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El lunes
19 de octubre, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana acordó
respaldar la inscripción de los
militantes en un plazo no mayor de 12 meses.
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Asimismo,
decidió que serán militantes con
plenos derechos y deberes sólo aquellos que se hayan reinscrito en sus padrones.
Se
entenderá que tendrán «suspendida su militancia»
todos
quienes actualmente
figuran en las nóminas del Servicio Electoral y que en los doce meses de
plazo no realicen el trámite de
inscripción.
Recuérdese que la indicación del Gobierno al proyecto señalaba que «se considerará actualizado el registro una vez que sean eliminadas
de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un
partido político, las inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las
que hubieren renunciado a su afiliación y aquellas cuya inscripción no se
hubiere completado de forma legal». En consecuencia, el pronunciamiento de la instancia partidaria es coincidente con lo propuesto
por la Comisión Engel, así como con el Proyecto de Ley del Ejecutivo (véase:
¿Milita en un partido político?).
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En
cuanto a las exigencias de democracia y participación, el Consejo Nacional
dispuso que se estableciera como exigencia de la Ley para el acceso a
financiamiento público, la celebración de elecciones directas y universales
bajo el principio de un
militante, un voto.
La indicación del Gobierno al proyecto de ley instituía que «el sistema de
elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá observar el
carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de
sus afiliados».
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El
Consejo resolvió también un itinerario que contempla los siguientes hitos:
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El 17
de enero de 2016 se realizarán primarias internas para nominar candidatos a
alcaldes y concejales.
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El 26
de marzo de 2016 se reunirá la Junta Nacional del PDC.
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En
junio de 2016 se celebrarán primarias de la Nueva Mayoría para nominar
candidatos a alcaldes.
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En
julio de 2016 se efectuará un encuentro de candidatos del PDC.
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El 27
de noviembre de 2016 se llevarán a cabo las elecciones territoriales del PDC.
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De esta
forma, el Consejo Nacional —desestimando las especulaciones de pactos municipales con
Renovación Nacional, Amplitud y Fuerza Pública—, reafirma la voluntad del PDC de
enfrentar dentro de la Nueva Mayoría los próximos desafíos electorales.
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Por cierto,
la fijación de marzo de 2016 como fecha de realización de la Junta Nacional,
no significa que el evento no pueda ser prorrogado, y tampoco significa que
la máxima instancia de decisión no pueda ser convocada antes del itinerario
acordado.
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miércoles, 21 de octubre de 2015
LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LA REINSCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS
domingo, 18 de octubre de 2015
PARTIDOS PARAEL SIGLO XXI
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| Jóvenes nacional socialistas en 1941 |
A
lo largo de nuestra historia republicana los partidos políticos han
contribuido al fortalecimiento de la representación democrática, la
participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones, lo que los
convierte en un importante patrimonio social y cultural valorado en todo el
mundo.
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Hoy,
sin embargo, estas importantes organizaciones de la sociedad civil atraviesan
por una etapa de pérdida de adhesión y de prestigio, que despierta en la
ciudadanía la legítima demanda de transparencia de sus fuentes de
financiamiento así como del destino de los recursos que perciben, de
renovación de sus procedimientos de afiliación y mecanismos de decisión
internos y, sobre todo, de sinceramiento de sus padrones electorales.
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Es
meritorio que las colectividades políticas hayan impulsado y apoyado la
creación del Consejo Asesor Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de
Influencias y la Corrupción, que, presidido por el economista Eduardo Engel,
ha emprendido con dedicación la tarea de elaborar diagnósticos comunes e
imaginar soluciones eficientes para recuperar la confianza y la participación
de las personas y comunidades en la formación de la política, y que el Congreso,
en el ejercicio de sus facultades, deberá corroborar.
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En
tal sentido, revisten un enorme progreso para el país las reformas legales
orientadas a la organización de los partidos políticos como personas
jurídicas de derecho público, dotadas de financiamiento público permanente, y
sometidas a controles democráticos. La sola exigencia de padrones de
militantes acreditados, confiables y verificables, es un salto al presente que promete superar el decimonónico
clientelismo, el nepotismo, el manejo discrecional de los registros, y, por
supuesto, las prácticas oligárquicas.
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Por
estas razones, no cabe sino aprobar la exigencia establecida en el proyecto
de ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, consistente en la
reinscripción de todos los militantes
de los partidos políticos en un plazo de 12 meses y en la eliminación de los
padrones de quienes no lo hagan en dicho periodo.
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Belisario Velasco, Jorge Consales, Diego Calderón, Carlos
Eduardo Mena, Rodolfo Fortunatti,
Rodrigo Albornoz, Humberto Burotto.
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Santiago, 18 de octubre de
2015.
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jueves, 17 de septiembre de 2015
COMISIÓN BRAVO: RECHAZO A LA REALIDAD Y RENUNCIA A LA JUSTICIA SOCIAL
Ricardo Hormazábal Sánchez
En la página 77 del informe oficial de la denominada Comisión Bravo entregado el 14 de septiembre a la Presidenta Bachelet se dice: “La Encuesta de Opinión encargada por la Comisión muestra una imagen negativa de las AFP en la mayor parte de la población, un 72% de las personas considera que “solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”. Otra fuente, muy citada, la reciente encuesta del CEP, nos muestra que el 76% de los encuestados considera a las pensiones como lo que más le disgusta. Las encuestas del CERC también muestran un rechazo enorme a las AFP, las que sólo tienen algo más de prestigio que los partidos políticos, pero a diferencia de ellos, tienen el control de la economía chilena, de buena parte de los medios de comunicación y una influencia política.
Los Fondos de Pensiones que tan mal administran las seis AFP para los afiliados y que usan tan bien para ellos, son equivalentes al 70% del PIB de Chile. Con ellos lucran, compran influencia política y ejercen de censores de los medios de comunicación. Invito a cualquier periodista serio a desmentir el hecho que la TV chilena y medios de comunicación tradicional, NO pueden emitir programas críticos a las AFPs por las presiones que hacen los avisadores que abusan de nuestro dinero.
Según el informe comentado, un 66% de los encuestados considera que “Las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”. El 60% está muy en desacuerdo con la expresión ‘Me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión’. Además, según la pregunta de confianza, son la 4ta institución en la que menos se confía después de los partidos políticos, el Congreso y las Isapres”. Adicionalmente, el informe reconoce que “un 79% de las personas que emitieron opinión está de acuerdo con crear una AFP estatal y un 69% se cambiaría a ella si existiera. Al mismo tiempo, un 29% cree que el Estado a través de impuestos generales debe ser el responsable de las pensiones, un 24% cree que el esfuerzo individual debe primar”.
