sábado, 14 de noviembre de 2015

LA REACTIVACION POLITICA DC



Belisario Velasco


LA DEMOCRACIA CRISTIANA realizó un Consejo Nacional «ampliado» con el solo propósito de analizar sus vínculos con el Gobierno y con la Nueva Mayoría.

Las definiciones plasmadas en el voto aprobado revelan problemas políticos que se arrastran largo tiempo y que se han visto agudizados por una agitada coyuntura nacional con lamentables situaciones internas que no se han definido, todo en un contexto de omisión en nuestro debate DC.

Es facultad de la Junta Nacional cuya realización parece eludirse, pues no se la cita ni se la reúne desde julio de 2014, en circunstancias que debería hacerlo al menos una vez al año sancionar la cuenta de la anterior directiva y las propuestas de la actual mesa. 

Es de su competencia también confirmar la selección de candidatos a alcalde y concejal y determinar los pactos electorales. Pero, sobre todo, es resorte de la Junta Nacional pronunciarse sobre asuntos cruciales, como las reformas constitucional, educacional, laboral, de descentralización, de partidos políticos, y problemas como los de gestión en salud.

Un Consejo Nacional, aun cuando se amplíe a ministros, subsecretarios, intendentes y parlamentarios, no puede sustituir las facultades ni la riqueza de la deliberación política de la Junta Nacional, donde están representadas las bases del partido a través de sus presidentes provinciales y comunales, sus frentes sociales, y sus delegados de regiones. En las provincias y comunas se vota, pero no se las escucha. ¿Cuál será el resultado?

Nadie debería suponer que un consejo de estas características, pueda actuar como sucedáneo de nuestro órgano superior de decisión, sin menoscabo de la institucionalidad y de la vida partidaria. La desconcentración del poder es obra de una lucha progresiva que no admite ser revertida a través de expedientes administrativos ni por mayorías circunstanciales.

No hay ninguna razón que impida reunir a la Junta Nacional en la primera quincena de enero, antes de las primarias municipales, ordenando el debate en comisiones de trabajo que recojan las propuestas de las juntas regionales, provinciales y comunales que la preceden.

Lo mismo vale para el Congreso Nacional del partido. Muchas de nuestras controversias ventiladas públicamente se deben a que no se respetan las resoluciones del anterior congreso ni se quieren resolver las del nuevo. 

Aunque lo normal es celebrar uno cada cuatro años, el último se realizó hace ocho años, y el que se inició el año pasado ha permanecido inactivo.

Reactivar el Congreso es un imperativo estatutario, partidario y político insoslayable, por lo que urge fijar un itinerario que, entre otras acciones, considere elegir a sus congresales en el mismo evento de primarias municipales, dictar su reglamento, nombrar su Secretaría Ejecutiva, y convocar a su comisión organizadora.

La ciudadanía ha sido llamada a participar en un proceso constituyente que tiene como finalidad elaborar las bases ciudadanas para una nueva Constitución Política. Éste envuelve un ejercicio de movilización civil al que se exponen las ideas de todos los partidos políticos.

El proceso constituyente no es una elaboración neutra. Entraña confrontar nociones acerca de cómo queremos vivir y cómo queremos ser gobernados. 

Por eso, la importancia que le da el partido debe reflejarse en la creación de una subsecretaría nacional para el proceso constituyente, que coordine y oriente nuestra visión constitucional, y que convierta a la comuna en la unidad básica de este acto republicano donde se expresen las fuerzas vivas de la comunidad nacional.

miércoles, 21 de octubre de 2015

LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LA REINSCRIPCIÓN DE LOS PARTIDOS





El lunes 19 de octubre, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana acordó respaldar la inscripción de los militantes en un plazo no mayor de 12 meses.

Asimismo, decidió que serán militantes con plenos derechos y deberes sólo aquellos que se hayan reinscrito en sus padrones

Se entenderá que tendrán «suspendida su militancia» todos quienes actualmente figuran en las nóminas del Servicio Electoral y que en los doce meses de plazo no realicen el trámite de inscripción.

Recuérdese que la indicación del Gobierno al proyecto señalaba que «se considerará actualizado el registro una vez que sean eliminadas de él las personas fallecidas, las que se encuentren afiliadas a más de un partido político, las inhabilitadas para ejercer el derecho a sufragio, las que hubieren renunciado a su afiliación y aquellas cuya inscripción no se hubiere completado de forma legal». En consecuencia, el pronunciamiento de la instancia partidaria es coincidente con lo propuesto por la Comisión Engel, así como con el Proyecto de Ley del Ejecutivo (véase: ¿Milita en un partido político?).

En cuanto a las exigencias de democracia y participación, el Consejo Nacional dispuso que se estableciera como exigencia de la Ley para el acceso a financiamiento público, la celebración de elecciones directas y universales bajo el principio de un militante, un voto. La indicación del Gobierno al proyecto de ley instituía que «el sistema de elección establecido en los Estatutos de cada partido deberá observar el carácter personal, igualitario, libre, secreto e informado del sufragio de sus  afiliados».

