viernes, 29 de marzo de 2013

EL CRIMEN DE TIBERINE Y LA DEFENSA DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO


Giovanna Flores Medina




Hace ya 16 años que el crimen de los monjes trapenses de Tiberine en Argelia, se convirtió en un poderoso y conmovedor testimonio de defensa de los derechos humanos y de comunión interreligiosa. Secuestrados por supuestos islamistas el viernes 26 de marzo 1996 (previo a la pascua) y ejecutados casi dos meses después, su legado cobra vigencia en tiempos de guerra, islamofobia y neoantisemitismo. Nunca antes el mundo —como en los últimos dos años— fue testigo de imágenes tan crueles del drama de Medio Oriente, norte de África y parte del Asia musulmana e hindú. Siria, Palestina, Barein, Mali, República Centroafricana y Myanmar, son todos escenarios de actual represión indiscriminada en nombre de la religión. Por eso, frente a esas crisis humanitarias y de gobernabilidad, que vulneran los derechos fundamentales y libertades, el desafío es contribuir a la paz prescindiendo de la acostumbrada violencia de las intervenciones militares extranjeras. Una vía política para ello, entre otras, es la defensa del diálogo interreligioso como un límite al poder de las potencias y sus lastres de la guerra fría.
El caso Tiberine, es emblemático por varias razones. Primero, porque es indiciario de la violencia de principios del Siglo XXI y, según algunos, una muestra de la criticada teoría del choque de civilizaciones de Samuel Phillips Huntington. Más allá de este debate, nuestro tiempo ha sido inaugurado por los atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre del 2001 y con ello el modelo del terrorismo trasnacional. Segundo, porque dichos sacerdotes, adelantándose a la gestión diplomática de Juan Pablo II, desarrollaron abiertamente una política de cooperativismo y comunión con todas las religiones de la zona en que vivían. Esto ocurría en paralelo a las limpiezas étnicas de la ex Yugoslavia, Ruanda y Afganistán, por lo que su denuncia se convirtió en un eje importante en la política exterior del Vaticano. Tercero, porque ejercieron un rol de garantes de la libertad religiosa en un país, cuyo Estado de derecho estaba casi suprimido. Finalmente, porque es un proceso de derecho penal internacional que aún no está resuelto, y que a la luz de la doctrina más actualizada requiere que Francia y el Vaticano tengan un rol más activo en exigir justicia y reparación.

Aquellos ocho sacerdotes franceses ejercían una influencia en la localidad que provocó las suspicacias de todas las fuerzas en juego. Les precedía una historia de casi medio siglo de constante enfrentamiento entre los grupos independentistas de Argelia y las fuerzas de Francia, su colonizadora. El precario equilibrio en los valles y montañas de Tiberine estaba controlado por los monjes. Atento al devenir de un pueblo heterogéneo en su composición étnica y religiosa, el Prior, Christián de Chergé formó una comunidad donde todos podían participar como iguales. Más allá de la contemplación y la oración, la idea era comulgar juntos en los sacramentos. Por casi 20 años, las dependencias del Monasterio Atlas de Tiberine, fueron durante el día una verdadera ecclesiae. La pascua, las circuncisiones, los bautismos y matrimonios, eran conmemoraciones de católicos, coptos, judíos, kurdos, bereberes y una amplia mayoría musulmana. Aunque los flancos estuvieran abiertos y el gobierno se empecinara en pedirles que dejaran esas tierras, por los peligros y amenazas contras sus vidas, los imanes (pastores islámicos) eran sus aliados.