Reconocer el fracaso para hacer cambios profundos es más urgente si tenemos presente los datos que esta misma Comisión Presidencial entrega. El informe señala: “Así, por ejemplo, mientras en 2010 en Chile había casi 5 personas en edad activa (15 a 59 años) por cada persona de 60 años o más, esta relación bajará a 1,8 en el año 2050. Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente” Según datos de INE, entre 1990 y 2015 la población de 60 años y más, aumentó de 9% a un 14,9% de la población total y se espera que para el año 2050 dicha proporción se duplique, pasando a un 29,5% de la población. En un lapso de 35 años se pasará de un total de 2,7 millones de personas de 60 años y más a un número de 6,3 millones.
Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente.
El sistema de AFP genera viejos pobres y, sin embargo, la comisión no pudo encontrar propuestas adecuadas y termina entregando tres opciones. Las posiciones fueron denominadas propuestas globales A, B y C, respectivamente y, en términos resumidos postulan lo siguiente:
La propuesta global A, según sus partidarios, fortalece el pilar solidario, financiado por el Estado, mejorando el pilar contributivo y la igualdad de género, a costa de los afiliados. Fue apoyada por 12 comisionados: Orazio Attanasio, Nicholas Barr, David Bravo, Martín Costabal, Carlos Díaz, Costas Meghir, Olivia Mitchell, Carmelo Mesa-Lago, Ricardo Paredes, José Luis Ruiz, Jorge Tarziján y Sergio Urzúa.
La propuesta B busca incrementar la legitimidad del sistema y responder a los principios de la seguridad social mediante la creación de un componente de seguro social, basado en la solidaridad entre afiliados y entre generaciones. 11 comisionados la apoyaron: Cecilia Albala, Fabio Bertranou, Hugo Cifuentes, Regina Clark, Christian Larraín, Verónica Montecinos, Joakim Palme, Marcela Ríos, Claudia Robles, Claudia Sanhueza y Andras Uthoff.
La propuesta C busca reformar el sistema hacia uno de reparto puro. Sólo contó con el respaldo de la comisionada Leokadia Oreziak.
Hay un concepto clave en el informe que demuestra que este informe sigue la misma visión doctrinaria de José Piñera, el mismo que consideraba la Seguridad Social el “Ogro estatal amenazante” y por ello, inspirado en su concepción liberal considera estas actividades dentro de los que el propio Informe denomina en la página 68 la “Industria previsional”: “La lógica con la que se creó el sistema de gestión privada de pensiones Chileno descansa en que los mecanismos de mercado sean los encargados de definir la oferta óptima de servicios de las AFP, las que, guiadas por las elecciones de los afiliados, van compitiendo en diversas variables tales como precios y rentabilidad esperada”… “la competencia entre las AFP debería fomentar altas rentabilidades en los fondos y bajas comisiones, en directo beneficio para los resultados de pensiones”.
Pero ello no ha funcionado, la industria es especulativa, oligopólica, poco confiable y nefasta para dar pensiones según lo que prometieron. Hicieron campaña diciendo que darían el 70% de la última remuneración cuando la realidad no supera el 30% de ella. Y eso que, según dicen ellos, la rentabilidad histórica de los fondos muestra una rentabilidad superior a aquella que se esperaba cuando se diseñó el sistema previsional (4%). Sin perjuicio de ello, la rentabilidad efectivamente percibida por los individuos, aunque importante, está por debajo de lo que tradicionalmente se ha publicitado como rentabilidad bruta de los fondos.
El informe dice: “La rentabilidad real bruta (sin descuento de comisiones) anual promedio de los fondos de pensiones entre los años 1981 y 2013 ha sido de 8,6%, la que es históricamente alta en comparación a los rendimientos que se esperaban cuando se diseñó el sistema. Entre el año 1981 y 2009 muestran importantes diferencias entre la TIR con y sin comisiones. La TIR real para mujeres es de 3.0% incluyendo comisiones y 5.4% sin hacerlo En el caso de los hombres los valores son 3.1% sin comisiones y 5.4%, incluyéndolas.
La Comisión reconoce propaganda engañosa de las AFP y no le parece relevante. No se alarma al constatar que las AFP obtienen rentabilidades que quintuplican las que obtienen los afiliados. Tampoco dicen nada respecto al escándalo de llevarse el 40% de estos recursos al exterior en vez de usarlos para dinamizar el desarrollo de las regiones y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Competencia y Comisiones
Los expertos reconocen que en los años de mayor competencia en la industria (1991-1997), con más de 20 administradoras operando en el sistema, más del 50% del total de activos fue administrado por solo 3 AFP. Incluso los tres procesos de licitación realizados a la fecha, han permitido bajar la comisión cobrada solo para los nuevos afiliados a 0,47% del ingreso imponible. Se tiene entonces que, del total de afiliados, el porcentaje que se ha beneficiado por la baja en las comisiones de las dos AFP ganadoras del proceso de licitación es de 20% a diciembre de 2014. De este modo, el nivel de traspasos de afiliados antiguos a la AFP más barata no ha sido masivo. En otras palabras, un 80% de los afiliados sigue pagando comisiones iguales o superiores al 1,27%, y la comisión promedio cobrada por las AFP es de un 1,14%.
Luego de 34 años la Comisión constata, de acuerdo a la Encuesta de Opinión encargada por la Comisión, únicamente un 13% de los hombres y un 7% de las mujeres dicen saber cuánto cobra su AFP por comisión.
También la Comisión Bravo concluye que hay falta de información para los afiliados, después de 34 años del sistema de AFP. También reconoce que las pensiones son malas, pero en vez de proponer cambios fundamentales, aprueba por mayoría pedirle al Estado que las siga subsidiando, que se obligue a los trabajadores a que les den más ingresos, que jubilen más viejos y que ahorren extra porque las pensiones solo aumentaran en un porcentaje mínimo y a largo plazo, si se aplican sus recetas.
Esto es un abuso, una falta de respeto con las personas, un desconocimiento de la realidad y una renuncia vergonzosa a respetar un derecho humano y social, como lo reconoce el propio informe.
