Una patria
multicultural: elementos para entender la “deuda histórica del estado chileno
con los pueblos originarios (particularmente mapuche) y la responsabilidad de
las elites y la dirigencia social en su resolución”
Óscar Osorio
I. Introducción. Elementos históricos para
entender el concepto de “Deuda Histórica”
Durante el tiempo de la
colonia, las relaciones políticas, sociales e incluso las de carácter militar
de las autoridades de la capitanía de Chile con el pueblo mapuche, tendían a
ser relativamente simétricas. Cuestión no menos importante, ya que desde una
lógica de superioridad es imposible resolver conflictos. El dialogo ocurre
entre iguales. Más allá de que estaba claro quién era el invasor y quien el que
defendía su territorio. Sin ir más lejos, los acuerdos de paz que se llevaban a
cabo a través de los parlamentos, institución que era respetada por todos y
donde la autoridad oficial española, ya sea el gobernador o su representante,
se sentaba a discutir con las autoridades tradicionales del pueblo mapuche elegidas
para tales fines (Lonkos, Futa Lonko y Toquis), de igual a igual. El pueblo
mapuche usaba su capacidad de llegar a acuerdos a través del Koyangtun y el nutram. Es decir,
parlamentar y conversar respectivamente. En esta conversación-discusión que podía
durar varios días se consensuaban los términos de referencia de los acuerdos y
una vez que acordaba algo, no sólo era respetado por ambas partes, sino que
además se celebraba con diversas manifestaciones y banquetes, que también
podían durar varios días.
De esta manera, se
realizan 28 Parlamentos entre 1641 y 1803,
con la Colonia Española. Entre los Parlamentos más importantes y relevantes se
encuentran el parlamento de Quilín en 1641 y en 1647 y posteriormente en
Negrete en el año 1726.
También el naciente estado chileno implementó estas prácticas con el pueblo
mapuche. En efecto, en el año 1823 se realiza el parlamento de Yumbel y en
1825, el parlamento de Tapiwe. Es decir, el pueblo mapuche no sólo pelea contra
los imperios Inka y español, respectivamente, que es la característica que más
se conoce de este pueblo, sino que además dialoga, conversa y cree en el poder
de la palabra. Esta capacidad de diálogo, es la menos conocida del pueblo
mapuche. Es por esta razón que, incluso en el amanecer de la República se
mantuviera la tradición de los parlamentos. Sin embargo, a partir de la década
de 1840, esta situación comienza a ser dramáticamente transformada por la elite
criolla, sobre todo por la influencia de la exportación del trigo a California,
que requiere día a día de más tierra para este cultivo y que ve en estas
tierras (ahora ocupados por bárbaros) una oportunidad para aumentar su
producción.
Comienza a instaurarse
entonces una relación asimétrica entre las autoridades del estado chileno con los
pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, que caracterizará
prácticamente toda la vida republicana. En lo fundamental se ha tratado de
imposición de modelos, imágenes, estilos de desarrollo y convivencia, asociados
a la élite criolla, donde la política del estado fue la de chilenizar, con toda
la fuerza de la ley y la razón a los habitantes de la nación. No había espacio
para las individualidades e identidades ajenas al ser chileno. Ya la autoridad
no se sentaba a “Parlamentar”. Ya no bastaba la palabra, ni el acuerdo
celebrado.
Más aún, en el contexto
de las comunidades mapuches asentadas en “su” territorio, la nueva autoridad
del estado aparecía fragmentada en el ejercicio de su poder: una autoridad
promete algo; otra nueva la desautoriza; si el intendente, gobernador,
parlamentarios, a veces estaban de acuerdo en determinadas cuestiones, la
autoridad nacional no y viceversa. Y así, a través de la ley y sus
representantes (más bien leguleyada), y sobre todo por la influencia cada día más
marcada por el caudillismo asociado a las esferas del poder de los nuevos
hacendados, que comienzan a tener gran protagonismo en la zona (incluso más que
la autoridad del territorio), se van corriendo los cercos; se firman ventas y
compras de tierras a través de contratos espurios y fraudulentos. En síntesis, se desaloja de la tierra (“de su
tierra”) a “estos” no productores.
