jueves, 11 de febrero de 2021

Chile, un caso más de la “trampa de los ingresos medios “o Vulnerabilidad y Desigualdad insostenibles

 

Óscar Osorio

A 26 años de la partida de Don Bernardo Leigton G, ejemplo de generosidad,

altruismo, sentido patriótico y republicano, pero sobre todo, una gran convicción y compromiso democrático

 


Introducción

Una de las razones que se han esgrimido para explicar el malestar social que desembocó en el estallido del 18/0, ha sido la relacionada con la trampa de los ingresos medios. La teoría al respecto indica que este concepto, de carácter multidimensional, está compuesto principalmente de cuatro elementos[1]: problemas de competitividad, productividad y falta de dinamismo de las exportaciones como motor del crecimiento, por falta de diversificación de productos y destinos; debilidad de las redes de protección social; fallas en el mercado laboral y en la formación de capital humano; e instituciones frágiles o ineficientes.

 

Desde esta perspectiva, a principios de los 2000, el modelo de desarrollo chileno, basado en la producción y exportación de materias primas (cobre, vino, celulosa, frutas, pescados, etc.) comenzó una suerte de decaimiento. Recordemos que del punto de vista de los ingresos, los países de ingreso medio se definen como aquellos con un ingreso per cápita entre US$ 9.000 y US$ 22.000. Sin embargo, habida cuenta del amplio rango de ingresos, lo que caracteriza estos países, finalmente, es la incapacidad para generar crecimientos sólidos a lo largo del tiempo que permita sostener un mayor bienestar para la población y que requieren de instituciones estables, confiables para todos los sectores y trasparentes en su comportamiento y en sus objetivos.

 

Particularmente para algunos segmentos de las capas medias que pudieron salir del marco de la pobreza, como sería el caso de Chile, que entre los países latinoamericanos ha sido el que más rápido ha reducido sus niveles de pobreza. Este sector, que si bien es cierto ha experimentado una creciente movilidad social ascendente, también es importante recordar al respecto, que a más movilidad, mayores son las expectativas y aspiraciones de estos grupos, que se expresan en una tendencia al consumo de bienes cada vez más variado y sofisticados, aspiración a acceder a educación y salud privadas de mejor calidad y a la propiedad, incluso de la segunda vivienda.

 

Entonces, conforme a la explicación de esta mirada de la trampa de los ingresos medios, estas clases medias emergentes que perciben como sus aspiraciones de consumo ya no pueden ser satisfechas, generan reclamo, malestar e incluso ira. Dicho de otra manera, el modelo ya no les otorga las certezas que antes le daba, y estas nuevas inseguridades en su vida cotidiana los empujan al descontento, la protesta, la rabia y al cuestionamiento del sistema político y de convivencia.

 

Por lo tanto, desde esta perspectiva teórica, para retomar el camino del equilibrio y el crecimiento, bastaría solo con hacer ajustes en algunos de los cuatro factores o elementos. La pregunta que subyace: ¿Es tan simple resolver esta ecuación? ¿O el problema es más de fondo?

 

1.      El Estado ausente

 

La respuesta a las preguntas anteriores es que, por supuesto, (ya) no basta con resolver algunas ecuaciones o hacer ajustes por aquí o por allá. Se requiere de transformaciones profundas, particularmente con aquella concepción económica, ideológica y política, a nivel ya de axioma, de que lo mejor para que una sociedad prospere es dejar el funcionamiento de los mercados, libres de toda regulación. Esta situación no comenzó solo en los últimos años. Esta realidad tiene 40 años y se expresa en el momento en que nuestro país comienza a trazar la ruta por el ultra neoliberalismo: las llamadas modernizaciones estructurales[2]. En efecto, este avance del mercado hacia todas las esferas de la vida social, comienza a ser prefigurado por la feroz dictadura cívico-militar, y constituye el momento, de expansión de la lógica de mercado al conjunto de las relaciones sociales y, simultáneamente, de la reducción del Estado.

 

Por lo tanto, el retiro del Estado de las decisiones de futuro y el haber dejado que en estas decisiones relevantes de la economía sólo concurriera la mano invisible del mercado, impidió el desarrollo de instituciones que permitieran llevar adelante estrategias de crecimiento de largo plazo, de manera estable, confiables para todos los sectores y trasparentes en su comportamiento y en sus objetivos. Desde la perspectiva teórica de la “trampa de los ingresos medios”, se nos decía que un componente esencial para esquivar esta trampa es la calidad de las instituciones; que fortalecerlas y redefinirlas debe ser parte central de la agenda.

 

Por el contrario, lo que ha sucedido en el país, no es una redefinición de las instituciones económicas, menos un fortalecimiento. Recordemos el recorte de funciones que sufrió el SERNAC el año 2019, que en lo fundamental planteaba un aumento de penas, incluida la cárcel efectiva, para aquellas prácticas contrarias a la transparencia de la competencia. Por el contrario, lo que sí ha ocurrido es una gran concentración económica del poder empresarial y una falta de transparencia de las instituciones económicas. Esta “opacidad” en las reglas de la competencia de los mercados, genera, no solo estancamiento, sino que además un gran descuido por la innovación. De esta manera se favorece el “lobby”, la colusión y prácticas (en todos los ámbitos) que desfavorecen a los consumidores.