SINTESIS DE LAS PROPUESTAS
De las 58 propuestas hechas, 17 son para que las AFP ganen más y adquieran más poder. Tres cuidan que las comisiones no se afecten por el divorcio de los afiliados, cinco propuestas les generan algunos costos que los compensan con creces con las ventajas que ya tienen y las demás son para que el Estado responda a las necesidades de los chilenos que las AFPs no resuelven. Mencionemos algunas de ellas.
Favorables a las AFPs:
Propuesta 6: Mantener la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes, adecuando su gradualidad;
Propuesta 9: Establecer una nueva cotización previsional de cargo del empleador del 4%, sobre la cual cobrarán comisiones, por supuesto.
Propuesta 12: Establecer una norma que ponga un límite máximo a la parte no imponible de la remuneración. No se podrá considerar no imponible más de un 5% de la remuneración mensual. Eso significa un monto mayor para cobrar comisiones.
Propuesta 13: Elevar el límite máximo de las cotizaciones desde el actual tope, 73,2 UF a 109,8 UF. El afiliado recibirá menos dinero líquido e incrementará el monto de la comisión que paga a la AFP una suma cercana a 1UF mensual.
Propuesta 16: Extender el período de cotización obligatorio hasta la edad de retiro efectiva del mercado laboral, en caso que ésta sea posterior a los 60 años las mujeres y los 65 años en los hombres. Esta idea apunta a la eliminación de la opción que hoy existe para no cotizar entre el periodo entre la edad legal de jubilación y la edad efectiva de pensión, Esto hará disminuir las remuneraciones líquidas e incrementará de un modo ínfimo las pensiones y, sin sorpresas, les obligará a pagar más años las comisiones.
Propuestas 18 y 19: Equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres y revisarlas cada cierto número de años. Se haría en forma gradual, 10 años, a partir de generaciones nacidas después del año 1970. No mejorará los montos, ya que según la OCDE y la propia Comisión, las mujeres están jubilando a los 70 años y los hombres a los 69, por las malas pensiones.
Propuesta 20: Incorporar un incentivo para quienes posterguen su edad de retiro entre los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, pagado por el Estado naturalmente.
Propuesta 21: Establecer un subsidio al empleo de personas mayores, equivalentes al actual Subsidio al Empleo Juvenil. Este subsidio, financiado por todos los chilenos, sería de un monto de hasta el 30% de la remuneración imponible del trabajador, 20% directamente al trabajador y 10% a la empresa. Más ingresos por comisiones para las AFP.
Propuesta 22: Establecer como un objetivo de la política laboral la inserción laboral de calidad de las personas mayores desarrollando instrumentos especializados para este grupo etario. Subsidios estatales, por supuesto.
Propuesta 36: Instaurar una compensación previsional para personas cuidadoras de familiares, siempre que certifiquen estar en esa condición, por ejemplo, asociados al Programa de Atención Domiciliaria de Adultos Mayores. Por supuesto, pagada por el Estado y administrada por las AFPs.
Propuesta 56: Aumentar la sobrecotización de trabajos pesados y semipesados de cargo del afiliado y del empleador. Otra manera de aumentar los ingresos por comisiones.
MAS PODER PARA LAS AFPs
Propuesta 23: “Dejar las decisiones relevantes en materia de régimen de inversiones en el Consejo Técnico de Inversiones, para lo cual se requiere el fortalecimiento de sus atribuciones.” Esta entidad está integrada por un miembro designado por el Presidente de la República, un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile, un miembro designado por las AFPs y dos miembros designados por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas. Es decir, el liberalismo empresarial académico al poder.
Propuesta 24: Permitir que una mayor proporción de inversión se realice en activos alternativos y fondos de inversión.
Propuesta 25: Desarrollar instrumentos nuevos de inversión nacional productiva, especialmente aquellos que puedan beneficiar a la mediana y pequeña empresa. Con ello, esperan ampliarán su influencia hacia la mediana y pequeña empresa, sumada a la que ya ejercen en más de 300 grandes empresas.
Propuesta 41: Fortalecer y ampliar el ámbito de atribuciones del Consejo Consultivo Previsional. Más poder a los privados.
Propuesta 44: Convertir a la Superintendencia de Pensiones en una Comisión de Pensiones y Seguros. Esta Comisión sería independiente del gobierno de turno, y ojalá disponer de un mayor financiamiento. Si examinamos las cuestionadas acciones de la funcionaria a cargo de esa entidad, que pretendiendo usar una autonomía que no tenía, ha colaborado a dañar al Estado en más de 410 millones de dólares con las AFPs CUPRUM y PROVIDA,
No podemos aceptar esta pretensión tan burda.
QUE EL DIVORCIO NO AFECTE EL NEGOCIO
Hay un gran divorcio entre los chilenos y la tecnocracia encargada de examinar estos temas. Pero las AFP no quieren separase de sus ganancias.
Propuesta 34: Establecer que la partición de los fondos de pensiones en caso de divorcio, al ser considerada por parte de un juez, sea en partes iguales.
Propuesta 35: Establecer fondos previsionales compartidos. Se propone que el 50% de las cotizaciones previsionales obligatorias se depositen en la cuenta individual del cónyuge o pareja en relación de convivencia. Las parejas separadas, pero las comisiones están a salvo.
LO QUE PUEDE AFECTAR SU PODER
Propuesta 29: Extender la actual licitación que incluye solo a los nuevos afiliados a una fracción de los antiguos afiliados, con un mecanismo por definir. Las dos más grandes, PROVIDA y CUPRUM, no han bajado nada sus comisiones y ellas controlan el 70% de los afiliados.
Propuesta 30: Establecer que las comisiones de intermediación de las inversiones sean enteramente asumidas por las AFP y no por los afiliados/ as.
Propuesta 31: Crear una AFP estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP, conforme a la propuesta legislativa existente en el Congreso.
Propuesta 32: Permitir la entrada de entidades sin fines de lucro, pero con giro único, a la industria de administración de fondos de pensiones.
Propuesta 42: Revisar la constitución, atribuciones, funciones, sostenibilidad e integración de la actual Comisión de Usuarios, creada por el Art. 43 de la Ley 20.255. Se propone evaluar la constitución de comisiones de usuarios a nivel de cada región.
La actual Comisión ha sido tan inoperante que hemos debido crear ACUSA AFP para que nos defienda. ¿Qué hace en ella un representante de las AFPs? Ejercer influencia indebida.