La tensión existente era
muy simple: la civilización requería de leyes, de firmas, de contratos, de
títulos de la tierra, de formalidades.
Lo contrario, se llamaba barbarie. De esta manera se prepara la
“pacificación de la Araucanía”, a través del ingreso del ejército a partir del
año 1861 y hasta 1893. Así, el “territorio” mapuche de la Araucanía, ubicado
entre los ríos Biobío por el norte y Toltén por el sur, pasa a ser del estado
chileno sin más. A los mapuches se les reduce en escasas tierras y de mala
calidad, a través de los títulos de merced y de comisariato. Por supuesto sin
apoyo estatal, a diferencia del apoyo que el mismo estado les entregaba a las
familias extranjeras que comenzaron a colonizar parte importante de este
territorio: alemanes, suizos, franceses, que traían a este territorio ocupado
por bárbaros, la civilización. Es decir, es el estado chileno que, a partir de
esta fecha, con todo su aparataje cultural y peso de la ley no incorpora la
diferencia con todos sus matices; por el contrario, fuerza la integración a
través de la asimilación de la historia, cultura y códigos comunicacionales
construida por la élite de la sociedad chilena.
El “otro” (la mujer, el
campesino, el obrero de la minería, etc.) no existe: Por supuesto menos el
indígena. Así, entre 1884 y 1931, tal como lo consigna la Comisión Verdad y
Nuevo Trato ya citada, la fase que caracteriza al estado con los pueblos
originarios es de “asimilación forzosa”. En
definitiva, es la negación del propio rostro a favor del extranjero (por
supuesto blanco y europeo)
II.
El rol del estado en el siglo XX
El siglo XX, no cambia
mayormente el estado de cosas. Es cierto que la hegemonía de la oligarquía
comienza a ser cuestionada sostenidamente por la emergencia de diversos y
nuevos actores: clases medias asociadas a la burocracia estatal; emergente
clase obrera y partidos políticos asociados a estos fenómenos (partido radial,
socialista y radical). Sin embargo, la temática indígena no es preocupación ni
del estado ni de las elites. Y, más allá de esporádicos episodios
organizacionales, no es sino hasta 1964, con el advenimiento de la Democracia
Cristiana al poder y particularmente con la promulgación e implementación de la
ley N° 16.640 de Reforma Agraria, que la temática indígena (asociada a lo
rural) comienza a tener una mayor connotación comunicacional a partir de
algunas expropiaciones de predios que son entregados a comunidades mapuches.
Luego, con la profundización de este proceso en el gobierno de la Unidad
Popular, se comienza expropiar más cantidad de predios, para ser entregados a
comunidades mapuches, pero que, habida cuenta del golpe militar, no se alcanzan
a terminar los procesos burocráticos (Inscripción en Bienes Nacionales y otros
trámites) y posteriormente son devueltos a sus antiguos dueños y/o vendidos a
muy bajo precio a las incipientes empresas forestales ya presentes en la zona.
III.
El conflicto con las empresas
forestales
Una parte importante del
actual conflicto con las empresas forestales, se debe justamente a esta
situación, ya que de las cerca de 400 mil hás, que
fueron traspasadas a la CONAF, a lo menos 337.324 has eran expropiadas. Es
decir, habían sido entregadas a comuneros y campesinos mapuches en forma de
asentamiento o centros de reforma agraria (CERA). Recordemos que la ley de
Reforma Agraria N° 16.640 disponía originalmente que los terrenos de aptitud
“exclusivamente” forestal fueran entregados a cooperativas de campesinos y por
excepción a CONAF, para integrar el patrimonio forestal del Estado. Sin
embargo, como se ha podido constatar a través del proceso de Contra Reforma
Agraria, implementado por la dictadura cívico-militar, la ley se modifica en
dos sentidos:
En primer lugar, el concepto
de “exclusivamente” se cambia a “preferentemente”
forestal. De esta manera se aumenta el número de predios forestales afectos
a destino especial. En segundo lugar, de manera paralela, se otorga la facultad
a la CONAF para transferir estos predios a empresas forestales, bajo
condiciones que determine el Consejo de
la Corporación. Coincidencia pura que estos predios fueron transferidos y/o
vendidos a precios viles a las empresas forestales miembros de este Consejo. Por
la misma fecha, se implementa en 1974, el decreto 701 que subsidia la actividad
forestal, bonificando la plantación con bosques exógenos (pino y eucaliptus) en
un 100%, además de beneficios tributarios para las empresas. Recién en el año
1998, se bajó el subsidio a esta actividad a un 70%.
