Durante el mes de mayo, dado el agravamiento de la crisis
sanitaria, diversos actores sociales y políticos representativos de un amplio
arco de fuerzas, plantearon al Gobierno la necesidad de forjar un acuerdo de
mínimos para sortear una emergencia que podría tener consecuencias humanitarias
para el país.
Aunque las propuestas han sido formuladas para concordar
medidas urgentes y de corto plazo —el tiempo que dure la pandemia— también han
abordado iniciativas que van más allá de la coyuntura y que se ensamblan, al menos en
los próximos meses, con el itinerario constitucional que se inicia en el Plebiscito del
25 de octubre, y que prosigue con el calendario electoral del año 2021, cuando
se renueve la casi totalidad de las autoridades representativas y ejecutivas de
nuestra democracia.
En la tabla de abajo han sido ordenadas en cuatro columnas las propuestas hechas
por el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, los parlamentarios José Miguel
Insulza y Mario Desbordes, el Colegio Médico, como receptor de las ideas de un grupo
de economistas, y el Partido Comunista que, junto a otras colectividades, no
fue convocado por el Ejecutivo a una ronde de consultas encabezada por el
Ministerio del Interior, pero que, sin embargo, se resolvió a enviar una carta al Presidente de la República.
Las propuestas están clasificadas en tres partes. Primero,
los antecedentes que, en la mirada de los interlocutores, fundamentan la
formulación de las medidas. Segundo, las medidas propiamente tales para abordar
la emergencia. Y, tercero, las propuestas pospandemia, de más largo alcance, que,
en este caso, postulan Desbordes e Insulza, por un lado, y el Partido
Comunista, por otro, lo que no significa que los otros no se hayan preguntado
por el futuro menos inmediato; que lo han hecho.
El conocimiento de las ideas y perspectivas que animan el
debate nacional debería permitir a cada ciudadano contribuir al diálogo en
forma participativa, recíproca y responsable.
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Foro de Desarrollo Justo y Sostenible
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Mario Desbordes
José Miguel
Insulza
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Colegio Médico
de
Chile
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Partido Comunista
de
Chile
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ANTECEDENTES
DE LAS MEDIDAS
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Frente a las reiteradas declaraciones del
presidente Piñera y del Ministro de Hacienda en torno a que la política
fiscal estaría en el límite y que, por tanto, no habría más recursos posibles
para mejorar la gestión pública frente a la crisis económica y social que
genera pandemia del covid-19, declaramos enfáticamente que es completamente
falso que hayamos llegado a ese límite.
Chile puede más. Estas son las razones:
1. El gasto público está aumentando menos que con
ocasión de la crisis subprime de 2009. El cambio en el saldo efectivo del
gobierno central de 2020 respecto de 2019 es de 5 puntos del PIB y en 2009
lue de 8 puntos respecto de 2008. Nadie podria dudar que la crisis actual es
mucho más severa que la crisis
subprime y. por tanto, hay que actuar en
consecuencia.
2. Los programas de emergencia que ha planteado
el gobierno, como porcentaje del PIB, son muy Inferiores a los de la mayoría
de los países europeos, de USA y también de Perú.
3. La deuda pública chilena se encuentra en los
niveles más bajos de la OCDE y de América Latina. Hay espacio para que esta
deuda crezca en varios puntos del PIB, máxime considerando las bajas tasas de
interés de largo plazo, tanto nacionales e internacionales. Estas tasas
internacionales seguirán bajas por muchos años.
4. El gobierno acaba de colocar bonos en el
exterior por US$ 2.000 millones a tasas muy bajas y por otros US$ 500
millones y la mitad de ellos a tasa de interés negativa. Debería aprovechar
estas ventajosas condiciones.
5. Chile tiene la tasa real de interés más baja
de América Latina y, junto con Perú, el menor riesgo-país.
6. Chile cuenta con Fondos soberanos por US$
22.000 millones, que superan lo que disponen el resto de los países de la
región. Esto representa un 7,3% del PIB.
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Chile está en crisis desde hace siete meses. Un
“estallido social” sin precedentes dio paso inmediato a la epidemia más
extensa que jamás había vivido nuestro país. Que estos dos eventos tan
severos no nos hayan llevado a una completa postración habla bien de nuestra
fortaleza como nación.
Hemos tenido aciertos importantes: los acuerdos
para abrir camino a una nueva Constitución, impidieron que la crisis
desembocara en la anarquía y el desgobierno; la aceptación por todas las
fuerzas políticas y sociales de la conducción sanitaria única para enfrentar
la pandemia han sido claves para tener una sola voz responsable que busca
evitar que nuestra infraestructura hospitalaria sea superada frente a esta
pandemia. Más allá del rechazo mayoritario que a veces reciben, las mayores
instituciones del país siguen funcionando, sin parecer efectivamente
amenazadas.
Pero las divisiones persisten y afectan al
presente y al futuro de nuestra convivencia.
Debemos superarlas ahora, para abordar juntos la
actual crisis sanitaria y social y, más tarde, para reconstruir la economía y
el tejido social que en los últimos meses se han deteriorado severamente.
Esta exigencia hace indispensable un verdadero acuerdo
nacional en el que participen no solo actores políticos, sino que integre a
gremios, sindicatos, empresas y organizaciones sociales.
Unos piensan que al despertar de este mal sueño
todo volverá a la anterior normalidad, la vida volverá a ser como antes;
otros creerán llegado el momento de reanudar las movilizaciones sociales e
incluso retornar a la violencia que muchas veces las acompañó. Pero la verdad
es otra: Chile no está a condiciones de enfrentar una tercera crisis
sucesiva, pero tampoco está para que nada cambie.
