Radomiro Tomic
11 de septiembre de 1980.
miércoles, 30 de diciembre de 2020
lunes, 26 de octubre de 2020
El escenario socio-económico, la situación de Pandemia, el Plebiscito del 25 de octubre y los desafíos de la centro izquierda
Oscar Osorio
1. El escenario actual
La pandemia del Covid-19, ha
afectado, qué duda cabe, prácticamente a todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo
a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se estimó
que el Producto Interno Bruto (PIB) de la región caerá a niveles de hace 120
años. La revisión proyecta que en 2020 la zona verá una disminución del 9,1%.
En efecto, América del Sur será la más afectada en la caída del salario con
9,4%, por delante de Centroamérica y México con 8,4%. Se prevé que el desempleo
suba a 13,5%, la pobreza llegue al 37,7% y se confirme a la región como la más
desigual. La entidad considera que el continente perderá 10 años “en términos
económicos”. Además considera que retrocederá 15 años “en términos sociales”[1].
La comisión
de ONU observa que los sistemas de salud deficientes, la elevada informalidad
laboral y magros sistemas de protección social, dificultan la recuperación ante
la crisis sanitaria. Por esa razón los economistas de la Cepal llaman a olvidar
las estrategias de ajuste y piden planes fiscales y monetarios expansivos.
Chile, no
está ajeno a este drama. Más aún, la pandemia ha desnudado déficit que creíamos
superado: niveles de hacinamiento, vulnerabilidad social y una profunda
desigualdad territorial que ha significado que del total de fallecidos a la
fecha (18.000 aproximadamente), cifras
cercanas al 90% corresponden a personas que habitan comunas y territorios
populares. En este sentido, contrario sensu al discurso oficial, el virus es absolutamente
antidemocrático.
De esta manera,
para Chile la entidad considera que la
caída de sus finanzas será de -7,9% del PIB. Las estimaciones más drásticas de
la Cepal son para Venezuela (-26%), Perú (-13%), Argentina (-10%), Brasil
(-9,2%) y Ecuador (-9%).
2. Las medidas del Gobierno
Absolutamente
todas las medidas económicas y sociales, diseñadas e implementadas por el
gobierno para enfrentar la crisis, relacionadas con reactivación fiscal, mayor
gasto y reasignaciones, alivios tributarios y mayor liquidez, han sido no sólo
insuficientes, sino que extemporáneas, reducidas y de difícil acceso (excesiva
burocracia y serios problemas logísticos) en atención al discurso “oficial de
la focalización”, v/s” la universalidad” requerida por la mayoría de los
actores políticos. Tanto así, que el parlamento, con votos incluso de parlamentarios del oficialismo, logró
aprobar el retiro del 10% de las platas que las personas tenían ahorradas en
las AFP, justamente como una medida para que la mayoría de las personas
afectadas por los problemas económicos derivados de no poder trabajar, tuvieran
algo de liquidez. Medida que requería Cuorom Calificado (2/3) para ser
aprobado, por lo que se necesitaba en ambas cámaras de votos de parlamentarios
del oficialismo, situación que finalmente ocurrió.
De esta
manera, lo que en un primer momento fue sumamente resistido no solo por las
autoridades políticas y sectoriales del gobierno, sino que también por técnicos
y economistas de la oposición, lo que habla (quizás) de la estrechez de
paradigmas respecto de la formación de las escuelas de economía en las diversas
Universidades del país, finalmente
resultó un gran impulso a la actividad económica del país y se hizo con los
recursos de los propios trabajadores.
3. Cómo enfrentar este escenario de
restricción y estrechez económica
Ante la
caída de -7.9% que tendrá el PIB del país, es poco el espacio y margen de
acción del gobierno en este último trimestre. Lo más seguro que se genere (o debería generarse) un gran impulso a la
generación de empleos con recursos públicos. Para tales efectos, existe memoria
en el aparato de gobierno ya que tanto en la crisis asiática de 1998-2000, como
en la crisis sub prime de 2008, hubo un fuerte impulso a la generación de
empleos a través de diversas obras fiscales. Sin embargo, tal como lo presenta
la CEPAL, esta crisis será de significativa
mayor proporción a las anteriores crisis, razón por lo cual la respuesta
del Estado debe ser también muy contundente.
Ministerios
como Obras Públicas (MOP), trabajando en el mejoramiento de la conectividad, (a
través de sus obras de vialidad) por ejemplo en sectores rurales
(particularmente en territorios y comunas con población indígena), en la construcción de puentes o en obras de
mayor envergadura como embalses, puertos, etc., etc.; Vivienda, propiciando
políticas para la construcción de viviendas en territorios rurales y también en
comunas urbanas; Agricultura, con sus servicios, particularmente la Conaf, en
tanto Corporación privada, puede recibir recursos desde la Dipres e implementar
en todo el país, planes de empleos relacionados con algunas de las acciones de
la corporación forestal. Esto es lo que se espera para este último trimestre de
2020.
4. El momento constitucional
En este
escenario de incertidumbre, desempleo, pobreza, más y profunda vulnerabilidad,
generada tanto por la pandemia como por las desigualdades estructurales de la
economía, se realizará el plebiscito del
25 de octubre. Tal como indican los análisis y predicciones electorales, la
opción “apruebo” concitará una gran mayoría, lo mismo que la “convención
constituyente”. Este momento constituyente es la única ruta posible para
solucionar la crisis del 18/0, que expresó, de manera categórica (y dramática
también) que el modelo (ultra) neoliberal había perdido toda legitimidad y que
el pueblo, organizado se había expresado con absoluta claridad: no queremos más
de lo mismo. Este es un consenso claro.
Sin embargo, en virtud de la pandemia y fundamentalmente de los factores
políticos (fragmentación de la oposición) no existe claridad si este momento
constitucional llevará finalmente a un nuevo proyecto de sociedad y cuales
serías sus contornos, contenidos y ejes. Hasta ahora solo existen variados
ejercicios de imaginería acerca de lo
que podría constituir un nuevo modelo.
5. El contexto para la reactivación
económica
Mientras se
desencadena este proceso constituyente, habrá que hacerse cargo (vacuna
covid-19 mediante) de la reactivación económica del país. Sin embargo, subyacen
dos grandes variables estructurales,
además de un elemento político-ideológico, que irán definiendo los
alcances y focos de la reactivación. Nos referimos a lo siguiente:
En primer lugar, a la absoluta e irremediable
deslegitimidad del modelo de desarrollo (ultra) neoliberal, que, dicho en
palabras muy simples, se basa (ba) en la idea según la cual la búsqueda de la
felicidad y la buena vida, será siempre un asunto autorreferencial que cada
individuo debe llevar a cabo por su cuenta. Es decir, el “yo puedo solo” (donde
no existe la sociedad) importando nada o lo mismo si el infortunio afecta a los
demás. La pandemia y sus devastadores efectos ya expresados aquí, nos han
mostrado que si no hay comunidad, si no hay colaboración e incluso reciprocidad,
es imposible salir en soledad, “por las propias” o “por las mías”.
En segundo lugar, y en mismo nivel de relevancia que el
punto anterior, el desfonde paulatino
y sostenido de la institución “Presidencia de la República”. El punto ha sido
tratado por innumerables columnistas y claramente afecta a un país
excesivamente presidencialista como el
nuestro. Ambos elementos estructurales limitan no sólo la confianza social, sino que toda posibilidad
de creer en planes, programas y políticas de reactivación que provengan de
estas instituciones.
En
tercer lugar, como elemento político-ideológico,
¿qué rol asumirá el ethos empresarial chileno?, que se caracteriza, entre otras
dimensiones, por la gran
concentración económica del poder; la falta de transparencia de las
instituciones económicas, por lo tanto opacidad en las reglas de competencia de los mercados, que les han permitido ocultarse detrás del lobby,
para que los grandes grupos económicos mantengan sus ventajas.
Esta gran concentración económica ha venido generando una sobrerrepresentación de los grupos empresariales y de las elites en los espacios de toma de decisiones políticas, situación que tiene evidentes problemas de legitimidad, pues transmite muy claramente un sentido de desigualdad en la influencia que los grupos más privilegiados pueden ejercer. Y contra este tipo de privilegios de la elite económica, social y política, el país se ha pronunciado de manera elocuente. No sólo no les creen, sino que los responsabilizan como uno de los causantes de la crisis, particularmente del 18/10. La pregunta al respecto es la siguiente: ¿será posible que este empresariado inicie un camino, por cuenta propia, de modernización que permita regular los mercados y hacerlo desde la perspectiva de los consumidores?, donde el sentido de la competencia no sea acabar con el otro y mantener privilegios y poder, sino que fomenten iniciativas de innovación y servicios pro-consumidor.
6. ¿Qué políticas para la reactivación?
Si la
respuesta a la pregunta anterior, tiene una respuesta en la línea de la
reflexión final, es señal de que efectivamente el empresariado y las
principales autoridades del sector económico, han escuchado el clamor del
pueblo. Sin embargo, de manera lamentable, (fatalmente lamentable) las
principales autoridades del sector y los representantes de las organizaciones
empresariales, han dado la señal equivocada. Lo que pretenden es financiar los
gastos de la reactivación con los recursos de los trabajadores. Ya está
rondando la idea en el parlamento y no faltarán quienes realmente crean que
subir uno o dos puntos el IVA sea una medida justa y no regresiva.
Se olvidan
que la principal agencia económica en el mundo, de inspiración neoliberal, el
FMI, modificó su discurso ortodoxo al pedir a los gobiernos que sumen impuestos
para los más ricos. La recomendación busca que los estados amplíen su
recaudación y ayuden a los sectores más afectados por la crisis que deja la
pandemia. Incluso hablan de “la
aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las
empresas más rentables”. Más aún, la directora gerente del fondo, Kristalina
Georgieva, recalcó que retirar “los apoyos de manera prematura: podría provocar
una ola de quiebras y un gran aumento del desempleo”. La titular comentó que
los gobiernos deben “adaptar el sistema fiscal para adaptarlo al mundo del siglo
XXI y hacerlo más equitativo”.
7. ¿Qué hará la oposición ante esta
disyuntiva?
Con un
gobierno desfondado, con una crisis de legitimidad terminal del modelo, con una
demanda social, sin articulación de partidos políticos, sin mediación
organizada, (como nos recordó de nuevo este18/0, con “funas” a cualquier atisbo
de llevar las aguas del descontento a “mi molino”), la oposición debe ser capaz
de jugar en todas los espacios, en todas canchas y hacerlo de manera impecable
(situación que hasta ahora no ha ocurrido).