A esto nos referimos al decir
que una parte importante del conflicto indígena con las empresas forestales,
encuentra su origen en este proceso de traspaso, a lo menos “irregular”, toda
vez que estas tierras ya habían sido expropiadas y entregadas a asentamientos
mapuches.
Lamentablemente, la mayoría de estos predios no se alcanzan a regularizar y los
campesinos mapuches se quedan a septiembre de 1973 sin sus títulos de dominio,
por lo tanto pasan a ser tierras a “regularizar”.Este
es, entonces, el contexto que permite entender el concepto de deuda histórica
entre el estado chileno y los Pueblos Originarios, particularmente con el
pueblo mapuche.
IV.
La dictadura cívico-militar y las
comunidades indígenas
Con la dictadura
cívico-militar, lo indígena no sólo se invisibiliza, sino que deja
prácticamente de existir.
Recién, a partir de la dictación del DL N° 2.568, de 1979 que promueve y
autoriza la división de comunidades mapuches, negando así el concepto de
comunidad, es que comienzan a esbozarse las primeras manifestaciones de un
movimiento indígena en contra de tal expresión jurídica. Esta manifestación se
realiza al amparo de la iglesia católica, que había apoyado la creación de los
Consejos Culturales, que posteriormente dan origen a diversas organizaciones
mapuches: Ad-Mapu y Nehuen Mapu, entre las más relevantes. Desde esta
perspectiva, el destino de lo indígena y particularmente de la cuestión
mapuche, corre la misma suerte que el movimiento social y político contra la
dictadura: “Mientras estemos en dictadura no habrá ninguna posibilidad de
resolver el conflicto mapuche”. En este sentido, no es sino con el acuerdo
de Nueva Imperial, llevado a cabo en 1988, entre las principales organizaciones
indígenas del país y el entonces candidato a presidente por la coalición
opositora a Pinochet, Patricio Aylwin Azocar, que se establece una relación
entre la elite política chilena, en este caso de la oposición, y el movimiento
indígena.
El compromiso era que
Patricio Aylwin, una vez investido de Presidente de la República, enviaría al
Congreso 4 proyectos de ley que permitirían retomar la cuestión indígena: A
saber, la dictación de una ley indígena, la creación de una institucionalidad
indígena, la ley de Reconocimiento Constitucional de Pueblos indígenas y
finalmente, la adhesión de Chile al Convenio 168 de la OIT. El presidente
Aylwin honra su compromiso con el mundo indígena y estos proyectos son enviados
al comienzo del gobierno de la “Concertación de Partidos por la Democracia.”
Sin embargo, la correlación de fuerzas, a propósito del peso de los Senadores
designados y del sistema binominal, hizo que solo se aprobaran dos proyectos:
la dictación de la ley indígena 19.253 y la ley que permite la creación de la
Corporación Nacional Indígena (Conadi). El tema del Convenio 169 y el
Reconocimiento constitucional, quedan suspendidos. Recién, después de 18 años
(el año 2008) se aprobó el decreto 169 de la OIT y aún no se reconoce
constitucionalmente al mundo indígena, con sus historias, lenguaje y cultura.
V.
La deuda de la
tierra y la otra deuda.