Reconstruir la economía y la sociedad es tarea de
la política; el arte de asignar recursos escasos a fines
múltiples. Pero esa tarea política, para ser fecunda, supone acuerdos,
convicciones comunes que la gran mayoría de los ciudadanos puedan compartir,
aunque sean miembros de distintas fuerzas políticas o asociaciones. El país
tendrá menos recursos que antes, pero además mal distribuidos. La tarea no
puede ser abordada enfrentándonos unos con otros, sino en base a acuerdos fundamentales
que guíen el futuro del país.
Debemos conciliar la necesidad de crecimiento
económico y la generación de buenos empleos con políticas sociales
robustas. Como no ocurría hace décadas, miles de chilenos están
pasando hambre; tenemos un imperativo moral de lograr acuerdos que, de manera
responsable vayan en su ayuda
La encrucijada en que hoy está nuestro país y el
mundo, nos desafía a salir de nuestras trincheras y a alcanzar acuerdos que
ayer parecían imposibles. Todos quienes tenemos cargos de responsabilidad
responderemos ante la historia y ante nuestros conciudadanos por lo que
hagamos hoy. Pero no basta con anunciar o exigir un Acuerdo Nacional. Hay que
hablar también de compromisos concretos.
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Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la
Pandemia,
José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia
Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza, Rodrigo Valdés.
1. Introducción
Hace dos semanas la presidenta del Colegio Médico
nos convocó para aportar con propuestas económicas a la Mesa Social Covid-19.
Esta mesa fue constituida por el gobierno para apoyarlo
en el manejo de la crisis. Para hacer efectivas
las medidas sanitarias que ahí se discuten, es necesario desplegar en
conjunto una estrategia de medidas económicas y sociales.
Agradecemos la invitación, la que nos ha
permitido discutir con independencia y desde distintos ángulos algunas
propuestas para los próximos dieciocho meses. Nuestro foco es un marco fiscal
general, además de medidas de apoyo a las familias que les ayuden a
sobrellevar el período de contención de los contagios y también para
acompañar la etapa posterior de apertura de la economía. Esperamos que estas
propuestas ayuden a construir un acuerdo nacional para afrontar esta grave
crisis.
En el contexto de la Mesa Social, los rectores de
la Universidad de Chile y de la Universidad Católica también han convocado a
un grupo de académicos para discutir políticas para este período, como es el
apoyo a las empresas. Nuestros trabajos son complementarios y creemos que es
necesario que las medidas que se vayan implementando estén dentro del marco
fiscal que proponemos.
2. Un marco macroeconómico para la pandemia
El reciente aumento de los contagios indica que
la crisis sanitaria está lejos de ser controlada; nadie sabe cómo
evolucionará en los próximos meses, ni cuándo será posible reiniciar las
actividades económicas con relativa normalidad. Además, lo más probable es
que una vacuna confiable y segura tarde un año o más. Todo esto indica que
los programas actuales no son suficientes, y que habrá que desarrollar nuevas
estrategias de gasto público que ayuden a reducir las dificultades económicas
que afectan a la población. Estas estrategias deberán ser flexibles y
acomodarse a las nuevas circunstancias.
En este contexto no es posible tener una
proyección confiable sobre la duración de la recesión y las heridas con que
quedará la economía. Éstas, sin duda, afectarán el ritmo de la recuperación.
En este marco de elevada incertidumbre creemos
que es esencial desarrollar un programa de mediano plazo que dé mayor
claridad a los hogares y a las empresas, y que genere un marco de
colaboración entre el Congreso y el gobierno. Necesitamos urgente
un acuerdo nacional por la calidad de vida.
La primera pregunta es ¿hasta cuánto es posible
gastar? La realidad es que no existe una respuesta única y concluyente,
aunque existen rangos posibles y riesgos involucrados. Por ejemplo, se podría
usar algún nivel de endeudamiento como ancla, pero distintos países a los que
aspiramos a parecernos tienen, hoy en día, niveles demasiado diferentes de
deuda sobre PIB (desde 20% en Nueva Zelandia a 90% en Canadá). Por su parte,
la regla fiscal anunciada por el gobierno no da cuenta del problema que
enfrentamos y no parece ser una guía creíble para el próximo año. Además,
tenemos el desafío de una perspectiva de deuda creciente durante los próximos
años, reflejo de tensiones sociales y políticas que arrastramos desde antes
de la pandemia.
A pesar de estas dificultades, es necesario
definir una estrategia clara, concreta, y creíble. No hacerlo tiene costos
para la dinámica política, genera incertidumbre para las personas, y socava
la credibilidad de la política fiscal, porque siempre se está pensando en un
eventual próximo paquete de emergencia.
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Al señor Sebastián Piñera Echeñique Presidente de
la República Presente.
De nuestra más alta consideración:
Hemos considerado pertinente, ante su llamado a
un “Acuerdo Nacional” dirigirnos a usted directa y transparentemente a fin de
dar una adecuada respuesta a su propuesta.
Dejamos establecida, en primer lugar, nuestra
profunda preocupación ante el incremento de los contagios de COVID- 19 y
sobre todo el fallecimiento de personas. Al mismo tiempo que vemos con alarma
como aumenta el número de desempleados, que sobrepasa el 20%, con sus
secuelas de hambre y desamparo, el número creciente de PYMES que cierran sus
puertas e incluso la bancarrota de grandes empresas.
