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viernes, 12 de junio de 2020

VIVIR EN CHILE CON CIEN DOLARES AL MES

Rodolfo Fortunatti
















En un acuerdo político con los neoliberales, todo es negociación, y toda negociación es un canje de garantías de derechos por lucro. Son las dos caras de una misma moneda, incluso ―y tal vez con mayor razón― en condiciones de inseguridad humanitaria, de recesión económica y de ingobernabilidad. Porque, si no hay nada de utilidad a cambio, para qué negociar, dicen ellos.

La máxima la aplican en todos los niveles. Basta ver cómo los intendentes ―en especial el intendente de Santiago― están elaborando los presupuestos regionales para confirmar el modo discrecional e inconsulto con que se recortarán las actuales finanzas públicas, y las dotaciones de personal, en proporciones de 10, 15 ó 20 por ciento, según la gravedad del escenario previsto para 2021.

Si se trata de proteger a los trabajadores de los nocivos efectos del despido, la moneda de canje es saber cómo irán en ello los empleadores, por cierto, también las grandes fortunas. Si lo que se busca es socorrer con un ingreso familiar de emergencia a los más pobres y vulnerables, el precio de concederlo es incluir en la transacción la suerte del empresariado en una futura reactivación económica.      

¿Y quién, si no la retórica e ingeniosa vocera de gobierno, es la más indicada para instruir sobre los términos del trato que se discute en el Congreso? Advierte la ministra que «la voluntad del gobierno siempre, desde el minuto que el presidente hizo este llamado, es llegar a un acuerdo, pero no se les olvide que es llegar a un acuerdo en las dos caras de una misma moneda, extremadamente importante hoy para la ciudadanía, que es la protección de las familias y la reactivación de la economía».

¿Cuál es el problema de este canje? El mismo que se vio en la mesa de los economistas, conformada mayoritariamente por liberales: si no se aceptan las condiciones del oferente, estas igualmente se imponen. Así ocurrió hace un mes en la votación del ingreso familiar de emergencia, cuando la oposición se vio obligada a abstenerse para no obstaculizar la asignación del mezquino subsidio de 65 mil pesos por persona destinado a los hogares más pobres y necesitados.

Aunque en el grupo se hizo presente que el monto del ingreso familiar de emergencia debía ser superior al de la línea de la pobreza, la mayoría de los profesionales convocados por el Ejecutivo se inclinó por un ingreso familiar de indigencia.


Actualmente, la línea de pobreza para un hogar de cuatro personas está fijada por la Subsecretaría de Evaluación Social en $451.570 mensuales, mientras que la línea de extrema pobreza está trazada en $301.047 mensuales.

En el documento de 19 carillas, Propuestas Para la Protección y Reactivación, los técnicos sugieren una asignación por persona de 80 a 90 mil pesos mensuales que, tratándose de una familia de cuatro miembros, oscilaría entre 320 y 360 mil pesos. Este monto se sitúa ligeramente por encima del límite que separa a la franja de pobreza de la banda de pobreza extrema, lo que lo convierte en un auxilio de indigencia. Dicho de otra manera, el ingreso de 100 dólares per cápita está imaginado para que las familias en situación de pobreza no desciendan a un estado de subsistencia.

En consecuencia, la política pública propuesta desampara a la mayor parte de las familias con carencias de educación, salud, trabajo, seguridad social, vivienda y calidad de vida, una realidad que afecta a 3.530.889 personas, el 20,7 por ciento de la población chilena según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional. Para formarnos conciencia cierta de la magnitud de la pobreza en Chile, habría que agregar que, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 350 mil pesos al mes, y también la mitad de quienes reciben pensiones contributivas obtiene menos de 170 mil pesos.

Luego, cómo se puede vivir en Chile con 100 dólares al mes. En Brasil consigue hacerlo a duras penas la mitad de su población, 104 millones de seres humanos. Pero, en Chile, cuyo dilema para los liberales era hasta no hace mucho cómo huir de la trampa de los países de ingresos medios, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer, cuando la cesantía, la quiebra de tu microempresa, la enfermedad, el abandono y la muerte, te empujan a la pobreza? ¿Cómo se puede vivir con cien dólares, cuando el pasaje te cuesta un dólar, el kilo de pan, dos dólares, un balón de gas, 16 dólares, y un litro de parafina 63 centavos de dólar?

Sólo la gente lo sabe.




jueves, 21 de mayo de 2020

HAMBRE EN CHILE


Rodolfo Fortunatti


El 7 de febrero marca el punto de partida de la política pública de combate a la covid-19. Ese día se decretó, con toma de razón de la Contraloría, una alerta sanitaria en todo el país que otorgaba facultades excepcionales al Ejecutivo para contratar personal y comprar insumos médicos.