El primer
partido y la primera cancha será este 25 de octubre, donde toda la oposición
deberá usar de todo sus aparatos y recursos para que el apruebo y convención
constituyente obtengan un claro triunfo. El segundo partido se comenzará a
jugar inmediatamente después del plebiscito y será el de comenzar con el
proceso constituyente que finalmente derive en una nueva carta fundamental sin
ataduras autoritarias, que deje atrás las ideas de Estado subsidiario y que
sean reemplazadas por las ideas de un Estado Social de Derechos. Un tercer
partido, quizás el más relevante y complejo, será el de comenzar a dibujar los
contornos de lo que debería ser el nuevo proyecto, el nuevo modelo que
reemplace al actual modelo de desarrollo (ultra) neoliberal. Este partido será particularmente
complejo toda vez que las bases del malestar, descontento o desplome del
modelo, seguirán estando vigentes mientras se juegan estos partidos. Es decir,
no ha habido modificación alguna al sistema de salud, las AFP siguen pagando pensiones
miserables, las elites empresariales, sus privilegios y prebendas nos continúan
asombrando, etc., etc.
Se
requerirán, por lo tanto, ejercicios de generosidad, altruismo y de un gran
sentido patriótico y republicano. Lo que se viene no es menor y tiene que ver
de qué manera los dilemas, desafíos y limitaciones del sistema democrático, los
resolvemos con más democracia y no con menos. Es mucho lo que está en juego
como para dejar que la desmesura y las consignas del todo o nada, se adueñen de
la cancha. Pero tampoco la crisis se resuelve con más de lo mismo.
Será
necesario construir rutas participativas, incluyentes, de cambios y reformas
indispensables y otras más adjetivas que incorporen horizontes de tiempo para
su implementación. El país tiene memoria
de experiencias que significaron reformas profundas, cambios, participación
social, fortalecimiento de modelos cooperativos, presencia del Estado
acompañando y diseñando futuros. A esa memoria tenemos que apelar.
Compatibilizar
entonces, “hasta que la dignidad se haga costumbre”, con más y mejor
democracia, es el objetivo, el camino y la ruta. La dignidad sólo en democracia
se hace costumbre. La pregunta es: ¿estará la clase política, la oposición, la
centro izquierda dispuesta a asumir este desafío? La respuesta a esta pregunta
está abierta.
Oscar Osorio Valenzuela
Octubre 20, 2020
[1] Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Principales condicionantes de las políticas fiscal y monetaria en la era pospandemia de COVID-19. CEPAL, octubre 2020
lunes, 5 de octubre de 2020
La Democracia Cristiana en la encrucijada: ¿Por quién doblan las campanas?
Oscar Osorio Valenzuela
Nadie es una isla, completo
en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si
el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, como si fuera un
promontorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La
muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; por
consiguiente nunca hagas preguntas por quién doblan las campanas: doblan por
ti,
Fragmento del poema del
inglés, John Donne, 1624
Posteriormente, en 1940, el
afamado escritor estadounidense, Ernest Hemingway publica su célebre novela,
tomando el nombre de este poema, para graficar también la tragedia de los
combatientes del bando republicano, en la guerra civil Española, que fue la
fragmentación (anarquistas, comunistas, parte del ejército regular, milicianos,
internacionalista, como el mismo Hemingway), frente a un enemigo compacto,
feroz y con gran ayuda de Italia y la Alemania nazi. Nunca hubo un colectivo;
solo singularidades, valientes y combativas como ninguna, pero nada más que
singularidades.
La realización de la Junta
Nacional del Partido Demócrata Cristiano, el sábado 26 de septiembre, venía precedida
por la gran fragmentación de sensibilidades internas. Todo hacía presagiar que
la conducción del presidente (para muchos erráticas) respecto a constituirse
durante los dos primeros años de este gobierno, en una suerte de bisagra,
apoyando proyectos del gobierno, y distanciándose sostenidamente del resto de
la oposición, se ratificaría o, a lo más, sufriría algunas modificaciones
menores. Sobre todo, en virtud del contexto que cambia abruptamente a partir
del estallido del 18/0 y fundamentalmente con la pandemia del Covid-19, que ha
dejado al país en la más absoluta de las precariedades y vulnerabilidades,
producto de un Estado neoliberal ausente. Sin embargo, contra todo aquel
presagio de infortunios, aquello no ocurrió. Por lo tanto, luego de la realización
de la junta Nacional, cabe preguntarse: ¿Por quién doblan las campanas en la
DC?
1. Doblan, por el Voto unánime de la Junta, respecto a concitar la mayor unidad de la oposición. Para tales efectos se habilitó a la Directiva Nacional para concertar acuerdos y definir primarias con el resto de la oposición. “Con toda la oposición, sin exclusiones”. Pero también por resituar a la DC en la oposición, en la centro izquierda y hacer todos los esfuerzos inimaginables, no sólo para ofrecer una alternativa de gobierno junto a “todo” el resto de la oposición, sino para cambiar el modelo de desarrollo basado en el neoliberalismo y transitar hacia un estado social de derechos. Por el contrario, no doblan por aquellos asesores y consejeros en las sombras, que previo a la realización de la junta, “extrañamente” con todo el apoyo y cobertura de los medios de comunicación oficialistas, argumentaban que la DC debía situarse solo en el eje del centro y desde ahí, cual partido “boutique” comenzar a diseñar una ruta de centro derecha para el partido y para el país.
2. Doblan, con justa razón, por Carmen Frei. No solo por su coherencia política que se manifiesta en tender puentes de confianzas hacia el resto de la oposición y generar unidad en los hechos. La creación de un comando unido por el apruebo, junto a otras destacadas mujeres de todo el espectro de oposición, es una muestra de esa coherencia. Pero también por su inclaudicable lucha por demostrar (cosa que ya fue confirmada por los tribunales de justicia) que su padre, el ex Presidente Frei Montalva, fue asesinado por la dictadura cívico-militar justamente por exigir una nueva constitución para Chile a través de una asamblea constituyente. No doblan, qué duda cabe, por Genaro Arriagada.
3. Doblan también por Ramón Briones, referente de la sensibilidad a la que pertenece el Presidente del Partido, quien hizo no solo uno de discursos más emotivos y resueltamente antisistema, reconocidos por todos los integrantes de la Junta, sino que además, le recuerda a la Junta lo errado de la conducción del partido en los dos primeros años de este gobierno, respecto a la idea de ser un partido bisagra. Briones no sólo habló de la inmoralidad del modelo neoliberal, sino que apeló a la necesidad de cambiarlo urgentemente. Incluso se refirió a todo lo que podría realizar el Estado de poder manejar los recursos que los trabajadores le han entregado a las AFP.
4. En el mismo sentido, doblan por aquella inmensa cantidad de dirigentes políticos y sociales que se han manifestado incansablemente por cambiar el sistema de pensiones basado en las AFP. La junta lo expresó claramente en el voto, respecto a no +AFP. Por esta razón las campanas doblan también por Ricardo Hormazábal, quien fue el primero en denunciar el fraude de las AFP respecto de las pensiones. Por tales razones, fue prácticamente desterrado, marginado y excluido de toda figuración pública (por el partido del orden) por atreverse a cuestionar el sentido de tales instituciones. Hoy su lucha ha sido reconocida en esta junta nacional y fundamentalmente en el voto político.
5. Doblan las campanas, además, por la inmensa y mayoritaria cantidad de dirigentes territoriales, mujeres y hombres que, en la junta, alzaron la voz para llamar a la unidad y recordar que ellos y ellas están trabajando en las calles, codo a codo con todas las fuerzas de la oposición para que en el próximo plebiscito del 25 de octubre, triunfen la opción “apruebo” y “convención constituyente”. También recordaron el tema de la equidad de género, cuestión que finalmente el voto de la junta incorporó. Pero lo más relevante de su llamado e interpelación fue para que el partido, de manera decidida, se sitúe definitivamente en la oposición. Doblan las campanas entonces por la voz de María Beatriz Fuenzalida, dirigente nacional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación (ANDIME) de la región del libertador O’Higgins y de Abdón Anaís, dirigente de la ANEF regional de la región de Coquimbo.
6. No doblan las campanas, para quienes insisten en creer que el enemigo y el “cuco” del país y de la DC es el comunismo o el partido comunista. Se olvidan que es el modelo de desarrollo en este sistema neoliberal, generando todas las desigualdades, precariedades, vulnerabilidades, abusos y privilegios, para el grueso de la población, es el que hace posible escuchar el discurso e influencia comunista. Por lo tanto, las campanas doblan por la Senadora Yasna Provoste y claramente no doblan por el afán inquisidor de Marta Larraechea.
7. Doblan las campanas, por la cantidad de concejales y alcaldes de los territorios más pobres del país que influyeron para que en la redacción del voto unánime de la Junta Nacional, en el primer lugar, estuviera un homenaje a las ya casi 17.000 víctimas del Covid-19, y a sus familias y que pertenecen en una amplia proporción, justamente a estos territorios más pobres del país. Los responsables del diseño e implementación de las políticas para enfrentar esta pandemia, al menos los de la primera etapa, deben asumir sus responsabilidades políticas, administrativas, pero también penales. Doblan las campanas entonces por Felipe Delpin, alcalde de la comuna de La Granja, y por Claudia Pizarro, alcaldesa de la comuna de La Pintana, ambas comunas fuertemente afectadas por la situación de pandemia y que han alzado su voz para denunciar esta situación.
8. Doblan por Renán Fuentealba, Mariano Ruiz Esquide y Jorge Donoso, firmantes de la carta de “Los trece” del 11 de septiembre de 1973, quienes encabezaban uno de los votos que se discutieron en la junta, junto al también longevo ex diputado por la región de Aysén, Valdemar Carrasco, por quien también doblan las campanas. Los cuales, con toda su juventud acumulada (103 años de Renán y 91 de Mariano y 90 de Valdemar), hicieron llegar con su ejemplo a esta junta, que siempre será valioso defender la democracia, a cómo de lugar. Lo mismo respecto de la unidad de la centro izquierda. En este sentido de la unidad, el espíritu de Bernardo Leighton, principal impulsor de la carta, también estuvo presente en la Junta.
9. Podrían haber doblado por el Senador Francisco Huenchumilla, si es que no hubiese puestos tantos requisitos para llegar como candidato a la junta. Un error de cálculo hizo que se bajara cuando finalmente todo lo que él pretendía, ex ante la realización de la junta, el voto unánime de la misma lo contempló. Además que la Junta, como si respondiera a una solicitud personal, incorpora en unos de acápites, que Chile, junto con reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, debe conformarse en una sociedad pluricultural.