2.      Diversificación de exportaciones

Desde fines de la década de 1990, Chile se ha adherido a una serie de tratados de libre comercio (TLC) con países tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, destacando entre ellos los firmados con las principales economías del mundo: Estados Unidos, China y la Unión Europea. A la fecha a través de los tratados de comercio firmados, Chile actualmente posee libre acceso a los principales mercados en el mundo, alcanzando más de 4200 millones de personas distribuidas en los cinco continentes. Hasta la fecha se han suscrito 26 acuerdos comerciales con más de 60 países[3].

 

Las exportaciones mineras, con datos del primer semestre de 2019, representaron el 51,7% de los envíos totales del país, alcanzando 17.616 millones de dólares, donde se destaca el cobre y sus concentrados, conforme al COMEX del Servicio Nacional de Aduanas. En alimentos, Chile lideró las exportaciones mundiales de uvas, arándanos y cerezas frescas, ciruelas (frescas y deshidratadas), erizos de mar, filetes de bacalao de profundidad y algas de uso industrial. Los 3 principales destinos para los productos agropecuarios chilenos son: USA con 23,7%; China 19,8% y Japón con 5,7%. Estas exportaciones significaron, conforme a la misma fuente, alrededor de 17.000 millones de dólares.

 

Es decir, al menos en las cifras presentadas, el rol de las exportaciones y su diversificación como factor para enfrentar una “posible” trampa del ingreso medio, ha sido impecable. Sin embargo, hay -a lo menos- tres temas pendientes asociados al retiro del Estado de la escena política y económica y que ante un escenario de incertidumbres de toda índole, el mercado como instrumento de reemplazo para dotar de sentido la vida en sociedad, ha demostrado su incapacidad:

·         En primer lugar, la dependencia absoluta de posibles confrontaciones comerciales entre las potencias mundiales, tal como la que ocurrió recientemente entre China y USA. Lo anterior significa alinearse con algunos de los bandos, perdiendo de esta manera la autonomía comercial. Si bien es cierto este es un factor externo, la inexistencia de instituciones públicas relacionadas con el desarrollo económico de largo plazo, si incide en que se genere una mayor incertidumbre, entre los actores involucrados.

 

·         En segundo lugar, fundamentalmente asociado a la minería, pero no exclusivamente, aparece el tema de las manufacturas asociadas a las materias primas, particularmente cobre y litio. La industria extractiva no genera en el país productos con valor agregado de carácter industrial, con alto nivel tecnológico y de innovación que permita generar un crecimiento sostenido a largo plazo, más allá de la actividad “rentista”, tan de corto plazo. 

 

·         En tercer lugar, aunque más bien asociado al modelo de exportación no minero, es decir, el modelo “agro exportador” (Picisilvoagropecuario) que se sostiene en general sobre la base de ingresos que la mayoría de los trabajadores nacionales prefieren no realizar. Es por esta razón que, cuando producto del aumento del precio del cobre se elevan los salarios de los trabajadores, es prácticamente imposible encontrar mano de obra que trabaje en las diferentes faenas de recolección de fruta; corte y transporte de madera, o en la actividad de productos de exportación relacionados con la pesca. Esta es una de las razones del porque el mundo empresarial agro-rural, presionaba a los diversos gobiernos para implementar una apertura de frontera laborales. Al respecto, los sueldos en el sector de la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, dan cuenta de esta situación, donde las mujeres en promedio ganan $280.432 y los hombres, $418.625. Mientras que en la minería las mujeres en promedio ganan $809.553 y los hombres, 1.231.300[4], respectivamente.

 

Lo que sí es relevante mencionar, es que los ingresos generados tanto por la minería como por la actividad agroexportadora, sirven para agrandar el PIB del país, que debe andar por los 22 mil o 23 mil dólares per cápita. Aparentemente, según apreciamos en las cifras presentadas, este PIB no se refleja en los sueldos. Un colofón de carácter estructural respecto del modelo agroexportador: la absoluta dependencia de los mercados de destino respecto a la sostenibilidad de la industria. Basta a un evento asociado a temas de inocuidad, (real o no, por eso la fragilidad) para que todo el proceso se detenga. Tal como está sucediendo hoy con las cerezas chilenas y el principal mercado de destino de esta fruta: China.

 

3.      Formación de Capital humano

 

Haber dejado que el mercado ingresara a mejorar la calidad y competencia de la educación, no hizo más que fortalecer una correlación muy estrecha entre el nivel socioeconómico del estudiante y sus resultados escolares, lo que explica la reproducción de la desigualdad. Toda la artillería “conceptual” del modelo que hablaba del sacrificio, del mérito, de la libertad de elegir donde estudiarán los hijos, de la disciplina para obtener un título Universitario, que aseguraría una creciente movilidad ascendente, no fueron más que ilusiones, humo y mentiras. Esto significa que el neoliberalismo ha cobrado muy caro por las “ilusiones.

 

Esta (la educación y formación de capital humano) es otra manifestación de la incapacidad de la institucionalidad económica para generar una simetría entre una agenda productiva y otra social[5]. Ya que a partir del fundamentalismo de un discurso neoliberal, basado en la acción del mercado sin regulaciones, confiando sólo en la racionalidad de los actores, se coparon todos los espacios de la vida social, (incluida por supuesto la educación). Esta lógica expansiva, contó con el rol que asumió la disciplina económica, (neoliberalismo) y cómo se transformó en intolerante con ideas alternativas (aquellas que no glorificaban la perfecta racionalidad de los agentes económicos, ni la eficiencia absoluta de los mercados libres). Recordemos, sin ir más lejos, que la formación de economistas en el país, al menos durante los últimos 40 años, ha estado dominada por esta impronta neoliberal.