Propuesta 46: Establecer que las AFPs deban mantener programas de educación previsional, sin contenidos comerciales. La inversión que cada administradora deberá hacer anualmente en estos programas será de un mínimo de 33 UF por cada mil afiliados(as). Esto representa, un monto de $8.085 millones por año. Hasta ahora habían usado el Fondo de Educación Previsional para financiar campañas entre los independientes. Increíble pero cierto.
Propuesta 53: Revisar las actuales tablas de mortalidad, ajustándolas a las expectativas de vida publicadas por el INE. Hoy manejan el tema y por ello calculan expectativas de vida que favorecen la permanencia de los Fondos en las AFP y disminuyen el monto de las Pensiones.
Recordemos un ejemplo, publicado por La Segunda; Una señora de 80 años concurrió para cobrar el Bono por Hijo. El Estado lo pagó al contado a la AFP, a ella se lo pagarían en 120 cuotas. Y si vivía para esa fecha, lo recalcularían, hasta los 108 años. De seguros de longevidad, nada.
Finalmente, la Propuesta 58 reconoce que se sale del mandato entregado y escriben: “la Comisión estima que las FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, deberían tener en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, debiendo atenderse a las características específicas de su ocupación”
Es muy fácil recomendar lo que se sabe no ocurrirá. Las Fuerzas Armadas deben seguir en el sistema de reparto, sin duda, incrementando el aporte de sus miembros, para que haya igualdad constitucional y permitiendo que los chilenos que opten por ello puedan participar en un Sistema Público de Reparto, como existe en casi todos los países del mundo.
En conclusión, las propuestas que se hacen por la mínima mayoría, se dirigen principalmente a mantener un sistema tan abrumadoramente rechazado y fracasado buscando subsidios del Estado para tapar sus defectos, sin solucionar los temas de fondo. La propuesta C no considera los factores jurídicos y políticos nacionales e internacionales que lleva aparejada su alternativa. La propuesta B, por el contrario, permite avanzar hacia un régimen de Seguridad Social que crea una base común para todos regida por los principios de la OIT y un segundo piso basado en las empresas actualmente existentes. Por ello es esencial que los dirigentes políticos escuchen a los ciudadanos y rechacen las opciones de la mayoría de los funcionarios de las AFP y de la tecnocracia liberal.
En la página 77 del informe oficial de la denominada Comisión Bravo entregado el 14 de septiembre a la Presidenta Bachelet se dice: “La Encuesta de Opinión encargada por la Comisión muestra una imagen negativa de las AFP en la mayor parte de la población, un 72% de las personas considera que “solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”. Otra fuente, muy citada, la reciente encuesta del CEP, nos muestra que el 76% de los encuestados considera a las pensiones como lo que más le disgusta. Las encuestas del CERC también muestran un rechazo enorme a las AFP, las que sólo tienen algo más de prestigio que los partidos políticos, pero a diferencia de ellos, tienen el control de la economía chilena, de buena parte de los medios de comunicación y una influencia política.
Los Fondos de Pensiones que tan mal administran las seis AFP para los afiliados y que usan tan bien para ellos, son equivalentes al 70% del PIB de Chile. Con ellos lucran, compran influencia política y ejercen de censores de los medios de comunicación. Invito a cualquier periodista serio a desmentir el hecho que la TV chilena y medios de comunicación tradicional, NO pueden emitir programas críticos a las AFPs por las presiones que hacen los avisadores que abusan de nuestro dinero.
Según el informe comentado, un 66% de los encuestados considera que “Las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”. El 60% está muy en desacuerdo con la expresión ‘Me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión’. Además, según la pregunta de confianza, son la 4ta institución en la que menos se confía después de los partidos políticos, el Congreso y las Isapres”. Adicionalmente, el informe reconoce que “un 79% de las personas que emitieron opinión está de acuerdo con crear una AFP estatal y un 69% se cambiaría a ella si existiera. Al mismo tiempo, un 29% cree que el Estado a través de impuestos generales debe ser el responsable de las pensiones, un 24% cree que el esfuerzo individual debe primar”.
Reconocer el fracaso para hacer cambios profundos es más urgente si tenemos presente los datos que esta misma Comisión Presidencial entrega. El informe señala: “Así, por ejemplo, mientras en 2010 en Chile había casi 5 personas en edad activa (15 a 59 años) por cada persona de 60 años o más, esta relación bajará a 1,8 en el año 2050. Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente” Según datos de INE, entre 1990 y 2015 la población de 60 años y más, aumentó de 9% a un 14,9% de la población total y se espera que para el año 2050 dicha proporción se duplique, pasando a un 29,5% de la población. En un lapso de 35 años se pasará de un total de 2,7 millones de personas de 60 años y más a un número de 6,3 millones.
Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente.
El sistema de AFP genera viejos pobres y, sin embargo, la comisión no pudo encontrar propuestas adecuadas y termina entregando tres opciones. Las posiciones fueron denominadas propuestas globales A, B y C, respectivamente y, en términos resumidos postulan lo siguiente:
La propuesta global A, según sus partidarios, fortalece el pilar solidario, financiado por el Estado, mejorando el pilar contributivo y la igualdad de género, a costa de los afiliados. Fue apoyada por 12 comisionados: Orazio Attanasio, Nicholas Barr, David Bravo, Martín Costabal, Carlos Díaz, Costas Meghir, Olivia Mitchell, Carmelo Mesa-Lago, Ricardo Paredes, José Luis Ruiz, Jorge Tarziján y Sergio Urzúa.
La propuesta B busca incrementar la legitimidad del sistema y responder a los principios de la seguridad social mediante la creación de un componente de seguro social, basado en la solidaridad entre afiliados y entre generaciones. 11 comisionados la apoyaron: Cecilia Albala, Fabio Bertranou, Hugo Cifuentes, Regina Clark, Christian Larraín, Verónica Montecinos, Joakim Palme, Marcela Ríos, Claudia Robles, Claudia Sanhueza y Andras Uthoff.
La propuesta C busca reformar el sistema hacia uno de reparto puro. Sólo contó con el respaldo de la comisionada Leokadia Oreziak.
Hay un concepto clave en el informe que demuestra que este informe sigue la misma visión doctrinaria de José Piñera, el mismo que consideraba la Seguridad Social el “Ogro estatal amenazante” y por ello, inspirado en su concepción liberal considera estas actividades dentro de los que el propio Informe denomina en la página 68 la “Industria previsional”: “La lógica con la que se creó el sistema de gestión privada de pensiones Chileno descansa en que los mecanismos de mercado sean los encargados de definir la oferta óptima de servicios de las AFP, las que, guiadas por las elecciones de los afiliados, van compitiendo en diversas variables tales como precios y rentabilidad esperada”… “la competencia entre las AFP debería fomentar altas rentabilidades en los fondos y bajas comisiones, en directo beneficio para los resultados de pensiones”.