Lamentablemente, la
deuda histórica, tanto para la opinión pública como para la elite dirigente del
país, ha quedado reducida al tema de la tierra y a su dimensión subjetiva. Es
decir, no importa lo que se haga con la tierra, lo importante es tenerla. Este
justamente ha sido uno de los graves problemas respecto de la tierra comprada,
devuelta o regularizada para las comunidades mapuches, ya que, como se ha
señalado, la realidad objetiva con la que se encuentran
las comunidades al llegar a su nueva tierra, dista bastante de la imagen
esperada: no hay infraestructura rural mínima: luz, agua, cercos, viviendas,
caminos internos ni externos, etc. Tampoco hay planes de desarrollo y proyectos
productivos. Es decir, se entrega la tierra y luego las demás instituciones
pertinentes del estado entran, pero siempre ex post, no ex ante. En el
intertanto, después de algunos años de estar en “su tierra” parte importante de
esta tierra restituida y entregada a las comunidades, queda en estado de
subproducción o definitivamente arrendada a terceros (incluso los antiguos
dueños) través de tratos de palabra y contratos espurios.
Por lo tanto, subyace la idea de la improductividad de las tierras compradas
por el estado. Por lo tanto, habrá que hacerse cargo de las falencias de las
instituciones del estado para enfrentar el tema productivo. Por otra parte, la
elite del movimiento social indígena mapuche, tampoco ha sido muy clara para
explicar al país, esta “improductividad” de las tierras compradas y entregadas
a las comunidades mapuches.
A la fecha, la tierra comprada y regularizada a
comunidades indígenas se aprecia en el cuadro N° 1.
Cuadro N°1
Tierras regularizadas,
saneadas y compradas a comunidades indígenas
Mecanismo
|
Superficie (hectáreas)
|
Subsidio concurso artículo 20 letra a
|
51.752
|
Subsidio concurso
artículo 20 letra b
|
176.655
|
Traspaso predios fiscales
(BBNN)
|
409.828
|
Saneamiento de la propiedad indígena
|
304.613
|
Total
|
942.848
|
Fuente.
Elaboración propia con datos del Fondo de tierras y aguas de la Conadi
Otra pregunta que subyace al tema de tierras, es en
relación a la cantidad de
tierras que falta por
comprar. En la respuesta a esta pregunta, tanto respecto al
horizonte de tiempo como a la cantidad de tierras a comprar, no solo deben
estar presentes los técnicos del Ministerio de Hacienda y de la dirección de
presupuesto (DIPRES) o de los Ministerios sectoriales involucrados (Mideso, Agricultura);
o las intendencias y gobiernos regionales, sino que también, y de manera
prioritaria, las organizaciones y el liderazgo indígena social y político. Este
es un gran desafío tanto para el estado, el gobierno y las organizaciones
indígenas. Es necesario tener un horizonte de tiempo para el proceso de compra
de tierras.
Pero, como decimos al
comienzo de este capítulo, también existe otra deuda y ésta es de carácter
cultural. En efecto, no sólo los códigos, semánticas, cosmovisiones e
identidades indígenas no han estado presentes, en su real expresión en la
agenda política y económica y cultural del país, sino que fundamentalmente, el
rostro indígena ha estado prácticamente invisibilizado. Y lo hemos condenado,
como estado y sociedad chilena, prácticamente a 200 años de soledad, dejando
que su cultura, idioma e identidad, solo se desarrolle en la trastienda de sus
fogones. En lo concreto, se ha reducido su presencia en la agenda pública casi a
un tema de folclore o de terroristas.
En efecto, estas son las
dos visiones prácticamente antinómicas y extremas con que aparece lo indígena
en los medios. La invisibilidad y la reducción a estereotipos, también es una
deuda histórica. Pero de esta deuda nadie habla. ¿Cómo hacernos cargo de esto?
VI.
