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viernes, 19 de junio de 2020

LA MALA LEY

Rodolfo Fortunatti








Pocas horas después de salir del Congreso, el Gobierno promulgó la ley que endurece las penas de quienes infringen las cuarentenas sanitarias impuestas para contener los contagios de la covid-19. Cuarenta y tres diputados de oposición presentaron un requerimiento de impugnación ante el Tribunal Constitucional, que éste, sin embargo, declaró inadmisible.

La nueva ley establece que quienes incumplan la cuarentena en los términos que ha determinado la autoridad sanitaria, podrían sufrir penas privativas de libertad de hasta cinco años, además del pago de una multa que superaría los doce millones y medio de pesos. Se entiende por transgresiones tanto las que se cometen contra las disposiciones sanitarias, como las ejecutadas contra las órdenes particulares impartidas por la autoridad.

La ley tiene su origen en dos mociones de parlamentarios de Renovación Nacional. Una que agrava las penas de quienes provoquen la enfermedad y la muerte de la persona que contagien, y la otra que impide conmutar la pena de cárcel por una multa, y le impone ambas sanciones al infractor.  

La enmienda al Código Penal es un retroceso moral, institucional y político de nuestra semi-soberana y tutelada democracia representativa. Pone de relieve la pérdida de conexión del Congreso con la dura realidad que está viviendo el país, y, en este letal y gris invierno que cae sobre Santiago, es otro balde de agua fría sobre las espaldas de los sectores populares y vulnerables.

En un manejo de la pandemia donde no existe la trazabilidad, es decir, la huella que va dejando la enfermedad a medida que se propaga, todos somos sospechosos de infectarnos y de infectar a otros. Todos, en consecuencia, somos imputables de enfermar a otros y, en una racha de mala suerte, de provocar su muerte. ¿Pero cómo determinar quién infectó a quién? ¿Cómo demostrar que hubo dolo, intención de hacer daño, como afirma el presidente Piñera, en quienes no respetaron la cuarentena? ¿Cómo llegará la justicia a una sentencia condenatoria?

Serán los fiscales y jueces los encargados de inventar el delito y de incriminar al infractor. Para ello habrán de tener a la vista los extemporáneos parámetros de la reglamentación sanitaria ―porque recordemos que en esta pandemia todo es nuevo y todo queda obsoleto―, e interpretar las órdenes particulares impartidas por la autoridad, desde aquella que recomendaba no usar mascarillas hasta aquella otra que obligó a portarlas, desde autorizar reuniones de hasta cincuenta personas hasta prohibir multitudes de cinco y, desde promover la «nueva normalidad» y el «retorno seguro» hasta imponer la pre-hibernación en cierne. Todo lo cual fue normado en el mismo tiempo, en el mismo espacio y por la misma autoridad competente.

Porque la ley no tipifica las conductas que castiga, y entonces el criterio de calificación del delito es facultativo del ministerio público y de la magistratura, lo que profundiza la brecha de discrecionalidad de la administración de justicia chilena. Prudencia benevolente, tal vez, como la del fiscal nacional, que en un gesto de conmiseración nos tranquiliza asegurando que «vamos a evitar a toda costa que esto signifique un mayor costo para las personas más carenciadas… vamos a tener en absoluta consideración la situación personal».

Pero ¿acaso de esto se trata un estado de derecho? ¿Qué seguridad jurídica asiste a aquellas personas carenciadas, que son precisamente la población objetivo de la persecución y la opresión de esta ley? La garantía que ofrece el ministro del Interior de que las infracciones pasadas no serán castigadas con la cárcel ni con las multas millonarias que dispone la ley promulgada. O sea, ninguna certeza, porque la ley no describe los delitos a que se aplican las penas y, por lo tanto, el discernimiento acerca de la conducta delictiva queda suspendido en el aire, a voluntad de quién le toque calificarla.