Desde el gobierno se nos ha acusado de
obstruccionistas, violentistas y con varios otros epítetos, por el sólo hecho
de haber mantenido una posición crítica, pero no cerrada, como se pretende
hacer creer, ante las medidas del gobierno, y por considerar legítimas las
manifestaciones sociales. Hemos entrado en abierta contradicción ante la
violación a los derechos humanos y la criminalización de la demanda popular
durante el estallido social. Uno de nuestros diputados está acusado, poco
menos que de terrorista, por sectores de su gobierno, ante el Tribunal
Constitucional, con la clara intención de destituirlo, y con un abierto afán
persecutorio contra nuestro partido. Es difícil en estas condiciones acoger
una invitación a un acuerdo.
No obstante ello, dada la magnitud del desafío
que enfrenta nuestra sociedad y todos los pueblos y culturas que la componen,
le exponemos a usted y públicamente, nuestras propuestas que consideramos
legítimas y susceptibles de llevar adelante, y que, respecto de cualquiera de
ellas, que el gobierno acogiera mediante proyecto de ley,
estaríamos dispuestos a aprobar.
No vamos a ahondar en las críticas a la forma
como el gobierno ha enfrentado la Pandemia y a las medidas insuficientes
frente a la grave situación económica y crisis social. Los resultados y la
tragedia de muchos hablan por sí solos. Lo que cabría determinar es si las
insuficiencias frente al contagio del COVID -19 se debe a errores de
administración y prevención, lo cual requiere de una fiscalización
más profunda, y si la insuficiencia en las medidas
económicas se debe a que no hay más recursos, o se debe a una política de
Estado, que pone un límite excesivamente rígido al gasto de interés
social.
Lo realizado por el gobierno hasta ahora, en
materia económica, se ha hecho en base a medidas como un ajuste fiscal,
austeridad en el gasto, flexibilidad laboral, limitadas franquicias
crediticias a empresas, lo que ha producido un debilitamiento del tejido PYME
y más de un millón de desempleados, y un 50% de familias con ingresos
disminuidos. Todo esto no obstante que el Presidente de la República dio a
conocer un primer paquete de medidas económicas por 11.750 millones de
dólares, en marzo y luego un segundo de 5.000 millones de dólares, nominal,
en abril.
Esto nos indica que el esfuerzo por sacar a la
economía de la crisis, debe ser mucho mayor que lo obrado hasta ahora, con
una fuerte participación del estado. El año 2009 el estado hizo un esfuerzo
equivalente a 17% del PIB y en esta pandemia el gasto se ha
aumentado solo en un 10,4%.
Pero el gasto efectivo, es decir, las platas
frescas son del orden de 3.927 millones de dólares es decir un 1,5% del
PIB. No se entiende, que
habiendo millones de chilenos cayendo en la pobreza y con tantas pequeñas,
medianas y grandes empresas quebradas, el gobierno no disponga de recursos
que están a disposición. Por ejemplo, los niveles de endeudamiento del país
se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica y la OCDE, un 32,3% del
PIB, solo pensar en una deuda qué alcance niveles del 45%
implicaría recursos extras por un total de US$31.250 millones de dólares a
tasa de interés tendiendo a 0%.
Además, Chile cuenta con fondos soberanos por un
total de US$ 22.000 millones, un 7% del PIB, de los cuales la mitad puede ser
de disponibilidad inmediata. También es posible el uso del Fondo
de Estabilidad Económica y Social de US$12.000 millones de dólares.
Finalmente, se podría abrir la posibilidad que el Banco Central
pueda comprar en el mercado secundario deuda del gobierno de Chile por al
menos un 5% del PIB, es decir 15.000 millones de dólares.
En definitiva existen recursos abundantes para
enfrentar la crisis. La estrechez fiscal que se impone
dogmáticamente y la focalización excesiva, cuando el drama es generalizado,
hoy sólo impacta negativamente en la economía, redunda en lo tardío de
propuestas efectivas, la lentitud en la aplicación de las mismas, con
consecuencias sociales y económicas difíciles de revertir.
Pensamos que las medidas deben cumplir con
criterios de magnitud, es decir los paquetes económicos deben ser de un
tamaño adecuado, para asegurar la pronta recuperación de la economía, bajo la
lógica que lo que dejemos de hacer hoy prolongará la crisis por más tiempo,
con resultado de tasas de desempleo altas y bajo crecimiento y recaudación
fiscal para los próximos cinco años.
En términos sanitarios se espera que la vacuna
esté disponible dentro de un periodo que va entre los 12 a 18 meses según la
Organización Mundial de la Salud, pero esos tiempos tienen diferencias, pues
es evidente que los primeros seis meses serán los más difíciles para la
economía y las familias, y que a medida que pase el tiempo, tanto por razones
estacionales y epidemiológicas, la enfermedad se hará más débil. Por lo que
debemos tener una especial atención en los primeros seis meses, es decir
hasta octubre o noviembre del año 2020, período de paralización o
interrupción necesaria de gran parte del proceso productivo para evitar el
contagio y por tanto de la toma imprescindible de medidas para
mantener las condiciones de vida de la población.