Pero ello no ha funcionado, la industria es especulativa, oligopólica, poco confiable y nefasta para dar pensiones según lo que prometieron. Hicieron campaña diciendo que darían el 70% de la última remuneración cuando la realidad no supera el 30% de ella. Y eso que, según dicen ellos, la rentabilidad histórica de los fondos muestra una rentabilidad superior a aquella que se esperaba cuando se diseñó el sistema previsional (4%). Sin perjuicio de ello, la rentabilidad efectivamente percibida por los individuos, aunque importante, está por debajo de lo que tradicionalmente se ha publicitado como rentabilidad bruta de los fondos.
El informe dice: “La rentabilidad real bruta (sin descuento de comisiones) anual promedio de los fondos de pensiones entre los años 1981 y 2013 ha sido de 8,6%, la que es históricamente alta en comparación a los rendimientos que se esperaban cuando se diseñó el sistema. Entre el año 1981 y 2009 muestran importantes diferencias entre la TIR con y sin comisiones. La TIR real para mujeres es de 3.0% incluyendo comisiones y 5.4% sin hacerlo En el caso de los hombres los valores son 3.1% sin comisiones y 5.4%, incluyéndolas.
La Comisión reconoce propaganda engañosa de las AFP y no le parece relevante. No se alarma al constatar que las AFP obtienen rentabilidades que quintuplican las que obtienen los afiliados. Tampoco dicen nada respecto al escándalo de llevarse el 40% de estos recursos al exterior en vez de usarlos para dinamizar el desarrollo de las regiones y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Competencia y Comisiones
Los expertos reconocen que en los años de mayor competencia en la industria (1991-1997), con más de 20 administradoras operando en el sistema, más del 50% del total de activos fue administrado por solo 3 AFP. Incluso los tres procesos de licitación realizados a la fecha, han permitido bajar la comisión cobrada solo para los nuevos afiliados a 0,47% del ingreso imponible. Se tiene entonces que, del total de afiliados, el porcentaje que se ha beneficiado por la baja en las comisiones de las dos AFP ganadoras del proceso de licitación es de 20% a diciembre de 2014. De este modo, el nivel de traspasos de afiliados antiguos a la AFP más barata no ha sido masivo. En otras palabras, un 80% de los afiliados sigue pagando comisiones iguales o superiores al 1,27%, y la comisión promedio cobrada por las AFP es de un 1,14%.
Luego de 34 años la Comisión constata, de acuerdo a la Encuesta de Opinión encargada por la Comisión, únicamente un 13% de los hombres y un 7% de las mujeres dicen saber cuánto cobra su AFP por comisión.
También la Comisión Bravo concluye que hay falta de información para los afiliados, después de 34 años del sistema de AFP. También reconoce que las pensiones son malas, pero en vez de proponer cambios fundamentales, aprueba por mayoría pedirle al Estado que las siga subsidiando, que se obligue a los trabajadores a que les den más ingresos, que jubilen más viejos y que ahorren extra porque las pensiones solo aumentaran en un porcentaje mínimo y a largo plazo, si se aplican sus recetas.
Esto es un abuso, una falta de respeto con las personas, un desconocimiento de la realidad y una renuncia vergonzosa a respetar un derecho humano y social, como lo reconoce el propio informe.
SINTESIS DE LAS PROPUESTAS
De las 58 propuestas hechas, 17 son para que las AFP ganen más y adquieran más poder. Tres cuidan que las comisiones no se afecten por el divorcio de los afiliados, cinco propuestas les generan algunos costos que los compensan con creces con las ventajas que ya tienen y las demás son para que el Estado responda a las necesidades de los chilenos que las AFPs no resuelven. Mencionemos algunas de ellas.
Favorables a las AFPs:
Propuesta 6: Mantener la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes, adecuando su gradualidad;
Propuesta 9: Establecer una nueva cotización previsional de cargo del empleador del 4%, sobre la cual cobrarán comisiones, por supuesto.
Propuesta 12: Establecer una norma que ponga un límite máximo a la parte no imponible de la remuneración. No se podrá considerar no imponible más de un 5% de la remuneración mensual. Eso significa un monto mayor para cobrar comisiones.
Propuesta 13: Elevar el límite máximo de las cotizaciones desde el actual tope, 73,2 UF a 109,8 UF. El afiliado recibirá menos dinero líquido e incrementará el monto de la comisión que paga a la AFP una suma cercana a 1UF mensual.
Propuesta 16: Extender el período de cotización obligatorio hasta la edad de retiro efectiva del mercado laboral, en caso que ésta sea posterior a los 60 años las mujeres y los 65 años en los hombres. Esta idea apunta a la eliminación de la opción que hoy existe para no cotizar entre el periodo entre la edad legal de jubilación y la edad efectiva de pensión, Esto hará disminuir las remuneraciones líquidas e incrementará de un modo ínfimo las pensiones y, sin sorpresas, les obligará a pagar más años las comisiones.
Propuestas 18 y 19: Equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres y revisarlas cada cierto número de años. Se haría en forma gradual, 10 años, a partir de generaciones nacidas después del año 1970. No mejorará los montos, ya que según la OCDE y la propia Comisión, las mujeres están jubilando a los 70 años y los hombres a los 69, por las malas pensiones.
Propuesta 20: Incorporar un incentivo para quienes posterguen su edad de retiro entre los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, pagado por el Estado naturalmente.
Propuesta 21: Establecer un subsidio al empleo de personas mayores, equivalentes al actual Subsidio al Empleo Juvenil. Este subsidio, financiado por todos los chilenos, sería de un monto de hasta el 30% de la remuneración imponible del trabajador, 20% directamente al trabajador y 10% a la empresa. Más ingresos por comisiones para las AFP.
Propuesta 22: Establecer como un objetivo de la política laboral la inserción laboral de calidad de las personas mayores desarrollando instrumentos especializados para este grupo etario. Subsidios estatales, por supuesto.
Propuesta 36: Instaurar una compensación previsional para personas cuidadoras de familiares, siempre que certifiquen estar en esa condición, por ejemplo, asociados al Programa de Atención Domiciliaria de Adultos Mayores. Por supuesto, pagada por el Estado y administrada por las AFPs.