Más allá del desorden epistémico que subyace a la enmienda, ¿qué sociología justifica el endurecimiento de los controles normativos? Desde luego, no aquella que, enmascarando sus verdaderos impulsos antipopulares, quiere hacer creer que la norma fue pensada para corregir a empresarios inescrupulosos que obligan a trabajar a sus empleados. Pues, si la pandemia se extendió fue porque no se dictó la cuarentena con oportunidad, y no se hizo porque no se quiso paralizar el funcionamiento de las empresas. Digamos que la gestión sanitaria ha sido desde un principio, hasta en sus zonas oscuras, pro-empresa y pro-empresarios.   

El sustrato ideológico-normativo que alimenta la raíz de la ley es uno autoritario, segregador y represivo. Uno que no puede ver en el comportamiento social de los sectores populares, sino motivaciones rupturistas, provocadoras e insurrectas. Bajo su lente no existe el apremio por conseguir el sustento diario, el alivio del dolor, un trámite urgente, una cuenta impaga o, simplemente, la incomprensión de las incomprensibles reglas del estado de catástrofe. Es la lógica del poder, que desde los tiempos de Portales ha sostenido el orden social en Chile. La mecánica del garrote y la zanahoria, cuadrada, binaria y ur-fascista.

Esta ley, inconstitucional e ilegítima, se perderá en el tiempo como polvareda y simiente estéril.

20 de junio de 2020.

miércoles, 10 de junio de 2020

CONSECUENCIAS (ESPERADAS) DE LA IMPLEMENTACIÓN EN CHILE DEL MODELO ULTRANEOLIBERAL Y EL CONTEXTO DE PANDEMIA POR LA COVID-19


Oscar Osorio




Introducción

El modelo de sociedad de los últimos 40 años, basado en el ultraneoliberalismo, ha generado consecuencias inesperadas y perversas para la mayoría de la población. Incluso, más allá de las transformaciones que los gobiernos democráticos realizaron, en sus aspectos más bien secundarios, tanto porque no era posible por el peso excesivo de la derecha en virtud de la constitución del 80, como por cierta desidia y falta de voluntad política de su elite, no se modificó el núcleo central del modelo. La emergencia de la pandemia del Covid19 y lo errado de las propuestas diseñadas, no han hecho más que agravar estas consecuencias. Nos referimos básicamente a consecuencias perversas en los siguientes ámbitos: económicos-sociales, políticos y culturales.

1.      Económicas-sociales

La ineptitud de este gobierno para hacerse cargo de los problemas que ha generado la pandemia del Covid19, es de tal magnitud que ha sido incapaz de ponerse en los zapatos de los trabajadores del país. No le interesa, además, establecer empatía con los problemas de la gente. Esto aún cuando prácticamente el 50% de la población al año 2019 se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad, toda vez que, conforme a datos oficiales del INE, la mitad de los trabajadores de Chile, gana menos de $350.000 líquidos mensuales y el 50% de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de $170.000 (datos CASEN 2017) . Es decir, se sitúan, apenas por $5.000 sobre la línea de la pobreza ($165.000) Y esta vulnerabilidad ha aumentado  notablemente, con este evento sanitario externo que no sólo se manifiesta en las altas cifras de  cesantía, sino que fundamentalmente en la caída de la actividad económica, que ubicará inmediatamente a una gruesa parte de los trabajadores, bajo la terrorífica línea de la pobreza ($365.000 para un hogar compuesto por tres personas y $472.000 para un hogar compuesto por 4 personas).

Por qué, después de tres décadas de recuperación de la democracia, cuando se nos insistió que el crecimiento era condición fundamental para llegar a ser un país desarrollado y estable, cómo es que nos encontramos en esta situación de tan alta vulnerabilidad. ¿Qué sucedió con nuestro país con un PIB per cápita cercano a los 25.000 dólares? Bastó que ocurriera esta pandemia y todo el tinglado de cifras, promedios y equilibrios macroeconómicos, certezas económicas  y apologías al mercado, temblara y se viniera al suelo de manera estrepitosa. Aparentemente no habían cimientos, solo humo.