 

En el ámbito de la educación, considerada por las actuales autoridades del sector como función de consumo, el modelo indicaba (vendía) que hoy todos podemos llegar a ser profesionales universitarios. Es cierto, esto se realizó, pero este aumento de cobertura se realizó a costas de deudas de él (estudiante universitario de primera generación en su familia) y de sus familiares directos.  “Ha quedado de manifiesto que en un país clasista y excluyente, la integración prometida no funcionó”[6]. Es decir, la realidad hace imposible seguir ocultando el grito, el reclamo y malestar ante la incapacidad del modelo de satisfacer la promesa de la integración.

 

Un ejemplo de agendas complementarias, fue lo que pasó con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (presidente de Chile 1964-1970), en donde la agenda económica se articulaba de manera simétrica con la social ya que el Estado tomó un activo rol en la promoción del desarrollo económico, a través del control de la tasa de interés, y en la orientación de los créditos productivos hacia el desarrollo de la industria, es decir, inversión productiva.

 

En efecto, por ejemplo, la Reforma Agraria y “Chilenización” del cobre iban de la mano con programas de “promoción popular”, reforma educacional, potenciándose. De esta manera, fue posible financiar tanto un nuevo enfoque para estimular el gasto en ciencia y tecnología (1967 creación de Conicyt), como el mejoramiento de la cobertura y calidad del sistema educacional. En efecto, la reforma educacional permitió la construcción, entre 1965 y 1970, de alrededor de 3.000 establecimientos educacionales. Es decir, un establecimiento y medio al día.

 

4.      Trampa de Ingresos medios o Vulnerabilidad y Desigualdad insostenibles

 

Si la vulnerabilidad entendida como el riesgo de una persona o grupo a sufrir daño ante una eventual contingencia y la capacidad de aquellos de evitar o reducir el daño, la pandemia del Covid-19, nos ha dejado (y nos sigue dejando) un país y una sociedad absolutamente vulnerable. En efecto, en enero y febrero del año 2020 mientras las principales autoridades políticas y sectoriales del país insistían en lo bien preparados que estábamos para enfrentar la crisis; que nuestro sistema de salud estaba a un nivel de Europa (mejor que Italia incluso), desoían, de la misma manera, las sugerencias de expertos en salud pública y de diversas organizaciones científicas, respecto al tratamiento de la pandemia.  Hoy, a inicios de febrero de 2021, las muertes por la pandemia suman ya más de 20.000. Y de estos, en una gran mayoría, sobre un 80%, o más, corresponden a gente que habita en comunas y territorios pobres del país. Es decir, la pandemia no es democrática ni en su contagio, ni menos en su desenlace.

De esta manera tanto la vulnerabilidad, así como la incertidumbre se instalan de manera definitiva, más allá de la esperanza que constituye la vacuna cuyo proceso ha comenzado en estos días, toda vez que a la incapacidad del Estado (de este Estado neoliberal), para enfrentar los dilemas de salud pública y el confinamiento obligado, se le agrega la absoluta convicción ciudadana que la desigualdad social y económica que afecta a la sociedad chilena, es de carácter estructural. En este sentido, tal como lo dice el PNUD, “desigualdades sociales” se definen como las diferencias en dimensiones de la vida social que implican ventajas para unos y desventajas para otros, que se representan como condiciones estructurantes de la vida, y que se perciben como injustas en sus orígenes o moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas[7].

 

Y una de las principales causas de esta situación estructural está relacionada con los ingresos que reciben los trabajadores y trabajadoras chilenas. En un trabajo reciente, la “Fundación Sol” muestra los “verdaderos” sueldos de Chile: el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $401.000 y 2 de cada 3 trabajadores menos de $550.000 líquidos. Así mismo, solo el 19,4% gana más de $800.000 líquidos y el 84,8% de las mujeres que tienen un trabajo remunerado gana menos de $800 mil líquidos.  Entonces, lo que tenemos en realidad es que el 54,5% del total de ocupados en Chile, no podría sacar a una familia promedio de la pobreza (62% en el caso de las mujeres y 49% para los hombres) y 49,2% de los asalariados privados que trabajan jornada completa se encuentra en igual situación, lo cual da cuenta de los elevados niveles de precariedad que existen en el mundo del trabajo[8]

 

Es decir, se trata de un factor absolutamente desestabilizador del sentido de futuro e incluso del presente. ¿Cuál es la posibilidad de seguir estando “integrado” a la sociedad bajo el único instrumento de integración llamado consumo, con esta realidad de los sueldos? Nuestra impresión es que la posibilidad es bastante baja. Tal como se ha reconocido en estas líneas, nuestro país, de entre los llamados “emergentes”, ha sido el que más rápido ha disminuido sus niveles de pobreza. Sin embargo, también lo dice la teoría, mientras más rápido se reduce la pobreza, más familias ingresan a los estratos medios. Y la llamada “clase media emergente” es altamente vulnerable ante cualquier shock que afecte sus todavía precarios ingresos: enfermedad grave, desempleo, envejecimiento de miembros de la familia y fundamentalmente, tal como lo hemos padecido este último año, la pandemia del coronavirus.