El Consejo resolvió también un itinerario que contempla los siguientes hitos:

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El 17 de enero de 2016 se realizarán primarias internas para nominar candidatos a alcaldes y concejales.
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El 26 de marzo de 2016 se reunirá la Junta Nacional del PDC.
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En junio de 2016 se celebrarán primarias de la Nueva Mayoría para nominar candidatos a alcaldes.
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En julio de 2016 se efectuará un encuentro de candidatos del PDC.
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El 27 de noviembre de 2016 se llevarán a cabo las elecciones territoriales del PDC.

De esta forma, el Consejo Nacionaldesestimando las especulaciones de pactos municipales con Renovación Nacional, Amplitud y Fuerza Pública, reafirma la voluntad del PDC de enfrentar dentro de la Nueva Mayoría los próximos desafíos electorales.

Por cierto, la fijación de marzo de 2016 como fecha de realización de la Junta Nacional, no significa que el evento no pueda ser prorrogado, y tampoco significa que la máxima instancia de decisión no pueda ser convocada antes del itinerario acordado.

domingo, 18 de octubre de 2015

PARTIDOS PARAEL SIGLO XXI

Jóvenes nacional socialistas en 1941






A lo largo de nuestra historia republicana los partidos políticos han contribuido al fortalecimiento de la representación democrática, la participación ciudadana y la estabilidad de las instituciones, lo que los convierte en un importante patrimonio social y cultural valorado en todo el mundo.

Hoy, sin embargo, estas importantes organizaciones de la sociedad civil atraviesan por una etapa de pérdida de adhesión y de prestigio, que despierta en la ciudadanía la legítima demanda de transparencia de sus fuentes de financiamiento así como del destino de los recursos que perciben, de renovación de sus procedimientos de afiliación y mecanismos de decisión internos y, sobre todo, de sinceramiento de sus padrones electorales.

Es meritorio que las colectividades políticas hayan impulsado y apoyado la creación del Consejo Asesor Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, que, presidido por el economista Eduardo Engel, ha emprendido con dedicación la tarea de elaborar diagnósticos comunes e imaginar soluciones eficientes para recuperar la confianza y la participación de las personas y comunidades en la formación de la política, y que el Congreso, en el ejercicio de sus facultades, deberá corroborar.

En tal sentido, revisten un enorme progreso para el país las reformas legales orientadas a la organización de los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público, dotadas de financiamiento público permanente, y sometidas a controles democráticos. La sola exigencia de padrones de militantes acreditados, confiables y verificables, es un salto al presente que promete superar el decimonónico clientelismo, el nepotismo, el manejo discrecional de los registros, y, por supuesto, las prácticas oligárquicas.

Por estas razones, no cabe sino aprobar la exigencia establecida en el proyecto de ley de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, consistente en la reinscripción de todos los militantes de los partidos políticos en un plazo de 12 meses y en la eliminación de los padrones de quienes no lo hagan en dicho periodo.

Belisario Velasco, Jorge Consales, Diego Calderón, Carlos Eduardo Mena, Rodolfo Fortunatti,  Rodrigo Albornoz, Humberto Burotto.

Santiago, 18 de octubre de 2015.


jueves, 17 de septiembre de 2015

COMISIÓN BRAVO: RECHAZO A LA REALIDAD Y RENUNCIA A LA JUSTICIA SOCIAL

Ricardo Hormazábal Sánchez

 


En la página 77 del informe oficial de la denominada Comisión Bravo entregado el 14 de septiembre a la Presidenta Bachelet  se dice: “La Encuesta de Opinión encargada por la Comisión muestra una imagen negativa de las AFP en la mayor parte de la población, un 72% de las personas considera que “solo un cambio total al sistema de AFP ayudaría a mejorar las pensiones”. Otra fuente, muy citada, la reciente encuesta del CEP,  nos muestra que el 76% de los encuestados considera a las pensiones como lo que más le disgusta.  Las encuestas del CERC  también muestran un rechazo enorme a las AFP, las que sólo tienen algo más de prestigio que los partidos políticos, pero a diferencia de ellos, tienen el control de la economía chilena, de buena parte de los medios de comunicación y una influencia política.

Los Fondos de Pensiones que tan mal administran las seis AFP para los afiliados y que usan tan bien para ellos,  son equivalentes al 70% del PIB de Chile. Con ellos lucran, compran influencia política y ejercen de censores de los medios de comunicación. Invito a cualquier periodista serio a desmentir el hecho que la TV chilena y medios de comunicación  tradicional, NO pueden  emitir programas críticos a las AFPs por las presiones que hacen los avisadores que abusan de nuestro dinero.

Según el informe comentado, un 66%  de los encuestados considera que “Las bajas pensiones son responsabilidad de las AFP”. El 60% está muy en desacuerdo con la expresión ‘Me da tranquilidad que las AFP administren los ahorros de pensión’. Además, según la pregunta de confianza, son la 4ta institución en la que menos se confía después de los partidos políticos, el Congreso y las Isapres”. Adicionalmente, el informe reconoce que  “un 79% de las personas que emitieron opinión está de acuerdo con crear una AFP estatal y un 69% se cambiaría a ella si existiera. Al mismo tiempo, un 29% cree que el Estado a través de impuestos generales debe ser el responsable de las pensiones, un 24% cree que el esfuerzo individual debe primar”.