¿Cómo seguimos? El rol de las elites
y clases dirigentes chilenas
Después de 28 años de recuperada nuestra
democracia, y de implementar una serie de iniciativas y programas, para tratar
de visibilizar el tema indígena y dotarlo de una agenda y ruta de resolución,
el conflicto no solo permanece, sino que aparentemente se profundiza. Esto
ocurre porque se ha venido transformando el eje del reclamo y demanda
indígena. En un primer momento se
responde a la situación de pobreza estructural que tenía el país al año 1990,
con cerca de un 45% de pobreza. La situación en las comunidades indígena era
aún peor, en todos los indicadores sociales y económicos. Hoy, la situación
respecto de la pobreza si bien se ha reducido para toda la población, continúa
siendo mayor en la población indígena. Al respecto, en cuadro comparativo que
muestra las Casen entre los años 2006 y 2017, se nota claramente el descenso de
la incidencia de la pobreza. Así, si en el año 2006 la incidencia de la pobreza
en comunidades indígenas era de un 44,0, en la población no indígena, era de un
28,0; en el año 2017 la relación era de 14,5 en la población indígena y un 8,0
en la población no indígena.
Hoy, más allá de esta
gran transformación estructural lograda, se ha incorporado, por parte de las
comunidades indígenas de mayor connotación comunicacional, el tema de la
autonomía y autodeterminación, asociada al Convenio 169, que como hemos podido
apreciar, recién en el año 2008 el estado de Chile adhiere a tal convenio. Sin embargo, las instituciones del estado
seguían trabajando desde la lógica de la pobreza y en dar respuesta al tema de
tierras, a través de dotar de recursos y personal a la CONADI y a las
instituciones relacionadas con el fomento productivo, particularmente a INDAP y
su programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI). Entonces, más allá de la
presencia de la CONADI, y el esfuerzo de las demás instituciones del estado
para incorporar la demanda indígena en sus programas sectoriales, finalmente,
ésta se hace de manera fragmentada, con escasa coordinación y solo dando
respuesta (lo que no puede ser negativo per se) a los temas de reducción de
brechas, sean estas sociales, económicas y de infraestructura.
De esta manera, los
diferentes esfuerzos del estado (relevantes e importantes) por allegar más
recursos a la temática indígena, al no incorporar las variables políticas,
finalmente dan una respuesta parcial. Así ha ocurrido con iniciativas tales
como el programa “Orígenes”, que se realiza en conjunto con el BID; el pacto
Re-conocer, el programa Chile indígena, Plan Araucanía, hasta llegar al actual
programa “Impulsa”, entre los más relevantes, donde finalmente la relación
entre el estado y los pueblos originarios, particularmente el mapuche, sigue
siendo tensa, asimétrica y no exenta de situaciones de violencia.
Entonces, como respuesta
a la pregunta, que da inicio a este capítulo, la elite dirigente, cultural,
económica, política y cultural “chilena”, por supuesto incluida la coalición
de derecha gobernante, debe entender y
hacer entender al país, que el origen de la deuda histórica, no sólo es un tema
de tierras; no sólo es un tema de compensaciones; no sólo un tema de pobreza
aun siéndolo, ya que independientemente de la baja en las cifras, como hemos
apreciado, prácticamente la incidencia de la pobreza en comunidades indígenas
sigue siendo casi el doble de la población no indígena; sino que
fundamentalmente se trata de una resolución de carácter político.
Hemos visto también que
la tensión que ha caracterizado la relación del estado con las comunidades
mapuches, desde la perspectiva política, ha sido básicamente de
integración-asimilación. Y el estado ha fracasado en la resolución de esta
tensión, ya que o el mundo indígena se integra mezclándose y asimilándose a la
cultura chilena o queda afuera. Y claramente ha quedado fuera. Quedan sin
respuestas las preguntas por la identidad, la cosmovisión y la cultura.
Hoy, al respecto, la
tensión política es otra. Ya ha quedado muy claro, que el eje de la
asimilación, deja afuera la cultura, la historia, la identidad. Se necesita el
eje de la integración, pero ahora debe ir acompañado del eje de la autonomía.