La respuesta está en la profunda desigualdad social y económica que existe en el país, a propósito de la concentración de ingreso y riqueza en el 1% más rico. Se trata de una dimensión que no mide la encuesta Casen, puesto que las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los ingresos de la población más acomodada. Para su medición se usan los registros tributarios, y para Chile estos datos muestran que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico.

Y este drama estructural, no leído ni menos asumido por las autoridades gobernantes,  para nada ha sido incorporado en las propuestas de solución, tanto en el tema de salud como en el económico. Al contrario, todo es mediatizado por el mercado, sea éste de vanidades y caridades (cajas de mercadería, profusamente amplificado por los canales de la televisión abierta), del trabajo, vía seguros de cesantía, o financieros vía préstamos ominosos de la banca, o bonos miserables del Covid. Pero en nada aparece la mano amiga del estado, que ante la incertidumbre y la caída abrupta, ayuda y protege. 

Entonces ahora, en medio de la mayor de la crisis sanitaria, social y económica de los últimos 100 años, nos percatamos que en Chile los frutos y las oportunidades del progreso no han alcanzado a todos por igual. Y que esta pandemia,  por supuesto no democrática, toda vez que tanto el número de contagiados y fallecidos, en un alto porcentaje, corresponden a personas que viven en comunas de más bajos ingresos. Aunque no exclusivamente, por supuesto. Porque lo que contemplamos, de manera dramática, es como ancianos mueren botados en conventillos y cites que creíamos eran parte del pasado y que, sin embargo, hoy proliferan no solo en las comunas del poniente o norte de la capital, sino que en todas aquellas catalogadas como de “clase media” (Santiago, Macul, Ñuñoa).

Entonces, los niveles de pobreza ya no están cercanos al 9%. En otras palabras, si las personas en Chile dependieran sólo de los ingresos del trabajo (que en su etapa de jubilación se refleja en el monto de las pensiones), 3 de cada 10 personas no superaría la línea de la pobreza; lo anterior permite ponderar de manera más precisa los resultados de la aplicación del “modelo” chileno, ya que el volumen de personas en situación de pobreza pasaría de 1,5 millones a 5,2 millones[1]. Esto es particularmente relevante toda vez que la población más afectada por los estragos de la pandemia es la perteneciente a la tercera edad. Por lo tanto, no podemos sino referimos a la situación de las pensiones, donde las palabras y conceptos recurrentes son pauperización, pérdida de status y de niveles de consumo; es decir, movilidad social descendente.

Tal situación, ha puesto al país de nuevo, como en las primeras décadas del siglo pasado, a hablar de la cuestión social. Es decir, pobreza, vulnerabilidad social y precarización. Ha quedado de manifiesto, cuando el manto de la “parca” se posa en los hombros de los abuelos, de los pobres, de los que arriendan piezas por años,  la incapacidad del sistema de AFP para dar respuesta a los dilemas de la seguridad social. Para eso no sirve, sí para transformarse en la base de sustentación del sistema financiero que sostiene, con recursos de los trabajadores, el modelo ultraneoliberal
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2.      Políticas

La pérdida de confianza en las instituciones políticas, tal como lo muestran las encuestas, particularmente en el Presidente de la Republica, es de una magnitud nunca antes conocida en el país, ya que apenas cuenta con un 6% de aprobación (CEP enero 2020) o un 20 o 25% de aprobación (CADEM junio 2020). En la misma paupérrima situación de adhesión se encuentran el Congreso y los partidos políticos. Lo anterior da cuenta de una absoluta desafección de las elites políticas del sentir de la mayoría del país. Cuando las instituciones políticas no son capaces de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía; cuando no se les asigna o reconoce la legitimidad para abordar y solucionar la crisis, como ha quedado de manifiesto con esta crisis sanitaria, es la democracia la que se resiente y quedan abiertas la puertas para cualquier intento populista, sea éste guiado por algún líder carismático o un grupo o partido u organización que se arme para tales fines.