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MEDIDAS PARA
ENFRENTAR LA EMERGENCIA
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Nadie está diciendo que "hay que tirar la
casa por la ventana” y que haya que gastar todos esos ahorros. Es cierto que
hay que guardar recursos para un eventual rebrote de la epidemia y para un
programa futuro de reactivación. Sin embargo, con el mismo rigor y
seriedad que nos pide el Ministro de Hacienda le decimos que
Chile tiene espacio razonable para elevar el gasto público en al menos 5
puntos del PIB, sin grandes complicaciones macroeconómicas. Más aún, estos
recursos (cercanos a US$ 15 mil millones) permitirían que:
* La cuarentena sea más efectiva. asegurando que
millones de trabajadores formales e informales se queden efectivamente en
casa pues el Estado le aseguraría ingresos para financiar su alimentación y
gastos básicos;
* Muchas más Pymes puedan protegerse de la
quiebra;
Con estas medidas, así como más rapidez y
eficiencia pública, la crisis en empleo y pobreza se podría atenuar
significativamente. La recuperación, además, sería más pronta y menos
traumática pues habremos defendido de mejor forma el empleo y el tejido empresarial.
Con mucho respeto, insistimos: Chile hoy no
enfrenta restricciones insalvables en el gasto fiscal. Probablemente sean más
relevantes las restricciones ideológicas. Se puede acudir a más endeudamiento
interno y externo, sin generar presiones que la economía no esté en
condiciones de manejar. Pasada la pandemia, por cierto, habrá que re-evaluar
la carga tributaria para hacer frente de mejor forma al servicio de dicha
deuda.
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Capítulo II
En las actuales condiciones, esos compromisos
tienen que referirse primero a la pandemia que vivimos. Proponemos enfrentar
la crisis de manera cooperativa y no conflictiva, en base a tres
acuerdos.
1.- En materia sanitaria, aceptar la existencia
de un mando único en el control sanitario de la pandemia, creando a la vez
mecanismos de consulta con expertos de todos los sectores, con plena
transparencia, entrega de la información y disposición a escuchar
otras opciones.
2.- En materia económica, alcanzar un acuerdo
entre el gobierno y el Congreso, acerca de la cantidad de recursos
efectivamente disponibles para enfrentar la caída de la producción, el
desempleo y atención de los trabajadores afectados por la pérdida de sus
empleos y de los sectores más vulnerables de la población durante la
emergencia.
3.- En materia social, concordar en un tiempo
estimado de crisis y la sucesión en que se irán adjudicando los recursos
suficientes para los sectores más vulnerables sin alterar las competencias
que corresponden de acuerdo al actual ordenamiento jurídico.
El país necesita conversar sobre su futuro.
Cualquiera que sea el curso que adopten chilenos y chilenas en el próximo
proceso constituyente, esperamos contribuir al clima de tolerancia y acuerdo
que debe prevalecer en el proceso.
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Resumen de la propuesta extensa al final de la
tabla*
* Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de
Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo --USD 12 mil
millones o 5% del PIB-- como marco de referencia para definir lo que se
podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado
por el gobierno y su regla fiscal.
* Chile tiene espacio para endeudarse. A pesar de
ello, el desafío fiscal de mediano plazo es complejo por lo que los aumentos
de gasto para paliar la pandemia deben ser transitorios, aunque no
necesariamente de corta duración. Comprometer esta alta cantidad de recursos
requiere de un acuerdo político y social.
* La propuesta significa que se podría gastar,
cada mes y en promedio, USD 670 millones por encima de lo ya comprometido, y
que se podría financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. La
aplicación del programa debe ser flexible y pragmática, acorde a cómo vayan
cambiando las necesidades en el tiempo, y debe otorgar facultades al gobierno
para ir adaptándolo. También debe ser transparente y con rendición de cuentas
a la ciudadanía y al Congreso.
* Los apoyos monetarios a las familias deben ser
estables mientras dure la etapa de contención de contagios de modo de
facilitar las cuarentenas y el distanciamiento. Ellos deben retirarse
gradualmente sólo en combinación con una apertura progresiva de la economía.
Más adelante, los recursos deben utilizarse para estimular la demanda
agregada y contener el desempleo.
* Los trabajadores formales deben acceder a los
recursos que dispone el seguro de cesantía de acuerdo a los mecanismos
dispuestos en la Ley de Protección del Empleo. Los beneficios deben
mantenerse en una fracción fija del salario mientras dure la contención de
contagios.
Un 60% del salario permite a las familias del
tercer quintil financiar sus gastos más necesarios.
* Las familias cuyos ingresos son mayormente
informales y aquellas que no tienen acceso al seguro de cesantía deben
recibir apoyos estatales. Los recursos propuestos permiten financiar bonos de
$300 mil al mes para familias de cuatro integrantes. Se debería cubrir al 80%
de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.
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A continuación exponemos algunas de nuestras
propuestas:
Las propuestas para mantener los ingresos de las
familias: Renta Básica de Emergencia, que llegue al 80% de la
población, con montos equivalentes a la línea de la pobreza calculada por el
Ministerio de Desarrollo Social, entregando recursos monetarios a las
familias, por 6 meses, complementarios con el seguro de cesantía. Esto
significa 900 millones de dólares mensuales y a un total de 5.400 millones de
dólares. A esto se debe agregar un fondo para subsidiar a 200 mil mujeres que
están sufriendo violencia, agudizada en cuarentena.
Fortalecimiento Estatal del Seguro de Cesantía,
debe establecerse un fondo estatal de US$4.000 millones de dólares
para el Seguro de Cesantía, con carácter de no reembolsable, estable, por
seis meses y no de cargo del trabajador. Y cuando el grupo familiar
dependiente del trabajador no alcance la línea de la pobreza, sea
complementado con la Renta Básica.
Medidas de Protección del Tejido Económico:
La protección efectiva del empleo, para lograr
este cometido proponemos que el gobierno conforme en lo inmediato una mesa
tripartita entre Gobierno, Organizaciones representativas del empresariado y
Organizaciones representativas de los trabajadores.