En esos años, las tesis de teólogos como Hans Küng o el filósofo Roger Schutz de la Comunidad de Taizé eran combatidas por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y del modelo más tradicional de conducir la política internacional, todavía acosado por la guerra fría. Küng, apodado el “azote del pontificado” o el “anti-Papa”, ya en la década del 70 planteaba la tesis de una ética global, universal, derivada de un acercamiento y diálogo sincero entre todas las grandes religiones. Más que una diplomacia de iglesias, planteaba la legitimidad del rol político y civil de éstas contra los abusos de poder de los gobiernos y los atentados a los derechos humanos. Hoy es él quien defiende el planteamiento de una Primavera Vaticana para el catolicismo, y preside la Fundación para la ética global, una instancia de convergencia de diversos credos y que colabora con víctimas en distintos puntos del planeta: los niños kurdos y musulmanes de Siria, las mujeres de la Amazonía en el Brasil o los jóvenes en Irán. Por su parte, con una visión más centrada en el cristianismo, la tesis del diálogo ecuménico estuvo encarnada en Roger Schutz, quien siendo un téologo protestante, se dedicó a la vida del sacerdocio en la Comunidad de Taizé. Esta iniciativa comenzó como un centro de reflexión a finales de los años 40 en Francia y su doctrina era reconciliar las religiones cristianas a través de una oración común, que contribuyera a proteger y garantizar los derechos políticos en zonas de conflicto. Él mismo fue víctima de la limpieza nazi y vivió la discriminación de aquellos años. De forma lamentable murió a manos de una fanática religiosa antiecumenismo en el año 2005.

Los detractores de ambos defienden la laicicidad del Estado y las democracias liberales como instituciones autónomas, impermeables a cualquier postura de diálogo entre religiones con una función política. Es decir, donde hay violencia y conflicto no entran los temas de Dios. El punto es que la mayor parte de los conflictos entre Estados y al interior de ellos han estado fundados en la intolerancia religiosa. En efecto, desde el momento en que la libertad de conciencia y libertad religiosa están consagradas tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, entre otras, su vulneración atañe a toda la sociedad. Su reivindicación es política. No se refiere al contenido de la religión ni a la injerencia de las iglesias en los poderes del Estado, sino en la resolución y prevención de conflictos que el Estado y su sociedad civil no pueden solucionar. Por ello, tampoco es eficaz como un recurso de última ratio, sino que debe ser un instrumento de participación e inclusión que humanice el pacto social fundante de los Estados.

Desde la perspectiva histórica, cabe recordar que el siglo anterior fue el de los grandes genocidios religiosos como, por ejemplo, el de los armenios entre 1915-1917 por Turquía, el de chinos católicos a manos de japoneses en 1937-1938, el de judíos por Alemania entre 1942-1945, o el de musulmanes en la ex Yugoslavia o el de Ruanda, ambos en 1995. De forma más cercana, el acoso y las hostilidades permanentes de parte del Estado de Israel hacia los palestinos en los territorios ocupados en Gaza, o la represión chiíta del Sheik de Barein contra su propio pueblo son casos de flagrante vulneración de los derechos humanos por parte de aparatos y políticas públicas de los Estados. Otro ejemplo difundido en las redes sociales es el caso de Siria y la represión religiosa del gobierno aleuita contra sunitas (un caso intraislam) y el temor de cristianos y kurdos a los rebeldes. Los intereses cruzan las diversas religiones y después de dos años, la primavera árabe se ha convertido en una masacre sin fin. Más de 70 mil ejecutados, un millón de niños huérfanos, 500 mil desplazados, y una elite que se enriquece y empodera, dejando a los civiles en el abandono. Mientras las críticas arrecian contra la nueva dirigencia neoliberal de los rebeldes, sacerdotes de distintas iglesias piden el cese al fuego, entrar en las negociaciones de la ONU y aplicar la responsabilidad internacional de proteger.

Los monjes de Tiberine, no dejaron la vida contemplativa y su estricto orden monástico, sino que ejercieron su libertad enriqueciendo su fe y su acción civil gracias a la comunión con otras religiones. La laicicidad del Estado no es una barrera a estas tesis. Es más, solamente en un Estado laico y en democracia pueden existir condiciones de respeto para el diálogo entre los credos. Hoy, a tres lustros de su muerte se conocen nuevas declaraciones de testigos que indican que sus captores no fueron los yidahistas del GIA (Grupo Islámico Armado), sino agentes militares del Estado. Los acusaban de colaboracionismo con fuerzas paramilitares escindidas del gobierno. Durante los dos meses de cautiverio se estuvo negociando con el gobierno francés, pero el Vaticano fue excluido de las tratativas. Cuando el 21 de mayo de 1996 se encontraron sus cabezas decapitadas en las montañas aledañas, Juan Pablo II rogó en el Angelus por las conciencias de aquellos que rechazaban la labor de los trapenses y también por quienes les negaron participar de las negociaciones. Las calles de París, aunque bullentes de laicismo y marchas anticlericales en otros tiempos, se repletaron de ciudadanos pidiendo justicia por los 8 trapenses de Tiberine. Y para los musulmanes comenzó un tiempo de encierro.