10. Doblan entonces por Ximena Rincón y Alberto Undurraga, quienes con una voluntad y convicción más alta que la cordillera de los Andes, llegan como candidatos y dispuestos pasar todas las vallas y competir lealmente en una primaria interna, para luego asumir, ojalá como candidato (a) único de la centro izquierda, en una primera vuelta presidencial, teniendo presente el clamor de la junta: no más gobierno de derecha, no más modelo neoliberal y unidad con todos, sin exclusión. Dependerá de ellos cómo siguen esta ruta.
viernes, 18 de septiembre de 2020
GOBIERNO DE MAYORÍA
Rodolfo Fortunatti
Más de la mitad del tiempo que dura el gobierno de Sebastián
Piñera habrá transcurrido, como en su primera administración, en medio de la
inestabilidad y de una débil gobernabilidad democrática, sumadas ambas a la baja
popularidad del presidente y del gabinete de ministros. La razón de fondo no ha
de buscarse más allá de la presencia de una alianza política minoritaria y
desarticulada, como la constituida por los partidos de derecha, y la reprimida acumulación
de demandas y expectativas insatisfechas esperando ser atendidas y, en lo
posible, saldadas. La razón está precisamente aquí: la derecha nacida al amparo
de la Constitución del 80, no puede gobernar porque no sabe cómo hacerlo. Han debido acudir
en auxilio del gobierno y del restablecimiento de su aplomo institucional, dirigentes
de partidos de oposición, incluso abandonando su domicilio político, y a un
alto precio que, probablemente, sus propios electores les cobrarán en los
comicios que se avecinan. Esta debilidad la advierte Joaquín Lavín cuando señala
que estará disponible para asumir la sucesión presidencial en una alianza de convivencia nacional
que, sin embargo, es rehuida por su sector.
Realismo sin renuncia
Es cierto que también la popularidad del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet marcó un bajo rating, y que su conglomerado mostró signos de desafección y pérdida de cohesión. Pero ello fue posible porque desde que asumió y hasta que dejó el Palacio de Gobierno, operó un bloqueo a ratos conspirativo —como la invención del caso Caval, su inminente abdicación o su inhabilitante estado de salud―, contra el programa de reformas que comprometió en las primarias de 2013. El obispo de la iglesia Católica Alejandro Goic calificó las primeras iniciativas de frenesí legislativo. Soportó estoicamente el fuego amigo, eufemismo con el que suele nombrarse a la oposición interna no declarada, pero persistente y desembozada. Contaba acaso tres meses de gobierno cuando los liberales la notificaron que la Nueva Mayoría no era en verdad una coalición, como lo había sido la ex Concertación, sino algo menor, un acuerdo programático con fecha de vencimiento. Desde luego, una inconsistencia la suya, pues ninguno de ellos deseó que la ex Concertación fuera la alianza que llegó a ser y, menos aún, que pudiera durar veinte años y ofrecerle al país dos presidentes democratacristianos y dos socialistas. Se hicieron concertacionistas en la medida que moderaron su anticomunismo. Resiliente como es… ¡incluso a la adversidad que halló en sus propios ministros!, introdujo en el diseño gubernamental el ajuste conocido como de realismo sin renuncia que le permitió llegar hasta el final de su mandato presidencial. Es claro que no pudo responder, como hubiera querido, a la contenida demanda ciudadana, y prueba de ello es que casi al momento de entregar el gobierno, despachó al Congreso el proyecto de cambio constitucional.
Fin del principio de subsidiariedad política
¿Dónde radica entonces la diferencia entre la gobernabilidad de Bachelet y la de Piñera? En dos hechos íntimamente conectados y metodológicamente demostrables. El primero es que la centroizquierda que volvió a levantar la candidatura de Michelle Bachelet fue mayoría en las primarias de 2013; luego, en la primera vuelta de noviembre, y en la segunda vuelta de diciembre del mismo año. Ello se reflejó asimismo en la composición del Parlamento del año 2014. La centroizquierda también marcó su impronta en la integración del Congreso de 2018, no obstante haber cedido el paso a Piñera en la competencia presidencial. Todo lo cual remacha la condición minoritaria de la derecha. Hace no más de algunas horas la oposición reafirmó su adhesión a la institucionalidad jurídica del Estado, al respaldar lo obrado por el Contralor en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras sobre las actuaciones de funcionarios de Carabineros durante el Estallido Social, amparadas sin embargo por el Gobierno. El segundo hecho que distingue al actual gobierno del que le precedió, es que las principales realizaciones por las que será recordado y pasará a la historia, pertenecen a la oposición. Son iniciativas de la oposición, amén de otras igualmente trascendentales, la reforma que permite poner término a la Constitución de 1980, y el retiro del diez por ciento de los fondos de las AFPs. Por cierto, serán simbólicamente diluidas en el almíbar de los llamados consensos transversales para bien de toda la población y de los que nadie debería restarse. Por el contrario, ¿quién podría negar que son reformas propias del programa de Bachelet el fin del sistema electoral binominal, la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el fin del lucro, la selección y el copago en educación, la Ley Ricarte Soto por la cual se pueden financiar enfermedades de alto costo, la gratuidad en la educación superior, la ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, la ley que despenaliza el aborto en tres causales, y la ley de nueva educación pública? Pero esta práctica, donde las mayorías van en auxilio de las minorías cuando éstas no pueden gobernar, debe terminar. Este régimen de subsidiariedad política que se activa en circunstancias de ingobernabilidad e inestabilidad, debe acabar, precisamente porque eterniza la vulnerabilidad del sistema democrático.
30 años, 32 dictaduras y una barrera sin sentido
Las lecciones de los gobiernos de Bachelet y Piñera enseñan que el actual trance histórico, que no es la emergente crisis sanitaria, social, económica, ambiental y política, sino el orden que causa la vulnerabilidad del país ante éstas, y, especialmente, la exposición al riesgo de las clases medias y populares, solo puede ser sobrellevado por un gobierno de mayoría con un fuerte apoyo parlamentario. El sello político de dicho gobierno no puede ser sino el de una alianza de centroizquierda. Como lo demuestra la experiencia de hace cincuenta años, la configuración de una mayoría para cambiar la estrategia de desarrollo y radicalizar la democracia, depende crucialmente de la voluntad de las fuerzas políticas de centroizquierda. Porque no vendrá de los sectores que instituyeron la Constitución del 80 y el Código de Aguas. Si no hay unidad de esas fuerzas y, por consiguiente, si no hay acuerdo sobre un programa común, no será posible avanzar. Presionar las condiciones sin ser mayoría y a cualquier precio para tornarlas objetivamente favorables a la reforma, solo conduce a la ruptura y a la confrontación civil y política. Bachelet era consciente de la lasitud que afectaba a todo el arco político de su coalición, y, por eso, pasó a la fase del realismo sin renuncia, es decir, a priorizar las acciones de gobierno y a darles viabilidad financiera, técnica y política. Pero aquel diseño culminó en la derrota de Alejandro Guillier, y quedó totalmente desechado en el Estallido Social de 2019, que puso de manifiesto la necesidad de mayor profundidad y celeridad de los cambios. Resulta evidente que frente a este nuevo estado de madurez del país, hay comportamientos políticos que han pasado a la vanguardia, mientras que otros han permanecido en un rezago apático. Está fuera de la coyuntura condicionar la formación de este conglomerado mayoritario a la adhesión o condena de los países con menor grado de desarrollo democrático. Hay 32 dictaduras firmes en el mundo, con varias de las cuales Chile mantiene relaciones diplomáticas y comerciales. Dictaduras comunistas, como China y Vietnam, donde nuestros exportadores de frutas gustan de tomarse fotografías. Dictaduras como Egipto, Qatar y Arabia Saudí. Si se propusiera romper con ellas antes de arribar a un pacto, la barrera sería tan difícil de sortear como la Gran Muralla. Tampoco daría frutos condicionar el nacimiento de un nuevo y amplio conglomerado, a la crítica de los treinta años de políticas públicas de la Concertación. En tal caso el esfuerzo unitario quedaría reducido al mínimo, porque nada puede construirse hacia el futuro, sino sobre los progresos pasados, conquistados bajo una democracia, tutelada, semi-soberana y subsidiaria de los partidos y representantes de derecha. Herencia política que defenderán democratacristianos, socialistas, radicales, pepedés, liberales, izquierda-cristianos, mapucistas y comunistas. No tiene mucho sentido esta credencial de coherencia. Como no lo tiene negarse a un mecanismo de selección del o la candidata presidencial y de los contenidos programáticos de una propuesta. Lo que queda claro, como el agua que corrió el 2017, es que separados a primera vuelta es una derrota segura para la centroizquierda, y sobre todo, para la gente que ha sufrido y que anhela la paz.
viernes, 21 de agosto de 2020
UNA GESTA HISTÓRICA
Rodolfo Fortunatti
La revista Foreign Policy se pregunta si Estados Unidos se recuperará del actual trance y qué fortalezas serían necesarias para salir de éste. El análisis lo emprende a través del prisma que ofrece a la ciencia política Seymour Martin Lipset, según el cual la legitimidad del sistema la conceden los ciudadanos que creen en el valor de la democracia en sí misma, en sus principios, valores y objetivos, independientemente de los altibajos que exhiba el desempeño del gobierno, de las fluctuaciones a corto plazo de la economía, y de las políticas y líderes particulares.
Esta creencia ha estado siempre viva en el movimiento popular chileno, y en sus luchas de reconocimiento, y lo estará el próximo 25 de octubre cuando haya llegado la hora de votar.
Gobierno sin legitimidad
La legitimidad es la adhesión profunda al ejercicio del poder y al
funcionamiento de las reglas del juego que garantizan este poder.
La ciencia política ha reservado la noción de legitimidad de desempeño al apoyo prestado por la ciudadanía a la
conducción del gobierno y, por contraste, ha denominado legitimidad sistémica a la certidumbre afianzada en la gente de que
el orden constituido garantizará el funcionamiento del gobierno y de las instituciones.
Una cosa es el presidente y otra cosa la democracia. Ambas son creencias, convicciones
y a menudo dogmas, formados en base a las percepciones de las personas respecto
de los efectos de la actividad política ordinaria sobre su vida cotidiana.