Propuesta 56: Aumentar la sobrecotización de trabajos pesados y semipesados de cargo del afiliado y del empleador. Otra manera de aumentar los ingresos por comisiones.
La Comisión reconoce propaganda engañosa de las AFP y no le parece relevante. No se alarma al constatar que las AFP obtienen rentabilidades que quintuplican las que obtienen los afiliados. Tampoco dicen nada respecto al escándalo de llevarse el 40% de estos recursos al exterior en vez de usarlos para dinamizar el desarrollo de las regiones y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
Propuesta 23: “Dejar las decisiones relevantes en materia de régimen de inversiones en el Consejo Técnico de Inversiones, para lo cual se requiere el fortalecimiento de sus atribuciones.” Esta entidad está integrada por un miembro designado por el Presidente de la República, un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile, un miembro designado por las AFPs y dos miembros designados por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas. Es decir, el liberalismo empresarial académico al poder.
Propuesta 24: Permitir que una mayor proporción de inversión se realice en activos alternativos y fondos de inversión.
Propuesta 25: Desarrollar instrumentos nuevos de inversión nacional productiva, especialmente aquellos que puedan beneficiar a la mediana y pequeña empresa. Con ello, esperan ampliarán su influencia hacia la mediana y pequeña empresa, sumada a la que ya ejercen en más de 300 grandes empresas.
Propuesta 41: Fortalecer y ampliar el ámbito de atribuciones del Consejo Consultivo Previsional. Más poder a los privados.
Propuesta 44: Convertir a la Superintendencia de Pensiones en una Comisión de Pensiones y Seguros. Esta Comisión sería independiente del gobierno de turno, y ojalá disponer de un mayor financiamiento. Si examinamos las cuestionadas acciones de la funcionaria a cargo de esa entidad, que pretendiendo usar una autonomía que no tenía, ha colaborado a dañar al Estado en más de 410 millones de dólares con las AFPs CUPRUM y PROVIDA,
No podemos aceptar esta pretensión tan burda.
QUE EL DIVORCIO NO AFECTE EL NEGOCIO
Hay un gran divorcio entre los chilenos y la tecnocracia encargada de examinar estos temas. Pero las AFP no quieren separase de sus ganancias.
Propuesta 34: Establecer que la partición de los fondos de pensiones en caso de divorcio, al ser considerada por parte de un juez, sea en partes iguales.
Propuesta 35: Establecer fondos previsionales compartidos. Se propone que el 50% de las cotizaciones previsionales obligatorias se depositen en la cuenta individual del cónyuge o pareja en relación de convivencia. Las parejas separadas, pero las comisiones están a salvo.
LO QUE PUEDE AFECTAR SU PODER
Propuesta 29: Extender la actual licitación que incluye solo a los nuevos afiliados a una fracción de los antiguos afiliados, con un mecanismo por definir. Las dos más grandes, PROVIDA y CUPRUM, no han bajado nada sus comisiones y ellas controlan el 70% de los afiliados.
Propuesta 30: Establecer que las comisiones de intermediación de las inversiones sean enteramente asumidas por las AFP y no por los afiliados/ as.
Propuesta 31: Crear una AFP estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP, conforme a la propuesta legislativa existente en el Congreso.
Propuesta 32: Permitir la entrada de entidades sin fines de lucro, pero con giro único, a la industria de administración de fondos de pensiones.
Propuesta 42: Revisar la constitución, atribuciones, funciones, sostenibilidad e integración de la actual Comisión de Usuarios, creada por el Art. 43 de la Ley 20.255. Se propone evaluar la constitución de comisiones de usuarios a nivel de cada región.
La actual Comisión ha sido tan inoperante que hemos debido crear ACUSA AFP para que nos defienda. ¿Qué hace en ella un representante de las AFPs? Ejercer influencia indebida.
Propuesta 46: Establecer que las AFPs deban mantener programas de educación previsional, sin contenidos comerciales. La inversión que cada administradora deberá hacer anualmente en estos programas será de un mínimo de 33 UF por cada mil afiliados(as). Esto representa, un monto de $8.085 millones por año. Hasta ahora habían usado el Fondo de Educación Previsional para financiar campañas entre los independientes. Increíble pero cierto.
Propuesta 53: Revisar las actuales tablas de mortalidad, ajustándolas a las expectativas de vida publicadas por el INE. Hoy manejan el tema y por ello calculan expectativas de vida que favorecen la permanencia de los Fondos en las AFP y disminuyen el monto de las Pensiones.
Recordemos un ejemplo, publicado por La Segunda; Una señora de 80 años concurrió para cobrar el Bono por Hijo. El Estado lo pagó al contado a la AFP, a ella se lo pagarían en 120 cuotas. Y si vivía para esa fecha, lo recalcularían, hasta los 108 años. De seguros de longevidad, nada.
Finalmente, la Propuesta 58 reconoce que se sale del mandato entregado y escriben: “la Comisión estima que las FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, deberían tener en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, debiendo atenderse a las características específicas de su ocupación”
Es muy fácil recomendar lo que se sabe no ocurrirá. Las Fuerzas Armadas deben seguir en el sistema de reparto, sin duda, incrementando el aporte de sus miembros, para que haya igualdad constitucional y permitiendo que los chilenos que opten por ello puedan participar en un Sistema Público de Reparto, como existe en casi todos los países del mundo.
En conclusión, las propuestas que se hacen por la mínima mayoría, se dirigen principalmente a mantener un sistema tan abrumadoramente rechazado y fracasado buscando subsidios del Estado para tapar sus defectos, sin solucionar los temas de fondo. La propuesta C no considera los factores jurídicos y políticos nacionales e internacionales que lleva aparejada su alternativa. La propuesta B, por el contrario, permite avanzar hacia un régimen de Seguridad Social que crea una base común para todos regida por los principios de la OIT y un segundo piso basado en las empresas actualmente existentes. Por ello es esencial que los dirigentes políticos escuchen a los ciudadanos y rechacen las opciones de la mayoría de los funcionarios de las AFP y de la tecnocracia liberal.
domingo, 13 de septiembre de 2015
POR LA RAZÓN DE LA VOLUNTAD POPULAR Y LA FUERZA DE NUESTRAS IDEAS
 |
| El Triunfo de la República, Plaza de la Nación, París. |
Se dice de Chile que es un pueblo resiliente a las catástrofes, dotado de una especial capacidad para enfrentar terremotos, incendios, inundaciones y otros desastres semejantes, y para sobreponerse a ellos. Se puede decir de Chile que, lo mismo que frente a los golpes de la naturaleza, es también un país resistente a las tragedias políticas que han oscurecido momentos cruciales de su historia, y de las cuales, gracias a su sensatez y flexibilidad, ha conseguido imponerse al dolor y restablecer sus equilibrios.