Aquel desenlace fatal y la etapa de islamofobia que vendría fue prevista por el Prior de Tiberine en su Testamento:

No podría desear una muerte semejante. Me parece importante declararlo. En efecto, no veo cómo podría alegrarme del hecho de que este pueblo que amo fuera acusado indiscriminadamente de mi asesinato. Sería un precio demasiado alto para la que, quizá, sería llamada la gracia del martirio, que se debiera a un argelino, quienquiera que sea, sobre todo si dice que actúa por fidelidad a lo que supone que es el Islam. Sé de cuánto desprecio han podido ser tachados los argelinos en su conjunto y conozco también qué caricaturas del Islam promueve cierto islamismo. Es demasiado fácil poner en paz la conciencia identificando esta vía religiosa con los integrismos de sus extremos. Argelia y el Islam, para mí, son otra cosa; son un cuerpo y un alma”. 

El valor de la acción de las distintas religiones en pro de resolver los conflictos humanitarios y frenar las fobias que se incuban en las ideologías extremistas, debe ser entendida no como una intromisión, sino como un límite contra los abusos del poder. Esos excesos pueden incluso ser ejecutados por individuos sin jerarquía, pero con una convicción plena de temeridad como el islamófobo noruego Anders Breivick, el popularmente llamado “genocida de Utoya”. La libertad religiosa y de conciencia son valores políticos universales, que no pueden ser despreciados como derechos de menor jerarquía. Y es en nombre de esa libertad que la ética política de gobernantes y gobernados, exige un diálogo transversal entre los credos, frenando el separatismo religioso, en especial donde el Estado de derecho ha sido suprimido.


Meditando con los monjes de Tibhirine


viernes, 22 de marzo de 2013

LA HORA DE LA DECENCIA

Rodolfo Fortunatti







Finalmente, la oposición presentó la acusación constitucional contra el ministro de Educación Harald Beyer. No sabemos qué suerte correrá el libelo acusatorio, pero de algo podemos estar seguros: después del debate nacional que ya empieza a desatar, las cosas serán muy distintas. Acaso sean los abusos cometidos en educación los que abrirán la conciencia del país sobre la verdadera naturaleza del poder, y de sus constantes infracciones al Estado constitucional y democrático de derecho. No será fácil para la derecha política y económica aligerar el peso de la prueba contenida en los tres capítulos y cerca de 200 páginas del texto.

A Beyer se le acusa de haber faltado a la probidad, de no haber ejercido sus facultades como titular de la cartera de Educación y, lo que salta a la vista como el razonamiento más firme y elocuente del documento, de haber abandonado el deber de fiscalizar los abusos cometidos en las instituciones de educación superior. Los cargos son graves y difíciles de sortear con argumentos simples. Esos pensados para una masa de ignorantes más que para ciudadanos de uno de los países de muy alto índice de desarrollo humano del mundo. Decir que esto se arrastra desde hace treinta años, y que todos somos culpables de lo que se pretende hacer pagar al ministro, podrá ser tolerado en twitter, pero nunca en la sobremesa de un hogar.