Protección de las Pymes, el resultado del bajo
alcance que ha tenido hasta ahora la política crediticia a través de la
banca, que superpone el lucro, hace necesaria una mayor participación de las
agencias estatales, coordinadas por CORFO, bajo la directriz de sostener el
tejido empresarial, el respeto a las normas ambientales y los derechos
laborales, ampliando el fondo a 6.000 millones de dólares.
Rescate de empresas mediante su adquisición
parcial o total, creemos que el Estado puede intervenir en el
rescate o capitalización de empresas esenciales para la vida y la producción,
mediante su adquisición parcial o total, mediante la creación de un fondo de
unos 20 mil millones de dólares, a constituirse con deuda y pagarse a partir
de las ganancias obtenidas por la empresa.
Aumento de los presupuestos municipales, el
aporte del estado debe llevarnos a la creación de un fondo espejo estatal con
respecto al nuevo Fondo Común Municipal, el cual tendrá un valor cercano a
los $2.974.724 millones de pesos, es decir US$3.541 millones de dólares, que
equivalen al 1,41% del PIB. Este incremento significaría que el
fondo total llegara a los $7.333.593 millones y el aporte estatal
significaría el 42% de los recursos municipales.
En suma, el Partido Comunista estima un gasto
social de 12 mil millones de dólares y fondos para créditos a empresas por 26
mil millones de dólares. Alcanza al 15% del PIB, pero más de la
mitad es reembolsable al fisco. La disponibilidad de fondos del estado supera
largamente esta cifra que puede ser incrementada con endeudamiento
fiscal.
Medidas para reducir la brecha de desigualdad:
Impuesto a los Súper Ricos, es necesario avanzar
en un impuesto que redistribuya hacia los sectores más necesitados de la
sociedad recursos de aquellos que concentran la riqueza del país, poniendo un
impuesto del 2,5% sobre los patrimonios que superen los 22, 5
millones de dólares.
Este impuesto debe ir a pagar preferentemente la
Renta Básica de Emergencia, puede alcanzar los 6.500 millones de dólares.
Estudiar y Promover el Reparto de utilidades a
los trabajadores, por un total del 30% de las ganancias totales de la empresa
a final de año, calculado sobre la base de todos los trabajadores
con derechos a gratificación. Esto implica suprimir el artículo 50 del código
del trabajo y distribuir hacia los salarios mayor proporción de la riqueza
ganada.
Señor Presidente:
Estas propuestas de medidas económicas son
representativas de un amplio arco político y social, el PC ha participado de
la gestación en varias de ellas y en su totalidad las ha hecho suyas. No es
la primera vez que son planteadas. Pero no han sido tomadas
en cuenta, la respuesta más reiterativa es que son inviables o excesivas.
En relación a la Pandemia, consideramos de
urgencia extrema que se tomen medidasde fondo, cuarentena, gratuidad de los
exámenes preventivos, potenciamiento de la salud primaria, recursos y
logística que garantice atención a pacientes y seguridad del personal
sanitario, que se reconozcan a plenitud los errores, incluyendo cambios en el
ministerio de salud, y establecer una mayor participación representativa de
los gremios y organizaciones de trabajadores de la salud.
Atentamente
Guillermo Teillier del Valle, Lautaro Carmona
Soto
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PROPUESTAS
POST EMERGENCIA
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Capítulo III
Si enfrentamos la crisis de manera concertada y
constructiva podemos avanzar hacia un Acuerdo Nacional más exigente, sobre la
base de principios compartidos. Estos compromisos de futuro deberían incluir
los siguientes:
1.- Compromiso con la Democracia, con elecciones
libres como la única forma válida para cambiar gobiernos, libertad de opinión
y asociación, pluralismo político y respeto por las instituciones y leyes del
país. El Estado de Derecho (rule of law) debe estar en la base
de nuestra convivencia social. Todos los ciudadanos deben respeto
a las leyes, las instituciones y las resoluciones de un sistema judicial
plenamente autónomo. Por su parte el Estado debe proteger a todos los
ciudadanos en sus derechos y exigir sus deberes, haciendo plenamente efectivas
las garantías que establece la Constitución.
2.- Compromiso con la Dignidad. En el
origen de la crisis social está la desigualdad profunda que existe entre
diversos sectores de la sociedad. En las últimas décadas Chile dejó de ser un
país pobre, pero sigue siendo injusto. Es deber del Estado asegurar a todos
sus habitantes una vida digna, reduciendo las desigualdades, a través de una
mejor distribución de la riqueza, y del acceso igualitario a la educación, la
salud, la vivienda, la seguridad social y la seguridad pública. El bienestar
de los ciudadanos es tarea primordial del Estado.
3.- Compromiso con el Crecimiento. El Mercado
juega un papel dinámico en la economía, en la creación de riqueza y empleos,
en el desarrollo de nuevos emprendimientos, pero no es suficiente para
resolver desequilibrios económicos en la sociedad, como el desempleo, la
distribución y la gestión de las crisis. Desde luego, la acción del sector
privado seguirá siendo fundamental en la producción, el comercio y las
finanzas, pero el Estado tiene un papel en la diversificación económica, el
estímulo a la pequeña y mediana empresa, el impulso de la ciencia y la
tecnología, la regulación de la competencia, el fortalecimiento de las leyes
antimonopólicas, y la acción contra la corrupción y la colusión. Debemos
fortalecer la institucionalidad económica y mantener la plena autonomía del
Banco Central.