El discurso populista apela a lo inmediato, a lo próximo, a lo concreto y a las certezas de una mayoría, de la multitud. Más aún cuando se trata de una multitud desesperada y desesperanzada, en donde cualquier solución, no sólo no puede esperar ni menos ser negociada, sino que debe implementarse de manera inmediata. En este sentido, el principal argumento usado por los populistas, es la demagogia. Por esta razón, cualquier acuerdo entre gobierno y oposición, debe tener un horizonte de tiempo limitado. Se trata de una acción coyuntural, cuyo único destino es enfrentar la pandemia, que la gente se quede en casa y luego un plan de ayuda para recuperar empleos. Pero esto, bajo ningún punto de vista, significa más de lo mismo: más mercado, más AFP, más Isapres, más soluciones “ominosas” de la banca.

Por esta razón es que nos interesa desenmascarar cualquier intento populista  de salida de la crisis, aprovechándose de la desesperación de la gente, que signifique no cambiar las bases del modelo ultraneoliberal. Sabemos que esta práctica consiste en identificar las preocupaciones de la gente y, para aliviarla, proponer soluciones fáciles de entender, pero difíciles de aplicar. A pesar de ser tan antigua como la democracia, la demagogia ha recibido un impulso impresionante a través de las comunicaciones de masas, fundamentalmente la televisión y particularmente las llamadas “redes sociales “e internet, ya que la difusión de la información escapa a todo control centralizado y al consenso democrático. Es decir, nadie se hace responsables por las consecuencias, ni menos por los contenidos de los discursos.

La demagogia y el populismo se ven fortalecidos ante la caída y desplome que ha experimentado la institución “Presidente de la República”. En efecto, hoy se encuentra absolutamente desfondada, sin respuesta ni empatía con el sentir de la ciudadanía, que exige cambios profundos. No sólo se llega tarde con medidas que previamente instituciones médicas habían insistido en que se implementasen, sino que todas las medidas se diseñan desde la perspectiva del pro mercado, dejando ausente todo vestigio de humanidad. Se está en presencia entonces de una suerte de tormenta perfecta: desconfianza en las elites, en el presidente y en todas las instituciones, la clase política gobernante principalmente oficialista, insistiendo en su plan de políticas públicas sin modificar mayormente el modelo, no respondiendo a la demanda mayoritaria. Sin embargo, esta desconfianza también alcanza a los partidos de la oposición. Es decir, nadie se salva. De esta manera, el país sin densidad democrática, sin tejido social, ni capital social, queda sin posibilidad de defenderse de un intento de refundación populista, que solo traerá autoritarismo, disfrazado de “orden”; más pobreza y concentración de la riqueza, disfrazada de “oportunidades para todos” y más precariedad, disfrazada de  “mérito y emprendimiento” y todo su fetiche adosado.

3.      Culturales

Asociado al tema de la desigualdad social, el país se ha venido estructurando en barrios y territorios altamente segregados y segmentados socialmente. Es decir, se trata de un país y barrios para nosotros (la elite) y otros varios países y barrios para los otros, los que no son como nosotros, los demás. El mercado se convierte en el único asignador de los privilegios y recursos, y la emergencia de la pandemia no ha hecho más que desnudar esta realidad. No es lo mismo vivir el confinamiento obligatorio y la cuarentena en los barrios de las comunas con más ingresos, que en aquellos donde el hacinamiento y la pobreza son la normalidad. Al respecto, basta un recorrido por los matinales de la TV abierta para percatarse de la realidad y de las conversaciones que allí ocurren, donde no existe mayor cuestionamiento al “modelo”,  que naturaliza realidades tan complejas como las situaciones de pobreza y hacinamiento que son explicadas con conceptos tan ideológicos como:” no ha habido esfuerzo, disciplina, merito, etc.” Donde, lamentablemente, salvo honrosas excepciones, los personajes de oposición no hacen más que legitimar, a través de sus “bufonescas apariciones”, el ideario político y comunicacional del gobierno. Sin hacer mención alguna que nuestra cotidianidad ha estado mediada por  un modelo de mercado desregulado e individualizado, obsesionado con el crecimiento, con el consumo, la competencia y la desigualdad.