En
contra del poder de una minoría que cambió el curso de nuestro desarrollo
económico, político e institucional, amparada en el uso de la fuerza, Chile fue
capaz de movilizarse y de reconquistar la libertad, el respeto por la dignidad
esencial de las personas y la paz social. La suya fue una lucha épica, pero
también dolorosa por el sufrimiento de tantos chilenos víctimas de la
represión, vivos en nuestra memoria a través de los testimonios de Eduardo Frei
Montalva y Bernardo Leighton.
A
ese Chile pertenece también el mérito de haber logrado una transición a la
democracia sin enfrentamientos fratricidas que, aunque prolongada, ha permitido
ir cerrando heridas, combatir la pobreza, mantener la estabilidad política y
garantizar la alternancia en el poder. Luego, no al margen, sino en la
trayectoria de esta evolución madura que le brindó a la derecha y a Sebastián
Piñera la oportunidad de retornar al poder y de realizar sus planes, fue que la
ciudadanía respaldó a la Presidenta Michelle Bachelet, a su programa de
gobierno y a la Nueva Mayoría.
Este
paso trascendental fue ratificado en las urnas en tres momentos sucesivos del
debate y de la formación del juicio ciudadano: en las elecciones primarias, en
la primera vuelta presidencial, y en el balotage, cuando la Presidenta recibió
el 62 por ciento de respaldo. Para quienes abrigamos convicciones democráticas
y republicanas, dicho veredicto y la autoridad que inviste, tienen un valor
imperativo que no admite relativismos, pues constituyen la expresión política
de la soberanía popular que reside en el pueblo y se manifiesta a través de
elecciones libres, periódicas e informadas.
Hoy,
la pérdida de confianza en la actividad política y en sus representantes, ha
podido crear una atmósfera de intolerancia que amenaza con despojar a nuestra
cultura cívica del espíritu de diálogo, respeto y entendimiento que nutre la
convivencia democrática y preserva la legitimidad de las instituciones republicanas.
Nadie puede ser indiferente a este hecho, menos quienes tuvieron participación
en la formación del gobierno.
Los
militantes democratacristianos firmantes queremos declarar al país lo
siguiente:
1.
La Democracia Cristiana fue, es y será un partido político de vanguardia
social, por lo que expresamos nuestra absoluta lealtad y respaldo al actual
Gobierno dirigido por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, gobierno el
cual contribuíamos a elegir, participando activamente en el programa y en la
campaña presidencial.
2.
Asimismo, declaramos nuestro apoyo a
las reformas económicas, sociales y políticas impulsadas por el
actual Gobierno, entendiendo que éstas son necesarias para avanzar hacia un
país más equitativo y democrático, que propenda a disminuir las desigualdades
económicas y sociales, integrando a los sectores más desposeídos de nuestra
sociedad al progreso material y espiritual.
3.
Nos declaramos como un partido político fundador y miembro de la Nueva
Mayoría, reconociendo en esta alianza a una coalición política, que por la
pluralidad y compromiso con las transformaciones sociales de sus partidos
integrantes, constituye la alianza
política natural de la Democracia Cristiana. Por lo mismo, creemos
importante su proyección política más allá del actual Gobierno.
4.
Manifestamos nuestro irrestricto apoyo a las propuestas emanadas del
Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de
Influencias y la Corrupción, conocida como Comisión Engel, para lo cual
abogamos por su materialización como Leyes de la República, en el periodo más
breve posible.
5.
Afirmamos la identidad de la Democracia Cristiana, de la que son
tributarias la Revolución en Libertad, la oposición honesta y responsable al
gobierno de Salvador Allende, la lucha por los derechos humanos, la
movilización política y social contra la dictadura, la Concertación
Democrática, los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, y la Nueva
Mayoría. Esta memoria moldea el carácter plurinacional y popular de nuestra
colectividad, y la sitúa entre las grandes corrientes humanistas
contemporáneas.
Estos
compromisos constituyen una guía para la acción, que llevaremos a la práctica
en toda instancia política de decisión.
Renán
Fuentealba Moena, ex presidente del PDC
Ricardo
Hormazábal Sánchez, ex presidente del PDC
Belisario
Velasco Baraona, ex secretario nacional del PDC
Carlos
Eduardo Mena, ex secretario nacional del PDC
Mariano
Ruiz-Esquide Jara, ex senador
Andrés
Aylwin Azócar, ex diputado
Andrés
Palma Irarrázabal, ex diputado
Víctor
Torres, diputado
Fuad
Chaín, diputado
Gabriel
Silber, diputado
Yasna
Provoste, diputada
Soledad
Lucero, vicepresidenta del PDC
Diego
Calderón, presidente de la JDC
Abdón
Anaís Rojas, militante
Alejandra
Miranda, consejera nacional del PDC
Alejandro
Carrasco, dirigente social
Alejandro
Carril, presidente comunal La Reina
Alejandro
Godoy Urrutia, militante
Alejandro
González González, dirigente social
Alejandro
Gutiérrez, militante
Alejandro
Casanova Toro, militante
Alfredo
Medina, militante
Ana
Elgueta Pradenas, vicepresidenta comunal de Temuco
Andrés
Mosqueira, militante de la 1ª comuna de Santiago
Braulio
Contador, cirujano dentista
Camila
Briceño, consejera nacional de la JDC
Carlos
Eduardo Contador Casanova, militante
Carlos
Espinoza Jara, ex consejero nacional del PDC
Carlos
Haefner Velásquez, doctor en sociología
Carolina
Romero, militante
Cecilia
Agüero, concejala de Valdivia
Cecilia
González Hansen, militante