De ello se sigue que, aunque la legitimidad de desempeño de las autoridades estuviera por los suelos, la legitimidad sistémica podría exhibir una alta aprobación. El desempeño del presidente, del gobierno, del parlamento y de los tribunales de justicia, así como el de las fuerzas armadas y la policía, hoy por hoy, muestra una baja aceptación en el país, al revés del desempeño de los bomberos, de los médicos y de los funcionarios de la salud, que es visto con simpatía y gratitud por la ciudadanía. La encuesta Criteria de agosto destaca que sólo un 12 por ciento de los encuestados aprueba la gestión del presidente y no más del 13 por ciento la competencia de sus ministros. Sin embargo, así sean impopulares, el Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema, continúan operando, como continúan haciéndolo el Cuerpo de Bomberos y el Colegio Médico, que gozan de mejor aceptación.
También la gente descree de la Constitución y del modelo de desarrollo, pero, a pesar de las rupturas críticas que reveló el Estallido, estos no han cesado de ordenar la actividad política y económica; como que el retiro de ahorros de las cuentas de capitalización individual precisó una reforma constitucional. Y aunque resulte paradójico, las personas confían en que el Plebiscito acordado por el gobierno, el parlamento y los partidos políticos comporta una salida política a la crisis de legitimidad del sistema. Del mismo modo que confían en que el retiro del diez por ciento de sus fondos será efectivamente ejecutado por las administradoras de fondos de pensiones, cuya legitimidad también cuestionan.
¿De dónde procede esta certidumbre social? Parece indudable que esta seguridad en el orden social hunde sus raíces en algo más profundo que una administración o que un conjunto de instituciones. Es una creencia de naturaleza semejante a la preexistente durante la lucha contra la dictadura. Arranca de la cultura política nacional, pues en pueblos como Chile, donde ha imperado una larga práctica de lucha democrática, se han formado valores y convicciones que trascienden el desempeño de los gobiernos y de los sistemas políticos. A este ethos nacional apela el relato republicano.
El discurso del Teatro Caupolicán
El discurso del presidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán el 27 de agosto de 1980, es elocuente memoria de esta conciencia arraigada a la tierra y a su gente. Lo es, sobre todo, la maximización de la audiencia que conquistó aquel ritual republicano; un país que solo pudo oír el mensaje a través de las frecuencias de radios Chilena y Cooperativa.
El gobierno se negaba a autorizar el acto. No quería que hablara el expresidente, y no toleraba que la ciudadanía pudiera escucharle. En el Caupolicán se congregaron más de diez mil personas. Y la población igual concurrió a votar aquel jueves 11 de septiembre de 1980, cuando el régimen cumplía siete años desde su instalación. La gente sabía que cualquiera fuera su voto en el Plebiscito Constitucional, su voluntad sería distorsionada u omitida, como lo había sido en la Consulta Nacional de 1978.
En esos momentos el general Augusto Pinochet se ajustaba la investidura presidencial, y el poder constituyente se depositaba en los tres comandantes en jefe de las fuerzas armadas y en el general director de Carabineros. Este era, asimismo, el Congreso, la cámara legislativa. El Poder Judicial sometido había perdido su autonomía, incluso para otorgar amparos En esa hora de Chile se instauraba la Constitución actual y el «modelo de desarrollo» que nos rige, el último —como lo pretendía entonces Francis Fukuyama―, el experimento neoliberal que vendría a coronar el fin de la historia de la humanidad. Meses después, el presidente Frei fue asesinado. Había alzado la voz por los sin voz para denunciar y combatir la imposición del nuevo régimen constitucional.
Más allá del desempeño del gobierno autoritario y del sistema institucional, lo que había era una convicción que comprometía decisivamente la inteligencia y el corazón. Una fe, como la entendió Maritain, o una mística, como la vio Péguy, y, después de él, Juan Pablo Terra, el sociólogo uruguayo. Una poderosa motivación para la acción, en defensa de la democracia frente a quien ha tomado «postura contra la libertad, contra la igualdad fundamental de los hombres, contra la dignidad y los derechos de la persona humana o contra el poder moral de la ley», como se puede leer en El Hombre y el Estado.
El despertar
El 25 de octubre próximo, fecha del Plebiscito, se cumple un año de la masiva concentración pública en la plaza de la Dignidad y en otras plazas de Chile. Un millón y medio de hombres y mujeres de todas las edades, razas y clases colmó las calles de Santiago. Su valor simbólico estriba en haber encarnado el mayor levantamiento cívico del país en contra de la represión procedida de la declaración del estado de emergencia, el incendio de las estaciones de metro, la violencia sin límites practicada por agentes del Estado contra manifestantes inermes, con consecuencias de muertes y mutilaciones. Todo lo cual configuró un cuadro de violación sistemática de derechos fundamentales, como fue confirmado más tarde por observadores internacionales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos declara que de 2.164 querellas presentadas en todo Chile hasta el 30 de mayo, había solo 21 formalizados. La ciudadanía ahora sabe que cuando protestó, durante esas dos primeras semanas, Carabineros disparó… ¡104 mil tiros de escopeta! Y ahora provoca al país con el fallido intento de dar el nombre del general Stange a la Academia de Ciencias Policiales.
¿Por qué ocurre todo esto? Porque también en la cultura política nacional subyace un estrato de urfascismo: una purulencia autoritaria, supremacista y excluyente. Un caldo de cultivo intolerante, y a ratos violento, que alimenta el discurso de los «herejes» políticos de la democracia.
Harán lo imposible por impedir el Plebiscito. Nunca lo quisieron. Y si lo aceptaron, fue nada más porque no tuvieron alternativa ante la presión que les opuso la protesta cívica. Saben que la Constitución de 1980 y el modelo económico que instituyó llegan a su fin y, con ellos, la legitimidad de su propio desempeño.
Y, por eso, tras la pandemia la imaginación de aquellos sectores se ha tornado prolífica en subterfugios.
Han sostenido que no puede haber elección en medio del estado de excepción, porque no habría garantías de campaña ni de discusión de ideas. Han planteado que no se realice este plebiscito y que en abril se elija a los miembros de la Convención Constituyente. Han propuesto que en vez del plebiscito y de los convencionales, sean los parlamentarios que se elijan en 2021 los que diseñen la nueva Constitución.
Pero el Plebiscito se ha hecho tan inminente que este 26 de agosto se inicia la difusión de las opciones en juego, de sus significados y consecuencias para el país, y el próximo mes —en un año que pasa a toda velocidad― comienza la campaña. Entonces aparecen fórmulas destinadas a frenar su realización.
Un rebrote de la pandemia sería el escenario ideal, como fue un respiro para el desempeño del presidente Piñera la postergación del evento que debía efectuarse el 26 de abril. Dicho escenario obligaría a decretar cuarentenas y restricciones que provocarían la abstención de la población. No tiene otra justificación la insistencia del titular de Educación de exponer al contagio a niños, niñas, adolescentes, docentes y asistentes, con un regreso prematuro a las escuelas. No tiene otra justificación el proyecto de ley del senador Francisco Chahuán, consistente en fijar un máximo del 50 por ciento de abstención, siete millones de electores, para declarar legítimo el plebiscito. Por qué, cuando en la elección parlamentaria de 2017, donde el senador Chahuán resultó electo con el 22 por ciento de los votos, la abstención fue del 54 por ciento. Por qué, cuando los propios informes del Congreso enseñan que todos los países latinoamericanos tienen cotas inferiores al 50 por ciento. Quisieran hacer de la elección del 25 de octubre una profecía autocumplida: primero inducir la abstención para, luego, por ley, anular la validez del plebiscito. ¿Quién podría estar disponible para este juego sin exponerse al descrédito?
Se impondrá el sentido común, y la gente irá a votar. «Así como las personas pueden ir a un supermercado o a una multitienda, probablemente también puedan ir a votar», reflexiona Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico. Y tiene razón. Pero el desafío de la fe democrática es más que conquistar el cambio de la Constitución y una Convención Constituyente. Es, definitivamente, vencer la abstención, no por temor a invalidar el Plebiscito, sino porque el país está protagonizando una gesta histórica que exige ser refrendada por una multitudinaria voluntad política.
Debe ser un acto sublime. Un acto bello en su forma y en su fondo. Una alegoría que exprese el genuino espíritu democrático y republicano de los hombres y mujeres que han caído combatiendo por una patria libre, justa y solidaria. Hombres y mujeres que debemos saber nombrar sin arriesgar nuestra unidad y nuestra identidad, y sin despertar sospechas acerca de nuestra innata vocación por la paz.
miércoles, 12 de agosto de 2020
LA DC EN LA CENTROIZQUIERDA
Rodolfo Fortunatti
En vísperas del aniversario 63° de la fundación de la Democracia Cristiana, el 28 de julio pasado, el senador Francisco Huenchumilla envió una carta a la militancia del partido. En ella el exintendente de La Araucanía formula una propuesta que, en lo sustantivo, exhorta a la conformación de una directiva nacional «unitaria», término que alude a la concurrencia de la vasta diversidad de visiones políticas y estratégicas de la colectividad. Mesa «ampliada», además, a un consejo de presidentes regionales con facultades ejecutivas generales.
El exministro ofrece cuatro argumentos para sustentar esta propuesta. De entrada, señala que se precisa un cambio, a la luz del desgaste electoral y orgánico que viene exhibiendo el partido. Seguidamente, que la actual mesa tiene su mandato vencido, y que no corresponde que éste se prolongue por la vía de los hechos consumados. Luego, que se requiere integrar y representar a los distintos sectores para que todos se sientan reflejados en la nueva conducción. Por último, que una elección interna no es solución, porque se convertiría en una lucha de poder que postergaría el debate esencial sobre las definiciones de fondo.
Autocomplacencia: el freno al progreso
Cada una de estas razones tiene elementos a favor y en contra, que es conveniente aquilatar en su mérito —que lo tienen—, para formarse un juicio político ajustado a la realidad y actuar en consecuencia.
«Esperaría que los hombres y mujeres que siguen añorando el pasado, dejen la conducción de esta transición —ha emplazado la senadora Yasna Provoste―. Tuvieron su tiempo, deben dejar paso para que la DC se fortalezca en una alianza para las transformaciones».
Fecha de vencimiento: 18/10/2019
La mesa conducida por el exdiputado Fuad Chahín se instaló hace más de dos años gracias a la alianza mayoritaria y representativa de las principales facciones de poder interno. Lo hizo con el sugestivo propósito de emprender «la revolución de la dignidad» y de poner al PDC en la primera línea del debate nacional. El Estallido del 18 de Octubre puso la revolución de la dignidad en primera línea, y empujó al PDC a firmar una salida institucional, que no otra cosa fue el acuerdo del 15 de noviembre por el cual se fijó un plebiscito para reformar la Constitución. El mandato de la actual mesa está vencido desde el Estallido, como superados y agotados están los programas y adhesivos de los grupos que le brindaron apoyo. De ahí la urgencia de la sucesión.