Este es el juego o ecuación a resolver. Por lo tanto, la elite dirigencial del
país debe estar dispuesta a que esta tensión autonomía / integración, se cargue
sostenidamente hacia el eje de la autonomía. ¿Cuánto?, cuánto sea posible. Sin
dejar de lado por supuesto los elementos de la integración, tanto del punto de
vista político como social. Mientras tanto, será fundamental, desde ya,
trabajar las diferentes propuestas para la inclusión del mundo indígena en la
geografía política del país. En todos sus niveles: municipal (alcaldes y
concejales), distritales (diputados) y circunscripciones (senadores). Y, de
manera paralela, obtener en el Congreso el reconocimiento constitucional para
los pueblos originarios.
Si no se resuelve
adecuadamente esta tensión política, los 15 comuneros mapuches muertos por
situaciones de violencia entre los años 1990-2018, donde al menos 4 de ellos lo
han sido por disparos realizados por agentes del estado (carabineros): Alex
Lemún en el año 2002; Matías Catrileo en el año 2008; Jaime Mendoza Collío, el
año 2009 y Camilo Catrillanca a finales del año 2018, lo habrán hecho en vano.
Ha llegado el momento para decir que ninguna otra muerte es necesaria para
resolver el conflicto, ni menos para implementar políticas públicas.
VII.
¿Cómo seguimos? El rol del movimiento
social indígena.
El movimiento social
indígena, también debe construir una respuesta a la pregunta anterior. Y, al
igual que la elite dirigencial, debe tener también una respuesta para el país y
la opinión pública. Al respecto el tema
es bastante complejo. En primer lugar, consistente y coherente con la historia
mapuche, no existe una sola voz que represente el sentir del pueblo mapuche.
Están las identidades territoriales por un lado (mapuches Huilliches,
lafquenches, pehuenches, wenteches y nagches y sus organizaciones), y, por otro
lado, las organizaciones de representación amplia: Consejo de todas las
tierras, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), La Alianza Territorial mapuche,
entre las de mayor connotación comunicacional.
También estas tres
organizaciones pertenecen a la corriente más radicalizada, incorporando en su
reivindicación, que es de autonomía y autodeterminación, acciones de violencia
(quemas de maquinaria, camiones, casas, galpones, etc.) con profusa difusión
mediática. Para estas organizaciones, la reivindicación política de autonomía
territorial, sólo se logrará obligando al estado a sentarse a una mesa, a
través de una suerte de dialéctica de violencia-diálogo. No sabemos cuánto de
esta estrategia es compartida por el pueblo mapuche. Tampoco sabemos qué tanto
apoyo concita en el pueblo chileno, que comparte la reivindicación mapuche
asociada a la deuda histórica, esta estrategia de violencia-diálogo.
Lo que sí se sabe por
datos y evidencia empírica es que, como lo consigna el “Informe del Proceso
Constituyente Indígena”
dado a conocer en mayo de 2017, proceso al cual se restan justamente las
organizaciones más radicalizadas arriba mencionadas, una amplia mayoría de las
17.000 personas participantes del proceso reivindicaron las demandas de corte
más político y que los medios y parte importante de la elite solo atribuyen a
“grupos violentistas”, a saber: autonomía, autodeterminación, reconocimiento
constitucional, derechos colectivos, entre las más relevantes. Por supuesto
también aparecen las reivindicaciones más estructurales, relacionadas con la
situación de pobreza de las comunidades, de las brechas en infraestructura vial
y productiva (caminos, cercos, bodegas, agua potable, electrificación) y los
temas de educación y salud. Por lo tanto, la transversalidad de la
reivindicación política es un elemento que permitiría ordenar la discusión.
Si esto es así, subyacen
entonces dos grandes temas que el movimiento indígena debe hacerse cargo. En
primer lugar, si el fin último, de largo aliento es sentar a las autoridades
del estado y resolver las principales reivindicaciones políticas asociadas a la
tensión autonomía-integración, se requerirá de un apoyo significativo y
mayoritario de la sociedad chilena. Será necesario, por tanto, interlocutar con
instituciones como el Congreso, la Corte Suprema, el Ministerio Público, los
Partidos políticos, Centros de Estudios, Universidades, Iglesias, etc., etc. Es
decir, tener la suficiente masa crítica que permita diseñar e implementar una
ruta de resolución. Algo parecido a los “Koyangtun” o parlamentos realizados
históricamente.