Beyer disponía de herramientas para frenar las ilegalidades y no las empleó, convirtiendo en víctimas de su negligencia a miles de estudiantes, como lo confirma el paradigmático caso de la Universidad del Mar, frente a la cual tardó un año, desde que conoció las denuncias, en decretar su cierre. Faltó a la probidad que constitucionalmente se exige a quien desempeña funciones públicas, al incumplir las normas aplicables a su cartera, y al proponer a destiempo los reglamentos de monitoreo. No cumplió con su deber de vigilar y de supervisar a los órganos de su dependencia, tales como el Sistema de Información de la Educación Superior que, no obstante estar obligado por ley, no llevaba registro del manejo financiero de las universidades. Beyer jamás activó con diligencia los procedimientos de investigación, y no porque ignorara que las universidades lucraban, sino porque se negó a fiscalizarlas. Y se negó a fiscalizarlas porque siempre tuvo la convicción de que suprimir el lucro en educación alentaba la simulación, una solución a la chilena, según también cree Mariana Aylwin, donde las instituciones que legalmente no pueden tener fines de lucro, lo obtienen por otras vías. Por eso Beyer no dio curso administrativo ni judicial a las diversas demandas presentadas ante él por ciudadanos.

La responsabilidad de Beyer no es semejante ni se puede diluir en el pretendido parangón de que «todos» los ministros de la Concertación hicieron lo mismo. Porque no es así. Yasna Provoste fue acusada por oponerse al lucro, cuando otros resistían la reforma o la consideraban una provocación innecesaria. Bien ha dicho el doctor Martín Zilic que fue la misma derecha la que nunca quiso entregar los votos para crear un mayor control en el sistema de Educación Superior. Pero tampoco la responsabilidad de Beyer, como sugiere José Joaquín Brunner, se resuelve con una interpelación parlamentaria. Beyer hizo patente su desprecio por el Congreso una y otra vez cuando dejó de responder a sus citaciones, escuchar sus informes y acuerdos y, en suma, desestimar los procedimientos administrativos que éste le formulaba. Deliberadamente optó por ignorar las facultades del Poder Legislativo, minando las relaciones de confianza y de respeto que deben primar en una democracia.

El problema de fondo no es más complejo que el drama cotidiano de cientos de miles de familias chilenas que, en su desamparo, cada día confirman lo difícil que es pagar para muchos, y lo fácil que es ganar para algunos. El arancel anual de la carrera de Odontología en la Universidad de Los Andes asciende a 5 millones 300 mil pesos, pero el quimérico arancel de referencia es menos de la mitad de este monto y mayor que el sueldo mínimo. Mientras tanto, el negocio de la educación superior sigue arrojándole a sus dueños —grandes holdings y corporaciones transnacionales— utilidades cercanas a la inconmensurable cifra de… ¡109 mil millones de pesos! Un desorden social que se reproduce con impudicia, y que a estas alturas no admite indulgencias como las vertidas por los candidatos presidenciales.

Abraham Lincoln, a quien pertenece el célebre enunciado del «gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», no eludió su responsabilidad refugiándose en el pretexto de que los problemas se arrastraban desde hacía años, o reconociendo que la inmoralidad de la servidumbre existía, pero que no se corregía con enmiendas. Lincoln tuvo la sagacidad política de restablecer la unidad nacional desgarrada por los secesionistas, que basaban su subsistencia agrícola en la explotación de mano de obra esclava, y, simultáneamente, aprobar la Decimotercera Enmienda a la Constitución por la cual cuatro millones de hombres, mujeres y niños fueron liberados de su secular esclavitud.

martes, 19 de marzo de 2013

LOS LIMITES DEL PODER

Rodolfo Fortunatti



Ninguna de las opiniones vertidas durante los últimos comicios de la Democracia Cristiana, cobra una importancia más decisiva que la difundida por su presidente, Ignacio Walker, en defensa de su triunfo. El senador, interpelado por el diputado Aldo Cornejo, su más fuerte contendor, dijo que «hay un estado democrático de derecho en la Democracia Cristiana». La imprecisa expresión —pues un partido político, salvo en los regímenes totalitarios, jamás puede ser conceptuado como un Estado, dotado de soberanía y del monopolio de la violencia—, debe ser entendida como una metáfora para afirmar las otras dos características: el ser un partido democrático y el estar regido por normas.