Es deseable, como indica el senador, que una nueva mesa refleje la diversidad interna, pero es también una aspiración muy sentida que no haya facultad de veto de ninguno de sus miembros sobre la gestión política, lo cual hoy se ve como un requisito difícil de satisfacer. Porque ha surgido una diversidad distinta, como la destacada por seis presidentes regionales, que no es conciliable con las antiguas fórmulas que llevaron al fracaso, y que debe abrirse paso para gobernar.
Otra diversidad, mayoritaria y unitaria
Esta nueva conducción debería clausurar la experiencia neoliberal y, por eso, su misión debería ser representar la identidad de vanguardia, reformadora y popular que ha encarnado en sus momentos estelares la Democracia Cristiana. Hoy por hoy, es perentorio para todos marcar estas diferencias.
Por último, el senador Huenchumilla ha planteado que no es conveniente realizar una elección interna que mantendría las cosas como están. Convengamos que siempre ha existido el riesgo de que la lucha por los cargos desatienda la renovación de las ideas. Sin embargo, admitamos que nada mantendría mejor las cosas como están que una mesa de integración que detuviera el tiempo en los equilibrios de poder —y en las ideas que le dieron origen— anteriores al Estallido. Sería un anacronismo a la luz de la actual coyuntura.
La elección de una nueva dirección política es imperativa para el aggiornamento de la centroizquierda, y lo es para un partido que aspira a ser parte de la historia política y constitucional que se abrió con el Estallido.
No hay nada que impida la renovación de la mesa de la Democracia Cristiana y, sí muchos desafíos futuros que la justifican.
Si el Plebiscito del 25 de octubre se realiza, y no hay comuna del territorio nacional en estado de cuarentena, entonces debería ser el momento de concretar dicho proceso, aun cuando no se haya efectuado la junta nacional pendiente.
Desde luego, el senador Francisco Huenchumilla, cuya misiva ha justificado estos párrafos, es una de las mejores opciones que posee la Democracia Cristiana para encabezar este desafío.
13 de agosto de 2020.
viernes, 7 de agosto de 2020
AUTOTUTELA
Rodolfo Fortunatti
El recrudecimiento de las tensiones en el Wallmapu, parafraseando a Carl von Clausewitz, es resultado del abandono de la racionalidad y, en su lugar, de la toma de posición a favor del odio, la enemistad y la violencia contra la nación mapuche. En esta expedición el Gobierno no ha respetado simetría en el trato ni en el compromiso con la paz. Así, difícilmente puede constituirse en un tercero desinteresado e imparcial frente al conflicto. La virulencia mostrada en el desalojo del municipio de Tirúa, que contrasta con la nula intervención durante el ataque de la APRA en Curacautín, es el último botón de muestra.
Autotutela. Parece nueva,
pero es una vieja palabra. Parece ser una noción jurídica, pero es una noción
histórica y sociológica. Parece referida a acontecimientos actuales, pero alude
a hechos de antigua data para la nación mapuche. El término no figura en
el diccionario, pero la expresión más próxima es la que deriva del latín tutēla, defensa, amparo.
La autotutela significa hacer justicia por propia mano. Constituye el tabú sobre el que se sostiene el derecho contemporáneo. En las modernas sociedades, nadie podría practicar este precepto sin contravenir el derecho de todos los miembros de dichas sociedades, y de los miembros de la sociedad global, como lo han querido los pueblos a través de la institución y vigencia del sistema internacional de derechos humanos. De ello se sigue que es cuestionable que los privados sean dueños del proceso judicial, pues, incluso tratándose de donaciones de mutua aceptación entre las partes, quien interviene públicamente en los contratos y en los conflictos que estos generan, es el Estado, o sea, su tercer poder, la Administración de Justicia. Y seguirá siéndolo sin que nunca ceda a los privados. Hacer justicia por propia mano, en consecuencia, es prescindir del Estado que dicta la ley y, a través del ejercicio monopólico de la violencia legítima, asegura su imperio. Y así lo confirman las principales excepciones al dogma, como hacer justicia en defensa propia, a través de la obediencia debida o de la declaración de la guerra preventiva.
Justicia por propia mano invocando autodefensa es lo que han hecho los militantes de la Asociación Para la Paz y la Reconciliación de La Araucanía, APRA, que se coordinaron, marcharon hacia la municipalidad de Curacautín y se concentraron en la plaza con el fin de ejecutar la voz de orden de Gloria Naveillán: «Hay que ir con palos o con lo que necesiten para defenderse, pero la muni la tenemos que recuperar hoy día». Se movilizaron para administrar justicia, o sea, recuperar el municipio tomado; hacerlo por propia mano, es decir, la de civiles armados que —como lo demuestran decenas de videos y fotografías― golpean a personas, destruyen mobiliario público e incendian vehículos. Todo esto a la vista contemplativa de Carabineros, que ahí es la representación del Estado y del derecho.
Sin embargo, el presidente de Evópoli y exintendente, legaliza la violenta operación convirtiéndola en una «detención ciudadana ante un delito flagrante», con lo que termina prestándole, además, legitimidad política a lo obrado por los agresores. El mensaje sienta un precedente tan claro e inequívoco que, de ahora en más, cada vez que dependencias fiscales sean ocupadas por mapuche, será legal y legítimo que civiles armados concurran a su desalojo. Se tratará de una detención ciudadana, algo difícil de entender cuando nada más mirar el contexto se detecta presencia de fuerza pública.
¿Es entonces un acto de autotutela? ¿Una acción de autodefensa? ¿Un episodio de reposesión? Desde luego que no lo es, pues la acción la emprenden grupos organizados de civiles contra comuneros mapuche, que no los atacan a ellos, sino que, a través de la toma de la casa consistorial, presionan al ministro de Justicia, Hernán Larraín, para obtener que el machi Celestino Córdova, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace tres meses, pueda cumplir la condena que pesa sobre él en su rewe por un periodo determinado de tiempo, como ocurrió en ocasiones anteriores. Pero la asociación de agricultores coaligada en la Apra hace suya la defensa del Estado y perpetra el desalojo de los comuneros, buscando de este modo inhibir la protesta solidaria de éstos con los internos del Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Por cierto, quienes ejecutan el trabajo son los mandados, gente que solo busca tranquilidad en su comuna. Aquí no existe defensa ni amparo, sino algo más y menos: el supremacismo de quienes sin pudor emulan al ultraderechista Ku Klux Klan para hacer del Wallmapu otro Mississippi en Llamas, según lo concibió el recién fallecido Alan Parker.
¿Qué está ocurriendo realmente en el sur? En lo que va del año se percibe un
incremento de los ataques a bienes públicos y privados. La fiscal regional del
Biobío, Marcela Cartagena, advierte que «hemos
tenido atentados explosivos que no habíamos visto antes», ataques que se
relacionan entre sí, como en la apropiación de doscientas barras de amongelatina
y cien metros de cable detonante destinados a faenas mineras que eran
transportados en un camión. El fiscal regional de La Araucanía, Cristián
Paredes, cifra en un treinta por ciento el incremento de los hechos de
violencia rural ocurridos en la zona desde principios de año.
El recrudecimiento de las tensiones en el Wallmapu, parafraseando a Carl von Clausewitz, es resultado del abandono de la racionalidad y, en su lugar, de la toma de posición a favor del odio, la enemistad y la violencia contra la nación mapuche. En esta expedición el Gobierno no ha respetado simetría en el trato ni en el compromiso con la paz. Así, difícilmente puede constituirse en un tercero desinteresado e imparcial frente al conflicto. La virulencia mostrada en el desalojo del municipio de Tirúa, que contrasta con la nula intervención durante el ataque de la APRA en Curacautín, es el último botón de muestra.
Las instituciones religiosas han respaldado la misión de paz de sacerdotes como el jesuita Carlos Bresciani, detenido en la operación de Tirúa. «La Compañía de Jesús en Chile ―publicó la congregación― rechaza la violencia y arbitrariedad en el actuar del Estado de Chile y de Carabineros durante el desalojo de las municipalidades en la región de la Araucanía». Y con convicción y elocuencia el alcalde Adolfo Millabur declaró que «los pueblos originarios son víctimas de una forma de llevar adelante una política de Estado que es de represión, opresión, y que es negarles su derecho. Los que están presos, en su mayoría son por causas de reivindicar sus derechos como pueblos originarios». El escepticismo del exintendente Francisco Huenchumilla lo llevó a avisar que no se incorporaría a la mesa que pretende conciliar posiciones.
domingo, 2 de agosto de 2020
UNA PATRIA MULTICULTURAL
Una patria
multicultural: elementos para entender la “deuda histórica del estado chileno
con los pueblos originarios (particularmente mapuche) y la responsabilidad de
las elites y la dirigencia social en su resolución”
Óscar Osorio
I. Introducción. Elementos históricos para
entender el concepto de “Deuda Histórica”
Durante el tiempo de la
colonia, las relaciones políticas, sociales e incluso las de carácter militar
de las autoridades de la capitanía de Chile con el pueblo mapuche, tendían a
ser relativamente simétricas. Cuestión no menos importante, ya que desde una
lógica de superioridad es imposible resolver conflictos. El dialogo ocurre
entre iguales. Más allá de que estaba claro quién era el invasor y quien el que
defendía su territorio. Sin ir más lejos, los acuerdos de paz que se llevaban a
cabo a través de los parlamentos, institución que era respetada por todos y
donde la autoridad oficial española, ya sea el gobernador o su representante,
se sentaba a discutir con las autoridades tradicionales del pueblo mapuche elegidas
para tales fines (Lonkos, Futa Lonko y Toquis), de igual a igual. El pueblo
mapuche usaba su capacidad de llegar a acuerdos a través del Koyangtun y el nutram. Es decir,
parlamentar y conversar respectivamente. En esta conversación-discusión que podía
durar varios días se consensuaban los términos de referencia de los acuerdos y
una vez que acordaba algo, no sólo era respetado por ambas partes, sino que
además se celebraba con diversas manifestaciones y banquetes, que también
podían durar varios días.
De esta manera, se
realizan 28 Parlamentos entre 1641 y 1803[1],
con la Colonia Española. Entre los Parlamentos más importantes y relevantes se
encuentran el parlamento de Quilín en 1641 y en 1647 y posteriormente en
Negrete en el año 1726[2].