 

Entonces a la pregunta de cómo se puede integrar la gente a la sociedad al consumo, con esta realidad de los sueldos. La respuesta es una sola: vivir endeudado o de la deuda. En efecto, se estima que en Chile cerca de 11,5 millones de personas están endeudadas, lo que equivale a más del 80% de los mayores de 18 años, de las cuales, 4,9 millones están morosos, vale decir, ni siquiera pueden pagar las deudas que han contraído.  Especialmente, el número de deudores morosos entre marzo de 2012 y junio de 2020 pasó de 1.390.127 a 4.959.145. El monto promedio de la morosidad es de $1.894.721[9]. La deuda se sigue acrecentado, ya que según el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, para el segundo trimestre del 2020, la deuda total de los hogares asciende a un 76,4% de sus ingresos disponibles anuales. Para el 2003, esta era del 38 %.

 

Y la deuda, al igual que los desenlaces fatales por Covid-19, no son para nada democráticos. El mismo estudio de la Fundación Sol ya citado, nos dice que en el Gran Santiago, las 9 comunas que presentan mayor nivel de personas morosas en relación al total de habitantes mayores de 18 años son: San Ramón, Lo Espejo, La Pintana, El Bosque, Cerro Navia, La Granja, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado y Conchalí. Es decir, todas comunas y territorios que concentran un mayor número de hogares que registran ingresos medios o bajos, y el porcentaje de personas morosas se ubica entre 51,3% y 43,8% de sus habitantes mayores de 18 años.

 

Asociado a estos elementos estructurales de los salarios y la deuda, en los últimos años ha surgido otro con mucha fuerza y energía: la situación de las pensiones. Este tema estuvo y está en el núcleo del malestar y reclamo hacia el modelo neoliberal.  Al respecto, la conclusión es una sola y contundente: el fracaso del modelo de las AFP en relación a la protección y seguridad social.

 

En los últimos 10 años, el sistema de AFP y Compañías de Seguros han más que duplicado el número de pensiones de vejez pagadas, finalizando el 2019 con más de 980 mil pensiones de vejez edad y vejez anticipada. Los resultados son concluyentes y desastrosos: A Diciembre de 2019, el 50 % de los 984 mil jubilados que recibieron una pensión de vejez obtuvieron menos de $202 mil ($145 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario (APS) del Estado).

 

Incluso, en el tramo de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, el 50 % recibió una pensión autofinanciada menor a $301 mil, valor equivalente al Salario Mínimo vigente al 31 de diciembre de 2019 e inferior al monto actual del Salario mínimo. Esta grave crisis previsional, se acentúa en el caso de las mujeres, ya que el 50 % de las 472 mil jubiladas por vejez, recibe una pensión menor a $149 mil ($138 mil si no se incluyera el Aporte Previsional Solidario del Estado) y la pensión mediana para quienes cotizaron entre 30 y 35 años, vale decir, casi toda una vida laboral llega a solo $287 mil, incluyendo el APS”[10].

 

Es cierto que nuestro país ha sido uno de los que más rápido ha bajado los niveles de pobreza. Usando la medida de pobreza introducida por el Ministerio de Desarrollo Social en 2013, y aplicándola a los datos históricos, se tiene que desde 1990 a la fecha el porcentaje de personas viviendo en la pobreza se ha reducido de un 68% a un 11,7%. Al 2018, antes del estallido social, la pobreza marcaba solo un 8,7%. Conforme a datos del PNUD, solo en los últimos quince años, el ingreso per cápita real de los hogares en el 10% más pobre de la población creció en un 145% real. Esto es, un hogar que el año 2000 tenía ingresos por $ 200.000 hoy percibe $ 490.000 (ambos cifras en pesos de 2015). Si bien el nivel absoluto de ingresos es aún bajo para una gran mayoría, el cambio relativo respecto del propio pasado es indudablemente muy significativo. Tal como se muestra en el gráfico a continuación:

 Gráfico 1 Desigualdad de ingresos 1990 a 2015

 


Fuente: DESIGUALES: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. PNUD junio 2017 Síntesis, página 21  

Todas estas cifras permiten entender lecturas e interpretaciones que hablaban de un sostenido proceso de crecimiento económico que nos estaba dejando en las puertas del desarrollo. A lo menos como algunos de los países de la OCDE. Incluso las alzas en los ingresos mostraban a través de los indicadores, que la desigualdad social, también venía bajando de manera sostenida. Sin embargo, el coeficiente de Gini, fórmula tradicional para medir los niveles de desigualdad, creado a principios del siglo pasado, ha demostrado cierta inutilidad ya que, un siglo más tarde, con la caída del muro de Berlín y la hegemonía del proyecto neoliberal a nivel global (desregulación, privatización, apertura irrestricta comercial y financiera, precarización laboral) es limitado para medir la complejidad de los actuales niveles de desigualdad.