4.- Compromiso con los Derechos Humanos. El
Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos protección contra cualquier
abuso de autoridad y que nadie será
objeto de
discriminación o exclusión por razón de origen nacional o étnico, lengua,
género, edad, discapacidad, condición social, apariencia física, condición de
salud, religión, pensamiento, afiliación política, orientación o preferencia
sexual.
5.- Compromiso con el Orden Público. El Estado
debe garantizar la paz social y el respeto de todos a las mismas leyes.
Debemos reducir la violencia en la sociedad, con un sistema policial y
procesal moderno, eficiente y respetuoso de los derechos humanos; y combatir
las amenazas del crimen organizado, el narcotráfico, la piratería y el
terrorismo.
6.- Compromiso con el Medio Ambiente, para paliar
los efectos del cambio climático Chile sufre en estos años los efectos
implacables del cambio climático, asegurar que el agua esté al servicio de
todos, reducir la contaminación del aire, el agua y la tierra, proteger
nuestra diversidad, la flora y fauna y atender las zonas en las que se
concentra el deterioro ambiental.
7.- Compromiso con la Igualdad de Género. La
plena igualdad entre hombres y mujeres ha avanzado en Chile, pero quedan aún
brechas importantes que llenar. Erradicar la violencia de género, garantizar
la igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres y abrir más espacio a la
participación de la mujer en el gobierno y las empresas son nuestras tareas
pendientes.
8.- Compromiso con la Transparencia en los
asuntos públicos, en las organizaciones sociales y en las empresas, que
asegure la protección del consumo y haga realidad las leyes contra el monopolio,
la corrupción, la colusión y el abuso.
9.- Compromiso de reconocer Nuestros Pueblos
Originarios, resolver sus justas demandas históricas y respetar su derecho a
vivir de acuerdo a sus tradiciones y costumbres.
10.- Compromiso con Nuestras Regiones. La
excesiva centralización es uno de los males de Chile. Enfrentar de manera
realista e integral el proceso de regionalización es necesario para mejorar
nuestra condición ambiental, desarrollar plenamente nuestro potencial y dar
una mejor vida a nuestros ciudadanos.
11.- Compromiso con la Juventud y la infancia. El
futuro de nuestro país está en ellos y, por tanto, es urgente trabajar un
acuerdo social amplio que abarque la educación y la atención que otorgamos a
las nuevas generaciones. La educación pública requiere de un cambio de fondo
que no puede esperar.
12.- Compromiso con América Latina y el Mundo. En
un mundo formado por estados de distinta envergadura territorial, económica y
demográfica, Chile sólo tendrá peso si mantiene los principios de nuestra
política exterior, guiada por el interés nacional, con respeto de los
tratados, pacífica y de principios y participando del multilateralismo
regional y global.
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Derogación del DL 3500, es necesario terminar con
el actual sistema de pensiones y reemplazarlo por un sistema de reparto,
estatal, tripartito y solidario, que incluya mecanismos de aumento de
pensiones de la mujer, cuentas nacionales, reparto puro y un fondo solidario
con aportes igualitarios de trabajadores y empleadores por un total de 18%.
Necesidad de estudiar una reestructuración
tributaria, para afrontar el pago de la deuda y una mayor presencia del
Estado, que permita no solo apalancar el crecimiento sino que además hacerlo
de manera sustentable e igualitaria.
Estudiar como medida complementaria el retiro de
fondos de las AFP con cargo a las utilidades de estas.
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* Propuesta en relato extenso del Colegio Médico
Proponemos
que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a
fines de marzo --USD 12 mil millones o 5% del PIB-- como marco de referencia, o
ancla, para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por
encima de lo ya anunciado.
Esta
cifra es cuantiosa, pero al estar acotada dentro de un horizonte de año y medio
no es una cifra irresponsable. Para hacerse una idea sobre la magnitud del
programa, los recursos alcanzarían para ampliar los programas actuales de
transferencias desde el 60% al 80% de los hogares en vulnerabilidad.
¿Por
qué nos parece que USD 12 mil millones es una cifra adecuada desde el punto de
vista fiscal? Chile tiene espacio para endeudarse en la actualidad, tanto en el
mercado interno como externo. El nivel de las tasas de interés de los bonos de
la República, así como la fuerte demanda en las recientes colocaciones
internacionales del fisco y de empresas públicas, así lo demuestra. Internamente también hay amplio espacio. Más
aún, tasas como las actuales, en torno a UF más 0% a 10 años, no solo son
bajas, sino que menores a nuestro crecimiento de largo plazo, lo que es
ampliamente favorable para el endeudamiento.
A
pesar de lo anterior, es necesario poner una nota de cautela: las tasas subirán
con nuevas colocaciones masivas, y eso pone un límite a la estrategia de mayor
deuda. Sin embargo, a pesar de este acceso hoy, el desafío fiscal de Chile de
mediano plazo es complejo y no puede ser ignorado en el diseño de cualquier
estrategia fiscal. Por un lado, se han estado acumulando déficits primarios
elevados, los que, en conjunto con un nivel creciente de endeudamiento, hacen
aumentar la probabilidad de una trayectoria explosiva de la deuda.
Es
fácil construir escenarios realistas en que la deuda llega sobre 60% durante
esta década, incluso asumiendo que muchas de las presiones sociales que nuestro
país enfrenta hoy sean financiadas sin endeudamiento. Además, la experiencia en
Chile revela que, como en la mayoría de las economías, el aumento del gasto
durante los períodos de expansión fiscal no es retirado una vez que la recesión
ha pasado. Esta inercia fiscal hace que
parte relevante de la expansión se queda como permanente y eso en las actuales
circunstancias no es adecuado. Los
aumentos de gasto para paliar la pandemia deben ser transitorios, aunque no
necesariamente de corta duración. Para ello proponemos un horizonte de un año y
medio.