Y cuando la autoridad sanitaria, de manera irresponsable y sin realizar ningún ejercicio de autocrítica nos traspasa a todos los chilenos la responsabilidad de no infectarnos con el virus, tratando de hacer una “verónica” a las erradas políticas previas, se olvida de que para quedarse en casa, se requieren ingresos dignos y no migajas. Pero también se olvida la autoridad,  al hacer mención a cierta irresponsabilidad de los chilenos por no respetar como se debe la cuarentena, que el modelo deseado de “no sociedad”, preconizado por ellos mismos, está basado en el individualismo llevado a su máxima expresión, que, junto con la codicia, la avaricia, el arribismo y la competitividad, constituyen los pilares ideológicos del modelo. Para ellos la sociedad no existe, solo el individuo, narcisista, que persigue el consumo de sus deseos sin importar nada. “Responsabilidad con los demás, solidaridad con los otros, ¿qué es eso?; para eso está el mercado genera instituciones donde cuidar a los mayores y abuelos. Es tarea de otros, no mía”, son las frases que se escuchan de manera recurrente. Por lo tanto ausencia absoluta de cohesión social, de un nosotros para enfrentar este flagelo.  Es decir, el ideal perseguido por los ultraneoliberales: Me rasco yo mismo con mis uñas. No necesito de nadie más.

Estos nuevos valores culturales han reemplazado a la austeridad, a las prácticas de ahorro, a la cultura del trabajo, al respeto por el otro y al optar por el camino correcto y no por el más fácil o por el atajo y que libera de responsabilidades e incluso de impuestos.

4.      Síntesis

Por eso ahora,  que en medio de la crisis  se llama a la unidad y solidaridad de los chilenos para enfrentar juntos esta difícil situación, el mejor homenaje a todos los muertos, a los dos mil y tantos y a los que seguirán aumentando por las anteriores decisiones erradas, donde claramente debe existir una responsabilidad, sino penal a lo menos política por estas decisiones, es iniciar el camino para la transformación del modelo. La pobreza y la reemergencia de la nueva cuestión social, la probabilidad cierta de experiencias populistas y el fenómeno de la segregación y segmentación territorial, como elementos de diferenciación social y cultural, que estuvieron en el centro del reclamo y de la rabia  que caracterizaron el estallido social, siguen estando presentes y se han agudizado aún más ante la incapacidad de este gobierno por enfrentar la pandemia. Lo único que han generado es una enorme fractura y divorcio entre la elite política, social y cultural y la gente.

Sin embargo, tenemos una gran oportunidad para comenzar a cambiar este estado de cosas. Hemos visto como se han instalado, a propósito de la incompetencia de las propuestas sanitarias, prácticas de solidaridad y apoyo en todos los barrios; prácticas donde el individualismo y competencias están ausentes; donde el egoísmo ha quedado relegado, lo mismo que las lógicas mecanicistas de conductas orientadas a obtener beneficios individuales sin considerar el destino de la comunidad. Hoy es tiempo de colaborar para enfrentar juntos esta crisis. Pero no debemos perder la posibilidad de generar un cambio, una transformación de este estilo de sociedad, a un nuevo sentido basado en lo social y no en el mercado, una solidaridad y una resignificación del estar y hacer en política. Donde no sea pecado hablar de comunidad ni de estado social, donde quede desterrado el concepto de subsidiaridad. Esta será la tarea de la post pandemia. Será el momento constituyente con sus metodologías y tiempos. Mientras tanto, para resistir, necesitaremos  de una nueva ética, “para sostener la indignación frente a los abusadores; para defender la libertad frente a los autoritarios. Una ética para la defensa de la autonomía personal y, al mismo tiempo, de todas las solidaridades colectivas. Una ética defensiva de guerrilla, frente a la ética ofensiva de guerra que nos quieren imponer los mismos de siempre. En fin, una necesaria ética de insumisión para vivir con dignidad[2]




[1] La pobreza del "modelo" chileno, la insuficiencia de los ingresos del trabajo y pensiones. Fundación Sol, Noviembre de 2018
[2] Etica y Pandemia. Adolfo Estrella (sociólogo y poeta), junio 2020. Com.pers. 