 

 El Gini es útil, pero estadísticamente limitado y poco transparente. Establece una cifra que intenta capturar la desigualdad de una sociedad en su conjunto, pero es muy poco informativo sobre lo que ocurre dentro de esa sociedad[11].  En virtud de lo anterior, el destacado economista chileno, José Gabriel Palma, de la Universidad de Cambridge y de Santiago de Chile, creó un nuevo indicador para medir la desigualdad. La pregunta que Palma se hace es la siguiente: ¿Un país con Gini 0,4 es menos desigual que otro que tiene un 0,5? El problema, dice Palma, es que esta cifra es plana, pues no nos dice dónde la desigualdad es más pronunciada. ¿Se debe a una caída del ingreso de los más pobres? o ¿al aumento de los más ricos? Así surge el Palma ratio, cuando se compara la desigualdad entre países, nunca se debe a lo que sucede en el medio de la población, es decir, en lo que se lleva la mitad que se ubica en el medio y el medio alto, deciles 5 a 9 del ingreso".

 

Esa mitad, conforme a los análisis de Palma, se lleva algo muy cercano a la mitad del ingreso de una sociedad en casi todos los países, sean ricos o pobres, grandes o chicos, democracias o dictaduras, tengan o no recursos naturales, un buen nivel de educación o de gobernabilidad", agrega. Toda la gran diversidad distributiva en el mundo se debe a lo que pasa en la otra mitad de la torta. En específico, lo que se lleva el 10% más rico", señala Palma[12].

 

Lo anterior permite entender de mejor manera el fenómeno de la concentración económica empresarial para el caso de Chile. Un rasgo central de la desigualdad en el país es la concentración de ingreso y riqueza en el 1% más rico. Es una dimensión que no mide la encuesta Casen, puesto que las encuestas de hogares subestiman o no logran registrar los ingresos de la población más acomodada. Para su medición se usan los registros tributarios, y para Chile estos datos muestran que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población. A su vez, el 19,5% del ingreso lo capta el 0,1% más rico.

Grafico 2 Concentración Ingreso


Fuente: DESIGUALES: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. PNUD junio 2017 Síntesis, página 22.

 

Es por esta razón, como se demuestra en el gráfico N° 1 del PNUD, que en una de sus columnas incorpora el “Palma ratio”, es muy barato para los países de ingreso medio y particularmente medio alto (como sería el caso de Chile) sacar a la población o, a parte significativa de ella, de la situación de pobreza.  Sin ir más lejos, todo el plan Bolsa de familia en Brasil que sacó de la pobreza a muchas de las 13 millones de familias que beneficiaba costó 0,5% del PIB por año[13].

 

Es lo que sucede, por ejemplo, si se compara a Corea del Sur con Chile. Corea llega a un Gini de 30 en su ingreso disponible (o un Palma ratio apenas superior a 1) gastando lo mismo que Chile en protección social (11% del PIB). Sin embargo, en Chile, con ese mismo gasto, apenas llegamos a un Gini de 48 aprox. (o un Palma ratio de 2.8). Es decir, la acción estatal resulta muy insuficiente para revertir la elevada desigualdad de ingresos que caracteriza al país. De esta manera, Chile subsidia la desigualdad por partida doble: permite que se distorsionen los mercados a gusto para llegar a una distribución-mercado que no tiene nada que ver con un “mercado” de verdad, pero no se gravan esos ingresos como para al menos llegar a una distribución del ingreso disponible más civilizada.

 

Recordemos que los impuestos, las transferencias monetarias y los mecanismos de seguridad social reducen la desigualdad. Las transferencias del Estado y el impuesto a la renta redujeron la desigualdad de ingreso en cinco puntos porcentuales del coeficiente de Gini en 2015, desde 52,6% a 47,6%. Es decir, 11 puntos del PIB para bajar apenas casi 5 puntos del Gini.  Este potencial redistributivo ha aumentado principalmente por la puesta en marcha de las pensiones solidarias en 2008, que hizo crecer significativamente el volumen de recursos transferidos a los hogares vulnerables del país. Ya vimos en el punto anterior el peso de la APS en el total de la pensiones.

5.      Conclusión

En síntesis, pensiones miserables, sueldos indignos, deudas asfixiantes, incertidumbres y pérdida de sentido de futuro, generan una sensación de desigualdad social insoportable. Si reducir la pobreza es relativamente barato, cambiar la desigualdad, y sus razones estructurales, es otra cosa. Se requiere de una gran voluntad política. Ello necesariamente pasa por cambiar la estructura tributaria, como en la OCDE, por reducir la evasión y elusión de impuestos, aumento de los salarios, mayor formalización del trabajo, mayor transferencia a los pobres. Es decir, no se trata de ajustes a algunos de los componentes del concepto multidimensional de “países de ingreso medio”: Se trata de transformar el modelo neoliberal de crecimiento económico.

 

Sin embargo, no será fácil jugar este partido. Este es el desafío que nos plantea la convención constituyente.   Este partido será particularmente complejo toda vez que las bases del malestar, descontento o desplome del modelo, seguirán estando vigentes mientras se juega el partido. Es decir, no ha habido modificación alguna al sistema de salud, las AFP siguen pagando pensiones miserables, las elites empresariales, sus privilegios y prebendas nos continúan asombrando, etc., etc.

 

Se requerirán, por lo tanto, ejercicios de generosidad, altruismo y de un gran sentido patriótico y republicano. Lo que se viene no es menor y tiene que ver de qué manera los dilemas, desafíos y limitaciones del sistema democrático, los resolvemos con más democracia y no con menos. Es mucho lo que está en juego como para dejar que la desmesura y las consignas del todo o nada, se adueñen de la cancha. Pero tampoco la crisis se resuelve con más de lo mismo.