Desde entonces han transcurrido más de tres meses, quince semanas exactamente, de crecientes barreras de acceso a la alimentación que se inician con los despidos, la suspensión de las clases y la reducción de los presupuestos familiares, el toque de queda y los controles al desplazamiento de las personas. Vendrán luego las cuarentenas selectivas, que obligan al cierre del pequeño comercio y prohíben las actividades económicas de subsistencia. Y las cuarentenas totales, que ponen la nota alta. La vigilancia es total y, en las zonas más deprimidas, empuja a la desesperación. «La gente llora porque no tiene qué comer», testimonia el alcalde de La Granja. Recordemos que los niños están confinados en sus hogares y necesitan comer. Pero hay quienes en su pureza doctrinaria dudan que esto sea cierto.    

Aunque la inflación de marzo y abril es prácticamente nula, lo es precisamente porque bajaron las ventas y los precios de cosas ―como el transporte y el vestuario― cuyo consumo fue inhibido por la pandemia. Aquí la inflación de los pobres es siempre el uno por ciento más alta que la de los ricos. Tras los promedios se esconde la cruda estrechez doméstica de los sectores populares.

51 de los 76 alimentos y bebidas que concurren al cálculo del indicador ―entre ellos el pan, las hortalizas, las legumbres y las papas― han elevado sus precios. Si a principios de año un kilo de pan costaba 1.500 pesos, luego, un kilo de pan al día por familia equivalía a 45 mil pesos mensuales. Si desde entonces el precio ha subido un 4%, significa que con la misma plata aquella familia compra un kilo menos de pan al mes por puro efecto inflacionario.

Y quizá para ese hogar el alza del costo de la vida es aún mayor que la registrada por el IPC. La Comisión Económica para América Latina ha llamado la atención sobre los errores de medición que podrían estar distorsionando la correcta elaboración de la tasa de inflación, especialmente en la detección de precios de los productos de primera necesidad que consume la población más vulnerable de la subregión. No olvidemos que el IPC es una encuesta de mercado. Cuando los encuestadores no consiguen los precios, por el cierre de los locales comerciales o por las propias limitaciones a su movilidad, los datos faltantes se imputan discrecionalmente al producto, y estos datos imputados pueden llegar a representar hasta el 40 por ciento de la muestra.

Dicho esto, la preocupación de la CEPAL debe ser tomada muy en serio, pues, en base a esta información se calcula el valor de la canasta básica de alimentos y se trazan las líneas de pobreza y de pobreza extrema que justifican la asignación del gasto social público en Chile. En otras palabras, en función de esta operación se decide quién es pobre y quien no lo es, quien tiene y quien no tiene derecho a la seguridad alimentaria bajo una Constitución que no consagra explícitamente los derechos fundamentales de la persona humana.

Hoy la Subsecretaría de Evaluación Social fija el valor mensual de la canasta básica de alimentos por persona en 46 mil pesos. Asimismo, clasifica como persona en situación de pobreza a aquella que percibe ingresos mensuales inferiores a 171 mil pesos, y como persona en extrema pobreza a aquella con ingresos por debajo de los 114 mil pesos. De este modo, un hogar de diez personas con un ingreso inferior a 857 mil pesos se halla en la pobreza, y uno de igual número de miembros, pero cuyos ingresos no alcanzan a 571 mil pesos, se encuentra en la pobreza extrema. Por eso, el Ingreso Familiar de Emergencia impuesto por el Ejecutivo y que empezará a pagarse a fines de mayo, resulta exiguo y tardío, como los dos millones y medio de cajas de ayuda. En junio, la gente que llora porque no tiene qué comer, percibirá 65 mil pesos, en julio 55 mil, y en agosto, en el momento más crudo de la crisis, 45 mil pesos. Esto es menos de lo que teóricamente se necesita para comprar una canasta básica de alimentos.

El Colegio de Nutricionistas y algunos alcaldes se han pronunciado a favor de regular el precio del carrito de alimentos esenciales. No es algo fácil de emprender en un mercado oligopólico como el nuestro, y Cencosud es el ejemplo más candente. La última palabra no parece estar en el Ministerio de Economía, sino en la cartera que postuló hacer de Chile una potencia agroalimentaria y donde precisamente está radicada la seguridad alimentaria de diecinueve millones de chilenos y chilenas. Esto es Agricultura.

La voz de los que sobran