jueves, 28 de mayo de 2020

EL CISNE DE PALACIO

Rodolfo Fortunatti





El 27 de diciembre de 2019 un médico chino concluía que la covid-19 era infecciosa, y ya el 3 de enero China sabía que la epidemia era parecida al brote de SARS de 2002-2003. El 5 de enero la Organización Mundial de la Salud, OMS, dirigida por el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, juzgaba una reacción exagerada que Taiwán y Hong Kong empezaran a controlar la temperatura en los aeropuertos, y el 12 de enero anunciaba que la enfermedad no se transmitía de persona a persona, pero el 20 de enero, en la zona cero de Wuhan, confirmaba la presencia de 16 trabajadores infectados. Luego se opuso persistentemente a los controles de tráfico internacional. Y todavía en el mes de marzo el organismo desaconsejó el uso de mascarillas que, recién en abril, se vino a imponer a la población de Chile.

Siguiendo este comportamiento temerario, errático y extemporáneo de la OMS, el gobierno de Sebastián Piñera tardó 77 días en decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe, y solo después de que los principales actores políticos y sociales se lo exigieran de viva voz.

Ahora la creencia de que la covid-19 era una enfermedad nueva y, por lo tanto, de efectos inevitables, se alza como escudo protector para amparar la negligencia del único facultado ―porque detenta la suprema autoridad sanitaria― y con capacidad para organizar la acción colectiva de diecinueve millones de habitantes: el Gobierno.

En esta imputación de responsabilidades y deberes no hay paliativos morales, ni siquiera atenuantes científicos. Por el contrario, la falsa actitud de humildad, y no por ello menos banal, del «simplemente, no sé» con que cierta epistemología historicista busca justificar el récord mundial de contagios que Chile ostenta, solo contribuye a agravar la culpa. Las inicuas consecuencias humanas, sociales y económicas de la pandemia, eran evitables. El daño ocasionado pudo haberse impedido y el sufrimiento aliviado.

Desautorizar las advertencias que hicieron médicos y especialistas, con la falacia ad hominem de convertirlas en ficciones de cerebros mágicos o en especulaciones motivadas por agendas propias, es escamotear el hecho crucial de que la covid-19 no pertenece a la especie de fenómenos altamente improbables que causan sorpresa, gran impacto y que, tras su ocurrencia, son asumidos como predecibles por el observador. La pandemia de cólera de 1886 mató a cerca de 40 mil personas, lo mismo que la gripe española de 1918, mientras que en la influenza de 1957 murieron 20 mil ancianos y niños, y en todas ellas la autoridad activó fuertes medidas de protección y de distanciamiento social. Estos trágicos recuerdos perduran en la memoria de la salud pública chilena. Por eso, cuando el Colegio Médico recomendó en marzo la cuarentena total, lo hacía con conocimiento de causa y ponderación, a diferencia de Juvenal, el poeta romano de principios de la era cristiana que, comparando a la esposa perfecta con la presencia de un cisne negro, hasta entonces desconocido, escribió la clásica sátira «rara avis in terris, nigro quae simillima cygno», «un ave rara en la tierra, y muy parecida a un cisne negro». 

En Palacio hasta hoy se ha querido acreditar la teoría del cisne negro, cuya aplicación a la actual coyuntura su propio autor, Nassim Nicholas Taleb, ha refutado por no ajustarse a la naturaleza atípica y sin precedentes que se le atribuye a la pandemia. La afirmación general del epistemólogo libanés es que, si bien no sabemos todo sobre la covid-19, precisamente por carecer siempre de suficiente información para tomar decisiones, debemos recurrir a las mejores metodologías de cálculo y control de riesgos.

El pensamiento zahorí

No se puede calcular todo tipo de riesgos, escribió en 1921 el economista de la Escuela de Chicago, Frank Knight. Y tenía razón. Hay un riesgo inconmensurable que escapa a la previsión científica, y que, en honor al autor del hallazgo, se conoce como la incertidumbre knightiana. No es este el caso. Porque, incluso admitiendo que la pandemia y sus secuelas sean impredecibles, sobre todo a partir del relajamiento de los controles sanitarios provocado por los planes gubernamentales de Nueva Normalidad y Retorno Seguro, todavía sus riesgos políticos, sociales y económicos siguen siendo controlables.