La democracia y el imperio de normas tienen un valor aún más determinante de lo aparente en el partido de Frei, Leighton, Tomic y Palma, donde la primera, según la tradición heredada de Jacques Maritain, ha sido sublimada como una fe secular, esto es, ya no sólo como un procedimiento, sino como una creencia firme que precisa ser defendida de las amenazas que no cejarán de oponerle sus herejes políticos. Y es aún más determinante en boca del senador Walker, para quien la única democracia realmente existente, incluso frente a las vigorosas estructuras de la vida en común, es la democracia de las instituciones, es decir, de las regulaciones normativas.

Sin embargo, sabemos que como fe secular la democracia puede quedar relegada a una vana proclama de principios, puesto que la fe es algo personal que nadie está en condiciones de objetar sin desprecio por la persona que dice tenerla. Como procedimiento, en cambio, la democracia impone el estricto cumplimiento de reglas cuya transgresión es susceptible de ser positivamente perseguida por tribunales internos y externos de justicia, pues las colectividades políticas se rigen por ordenamientos administrativos y poseen orgánicas sujetas a la ley de partidos políticos y, en último término, a la Constitución de la República.

Dos procedimientos cruciales para el funcionamiento de la democracia partidaria son el padrón de militantes y el estatuto. El padrón de militantes, más que un registro público —y el Servicio Electoral es quien lleva este archivo—, constituye la norma que define quiénes son los miembros de la colectividad. El padrón responde a la pregunta acerca de los límites del nosotros los democratacristianos. Es la primera seña de identidad. Indica cuántos somos, de dónde somos, qué hacemos, qué ciudadanía poseemos y, en consecuencia, expresa claramente a quiénes se les reconoce el estatus de democratacristiano. Dicho estatus, por cierto, no es una donación, sino que debe ser pedido en un acto de voluntad libre, a menudo solemne, de la persona. El otro procedimiento es el estatuto, que fija el contenido de esta pertenencia a través de la declaración de principios. El estatuto señala qué finalidades tiene la búsqueda del poder político en el partido, y determina quiénes y cómo deben ejercer el poder político en él. Establece las reglas básicas para la formación de la política. De entrada, la regla del sufragio universal, por la cual todo militante tiene el derecho a expresar su opinión a través del voto y a elegir a través de él a quien representa su opinión. Luego, la regla de la igualdad que le reconoce el mismo valor a cada voto. La regla de la libertad de concurrir con su preferencia a la formación de una voluntad colectiva, y de adherir a tendencias que organicen las preferencias. La regla del pluralismo que le garantiza a todo militante la posibilidad de elegir entre diversas alternativas. La regla del consenso de la mayoría, que otorga la primera opción a quien consigue el mayor número de preferencias entre las ofertas en juego. Por último, la regla del disenso que impide a la mayoría limitar los derechos de la minoría, incluso, y en igualdad de condiciones, los de constituirse en mayoría.

En este sentido, el padrón y el estatuto son instrumentos de la democracia interna que fijan los límites del poder, de cualquier poder —político, económico, cultural, social—  dentro del partido. De ello deriva que, mientras más amplía sea la democracia partidaria, más reducida será la esfera del poder, o sea, el espacio discrecional de influencia que permite a unos imponer su voluntad a otros. De este modo, la democracia busca amparar a los débiles contra el poder de los fuertes. Es lo que precisamente hace que un partido sea una verdadera comunidad de hombres y mujeres libres. Por eso, el padrón y el estatuto partidario, pacto social por el cual se funda la Democracia Cristiana, son bienes irrenunciables, exigibles y cuya defensa debe ser emprendida sin vacilaciones, pues se refieren a la esencia de la organización: su supervivencia.