Por
todo lo anterior, creemos que es necesario comprometer una cantidad alta de
recursos, en el marco de un acuerdo político y social. Estos recursos se deben
gastar de manera gradual. Se podrían destinar en torno a 670 millones de
dólares al mes. Asimismo, este programa debe operar con flexibilidad, y acorde
a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, para lo que se debería
otorgar facultes al gobierno para adaptarlos de manera ágil. Finalmente, este
programa debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al
Congreso.
Como
se explica en la sección siguiente, estos recursos permitirían financiar paquetes
de ayuda importantes para la ciudadanía.
No
se puede descartar que de empeorar la situación se deban implementar medidas
adicionales, pero nuestra propuesta termina con gran parte de la incertidumbre.
La ciudadanía ya no estará angustiada tratando de adivinar cuál será el
siguiente plan, si es que existe. Sería positivo, además, para que el proceso
legislativo sea más rápido y fluido. Tampoco se puede descartar un escenario
más benigno, que todos quisiéramos ocurriera, que permita reorientar los
recursos de este programa a reactivación tradicional. Sin embargo, no se pueden
diseñar políticas esperando un golpe de suerte.
La
implementación financiera de esta propuesta de marco fiscal debe ser pragmática.
Dependiendo de las condiciones de los mercados, se debe aprovechar las oportunidades
de endeudamiento. La cifra que proponemos, equivalente al saldo del FEES en
marzo, es un punto de referencia y un ancla que nos da el monto disponible que,
eventualmente, y de ser necesario, podría gastarse para paliar la pandemia. En
la práctica los nuevos desembolsos se pueden financiar ya sea girando de este
fondo y/o aumentando el endeudamiento.También hay espacios para racionalizar
otros gastos.
A
continuación, presentamos un conjunto de políticas sociales que creemos se deben
implementar durante esta crisis y que pueden constituir parte del marco de un
acuerdo nacional. Los recursos del FEES debieran ser utilizados tanto en las
políticas sociales que proponemos como
en las de apoyo a empresas y las que se diseñen para la reactivación económica,
con la flexibilidad necesaria para responder a las distintas etapas de la
crisis.
3.
Principios para medidas hacia las familias
Distinguimos
tres etapas para la política social, las que están definidas según el éxito de
las medidas de distanciamiento y, por tanto, con las posibilidades que tienen
las familias de volver a realizar actividades productivas.
La
primera etapa, de contención de contagios, busca que las personas permanezcan
en sus hogares. Por ello, los trabajadores no pueden salir a trabajar y tienen
dificultades para generar ingresos. En este período el objetivo de la política
pública es la de acompañar a las medidas sanitarias, facilitando las
cuarentenas y el distanciamiento, y a la vez minimizar los costos sociales
asociados a las medidas de restricción.
La
etapa intermedia es una etapa en la que se combina una apertura gradual de la
economía, permitiendo el desarrollo de ciertas actividades productivas, con
medidas de distanciamiento que impiden que el virus se vuelva a propagar con
rapidez. En esta etapa, las familias aún
ven dificultades para obtener ingresos, pero pueden gradualmente reincorporarse
a la actividad económica.
La
última etapa, de recuperación, comienza una vez que la autoridad sanitaria decrete
que la crisis sanitaria se ha contenido y que la actividad productiva puede
volver a levantarse con razonable normalidad. El objetivo de las medidas
económicas esta vez es apoyar la actividad económica, el empleo y prevenir la
amplificación de la crisis.
Los
instrumentos de política pública varían para cada una de estas etapas.
En
la primera etapa, la política debe facilitar que las familias cuenten con
recursos suficientes para enfrentar sus gastos más necesarios y puedan
permanecer en sus hogares. Para disminuir la duración de esta etapa, es
importante que estas medidas vayan acompañadas por testeos masivos de
contagios, de esfuerzos de trazabilidad de contagiados y sus contactos, y de
aislamiento de contagiados. Para ello se puede dar un rol central a los
servicios de atención primaria de salud, reforzados con la contratación y
capacitación de personas que apoyen la labor de comunicarse con los contagiados
y sus contactos.
Al
mismo tiempo, los municipios deben contar con recursos apropiados para llevar
alimentación y medicamentos a los hogares que tengan dificultades para comprar
y acceder a bienes y servicios de primera necesidad, con especial atención a
hogares con personas mayores de edad y a quienes estén directamente afectados
por el COVID-19.
En
la segunda etapa, los apoyos a las familias pueden comenzar a retirarse gradualmente,
pues la reapertura de la actividad económica permite que las familias retomen
(gradualmente) su capacidad de generar ingresos. Durante este periodo es posible que haya
diferencias territoriales en la necesidad de apoyos y de aplicación de
instrumentos. Asimismo, en esta etapa es importante mantener en teletrabajo a
toda la fuerza laboral en condiciones de trabajar a distancia y permitir
flexibilidad laboral de manera que permita mantener el distanciamiento social.
Será necesario también realizar adecuaciones en el transporte público y
gestionar mecanismos para el diagnóstico y trazabilidad del virus en lugares de
trabajo.
Finalmente,
durante la tercera etapa se retiran los apoyos a las familias. Durante esta
fase se debe reforzar programas de empleo ya existentes --Subsidio al Empleo
Joven y Bono al Trabajo de la Mujer--, además de los programas de empleo de
emergencia y de inversión en obras públicas y otros que demanden empleo de manera
significativa.