En segundo lugar,
reflexionar acerca de la mejor metodología para alcanzar este fin último o
estrategia. En este sentido, la dialéctica violencia-diálogo, ha permitido
visibilizar una causa. La pregunta que es necesario responder es si esta
lógica, semántica y acciones de violencia son lo suficientemente sólidas para
concitar un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Es decir, hablamos y
reflexionamos sobre la táctica. Y, al respecto, mi impresión es que esta
táctica no alcanza para obtener el fin. Por lo tanto, quizás haya que pasar a
otro plano, al del convencimiento, al de la profundización de la democracia,
con estrategia y tácticas democráticas. Es decir, al plano de las
argumentaciones. Esto no significa detener las movilizaciones. Al contrario, se
trata de cambiar el sentido y el método. Jamás renunciar a las convicciones.
VIII.
Conclusiones
1. La deuda histórica del estado con el
pueblo mapuche es real. Las elites gobernantes no han sido capaces de hacerse
cargo de la resolución de esta deuda. Desde el origen del estado, que se
estructura y consolida antes que la sociedad,
dando origen a la República y nación chilena, las elites políticas, económicas
y sociales, no consideraron la integración del mapuche, sino su asimilación.
Situación que prácticamente duró hasta 1965.
2. El golpe de estado de estado de
septiembre de 1973 y la dictadura cívico militar que gobierna al país hasta
1990, profundiza la deuda al traspasar parte importante de tierras expropiadas
durante el proceso de reforma agraria, fueron traspasadas a las empresas
forestales, que, en lo fundamental, no se han caracterizado por sostener
políticas de buena vecindad con las comunidades indígenas.
3. Es cierto que una vez recuperada la
democracia, la cuestión indígena ocupa un lugar en la agenda pública. Sin
embargo, más allá de las intenciones, sólo se responde a una lógica de reducir
la pobreza y no a incorporar las reivindicaciones políticas. La correlación de
fuerzas, habida cuenta del sistema binominal y de los senadores designados,
condujo a que el peso de la derecha fuera muy significativo y no aceptara que
se implementaran los cambios políticos. Recién el año 2008, se reconoce el
Convenio 169 de la OIT. El reconocimiento constitucional, sigue esperando.
4. Cuando se desean realizar cambios profundos a
nivel de constitución y sistema social, el tema de la táctica no es menor, ya
que será necesario, contar con mayorías lo suficientemente amplias, para poder
implementar los cambios. Incluidas las pertenecientes al “bando” opuesto. Lo
mismo respecto a la masa crítica para presionar por las transformaciones. Y ésta,
en el caso de la tensión estado-comunidades mapuches, aún no es lo
suficientemente profusa, amplia y sólida para ganar alguna batalla
comunicacional. La opinión pública, si bien se muestra proclive a la causa
mapuche, o mira con simpatía el movimiento indígena, e incluso se manifiesta
con mucha fuerza para denunciar el asesinato de un comunero mapuche a manos de
agentes del estado, no sabemos si
estará dispuesta a
avalar, por ejemplo, algún atisbo de salida insurreccional, al estilo Chiapas,
como mecanismo de resolución del conflicto en la región de la Araucanía. Además, que, al menos en términos de la situación
estructural de pobreza, la situación en el estado de Chiapas no ha variado
mayormente después de 24 años de ocurrido el alzamiento. En este sentido, no es
menor el desafío para el movimiento social indígena, dar respuesta a la
pregunta que encabeza el capítulo.
