanitaria, sencillamente, precisa el acuerdo del gobierno que la recibe. Si introducirla en el país de destino va acompañado del empleo de la fuerza, no es ayuda humanitaria. Si como se vio en la jornada del 23 de febrero, los envíos son usados como armas políticas o como armas de destrucción ―por ejemplo, camiones cargados con cócteles molotov o terroristas embistiendo con sus tanquetas―, no es ayuda humanitaria. Luego, que el gobierno impida el ingreso de algo que atropella su soberanía territorial, es lo que debería hacer cualquier aduana.


Con todo, la presión ejercida sobre el gobierno consiguió que este cambiara su actitud frente a la asistencia humanitaria, Asumió la existencia de una crisis, si bien ya había recibido las ayudas humanitarias de Naciones Unidas, Rusia y Cuba, y solicitó a la delegación del Grupo Internacional de Contacto que la Unión Europea accediera a una cooperación por dos mil millones de dólares para el presente año.


La vía insurreccional pensada y articulada en 2018 y ensayada en 2019, no pudo derribar a Maduro, pero generó un escenario donde resulta imposible ignorar las fortalezas y debilidades reales de sus interlocutores. Ahora Mike Pompeo, dice: «los días de Maduro están contados».


La vía insurreccional ya es pasado. Insistir en ella es arroparse en las mortajas de una derrota que oscurece vertiginosamente su épica. Aunque Trump ha prometido nuevas sanciones, que solo agudizarán los pesares de los más vulnerables, se generan condiciones favorables a una vía política cuya primera prioridad es garantizar los umbrales mínimos humanitarios y, luego, los mínimos electorales necesarios para que los venezolanos decidan su destino en las urnas.


Los papeles mediadores del Papa Francisco, no de la iglesia venezolana renuente al entendimiento, de la Unión Europea y del grupo de Montevideo, deberían operar como catalizadores de una transición cuya duración la oposición estima no inferior a un año. Aquella podría ser la genuina vía venezolana.