Cuando, en medio del proceso electoral, el secretario nacional del partido explica que la colectividad no cuenta con el padrón actualizado, significa que el cuerpo electoral del partido es incierto. Significa que no sabemos quiénes son los titulares de derechos y deberes en el partido. Significa, como ocurrió en la práctica, que habrá militantes sin derecho a votar y sin derecho a ser considerados como iguales y como miembros del partido. La identidad del nosotros los democratacristianos quedará mutilada porque no reconocerá a estos militantes. Cuando, por otra parte, aún sin concluir el proceso eleccionario —puesto que para entonces faltaban ocho mesas por escrutar—, el presidente de la falange declara que, «en democracia se gana por un voto; nosotros ganamos por 845 votos», está negando el igual valor que tienen los votos no escrutados a la hora de aplicar la regla del consenso de la mayoría. En democracia se gana por un voto, pero después de haber contado todos los votos. Al ser él, como presidente en ejercicio y representante de la voluntad general, quien le presta legitimidad a esta trasgresión de los procedimientos, lo que se está vulnerando es el pacto estatutario que establece quiénes y cómo deben ejercer el poder en la Democracia Cristiana. Que sus contrincantes hayan reconocido su triunfo, en modo alguno repara el daño causado a quienes fueron despojados de su derecho a elegir y a ser miembros plenos. El abuso de poder se ha consumado al haber sido sobrepasados los límites democráticos instituidos para mantener el poder sometido al imperio de las normas.


lunes, 18 de marzo de 2013

BACHELET DEJA LA ONU Y REGRESA A CHILE PARA REPOSTULAR A LA PRESIDENCIA

Rocío Montes

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La principal incógnita de la política chilena de los últimos tres años, la disponibilidad de la expresidente Michelle Bachelet para respostular, comenzó a diluirse este viernes en Nueva York. La directora Ejecutiva de ONU Mujer, que se radicó en Estados Unidos y asumió el cargo en septiembre de 2010, informó que renuncia a Naciones Unidas para regresar a Chile por motivos personales. Y, con sólo cuatro palabras, remeció el tablero del país sudamericano: “Vuelvo a mi país”.
La médico ha hecho el anuncio en inglés durante su discurso de cierre de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer, en la sede principal de la ONU, en Manhattan. El secretario general, Ban Ki Moon, ha señalado a través de un comunicado de prensa su gratitud por su servicio: “Ella fue la persona correcta en el trabajo correcto y en el momento correcto. Su liderazgo visionario dio a ONU Mujeres el comienzo dinámico que necesitaba (…). Agradezco a Bachelet por sus contribuciones y le deseo mucho éxito mientras ella se embarca en el siguiente capítulo de su extraordinaria vida”.
Bachelet por primera vez da luces directas sobre su futuro. El anuncio, sin embargo, no toma por sorpresa ni a la clase política chilena ni a la ciudadanía: la ex Mandataria, desde que dejó el Palacio de La Moneda en marzo de 2010, ha mantenido un elevado apoyo ciudadano y, aunque ha optado por prolongar el misterio, es un hecho probado que regresará a Chile para volver a presentarse a la Presidencia con miras a las elecciones de noviembre.
De acuerdo a la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un 54% tiene decidido votar por Bachelet y su apoyo ha sido calificado por los analistas como un fenómeno. Las proyecciones indican que, de mantener su respaldo, podría ganar en primera vuelta, ya que supera por amplia ventaja a los otros precandidatos de su conglomerado, la Concertación. Los números también le dan holgura frente a las cartas presidenciales de la derecha: el ex Ministro Laurence Golborne (15%), que lideró el rescate de los 33 mineros, y el ex jefe de Defensa, Andrés Allamand (7%).