5. Será importante para el movimiento
social indígena, clarificar las batallas que se dan en “nombre del movimiento
mapuche”: están los anticapitalistas y antiglobalización que ven en esta lucha,
elementos para llevar “aguas a su molino”; lo mismo ocurre con sectores
anárquicos antisistema y anti estado en general, que visualizan en esta
resistencia indígena, un espacio más que atractivo para su causa. Están también
los grupos nostálgicos anti dictadura militar que intentaron levantar
resistencia armada desde el territorio mapuche. En fin, son varios grupos que
comparten cierta semántica bélica de buenos y malos, de ricos, de
extractivistas burgueses y de pobres. También están los del otro extremo, de la
“sociedad blanca chilena”
aquellos que consideran terroristas y comunistas cualquier reclamo indígena,
que aspiran a llevar el conflicto al terreno de “las ametralladoras”, para
reponer el orden y la estabilidad y que no creen en la multiculturalidad, sino
en aplastar al otro y a los otros, reproduciendo juicios racistas, xenófobos y
nacionalistas (chauvinistas).
6.
Lo concreto, es que las
significaciones de guerra, copan el espacio comunicacional y dejan
prácticamente sin alternativa las posibilidades para la resolución
política. Los ganadores (temporales) de
estas conceptualizaciones y semánticas de violencia, por supuesto pertenecen a
los extremos del arco político. Así, entre los discursos de las organizaciones
mapuches ya mencionadas y la organización que agrupa alrededor de 12 gremios de
la Araucanía, asociados a actividades agrícolas, comercio, forestales, entre
otras, que le exigen al gobierno que declare la “zona de excepción” en la región,
lo que significa la presencia activa de militares, la factibilidad que se
incorporen los ejes políticos en la discusión tiende prácticamente a cero. Y
ahí sabemos quiénes son los que resultan ganadores. Y más que resolver las
tensiones, y hacer ejercicios de comprensión, en ambos casos el modelo es
aplastar al otro. ¿Podremos desde esta metodología, obligar al estado chileno a
sentarse y resolver políticamente las tensiones?
No será que ha llegado el momento de
dejar atrás la alternativa estéril del todo o nada. Es cierto, las respuestas
violentas a la oprobiosa situación de pobreza real y dramática que viven las
comunidades indígenas, particularmente las mapuches, de racismo, de violencia
incluso del estado y de sectores de la sociedad, alcanzan, como hemos dicho,
para mostrar el tema, pero no para resolverlo. ¿Qué hacer entonces?
7. Claramente, y lo decimos sin
ambages, no se trata de la inacción de los complacientes y dejarlo todo tal
como está. Todo lo contrario, se trata de no resignar nada, de pedirlo todo, de exigirlo todo, pero con
épicas que tengan destino. Que convoquen a las mayorías, que generen adhesión.
El cambio que se requiere es muy profundo, por lo tanto, los pasos a seguir y
la ruta de resolución debe incluir mayorías claras que presionen para obtener
un fin último, que no sólo es el reconocimiento constitucional, demanda que por
lo demás estaba ya en el año 1988 en el acuerdo de Nueva Imperial, sino que
necesariamente debe incorporar elementos de autonomía y de derechos colectivos.
Pero para que ello ocurra, hay que luchar en el terreno en que se puede ganar.
No en el terreno de las metrallas, ni de los cañones, sino en el de la razón y
de los argumentos. Estos son los instrumentos de la democracia.
En materia de restitución de tierras, vía letra 20 (b) se han adquirido
desde 1994 hasta diciembre de 2016 (no tenemos los datos relacionados con la
compra de tierras del 2017) un total de 176.655 hectáreas para unas 469
comunidades indígenas, beneficiando a un total de 17.194 familias (se excluyen
de este análisis las compras realizadas en 2016 a través de la glosa N°12 de la
Ley de presupuesto, pues corresponden al ejercicio presupuestario 2017). La
inversión total alcanza los M$ 455.386.954 (en moneda de 2017). Para La
Araucanía, se han adquirido 105.130 Hás. de tierras, beneficiando a 12.869
familias, con una inversión de $354.574.241.180, en moneda de 2017.Elaboración
propia con datos de Conadi