También el naciente estado chileno implementó estas prácticas con el pueblo
mapuche. En efecto, en el año 1823 se realiza el parlamento de Yumbel y en
1825, el parlamento de Tapiwe. Es decir, el pueblo mapuche no sólo pelea contra
los imperios Inka y español, respectivamente, que es la característica que más
se conoce de este pueblo, sino que además dialoga, conversa y cree en el poder
de la palabra. Esta capacidad de diálogo, es la menos conocida del pueblo
mapuche. Es por esta razón que, incluso en el amanecer de la República se
mantuviera la tradición de los parlamentos. Sin embargo, a partir de la década
de 1840, esta situación comienza a ser dramáticamente transformada por la elite
criolla, sobre todo por la influencia de la exportación del trigo a California,
que requiere día a día de más tierra para este cultivo y que ve en estas
tierras (ahora ocupados por bárbaros) una oportunidad para aumentar su
producción.
Comienza a instaurarse
entonces una relación asimétrica entre las autoridades del estado chileno con los
pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche, que caracterizará
prácticamente toda la vida republicana. En lo fundamental se ha tratado de
imposición de modelos, imágenes, estilos de desarrollo y convivencia, asociados
a la élite criolla, donde la política del estado fue la de chilenizar, con toda
la fuerza de la ley y la razón a los habitantes de la nación. No había espacio
para las individualidades e identidades ajenas al ser chileno. Ya la autoridad
no se sentaba a “Parlamentar”. Ya no bastaba la palabra, ni el acuerdo
celebrado.
Más aún, en el contexto
de las comunidades mapuches asentadas en “su” territorio, la nueva autoridad
del estado aparecía fragmentada en el ejercicio de su poder: una autoridad
promete algo; otra nueva la desautoriza; si el intendente, gobernador,
parlamentarios, a veces estaban de acuerdo en determinadas cuestiones, la
autoridad nacional no y viceversa. Y así, a través de la ley y sus
representantes (más bien leguleyada), y sobre todo por la influencia cada día más
marcada por el caudillismo asociado a las esferas del poder de los nuevos
hacendados, que comienzan a tener gran protagonismo en la zona (incluso más que
la autoridad del territorio), se van corriendo los cercos; se firman ventas y
compras de tierras a través de contratos espurios y fraudulentos. En síntesis, se desaloja de la tierra (“de su
tierra”) a “estos” no productores.
La tensión existente era
muy simple: la civilización requería de leyes, de firmas, de contratos, de
títulos de la tierra, de formalidades.
Lo contrario, se llamaba barbarie. De esta manera se prepara la
“pacificación de la Araucanía”, a través del ingreso del ejército a partir del
año 1861 y hasta 1893. Así, el “territorio” mapuche de la Araucanía, ubicado
entre los ríos Biobío por el norte y Toltén por el sur, pasa a ser del estado
chileno sin más. A los mapuches se les reduce en escasas tierras y de mala
calidad, a través de los títulos de merced y de comisariato. Por supuesto sin
apoyo estatal, a diferencia del apoyo que el mismo estado les entregaba a las
familias extranjeras que comenzaron a colonizar parte importante de este
territorio: alemanes, suizos, franceses, que traían a este territorio ocupado
por bárbaros, la civilización. Es decir, es el estado chileno que, a partir de
esta fecha, con todo su aparataje cultural y peso de la ley no incorpora la
diferencia con todos sus matices; por el contrario, fuerza la integración a
través de la asimilación de la historia, cultura y códigos comunicacionales
construida por la élite de la sociedad chilena.
El “otro” (la mujer, el
campesino, el obrero de la minería, etc.) no existe: Por supuesto menos el
indígena. Así, entre 1884 y 1931, tal como lo consigna la Comisión Verdad y
Nuevo Trato ya citada, la fase que caracteriza al estado con los pueblos
originarios es de “asimilación forzosa”.[3] En
definitiva, es la negación del propio rostro a favor del extranjero (por
supuesto blanco y europeo)
II.
El rol del estado en el siglo XX
El siglo XX, no cambia
mayormente el estado de cosas. Es cierto que la hegemonía de la oligarquía
comienza a ser cuestionada sostenidamente por la emergencia de diversos y
nuevos actores: clases medias asociadas a la burocracia estatal; emergente
clase obrera y partidos políticos asociados a estos fenómenos (partido radial,
socialista y radical). Sin embargo, la temática indígena no es preocupación ni
del estado ni de las elites. Y, más allá de esporádicos episodios
organizacionales, no es sino hasta 1964, con el advenimiento de la Democracia
Cristiana al poder y particularmente con la promulgación e implementación de la
ley N° 16.640 de Reforma Agraria, que la temática indígena (asociada a lo
rural) comienza a tener una mayor connotación comunicacional a partir de
algunas expropiaciones de predios que son entregados a comunidades mapuches.
Luego, con la profundización de este proceso en el gobierno de la Unidad
Popular, se comienza expropiar más cantidad de predios, para ser entregados a
comunidades mapuches, pero que, habida cuenta del golpe militar, no se alcanzan
a terminar los procesos burocráticos (Inscripción en Bienes Nacionales y otros
trámites) y posteriormente son devueltos a sus antiguos dueños y/o vendidos a
muy bajo precio a las incipientes empresas forestales ya presentes en la zona.
III.
El conflicto con las empresas
forestales
Una parte importante del
actual conflicto con las empresas forestales, se debe justamente a esta
situación, ya que de las cerca de 400 mil hás, que
fueron traspasadas a la CONAF, a lo menos 337.324 has eran expropiadas. Es
decir, habían sido entregadas a comuneros y campesinos mapuches en forma de
asentamiento o centros de reforma agraria (CERA). Recordemos que la ley de
Reforma Agraria N° 16.640 disponía originalmente que los terrenos de aptitud
“exclusivamente” forestal fueran entregados a cooperativas de campesinos y por
excepción a CONAF, para integrar el patrimonio forestal del Estado. Sin
embargo, como se ha podido constatar a través del proceso de Contra Reforma
Agraria, implementado por la dictadura cívico-militar, la ley se modifica en
dos sentidos:
En primer lugar, el concepto
de “exclusivamente” se cambia a “preferentemente”
forestal. De esta manera se aumenta el número de predios forestales afectos
a destino especial. En segundo lugar, de manera paralela, se otorga la facultad
a la CONAF para transferir estos predios a empresas forestales, bajo
condiciones que determine el Consejo de
la Corporación. Coincidencia pura que estos predios fueron transferidos y/o
vendidos a precios viles a las empresas forestales miembros de este Consejo. Por
la misma fecha, se implementa en 1974, el decreto 701 que subsidia la actividad
forestal, bonificando la plantación con bosques exógenos (pino y eucaliptus) en
un 100%, además de beneficios tributarios para las empresas. Recién en el año
1998, se bajó el subsidio a esta actividad a un 70%.
A esto nos referimos al decir
que una parte importante del conflicto indígena con las empresas forestales,
encuentra su origen en este proceso de traspaso, a lo menos “irregular”, toda
vez que estas tierras ya habían sido expropiadas y entregadas a asentamientos
mapuches[4].
Lamentablemente, la mayoría de estos predios no se alcanzan a regularizar y los
campesinos mapuches se quedan a septiembre de 1973 sin sus títulos de dominio,
por lo tanto pasan a ser tierras a “regularizar”.[5] Este
es, entonces, el contexto que permite entender el concepto de deuda histórica
entre el estado chileno y los Pueblos Originarios, particularmente con el
pueblo mapuche.
IV.
La dictadura cívico-militar y las
comunidades indígenas
Con la dictadura
cívico-militar, lo indígena no sólo se invisibiliza, sino que deja
prácticamente de existir.[6]
Recién, a partir de la dictación del DL N° 2.568, de 1979 que promueve y
autoriza la división de comunidades mapuches, negando así el concepto de
comunidad, es que comienzan a esbozarse las primeras manifestaciones de un
movimiento indígena en contra de tal expresión jurídica. Esta manifestación se
realiza al amparo de la iglesia católica, que había apoyado la creación de los
Consejos Culturales, que posteriormente dan origen a diversas organizaciones
mapuches: Ad-Mapu y Nehuen Mapu, entre las más relevantes. Desde esta
perspectiva, el destino de lo indígena y particularmente de la cuestión
mapuche, corre la misma suerte que el movimiento social y político contra la
dictadura: “Mientras estemos en dictadura no habrá ninguna posibilidad de
resolver el conflicto mapuche”. En este sentido, no es sino con el acuerdo
de Nueva Imperial, llevado a cabo en 1988, entre las principales organizaciones
indígenas del país y el entonces candidato a presidente por la coalición
opositora a Pinochet, Patricio Aylwin Azocar, que se establece una relación
entre la elite política chilena, en este caso de la oposición, y el movimiento
indígena.
El compromiso era que
Patricio Aylwin, una vez investido de Presidente de la República, enviaría al
Congreso 4 proyectos de ley que permitirían retomar la cuestión indígena: A
saber, la dictación de una ley indígena, la creación de una institucionalidad
indígena, la ley de Reconocimiento Constitucional de Pueblos indígenas y
finalmente, la adhesión de Chile al Convenio 168 de la OIT. El presidente
Aylwin honra su compromiso con el mundo indígena y estos proyectos son enviados
al comienzo del gobierno de la “Concertación de Partidos por la Democracia.”
Sin embargo, la correlación de fuerzas, a propósito del peso de los Senadores
designados y del sistema binominal, hizo que solo se aprobaran dos proyectos:
la dictación de la ley indígena 19.253 y la ley que permite la creación de la
Corporación Nacional Indígena (Conadi). El tema del Convenio 169 y el
Reconocimiento constitucional, quedan suspendidos. Recién, después de 18 años
(el año 2008) se aprobó el decreto 169 de la OIT y aún no se reconoce
constitucionalmente al mundo indígena, con sus historias, lenguaje y cultura.
V.
La deuda de la
tierra y la otra deuda.
Lamentablemente, la
deuda histórica, tanto para la opinión pública como para la elite dirigente del
país, ha quedado reducida al tema de la tierra y a su dimensión subjetiva. Es
decir, no importa lo que se haga con la tierra, lo importante es tenerla. Este
justamente ha sido uno de los graves problemas respecto de la tierra comprada,
devuelta o regularizada para las comunidades mapuches, ya que, como se ha
señalado, la realidad objetiva con la que se encuentran
las comunidades al llegar a su nueva tierra, dista bastante de la imagen
esperada: no hay infraestructura rural mínima: luz, agua, cercos, viviendas,
caminos internos ni externos, etc. Tampoco hay planes de desarrollo y proyectos
productivos. Es decir, se entrega la tierra y luego las demás instituciones
pertinentes del estado entran, pero siempre ex post, no ex ante. En el
intertanto, después de algunos años de estar en “su tierra” parte importante de
esta tierra restituida y entregada a las comunidades, queda en estado de
subproducción o definitivamente arrendada a terceros (incluso los antiguos
dueños) través de tratos de palabra y contratos espurios.