En
la actualidad el país está en la primera etapa y existe mucha incertidumbre respecto
de cuándo pasará a la siguiente, así como sobre la duración total de la crisis.
La intensidad y los recursos destinados a las herramientas que proponemos a
continuación, por tanto, deben aplicarse con la necesaria flexibilidad. A
continuación, se detalla la implementación de estas medidas hacia las familias
de acuerdo a la forma en que sus miembros participan en el mercado laboral.
Nuestras sugerencias se construyen sobre los mecanismos que ya se han
legislado.
a.
Trabajadores asalariados privados cubiertos por el seguro de cesantía.
Los
trabajadores cuya relación laboral ha sido suspendida por mandato de la autoridad
o por mutuo acuerdo, o que han sido despedidos debido a la crisis de contagios,
deben acceder (o seguir accediendo, según sea el caso) a los recursos que
dispone el seguro de cesantía de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la Ley
de Protección del Empleo.
Sin
embargo, se debe perfeccionar el diseño de los beneficios. En la actualidad,
los trabajadores reciben un monto decreciente de su salario, que comienza en
70% el primer mes, bajando al 30% en el sexto. Este diseño tiene por objeto
motivar la búsqueda de un nuevo empleo en tiempos de normalidad. Sin embargo,
en la etapa de contención de contagios, lo que se desea es que los trabajadores
permanezcan en sus hogares y no salgan a buscar un nuevo empleo o
ingresos.
Por
ello, proponemos que los beneficios se mantengan, calculados como una fracción
fija del salario, por toda la primera etapa (esto es, mientras no se transite a
la etapa intermedia). La tasa de reemplazo debe guardar relación con las
necesidades que tienen las familias para financiar gastos básicos (alimentación
en el hogar, alojamiento, servicios básicos incluida comunicaciones, salud y
educación). A modo de referencia, una familia del tercer quintil dedica cerca
del 60% de sus gastos a estos bienes y servicios.
El
financiamiento de esta medida provendrá de los fondos acumulados en el sistema,
además del compromiso estatal de agregar USD2000 millones al Fondo de Cesantía
Solidario (FCS) en caso de ser necesario. Los recursos acumulados en la
actualidad en el sistema, incluyendo el compromiso de aporte fiscal, permiten
financiar una tasa de reemplazo del 60% por casi 14 meses a un millón y medio
de trabajadores (esto es, al 30% de los cotizantes del sistema).
Esta
medida debe considerar a los trabajadores de casa particular, que también
debiesen tener acceso al FCS una vez acabados los fondos que han acumulados en
sus cuentas de indemnización por despido.
b.
Trabajadores por cuenta propia y aquellos no cubiertos por el seguro de
cesantía.
En
el caso de trabajadores que no pueden acceder al seguro de cesantía, ya sea
porque no tienen un contrato formal o porque no cumplen con los requisitos para
acceder, se extenderá un sistema de bonos en línea con el Ingreso Familiar de
Emergencia (IFE). Como es impracticable
entregar recursos en proporción a los ingresos perdidos como lo hace el seguro
de cesantía, pues no se conocen las historias laborales de los trabajadores,
proponemos la entrega de bonos que cubran al menos las necesidades básicas de
las familias en vulnerabilidad, esto es, del grupo hacia el que está enfocado
esta medida. En concreto, proponemos la entrega de un bono creciente en el
tamaño del hogar cuyos ingresos pre pandemia, de acuerdo al Registro Social de
Hogares (RSH), provengan mayormente de fuentes informales, o que hayan perdido
su empleo en los meses previos y no tengan acceso a los beneficios del seguro.
El monto debe al menos cubrir las necesidades básicas de las familias en
vulnerabilidad, y cubrir a la fracción más amplia posible de hogares.
Nuestros
cálculos indican que, para una familia de cuatro, el bono debería ser de $300
mil mensuales en la primera etapa. Este bono permitiría cubrir los costos de
alimentación, alojamiento, servicios básicos, educación y salud de un hogar en
el primer quintil de ingresos.
Alcanzar
a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del RSH y cuyos ingresos son
mayormente informales tiene un costo fiscal de unos 400 millones de dólares al
mes. Sumar a las familias de desempleados que no pueden acceder al Seguro de
Cesantía agregaría otros 270 millones de dólares al mes, suponiendo que se
cubre a la mitad de los desempleados en un escenario de desempleo del 15%, y
que sus familias tienen cuatro integrantes.
El
bono se extenderá en el tiempo de acuerdo a la duración de la primera etapa de
contención de contagios y se retirará gradualmente durante el periodo en que se
restablece el funcionamiento de la economía.
c.
Trabajadores a honorarios
Existe
gran diversidad entre trabajadores a honorarios: algunos son trabajadores
plenamente formales, mientras que otros mayormente informales que entregan boletas
solo de manera ocasional. El gobierno ha propuesto que los trabajadores a honorarios
reciban un bono equivalente al 70% de los ingresos perdidos por a lo más tres
meses. Proponemos que las familias escojan entre acogerse al mecanismo propuesto
por el gobierno, cuyo diseño se modificaría en línea con nuestra propuesta para
trabajadores en el Seguro de Cesantía (esto es, otorgando durante la primera
etapa un 60% de los recursos perdidos) y el IFE extendido diseñado para
trabajadores informales (esto es, si sus ingresos son mayormente informales y
pertenecen al 80% del RSH).
Los
costos de las medidas para estos tres grupos de trabajadores están dentro del
marco propuesto de un gasto de unos USD 670 millones al mes en dieciocho meses.