Es cuestión de abrir las páginas internacionales para encontrarse con una abundante oferta de prospecciones acerca del destino de Europa, de la OCDE, de China y del orden económico mundial. Se sorprenderían nuestros emprendedores nativos al ver la propuesta de la Confederación de Empresas Suecas, Qué Plan de Recuperación para Europa como resultado de las necesidades de covid-19. Nada de autoflagelante, no obstante anticipar quiebras generalizadas y cierres de negocios, mayores tasas de desempleo, menores impuestos, finanzas públicas estresadas y eventuales brotes de proteccionismo; pero tampoco nada de autocomplaciente, aunque apueste por un plan claro, ambicioso y coordinado de recuperación de la Unión Europea para fomentar la inversión, promover el crecimiento y crear empleo.

¿Y acá en Chile? ¿En qué se está centrando el debate? Pues, en el rango de la recuperación económica durante el tercer trimestre, o sea, en la expectativa de que vendrán mejores y no peores tiempos.

Sin embargo, ¿a qué escenario nos quisiera llevar el pensamiento zahorí del cisne negro y de la incertidumbre knightiana? Primero, a uno en que se acepte sin matices el credo del «simplemente, no sé» porque, hasta que Willem de Vlamingh descubrió uno negro, la historia confirmaba la sola existencia de cisnes blancos, y conceder, cualesquiera fueren sus errores, generosas indulgencias a quienes han manejado la política sanitaria bajo la regla de la ignorancia. Segundo, a un tablado donde el mañana es incierto, pero no por la pandemia, sino por haberle puesto fecha 25 de octubre a un plebiscito constitucional que extiende su manto de incertidumbre knightiana sobre la recuperación del crecimiento y el restablecimiento de la paz social, tornando, por consiguiente, imperativo nacional el advenimiento de un pacto social.

Pactos sociales fueron los acuerdos de La Moncloa para transitar de la España franquista hacia una democracia representativa, parlamentaria y con mirada europea. Pactos sociales fueron los acuerdos de Concertación entre trabajadores y empresarios durante los primeros años de la transición chilena a la democracia tutelada y semisoberana que nos rige. Pero es evidente que no estamos en transición; no en el sentido de un cambio desde una tiranía a un régimen de libertades. Y si no estamos en transición y tampoco estamos hablando de un acuerdo de mínimos para enfrentar la catástrofe sanitaria y sus efectos sociales y económicos, entonces el pacto social sugerido es un sucedáneo del cambio constitucional y de la justicia pendiente por violaciones de los derechos humanos cometidas con ocasión del estallido social.

Es claro que no hay consenso sobre el contenido del pacto, que unos quieren para conservar el modelo y, otros, para fundar una nueva estrategia de desarrollo que altera las relaciones económicas y laborales, el régimen de pensiones, la propiedad de las aguas y los recursos naturales, lo cual está indisolublemente ligado al cambio constitucional y al nuevo rol del Estado revelado por la pandemia. Y es por eso, y no por otro motivo, que se recurre al juicio del pueblo soberano expresado en los plebiscitos de 2020 y 2021, cuando se renueve prácticamente toda la estructura institucional de nuestra democracia representativa.



jueves, 21 de mayo de 2020

HAMBRE EN CHILE


Rodolfo Fortunatti


El 7 de febrero marca el punto de partida de la política pública de combate a la covid-19. Ese día se decretó, con toma de razón de la Contraloría, una alerta sanitaria en todo el país que otorgaba facultades excepcionales al Ejecutivo para contratar personal y comprar insumos médicos.