En diciembre pasado, cuando arribó a Santiago para celebrar las fiestas de fin de año, Bachelet anunció en una breve e informal declaración ante la prensa que este mes entregaría noticias sobre su candidatura: “Hablemos en marzo”, señaló en la puerta de su domicilio de la capital chilena.
Desde que dejó la jefatura de Estado, y sobre todo después de que se radicó en Nueva York, ha mantenido un inquebrantable silencio sobre la coyuntura local, lo que produce nerviosismo tanto en los partidos que la apoyan como entre sus adversarios. Cada una de sus visitas a Chile, donde llegaba de sorpresa y tratando de pasar inadvertida, generaba alta expectación ciudadana y mediática.
De acuerdo a sus asesores, un grupo reducido que cultiva la discreción total, la ex Presidente llegará a Chile la última semana de marzo y, recién entonces, antes del día 31, anunciará que esta disponible para correr la carrera presidencial. El Partido Socialista chileno ha anunciado este sábado que el 13 de abril será proclamada por dos partidos de centroizquierda, el socialista y el PPD, y posteriormente inscribirá su precandidatura con miras a las primarias de la oposición del 30 de junio. Bachelet se medirá con el abanderado democristiano, Claudio Orrego (1%); el presidente del Partido Radical, José Antonio Gómez (1%); y su exhombre de confianza y ministro de Hacienda de su Gobierno, el economista Andrés Velasco (2%). La votación, sin embargo, no contempla ningún riesgo para la socialista y se realiza, sobre todo, como una señal de inclusión ante la ciudadanía que no tolera que las decisiones políticas se sigan tomando entre cuatro paredes.
Bachelet evitará realizar pronunciamientos de fondo durante sus primeros días en Chile y se dedicará, sobre todo, a escuchar las demandas de un país que en su ausencia cambió profundamente. En el socialismo se informa que es altamente probable que comience una gira por distintas ciudades de Chile para reunirse con pobladores y organizaciones sociales.
Una de las grandes incógnitas que todavía Bachelet no ha despejado son las propuestas para llegar otra vez a La Moneda. En su ausencia, el país vivió una de las mayores transformaciones con las protestas estudiantiles de 2011. Chile cambió: la población se rebeló contra la desigualdad, una de las mayores del mundo, y demanda más equidad y control de los abusos en un país libremercadista donde los servicios públicos están debilitados.
Entre líneas, sin embargo, la médico socialista ha dado algunas luces de lo que podría hacer en cuatro años de gobierno. En una decena de cartas públicas, que ha hecho llegar en el último año a diversas organizaciones, ha manifestado su interés por una reforma tributaria de fondo, cambios al sistema electoral binominal y ha hecho hincapié en áreas como la educación, salud y laboral. De acuerdo a sus asesores, un eventual nuevo período también pondrá énfasis en la equidad de género.
Uno de los principales desafíos que deberá enfrentar la ex Mandataria será su relación con los partidos políticos de la Concertación, desprestigiados como todas las instituciones democráticas de Chile y con una popularidad del 22%. Bachelet en su campaña deberá hacerse cargo de los aciertos y errores tanto de su gobierno como de su conglomerado, que gobernó Chile entre 1990 y 2010. Los cercanos a Bachelet anuncian en privado que apostará por nuevos rostros y por la inclusión de nuevos movimientos sociales, aunque resulte una tarea compleja. Intentará, además, ampliar la base de apoyo de la Concertación y, por primera vez desde el retorno a la democracia, los comunistas podrían regresar a La Moneda de la mano de la ex Presidente.