 

Será necesario construir rutas participativas, incluyentes, de cambios y reformas indispensables y otras más adjetivas que incorporen horizontes de tiempo para su implementación.  El país tiene memoria de experiencias que significaron reformas profundas, cambios, participación social, fortalecimiento de modelos cooperativos, presencia del Estado acompañando y diseñando futuros. A esa memoria tenemos que apelar.

 

Compatibilizar entonces, “hasta que la dignidad se haga costumbre”, con más y mejor democracia, es el objetivo, el camino y la ruta. La dignidad sólo en democracia se hace costumbre. La pregunta es: ¿estará la clase política, la oposición y la centro izquierda dispuesto a asumir este desafío? La respuesta a esta pregunta está abierta.

 

Oscar Osorio Valenzuela

Febrero 06 2021

 

 

 

 

 

 

 



[1] Alejandro Foxley. “La trampa del Ingreso medio: El desafío de esta década para América Latina”. Ediciones Cieplan, agosto 2012.

[2]"Las siete modernizaciones" fue el nombre con el cual se conocieron en Chile las reformas estructurales llevadas a cabo desde 1979 por el gobierno militar, diez años antes de que el denominado "Consenso de Washington" las identificara y promoviera como la ruta a seguir para los países con problemas de deuda externa: disciplina fiscal, recortes al gasto público, reforma tributaria, liberalización financiera, fijación de un tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación y protección de los derechos de propiedad.

[3] Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Julio 2019

[4] Fundación Sol, “Los Verdaderos Sueldos de Chile: Panorama actual del valor de la fuerza de trabajo, usando la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del año 2019, noviembre 2020.

[5] Una excelente reflexión acerca la necesidad de generar simetrías entre lo económico y lo social, en: José Gabriel Palma, “Chile en su Momento Gramsciano” y las limitaciones de una salida tipo nueva socialdemocracia europea, CIPER 19/10/2020.

[6] Entrevista al destacado sociólogo de la Universidad de Chile, Manuel Canales. La Tercera Domingo, 29 de agosto 2020

[7] DESIGUALES: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. PNUD junio 2017 Síntesis, página 18                                                    

[8] Fundación Sol, op-cit, resumen ejecutivo, página 3

[9] Fundación Sol, op-cit, página 20

[10] Fundación Sol, Pensiones bajo el mínimo:” Los montos de las pensiones que paga el sistema de capitalización individual en Chile”, Recaredo Gálvez Carrasco y Marco Kremerman Strajilevich, documento de trabajo, junio 2020, resumen página 5

[11] El cálculo va de cero a uno. El cero significa que todos los miembros de la sociedad tienen exactamente el mismo ingreso (igualdad absoluta), mientras que el uno significa que un solo miembro de esa sociedad se lleva todo el ingreso. Entre estos dos extremos se colocan todos los países

[12]Palma ratio”, el índice de un economista chileno, José Gabriel Palma, que revela el lado oculto de la fuerte desigualdad, en América Latina, BBC mundo, 23 junio de 2016

[13] América Latina, BBC mundo, 23 junio de 2016

 

 

miércoles, 30 de diciembre de 2020

lunes, 26 de octubre de 2020

El escenario socio-económico, la situación de Pandemia, el Plebiscito del 25 de octubre y los desafíos de la centro izquierda

Oscar Osorio




 

1.      El escenario actual 

La pandemia del Covid-19, ha afectado, qué duda cabe, prácticamente a todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región caerá a niveles de hace 120 años. La revisión proyecta que en 2020 la zona verá una disminución del 9,1%. En efecto, América del Sur será la más afectada en la caída del salario con 9,4%, por delante de Centroamérica y México con 8,4%. Se prevé que el desempleo suba a 13,5%, la pobreza llegue al 37,7% y se confirme a la región como la más desigual. La entidad considera que el continente perderá 10 años “en términos económicos”. Además considera que retrocederá 15 años “en términos sociales”[1].

La comisión de ONU observa que los sistemas de salud deficientes, la elevada informalidad laboral y magros sistemas de protección social, dificultan la recuperación ante la crisis sanitaria. Por esa razón los economistas de la Cepal llaman a olvidar las estrategias de ajuste y piden planes fiscales y monetarios expansivos.

Chile, no está ajeno a este drama. Más aún, la pandemia ha desnudado déficit que creíamos superado: niveles de hacinamiento, vulnerabilidad social y una profunda desigualdad territorial que ha significado que del total de fallecidos a la fecha (18.000 aproximadamente),  cifras cercanas al 90% corresponden a personas que habitan comunas y territorios populares. En este sentido, contrario sensu al discurso oficial, el virus es absolutamente antidemocrático.

De esta manera, para  Chile la entidad considera que la caída de sus finanzas será de -7,9% del PIB. Las estimaciones más drásticas de la Cepal son para Venezuela (-26%), Perú (-13%), Argentina (-10%), Brasil (-9,2%) y Ecuador (-9%).