Desde entonces han transcurrido más de tres meses, quince semanas exactamente, de crecientes barreras de acceso a la alimentación que se inician con los despidos, la suspensión de las clases y la reducción de los presupuestos familiares, el toque de queda y los controles al desplazamiento de las personas. Vendrán luego las cuarentenas selectivas, que obligan al cierre del pequeño comercio y prohíben las actividades económicas de subsistencia. Y las cuarentenas totales, que ponen la nota alta. La vigilancia es total y, en las zonas más deprimidas, empuja a la desesperación. «La gente llora porque no tiene qué comer», testimonia el alcalde de La Granja. Recordemos que los niños están confinados en sus hogares y necesitan comer. Pero hay quienes en su pureza doctrinaria dudan que esto sea cierto.    

Aunque la inflación de marzo y abril es prácticamente nula, lo es precisamente porque bajaron las ventas y los precios de cosas como el transporte y el vestuario cuyo consumo fue inhibido por la pandemia. Aquí la inflación de los pobres es siempre el uno por ciento más alta que la de los ricos. Tras los promedios se esconde la cruda estrechez doméstica de los sectores populares.

51 de los 76 alimentos y bebidas que concurren al cálculo del indicador entre ellos el pan, las hortalizas, las legumbres y las papas han elevado sus precios. Si a principios de año un kilo de pan costaba 1.500 pesos, luego, un kilo de pan al día por familia equivalía a 45 mil pesos mensuales. Si desde entonces el precio ha subido un 4%, significa que con la misma plata aquella familia compra un kilo menos de pan al mes por puro efecto inflacionario.

Y quizá para ese hogar el alza del costo de la vida es aún mayor que la registrada por el IPC. La Comisión Económica para América Latina ha llamado la atención sobre los errores de medición que podrían estar distorsionando la correcta elaboración de la tasa de inflación, especialmente en la detección de precios de los productos de primera necesidad que consume la población más vulnerable de la subregión. No olvidemos que el IPC es una encuesta de mercado. Cuando los encuestadores no consiguen los precios, por el cierre de los locales comerciales o por las propias limitaciones a su movilidad, los datos faltantes se imputan discrecionalmente al producto, y estos datos imputados pueden llegar a representar hasta el 40 por ciento de la muestra.

Dicho esto, la preocupación de la CEPAL debe ser tomada muy en serio, pues, en base a esta información se calcula el valor de la canasta básica de alimentos y se trazan las líneas de pobreza y de pobreza extrema que justifican la asignación del gasto social público en Chile. En otras palabras, en función de esta operación se decide quién es pobre y quien no lo es, quien tiene y quien no tiene derecho a la seguridad alimentaria bajo una Constitución que no consagra explícitamente los derechos fundamentales de la persona humana.

Hoy la Subsecretaría de Evaluación Social fija el valor mensual de la canasta básica de alimentos por persona en 46 mil pesos. Asimismo, clasifica como persona en situación de pobreza a aquella que percibe ingresos mensuales inferiores a 171 mil pesos, y como persona en extrema pobreza a aquella con ingresos por debajo de los 114 mil pesos. De este modo, un hogar de diez personas con un ingreso inferior a 857 mil pesos se halla en la pobreza, y uno de igual número de miembros, pero cuyos ingresos no alcanzan a 571 mil pesos, se encuentra en la pobreza extrema. Por eso, el Ingreso Familiar de Emergencia impuesto por el Ejecutivo y que empezará a pagarse a fines de mayo, resulta exiguo y tardío, como los dos millones y medio de cajas de ayuda. En junio, la gente que llora porque no tiene qué comer, percibirá 65 mil pesos, en julio 55 mil, y en agosto, en el momento más crudo de la crisis, 45 mil pesos. Esto es menos de lo que teóricamente se necesita para comprar una canasta básica de alimentos.

El Colegio de Nutricionistas y algunos alcaldes se han pronunciado a favor de regular el precio del carrito de alimentos esenciales. No es algo fácil de emprender en un mercado oligopólico como el nuestro, y Cencosud es el ejemplo más candente. La última palabra no parece estar en el Ministerio de Economía, sino en la cartera que postuló hacer de Chile una potencia agroalimentaria y donde precisamente está radicada la seguridad alimentaria de diecinueve millones de chilenos y chilenas. Esto es Agricultura.

La voz de los que sobran