El País, 16 de marzo.

viernes, 15 de marzo de 2013

CON ALDO MORO EN EL CORAZÓN

A 35 años de su secuestro y ejecución




«Aldo Moro había chocado contra los que se oponían a una apertura hacia la izquierda. En 1963 favoreció el primer gobierno de los democristianos con los socialistas»



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Moro muerto. Con estas dos palabras comenzó, recuerdo, la crónica de Clarín de aquel terrible 9 de mayo de 1978, cuando el cadáver del presidente de la Democracia Cristiana fue encontrado en la vía Caetani, en el centro de Roma, a pocos pasos de la sede central de la DC y también del "palazzo" del partido Comunista. Muchos corrimos hacia allí pero no se podía pasar y fue por la televisión que vimos más tarde la parte de atrás de un coche Renault 4 rojo en el que yacía el gran estadista. El crimen había sido consumado por los asesinos de las Brigadas Rojas que decidieron su secuestro, el 16 de marzo.

Varios nombres fueron dados a su asesino material, entre ellos el de Mario Moretti, el jefe del comando que llevó a cabo el secuestro y el asesinato.

Moro, un hombre bondadoso y un profeta desarmado, pasó 55 días de un sufrimiento infinito en manos de los sicarios de las BR, una organización terrorista de extrema izquierda, en un pequeño sucucho dentro de un departamento en vía Montalcini, en cuyo garage fue ametrallado después que mansamente se acostó en la parte de atrás del Renault rojo. El asesino que disparó el arma y quienes lo acompañaban le habían dicho que estaban por liberarlo (Moro sonrió escéptico, contó después uno de ellos) y lo taparon con una manta para no ver el horror que estaban cometiendo.

Aquellos fueron los días más largos y sombríos de la República italiana nacida de las cenizas del fascismo y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El trauma todavía hoy no ha sido superado, en particular porque el caso Moro sigue emanando misterios nunca aclarados de manos negras que intervinieron en el secuestro y que hicieron de todo para que Moro nunca fuera liberado. Hasta se habló de la mano de la CIA.

El contexto político de aquel crimen no es difícil de sintetizar y explica quiénes querían verlo muerto y por qué. Aldo Moro había chocado contra los que se oponían a una apertura hacia la izquierda. En 1963 favoreció el primer gobierno de los democristianos con los socialistas.

En 1978, Moro lanzó la estrategia de la "no desconfianza", mediante la cual, el gigantesco Partido Comunista italiano conducido por Enrico Berlinguer —quien en 1973 promovió el "compromiso histórico" con el partido católico preocupado por lo que había pasado en el Chile de Salvador Allende— se abstuvo en el parlamento cuando pidió el voto de confianza un gobierno presidido por Giulio Andreotti.

Moro tenía 63 años e iba al Parlamento el 16 de marzo porque allí se iba a dar un paso que resultaría, más adelante, fatal. El PCI de Berlinguer votaba a favor de la confianza a Andreotti. Los cinco policías que lo escoltaban fueron asesinados sin piedad en la vía Fani, cerca de su casa, después que el presidente democristiano había asistido como todos los días a misa en su parroquia.

En plena Guerra Fría, los comunistas no podían ir al gobierno central italiano. EE.UU. estaba dispuesto a usar cualquier medio para evitarlo. La DC debía gobernar, —y lo hizo durante casi medio siglo, hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín— y el PCI estaba condenado a la oposición.

Los extremistas de las Brigadas Rojas creían que el arreglo entre la DC de Aldo Moro y el PCI de Berlinguer debían ser combatidos porque significaban una traición y una entrega.

Las BR secuestraron a Moro y manos misteriosas (fue acusada incluso la logia masónica P2 de Licio Gelli) urdieron muchas conspiraciones que impidieron salvarlo.

Las anécdotas y las maniobras de aquellos 55 días son infinitas. Moro escribió muchas cartas desde su prisión y su martirio. La Democracia Cristiana, el gobierno Andreotti y el partido Comunista de Berlinguer, alzaron la bandera de la intransigencia. "Con los terroristas no se negocia", afirmaron. Tenían razón, en cambio, el jefe socialista de entonces, Bettino Craxi, y el líder histórico democristiano Amintore Fanfani, quienes sostenían: lo más importante es salvar la vida de Moro, y por eso hay que negociar.

Las Brigadas Rojas fueron más tarde derrotadas por el Estado democrático. Sus líderes recibieron largas condenas y los que participaron del secuestro y asesinato de Moro también sufrieron largas prisiones. Todos están ya en libertad. Una pena, pero así funciona la justicia en un Estado de derecho que no condena a nadie para siempre.

El Papa Pablo VI escribió una carta abierta de notable factura intelectual y emocionante sinceridad en favor de su amigo Aldo Moro. "Me dirijo a ustedes, hombres de las Brigadas Rojas y les imploro de rodillas", comenzaba.

Los dirigentes de la banda terrorista parecían disponibles a cambiar la vida y la libertad de Moro por algunos BR presos. Pero al final nada se hizo y Moro fue sacrificado en varios altares al servicio de oscuros intereses. Los criminales de las BR creían ser la vanguardia de la lucha antimperialista. En realidad, trabajaban para hacer felices a los poderes ocultos que creían contrastar. Y martirizaron con una gran crueldad a un hombre bueno e indefenso.