2.      Las medidas del Gobierno

Absolutamente todas las medidas económicas y sociales, diseñadas e implementadas por el gobierno para enfrentar la crisis, relacionadas con reactivación fiscal, mayor gasto y reasignaciones, alivios tributarios y mayor liquidez, han sido no sólo insuficientes, sino que extemporáneas, reducidas y de difícil acceso (excesiva burocracia y serios problemas logísticos) en atención al discurso “oficial de la focalización”, v/s” la universalidad” requerida por la mayoría de los actores políticos. Tanto así, que el parlamento, con votos incluso  de parlamentarios del oficialismo, logró aprobar el retiro del 10% de las platas que las personas tenían ahorradas en las AFP, justamente como una medida para que la mayoría de las personas afectadas por los problemas económicos derivados de no poder trabajar, tuvieran algo de liquidez. Medida que requería Cuorom Calificado (2/3) para ser aprobado, por lo que se necesitaba en ambas cámaras de votos de parlamentarios del oficialismo, situación que finalmente ocurrió.

De esta manera, lo que en un primer momento fue sumamente resistido no solo por las autoridades políticas y sectoriales del gobierno, sino que también por técnicos y economistas de la oposición, lo que habla (quizás) de la estrechez de paradigmas respecto de la formación de las escuelas de economía en las diversas Universidades del país,  finalmente resultó un gran impulso a la actividad económica del país y se hizo con los recursos de los propios trabajadores. 

3.      Cómo enfrentar este escenario de restricción y estrechez económica

Ante la caída de -7.9% que tendrá el PIB del país, es poco el espacio y margen de acción del gobierno en este último trimestre. Lo más seguro que se genere  (o debería generarse) un gran impulso a la generación de empleos con recursos públicos. Para tales efectos, existe memoria en el aparato de gobierno ya que tanto en la crisis asiática de 1998-2000, como en la crisis sub prime de 2008, hubo un fuerte impulso a la generación de empleos a través de diversas obras fiscales. Sin embargo, tal como lo presenta la CEPAL, esta crisis será de significativa  mayor proporción a las anteriores crisis, razón por lo cual la respuesta del Estado debe ser también muy contundente.

Ministerios como Obras Públicas (MOP), trabajando en el mejoramiento de la conectividad, (a través de sus obras de vialidad) por ejemplo en sectores rurales (particularmente en territorios y comunas con población indígena),  en la construcción de puentes o en obras de mayor envergadura como embalses, puertos, etc., etc.; Vivienda, propiciando políticas para la construcción de viviendas en territorios rurales y también en comunas urbanas; Agricultura, con sus servicios, particularmente la Conaf, en tanto Corporación privada, puede recibir recursos desde la Dipres e implementar en todo el país, planes de empleos relacionados con algunas de las acciones de la corporación forestal. Esto es lo que se espera para este último trimestre de 2020.

4.      El momento constitucional

En este escenario de incertidumbre, desempleo, pobreza, más y profunda vulnerabilidad, generada tanto por la pandemia como por las desigualdades estructurales de la economía,   se realizará el plebiscito del 25 de octubre. Tal como indican los análisis y predicciones electorales, la opción “apruebo” concitará una gran mayoría, lo mismo que la “convención constituyente”. Este momento constituyente es la única ruta posible para solucionar la crisis del 18/0, que expresó, de manera categórica (y dramática también) que el modelo (ultra) neoliberal había perdido toda legitimidad y que el pueblo, organizado se había expresado con absoluta claridad: no queremos más de lo mismo.  Este es un consenso claro. Sin embargo, en virtud de la pandemia y fundamentalmente de los factores políticos (fragmentación de la oposición) no existe claridad si este momento constitucional llevará finalmente a un nuevo proyecto de sociedad y cuales serías sus contornos, contenidos y ejes. Hasta ahora solo existen variados ejercicios de  imaginería acerca de lo que podría constituir un nuevo modelo.

5.      El contexto para la reactivación económica

Mientras se desencadena este proceso constituyente, habrá que hacerse cargo (vacuna covid-19 mediante) de la reactivación económica del país. Sin embargo, subyacen dos grandes variables estructurales,  además de un elemento político-ideológico, que irán definiendo los alcances y focos de la reactivación. Nos referimos a lo siguiente:

En primer lugar, a la absoluta e irremediable deslegitimidad del modelo de desarrollo (ultra) neoliberal, que, dicho en palabras muy simples, se basa (ba) en la idea según la cual la búsqueda de la felicidad y la buena vida, será siempre un asunto autorreferencial que cada individuo debe llevar a cabo por su cuenta. Es decir, el “yo puedo solo” (donde no existe la sociedad) importando nada o lo mismo si el infortunio afecta a los demás. La pandemia y sus devastadores efectos ya expresados aquí, nos han mostrado que si no hay comunidad, si no hay colaboración e incluso reciprocidad, es imposible salir en soledad, “por las propias” o “por las mías”.

En segundo lugar, y en mismo nivel de relevancia que el punto anterior, el desfonde paulatino y sostenido de la institución “Presidencia de la República”. El punto ha sido tratado por innumerables columnistas y claramente afecta a un país excesivamente presidencialista como el  nuestro. Ambos elementos estructurales limitan no sólo la  confianza social, sino que toda posibilidad de creer en planes, programas y políticas de reactivación que provengan de estas instituciones.