Por lo tanto, subyace la idea de la improductividad de las tierras compradas
por el estado. Por lo tanto, habrá que hacerse cargo de las falencias de las
instituciones del estado para enfrentar el tema productivo. Por otra parte, la
elite del movimiento social indígena mapuche, tampoco ha sido muy clara para
explicar al país, esta “improductividad” de las tierras compradas y entregadas
a las comunidades mapuches.
A la fecha, la tierra comprada y regularizada a
comunidades indígenas se aprecia en el cuadro N° 1.
Cuadro N°1
Tierras regularizadas,
saneadas y compradas a comunidades indígenas
Mecanismo
|
Superficie (hectáreas)
|
Subsidio concurso artículo 20 letra a
|
51.752
|
Subsidio concurso
artículo 20 letra b[7]
|
176.655
|
Traspaso predios fiscales
(BBNN)
|
409.828
|
Saneamiento de la propiedad indígena
|
304.613
|
Total
|
942.848
|
Fuente.
Elaboración propia con datos del Fondo de tierras y aguas de la Conadi
Otra pregunta que subyace al tema de tierras, es en
relación a la cantidad de
tierras que falta por
comprar. En la respuesta a esta pregunta, tanto respecto al
horizonte de tiempo como a la cantidad de tierras a comprar, no solo deben
estar presentes los técnicos del Ministerio de Hacienda y de la dirección de
presupuesto (DIPRES) o de los Ministerios sectoriales involucrados (Mideso, Agricultura);
o las intendencias y gobiernos regionales, sino que también, y de manera
prioritaria, las organizaciones y el liderazgo indígena social y político. Este
es un gran desafío tanto para el estado, el gobierno y las organizaciones
indígenas. Es necesario tener un horizonte de tiempo para el proceso de compra
de tierras.
Pero, como decimos al
comienzo de este capítulo, también existe otra deuda y ésta es de carácter
cultural. En efecto, no sólo los códigos, semánticas, cosmovisiones e
identidades indígenas no han estado presentes, en su real expresión en la
agenda política y económica y cultural del país, sino que fundamentalmente, el
rostro indígena ha estado prácticamente invisibilizado. Y lo hemos condenado,
como estado y sociedad chilena, prácticamente a 200 años de soledad, dejando
que su cultura, idioma e identidad, solo se desarrolle en la trastienda de sus
fogones. En lo concreto, se ha reducido su presencia en la agenda pública casi a
un tema de folclore o de terroristas.
En efecto, estas son las
dos visiones prácticamente antinómicas y extremas con que aparece lo indígena
en los medios. La invisibilidad y la reducción a estereotipos, también es una
deuda histórica. Pero de esta deuda nadie habla. ¿Cómo hacernos cargo de esto?
VI.
¿Cómo seguimos? El rol de las elites
y clases dirigentes chilenas
Después de 28 años de recuperada nuestra
democracia, y de implementar una serie de iniciativas y programas, para tratar
de visibilizar el tema indígena y dotarlo de una agenda y ruta de resolución,
el conflicto no solo permanece, sino que aparentemente se profundiza. Esto
ocurre porque se ha venido transformando el eje del reclamo y demanda
indígena. En un primer momento se
responde a la situación de pobreza estructural que tenía el país al año 1990,
con cerca de un 45% de pobreza. La situación en las comunidades indígena era
aún peor, en todos los indicadores sociales y económicos. Hoy, la situación
respecto de la pobreza si bien se ha reducido para toda la población, continúa
siendo mayor en la población indígena. Al respecto, en cuadro comparativo que
muestra las Casen entre los años 2006 y 2017, se nota claramente el descenso de
la incidencia de la pobreza. Así, si en el año 2006 la incidencia de la pobreza
en comunidades indígenas era de un 44,0, en la población no indígena, era de un
28,0; en el año 2017 la relación era de 14,5 en la población indígena y un 8,0
en la población no indígena.
Hoy, más allá de esta
gran transformación estructural lograda, se ha incorporado, por parte de las
comunidades indígenas de mayor connotación comunicacional, el tema de la
autonomía y autodeterminación, asociada al Convenio 169, que como hemos podido
apreciar, recién en el año 2008 el estado de Chile adhiere a tal convenio. Sin embargo, las instituciones del estado
seguían trabajando desde la lógica de la pobreza y en dar respuesta al tema de
tierras, a través de dotar de recursos y personal a la CONADI y a las
instituciones relacionadas con el fomento productivo, particularmente a INDAP y
su programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI). Entonces, más allá de la
presencia de la CONADI, y el esfuerzo de las demás instituciones del estado
para incorporar la demanda indígena en sus programas sectoriales, finalmente,
ésta se hace de manera fragmentada, con escasa coordinación y solo dando
respuesta (lo que no puede ser negativo per se) a los temas de reducción de
brechas, sean estas sociales, económicas y de infraestructura.
De esta manera, los
diferentes esfuerzos del estado (relevantes e importantes) por allegar más
recursos a la temática indígena, al no incorporar las variables políticas,
finalmente dan una respuesta parcial. Así ha ocurrido con iniciativas tales
como el programa “Orígenes”, que se realiza en conjunto con el BID; el pacto
Re-conocer, el programa Chile indígena, Plan Araucanía, hasta llegar al actual
programa “Impulsa”, entre los más relevantes, donde finalmente la relación
entre el estado y los pueblos originarios, particularmente el mapuche, sigue
siendo tensa, asimétrica y no exenta de situaciones de violencia.
Entonces, como respuesta
a la pregunta, que da inicio a este capítulo, la elite dirigente, cultural,
económica, política y cultural “chilena”, por supuesto incluida la coalición
de derecha gobernante, debe entender y
hacer entender al país, que el origen de la deuda histórica, no sólo es un tema
de tierras; no sólo es un tema de compensaciones; no sólo un tema de pobreza
aun siéndolo, ya que independientemente de la baja en las cifras, como hemos
apreciado, prácticamente la incidencia de la pobreza en comunidades indígenas
sigue siendo casi el doble de la población no indígena; sino que
fundamentalmente se trata de una resolución de carácter político.
Hemos visto también que
la tensión que ha caracterizado la relación del estado con las comunidades
mapuches, desde la perspectiva política, ha sido básicamente de
integración-asimilación. Y el estado ha fracasado en la resolución de esta
tensión, ya que o el mundo indígena se integra mezclándose y asimilándose a la
cultura chilena o queda afuera. Y claramente ha quedado fuera. Quedan sin
respuestas las preguntas por la identidad, la cosmovisión y la cultura.
Hoy, al respecto, la
tensión política es otra. Ya ha quedado muy claro, que el eje de la
asimilación, deja afuera la cultura, la historia, la identidad. Se necesita el
eje de la integración, pero ahora debe ir acompañado del eje de la autonomía.
Este es el juego o ecuación a resolver. Por lo tanto, la elite dirigencial del
país debe estar dispuesta a que esta tensión autonomía / integración, se cargue
sostenidamente hacia el eje de la autonomía. ¿Cuánto?, cuánto sea posible. Sin
dejar de lado por supuesto los elementos de la integración, tanto del punto de
vista político como social. Mientras tanto, será fundamental, desde ya,
trabajar las diferentes propuestas para la inclusión del mundo indígena en la
geografía política del país. En todos sus niveles: municipal (alcaldes y
concejales), distritales (diputados) y circunscripciones (senadores). Y, de
manera paralela, obtener en el Congreso el reconocimiento constitucional para
los pueblos originarios.
Si no se resuelve
adecuadamente esta tensión política, los 15 comuneros mapuches muertos por
situaciones de violencia entre los años 1990-2018, donde al menos 4 de ellos lo
han sido por disparos realizados por agentes del estado (carabineros): Alex
Lemún en el año 2002; Matías Catrileo en el año 2008; Jaime Mendoza Collío, el
año 2009 y Camilo Catrillanca a finales del año 2018, lo habrán hecho en vano.
Ha llegado el momento para decir que ninguna otra muerte es necesaria para
resolver el conflicto, ni menos para implementar políticas públicas.
VII.
¿Cómo seguimos? El rol del movimiento
social indígena.
El movimiento social
indígena, también debe construir una respuesta a la pregunta anterior. Y, al
igual que la elite dirigencial, debe tener también una respuesta para el país y
la opinión pública. Al respecto el tema
es bastante complejo. En primer lugar, consistente y coherente con la historia
mapuche, no existe una sola voz que represente el sentir del pueblo mapuche.
Están las identidades territoriales por un lado (mapuches Huilliches,
lafquenches, pehuenches, wenteches y nagches y sus organizaciones), y, por otro
lado, las organizaciones de representación amplia: Consejo de todas las
tierras, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), La Alianza Territorial mapuche,
entre las de mayor connotación comunicacional.
También estas tres
organizaciones pertenecen a la corriente más radicalizada, incorporando en su
reivindicación, que es de autonomía y autodeterminación, acciones de violencia
(quemas de maquinaria, camiones, casas, galpones, etc.) con profusa difusión
mediática. Para estas organizaciones, la reivindicación política de autonomía
territorial, sólo se logrará obligando al estado a sentarse a una mesa, a
través de una suerte de dialéctica de violencia-diálogo. No sabemos cuánto de
esta estrategia es compartida por el pueblo mapuche. Tampoco sabemos qué tanto
apoyo concita en el pueblo chileno, que comparte la reivindicación mapuche
asociada a la deuda histórica, esta estrategia de violencia-diálogo.
Lo que sí se sabe por
datos y evidencia empírica es que, como lo consigna el “Informe del Proceso
Constituyente Indígena”[8]
dado a conocer en mayo de 2017, proceso al cual se restan justamente las
organizaciones más radicalizadas arriba mencionadas, una amplia mayoría de las
17.000 personas participantes del proceso reivindicaron las demandas de corte
más político y que los medios y parte importante de la elite solo atribuyen a
“grupos violentistas”, a saber: autonomía, autodeterminación, reconocimiento
constitucional, derechos colectivos, entre las más relevantes. Por supuesto
también aparecen las reivindicaciones más estructurales, relacionadas con la
situación de pobreza de las comunidades, de las brechas en infraestructura vial
y productiva (caminos, cercos, bodegas, agua potable, electrificación) y los
temas de educación y salud. Por lo tanto, la transversalidad de la
reivindicación política es un elemento que permitiría ordenar la discusión.