Cecilia
Valdés, ex consejera nacional del PDC
César
Vargas Neira, ex presidente de la JDC de
San Bernardo
Clara
Almuna López, militante
Claudio
Acuña Le Blanc, consejero regional de Arica y Parinacota
Claudio
Bahamondes Camus, vicepresidente comunal de El Monte
Claudio
Barahona, militante
Claudio
Muñoz, ex presidente de la JDC de La
Florida
Cristian
Bisquertt Zavala, ex secretario general de la JUDCA
Cristian Maureira, vicepresidente comunal de Recoleta
Cristian Morales, militante
Cristian Morales, militante
Danilo
Chamia López, ex presidente del PDC de Puerto Montt
David
Herrera Barrientos, ex consejero nacional del PDC
Edith
Rivera, presidenta Adulto Mayor FPT
Edmundo
Leiva Seguel, vicepresidente de la región de Magallanes del PDC
Eduardo
Salas López, profesor
Enrique
Álvarez, ex vicepresidente de la JDC
Enrique
Bertrán, ex presidente Comisión de Cultura del PDC
Enrique
Fell, militante
Esteban
Tumba, dirigente social
Felipe
Vallespir, dirigente de la JDC
Fernando
Arzola Burgos, ex presidente de la JDC del Ñuble
Fernando
Martínez Mercado, abogado
Florencio
Ceballos, abogado
Francisco
Garay, presidente de la 9ª Comuna de Santiago
Francisco
Javier Rodríguez, militante
Gastón
Alvear, militante
Germán
Venegas, presidente comunal de San Bernardo
Gonzalo
Tello, ex presidente de PAC
Graciela
Bórquez, ex consejera nacional del PDC
Guillermo
Uribe Peralta, profesor y dirigente social
Héctor
Otárola, profesor
Hernán
Kohenenkampf, ex concejal
Hugo
Maturana Aguilar, militante
Hugo
Muñoz Sandoval, presidente de la JDC Biobío
Humberto
Burotto, ex consejero nacional del PDC
Isabel
Velasco, ex presidenta de la SECH
Jocelyn
Espinoza, presidenta comunal de Renca
Jorge
Consales Carvajal, vicepresidente de la ANEF
Jorge
Donoso Pacheco, periodista
Jorge
Lagos, ex presidente regional de la JDC
Jorge
Lozano Ibacache, ex candidato a concejal por Renca
Jorge
Pinochet Jiménez, ex consejero nacional de la JDC
José
Luis Suárez Muñoz, militante
José
Soto Sandoval, consejero regional metropolitano
Juan
Antonio Puig Valenzuela, ex candidato a concejal por Providencia
Juan
Claudio Reyes, militante
Juan
Díaz Berrios, militante
Juan
Esteban Bravo Menéndez, ex secretario regional Metropolitano
Juan
Esteban Moreno, vicepresidente comunal de Aysén
Juan Carlos Hernández, militante
Juan Carlos Hernández, militante
Juan
Humberto Mera Lucero, vicepresidente de la comuna de Valdivia del PDC
Juan
Imilán Paisil, militante
Juan
Manuel Sepúlveda, sindicalista
Juan
Miguel Carril, militante
Juan
Miguel Jara, ex subsecretario del PDC
Juan
Pablo Ceballos, ex presidente regional de la JDC
Juan
Pablo Fuentealba Evans, historiador
Karina
Aedo, militante
Laura
Albornoz, ex vicepresidenta nacional del PDC
Laura
Gárate Pereira, secretaria comunal 10ª comuna de Santiago
Laura
Lubi, militante
Luis
Moya Santander, militante
Luis
Plattoni Flores, presidente Provincial Maipo
Luxem
Burgos, ex concejal de Ñuñoa
Manuel
Andrés Zaldívar, publicista
Manuel
Tobar Leiva, vicepresidente regional V Costa
Marcel
Young, ex embajador
Marcela
Uribe, militante
Marcia
San Martín, presidenta de la JDC Pemuco
Marco
Ensignia, ex dirigente universitario
Marco
Soto, militante
María
Angélica Fernández Amunátegui, militante
María
Antonieta Escobar Silva, vicepresidenta del Frente de Trabajadores del PDC
María
Eugenia Toledo Villar, ex directora del
Departamento de la Mujer de San Javier
Marianela
Cerri, militante
Mario
Cañas Wahl, profesor
Mauricio Díaz, militante
Mauricio Díaz, militante
Miguel
Francisco Vásquez González, militante
Miguel
Vega Fuentes, dirigente sindical
Miguel
Vidal Miranda, ex presidente del PDC de Magallanes
Myriam
Verdugo, consejera nacional del PDC
Néstor
Sepúlveda Sepúlveda, militante 1ª comuna de Santiago
Nicolás
Mena, ex consejero de la JDC
Nicolás
Torrealba, militante
Oscar
Osorio, militante
Osvaldo
Aravena, ex presidente distrital de Talagante
Paola
García Alcerreca, encargada electoral del PDC de Cartagena
Patricio
Huepe, ex gobernador
Patricio
Mierzejewski, militante
Pedro
Espinoza Gómez, profesor y dirigente sindical
Pedro
Hernández González, militante
Pedro
Olea, militante
Pilar
Mallea Araus, ex vicepresidenta de la JDC
Ramón
Espinoza Rocha, secretario distrital del Biobío
Ramón
Mallea Araus, ex candidato a presidente JDC
Ramón
Mallea Santibañez, concejal de Melipilla
Ranulfo
Monsalve, militante
Raúl
Donckaster, alcalde de La Reina
René
González González, ex dirigente del Colegio de Profesores
Ricardo
Moreno, vicepresidente del Frente de Trabajadores
Ricardo
Silva Campos, militante
Roberto
Astudillo Oyarzún, ex concejal de Estación Central
Roberto
Ramos González, militante
Rodolfo
Fortunatti, vicepresidente del Frente de Profesionales del PDC
Rodolfo
Salgado, profesor
Rodrigo
Albornoz, ex consejero nacional del PDC
Rodrigo
Lagos Fuentes, presidente comunal y
concejal de PAC
Ronald
Ravilet, militante
Rosita
Guzmán Cubillos, profesora
Santiago
Mejías, ex dirigente universitario
Sergio
Hinojosa, militante
Silvana
Vidal, militante
Tomás
Rogers, militante
Tonci
Tomic, militante
Verónica
Mallea, delegada a la Junta JDC
Verónica
Montecinos, militante
Víctor
Hermosilla Arévalo, militante
Víctor
Hugo Márquez Altamirano, ex gobernador provincial de Chiloé
Víctor
Manuel Leiva Maureira, militante
Viviana
Andrade Moll, presidenta del distrito 56 del PDC
Viviana
Quiero Zárate, profesora y secretaria comunal de Los Andes
Waldo
Crisóstomo, ex concejal
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