En tercer lugar, como elemento político-ideológico, ¿qué rol asumirá el ethos empresarial chileno?, que se caracteriza, entre otras dimensiones,  por la gran concentración económica del poder; la falta de transparencia de las instituciones económicas, por lo tanto opacidad en las reglas  de competencia de los mercados, que les han permitido ocultarse detrás del lobby, para que los grandes grupos económicos mantengan sus ventajas.

Esta gran concentración económica ha venido generando  una sobrerrepresentación de los grupos empresariales y de las elites en los espacios de toma de decisiones políticas, situación que tiene evidentes problemas de legitimidad, pues transmite muy claramente un sentido de desigualdad en la influencia que los grupos más privilegiados pueden ejercer. Y contra este tipo de privilegios de la elite económica, social y política, el país se ha pronunciado de manera elocuente. No sólo no les creen, sino que los responsabilizan como uno de los causantes de la crisis, particularmente del 18/10. La pregunta al respecto es la siguiente: ¿será posible que este empresariado inicie un camino, por cuenta propia, de modernización que permita regular los mercados  y hacerlo desde la perspectiva de los consumidores?, donde el sentido de la competencia no sea acabar con el otro y mantener privilegios y poder, sino que fomenten iniciativas de innovación y servicios pro-consumidor.

6.      ¿Qué políticas para la reactivación?

Si la respuesta a la pregunta anterior, tiene una respuesta en la línea de la reflexión final, es señal de que efectivamente el empresariado y las principales autoridades del sector económico, han escuchado el clamor del pueblo. Sin embargo, de manera lamentable, (fatalmente lamentable) las principales autoridades del sector y los representantes de las organizaciones empresariales, han dado la señal equivocada. Lo que pretenden es financiar los gastos de la reactivación con los recursos de los trabajadores. Ya está rondando la idea en el parlamento y no faltarán quienes realmente crean que subir uno o dos puntos el IVA sea una medida justa y no regresiva.

Se olvidan que la principal agencia económica en el mundo, de inspiración neoliberal, el FMI, modificó su discurso ortodoxo al pedir a los gobiernos que sumen impuestos para los más ricos. La recomendación busca que los estados amplíen su recaudación y ayuden a los sectores más afectados por la crisis que deja la pandemia. Incluso hablan de  “la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. Más aún, la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva, recalcó que retirar “los apoyos de manera prematura: podría provocar una ola de quiebras y un gran aumento del desempleo”. La titular comentó que los gobiernos deben “adaptar el sistema fiscal para adaptarlo al mundo del siglo XXI y hacerlo más equitativo”.

7.      ¿Qué hará la oposición ante esta disyuntiva?

Con un gobierno desfondado, con una crisis de legitimidad terminal del modelo, con una demanda social, sin articulación de partidos políticos, sin mediación organizada, (como nos recordó de nuevo este18/0, con “funas” a cualquier atisbo de llevar las aguas del descontento a “mi molino”), la oposición debe ser capaz de jugar en todas los espacios, en todas canchas y hacerlo de manera impecable (situación que hasta ahora no ha ocurrido).

El primer partido y la primera cancha será este 25 de octubre, donde toda la oposición deberá usar de todo sus aparatos y recursos para que el apruebo y convención constituyente obtengan un claro triunfo. El segundo partido se comenzará a jugar inmediatamente después del plebiscito y será el de comenzar con el proceso constituyente que finalmente derive en una nueva carta fundamental sin ataduras autoritarias, que deje atrás las ideas de Estado subsidiario y que sean reemplazadas por las ideas de un Estado Social de Derechos. Un tercer partido, quizás el más relevante y complejo, será el de comenzar a dibujar los contornos de lo que debería ser el nuevo proyecto, el nuevo modelo que reemplace al actual modelo de desarrollo (ultra) neoliberal. Este partido será particularmente complejo toda vez que las bases del malestar, descontento o desplome del modelo, seguirán estando vigentes mientras se juegan estos partidos. Es decir, no ha habido modificación alguna al sistema de salud, las AFP siguen pagando pensiones miserables, las elites empresariales, sus privilegios y prebendas nos continúan asombrando, etc., etc.

Se requerirán, por lo tanto, ejercicios de generosidad, altruismo y de un gran sentido patriótico y republicano. Lo que se viene no es menor y tiene que ver de qué manera los dilemas, desafíos y limitaciones del sistema democrático, los resolvemos con más democracia y no con menos. Es mucho lo que está en juego como para dejar que la desmesura y las consignas del todo o nada, se adueñen de la cancha. Pero tampoco la crisis se resuelve con más de lo mismo.

Será necesario construir rutas participativas, incluyentes, de cambios y reformas indispensables y otras más adjetivas que incorporen horizontes de tiempo para su implementación.  El país tiene memoria de experiencias que significaron reformas profundas, cambios, participación social, fortalecimiento de modelos cooperativos, presencia del Estado acompañando y diseñando futuros. A esa memoria tenemos que apelar.

Compatibilizar entonces, “hasta que la dignidad se haga costumbre”, con más y mejor democracia, es el objetivo, el camino y la ruta. La dignidad sólo en democracia se hace costumbre. La pregunta es: ¿estará la clase política, la oposición, la centro izquierda dispuesta a asumir este desafío? La respuesta a esta pregunta está abierta.

 

Oscar Osorio Valenzuela

Octubre 20, 2020

 



[1] Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19. CEPAL, octubre 2020