Si esto es así, subyacen
entonces dos grandes temas que el movimiento indígena debe hacerse cargo. En
primer lugar, si el fin último, de largo aliento es sentar a las autoridades
del estado y resolver las principales reivindicaciones políticas asociadas a la
tensión autonomía-integración, se requerirá de un apoyo significativo y
mayoritario de la sociedad chilena. Será necesario, por tanto, interlocutar con
instituciones como el Congreso, la Corte Suprema, el Ministerio Público, los
Partidos políticos, Centros de Estudios, Universidades, Iglesias, etc., etc. Es
decir, tener la suficiente masa crítica que permita diseñar e implementar una
ruta de resolución. Algo parecido a los “Koyangtun” o parlamentos realizados
históricamente.
En segundo lugar,
reflexionar acerca de la mejor metodología para alcanzar este fin último o
estrategia. En este sentido, la dialéctica violencia-diálogo, ha permitido
visibilizar una causa. La pregunta que es necesario responder es si esta
lógica, semántica y acciones de violencia son lo suficientemente sólidas para
concitar un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Es decir, hablamos y
reflexionamos sobre la táctica. Y, al respecto, mi impresión es que esta
táctica no alcanza para obtener el fin. Por lo tanto, quizás haya que pasar a
otro plano, al del convencimiento, al de la profundización de la democracia,
con estrategia y tácticas democráticas. Es decir, al plano de las
argumentaciones. Esto no significa detener las movilizaciones. Al contrario, se
trata de cambiar el sentido y el método. Jamás renunciar a las convicciones.
VIII.
Conclusiones
1. La deuda histórica del estado con el
pueblo mapuche es real. Las elites gobernantes no han sido capaces de hacerse
cargo de la resolución de esta deuda. Desde el origen del estado, que se
estructura y consolida antes que la sociedad[9],
dando origen a la República y nación chilena, las elites políticas, económicas
y sociales, no consideraron la integración del mapuche, sino su asimilación.
Situación que prácticamente duró hasta 1965.
2. El golpe de estado de estado de
septiembre de 1973 y la dictadura cívico militar que gobierna al país hasta
1990, profundiza la deuda al traspasar parte importante de tierras expropiadas
durante el proceso de reforma agraria, fueron traspasadas a las empresas
forestales, que, en lo fundamental, no se han caracterizado por sostener
políticas de buena vecindad con las comunidades indígenas.
3. Es cierto que una vez recuperada la
democracia, la cuestión indígena ocupa un lugar en la agenda pública. Sin
embargo, más allá de las intenciones, sólo se responde a una lógica de reducir
la pobreza y no a incorporar las reivindicaciones políticas. La correlación de
fuerzas, habida cuenta del sistema binominal y de los senadores designados,
condujo a que el peso de la derecha fuera muy significativo y no aceptara que
se implementaran los cambios políticos. Recién el año 2008, se reconoce el
Convenio 169 de la OIT. El reconocimiento constitucional, sigue esperando.
4. Cuando se desean realizar cambios profundos a
nivel de constitución y sistema social, el tema de la táctica no es menor, ya
que será necesario, contar con mayorías lo suficientemente amplias, para poder
implementar los cambios. Incluidas las pertenecientes al “bando” opuesto. Lo
mismo respecto a la masa crítica para presionar por las transformaciones. Y ésta,
en el caso de la tensión estado-comunidades mapuches, aún no es lo
suficientemente profusa, amplia y sólida para ganar alguna batalla
comunicacional. La opinión pública, si bien se muestra proclive a la causa
mapuche, o mira con simpatía el movimiento indígena, e incluso se manifiesta
con mucha fuerza para denunciar el asesinato de un comunero mapuche a manos de
agentes del estado, no sabemos si
estará dispuesta a
avalar, por ejemplo, algún atisbo de salida insurreccional, al estilo Chiapas[10],
como mecanismo de resolución del conflicto en la región de la Araucanía. Además, que, al menos en términos de la situación
estructural de pobreza, la situación en el estado de Chiapas no ha variado
mayormente después de 24 años de ocurrido el alzamiento. En este sentido, no es
menor el desafío para el movimiento social indígena, dar respuesta a la
pregunta que encabeza el capítulo.
5. Será importante para el movimiento
social indígena, clarificar las batallas que se dan en “nombre del movimiento
mapuche”: están los anticapitalistas y antiglobalización que ven en esta lucha,
elementos para llevar “aguas a su molino”; lo mismo ocurre con sectores
anárquicos antisistema y anti estado en general, que visualizan en esta
resistencia indígena, un espacio más que atractivo para su causa. Están también
los grupos nostálgicos anti dictadura militar que intentaron levantar
resistencia armada desde el territorio mapuche. En fin, son varios grupos que
comparten cierta semántica bélica de buenos y malos, de ricos, de
extractivistas burgueses y de pobres. También están los del otro extremo, de la
“sociedad blanca chilena”[11]
aquellos que consideran terroristas y comunistas cualquier reclamo indígena,
que aspiran a llevar el conflicto al terreno de “las ametralladoras”, para
reponer el orden y la estabilidad y que no creen en la multiculturalidad, sino
en aplastar al otro y a los otros, reproduciendo juicios racistas, xenófobos y
nacionalistas (chauvinistas).
6.
Lo concreto, es que las
significaciones de guerra, copan el espacio comunicacional y dejan
prácticamente sin alternativa las posibilidades para la resolución
política. Los ganadores (temporales) de
estas conceptualizaciones y semánticas de violencia, por supuesto pertenecen a
los extremos del arco político. Así, entre los discursos de las organizaciones
mapuches ya mencionadas y la organización que agrupa alrededor de 12 gremios de
la Araucanía, asociados a actividades agrícolas, comercio, forestales, entre
otras, que le exigen al gobierno que declare la “zona de excepción” en la región,
lo que significa la presencia activa de militares, la factibilidad que se
incorporen los ejes políticos en la discusión tiende prácticamente a cero. Y
ahí sabemos quiénes son los que resultan ganadores. Y más que resolver las
tensiones, y hacer ejercicios de comprensión, en ambos casos el modelo es
aplastar al otro. ¿Podremos desde esta metodología, obligar al estado chileno a
sentarse y resolver políticamente las tensiones?
No será que ha llegado el momento de
dejar atrás la alternativa estéril del todo o nada. Es cierto, las respuestas
violentas a la oprobiosa situación de pobreza real y dramática que viven las
comunidades indígenas, particularmente las mapuches, de racismo, de violencia
incluso del estado y de sectores de la sociedad, alcanzan, como hemos dicho,
para mostrar el tema, pero no para resolverlo. ¿Qué hacer entonces?
7. Claramente, y lo decimos sin
ambages, no se trata de la inacción de los complacientes y dejarlo todo tal
como está. Todo lo contrario, se trata de no resignar nada, de pedirlo todo, de exigirlo todo, pero con
épicas que tengan destino. Que convoquen a las mayorías, que generen adhesión.
El cambio que se requiere es muy profundo, por lo tanto, los pasos a seguir y
la ruta de resolución debe incluir mayorías claras que presionen para obtener
un fin último, que no sólo es el reconocimiento constitucional, demanda que por
lo demás estaba ya en el año 1988 en el acuerdo de Nueva Imperial, sino que
necesariamente debe incorporar elementos de autonomía y de derechos colectivos.
Pero para que ello ocurra, hay que luchar en el terreno en que se puede ganar.
No en el terreno de las metrallas, ni de los cañones, sino en el de la razón y
de los argumentos. Estos son los instrumentos de la democracia.
[1] Mitos Chilenos
sobre el Pueblo Mapuche: Carlos Bresciani,(sj); Juan Fuenzalida (sj), Nicolás
Rojas y Davis Soto (sj). (2018) Centro de Etica y Reflexión Social, Fernando
Vives, pag 28
[4] Es además
imposible desvincular este traspaso espurio con el trasfondo histórico,
prehispánico, e indagado arqueológicamente de los asentamientos mapuches en esa
zona desde tiempos remotos. Es decir, ellos no habían llegado ayer. La
ocupación de todas las provincias de Chile con anterioridad a la llegada de los
españoles fue un proceso que comenzó hace al menos 15000 años. Antecedentes más
directos en zona mapuche son Pitrén y Vergel, que posteriormente dan origen a
la cultura Puren-Lumaco. Más antecedente en Tom Dillehay, “Monumentos, Imperios
y Resistencia en los Andes. El sistema de gobierno mapuche y las narrativas
rituales”. Qilloa 2011, Universidad Católica del norte.
[5] Más antecedentes al respecto, Oscar Osorio V. en www.
Decálogo de la Reforma Agraria. De la esperanza al desalojo, junio 2017
[6] Una
investigación del Instituto de Derechos Humanos, la Unión Europea y la
Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AID), confirma a 171 personas
mapuches, hombres y mujeres, víctimas de la dictadura (entre ejecutados y
detenidos desaparecidos)
[7] En materia de restitución de tierras, vía letra 20 (b) se han adquirido
desde 1994 hasta diciembre de 2016 (no tenemos los datos relacionados con la
compra de tierras del 2017) un total de 176.655 hectáreas para unas 469
comunidades indígenas, beneficiando a un total de 17.194 familias (se excluyen
de este análisis las compras realizadas en 2016 a través de la glosa N°12 de la
Ley de presupuesto, pues corresponden al ejercicio presupuestario 2017). La
inversión total alcanza los M$ 455.386.954 (en moneda de 2017). Para La
Araucanía, se han adquirido 105.130 Hás. de tierras, beneficiando a 12.869
familias, con una inversión de $354.574.241.180, en moneda de 2017.Elaboración
propia con datos de Conadi
[8] Más antecedentes en “Mitos Chilenos sobre el Pueblo
Mapuche, op cit. páginas 74-75
[9] Mario Góngora,
“Ensayo histórico sobre la nación del estado chileno, en los siglos XIX y XX.
Editorial Universitaria, 1981
[10] En el estado de Chipas viven 5,2 millones de
personas. 4 millones de ellos, viven en situación de pobreza, esto significa el
77,1%. 20 de los 25 municipios del estado, cuya población es mayoritariamente
indígena, se encuentra en este porcentaje. Es decir, luego de 24 años del
iniciado el camino insurreccional, el estado de cosas no ha variado
mayormente.
[11] La empresa de conquista española, a diferencia de la empresa
inglesa puritana de familias, se basó en el arribo principalmente de hombres.
Por lo tanto, los que nos hacemos llamar chilenos tenemos una base mestiza, así
lo indican los estudios de ADN. No somos ni indígenas, ni europeos, somos
mezcla…esto profundiza aun mayormente la deuda, pues es una deuda a nosotros
mismos.
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