Reconocer el fracaso para hacer cambios profundos  es más urgente si tenemos presente los datos que esta misma Comisión Presidencial entrega. El informe señala: “Así, por ejemplo, mientras en 2010 en Chile había casi 5 personas en edad activa (15 a 59 años) por cada persona de 60 años o más, esta relación bajará a 1,8 en el año 2050. Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente” Según datos de INE, entre 1990 y 2015 la población de 60 años y más, aumentó de 9% a un 14,9% de la población total y se espera que para el año 2050 dicha proporción se duplique, pasando a un 29,5% de la población. En un lapso de 35 años se pasará de un total de 2,7 millones de personas de 60 años y más a un número de 6,3 millones. 

Esta tendencia, unida al permanente aumento en la esperanza de vida al nacer –que actualmente se encuentra en 81,6 años para las mujeres y 76,5 años para hombres-, ha hecho de Chile un país que envejece aceleradamente.

El sistema de AFP genera viejos pobres y, sin embargo, la comisión no pudo encontrar propuestas adecuadas y termina entregando tres opciones. Las posiciones fueron denominadas propuestas globales A, B y C, respectivamente y, en términos resumidos postulan lo siguiente:

La propuesta global A, según sus partidarios,  fortalece el pilar solidario, financiado por el Estado, mejorando el pilar contributivo y la igualdad de género, a costa de los afiliados. Fue apoyada por 12 comisionados: Orazio Attanasio, Nicholas Barr, David Bravo, Martín Costabal, Carlos Díaz, Costas Meghir, Olivia Mitchell, Carmelo Mesa-Lago, Ricardo Paredes, José Luis Ruiz, Jorge Tarziján y Sergio Urzúa.

La propuesta B busca incrementar la legitimidad del sistema y responder a los principios de la seguridad social mediante la creación de un componente de seguro social, basado en la solidaridad entre afiliados y entre generaciones. 11 comisionados la apoyaron: Cecilia Albala, Fabio Bertranou, Hugo Cifuentes, Regina Clark, Christian Larraín, Verónica Montecinos, Joakim Palme, Marcela Ríos, Claudia Robles, Claudia Sanhueza y Andras Uthoff.

La propuesta C busca  reformar el sistema hacia uno de reparto puro. Sólo contó con el respaldo de la  comisionada Leokadia Oreziak.

Hay un concepto clave en el informe que demuestra que este informe sigue la misma visión doctrinaria de José Piñera, el mismo que consideraba la Seguridad Social el  “Ogro estatal amenazante” y por ello, inspirado en su concepción liberal considera estas actividades dentro de los que el propio Informe denomina en la página 68 la  “Industria previsional”: “La lógica con la que se creó el sistema de gestión privada de pensiones Chileno descansa en que los mecanismos de mercado sean los encargados de definir la oferta óptima de servicios de las AFP, las que, guiadas por las elecciones de los afiliados, van compitiendo en diversas variables tales como precios y rentabilidad esperada”…  “la competencia entre las AFP debería fomentar altas rentabilidades en los fondos y bajas comisiones, en directo beneficio para los resultados de pensiones”.

Pero ello no ha funcionado, la industria es especulativa, oligopólica, poco confiable y  nefasta para dar pensiones según lo que prometieron. Hicieron campaña diciendo que darían el 70% de la última remuneración cuando la realidad no supera el 30% de ella. Y eso que, según dicen ellos,  la rentabilidad histórica de los fondos muestra una rentabilidad superior a aquella que se esperaba cuando se diseñó el sistema previsional (4%). Sin perjuicio de ello, la rentabilidad efectivamente percibida por los individuos, aunque importante, está por debajo de lo que tradicionalmente se ha publicitado como rentabilidad bruta de los fondos.

El informe dice: La rentabilidad real bruta (sin descuento de comisiones) anual promedio de los fondos de pensiones entre los años 1981 y 2013 ha sido de 8,6%, la que es históricamente alta en comparación a los rendimientos que se esperaban cuando se diseñó el sistema. Entre el año 1981 y 2009 muestran importantes diferencias entre la TIR con y sin comisiones. La TIR real para mujeres es de 3.0% incluyendo comisiones  y 5.4% sin hacerlo En el caso de los hombres los valores son 3.1% sin comisiones  y 5.4%, incluyéndolas.

La Comisión reconoce propaganda engañosa de las AFP  y  no le parece relevante. No  se alarma al constatar que las AFP obtienen rentabilidades que quintuplican las que obtienen los afiliados. Tampoco dicen nada respecto al escándalo de llevarse el 40% de estos recursos al exterior en vez de usarlos para dinamizar el desarrollo de las regiones y mejorar la calidad de vida de los chilenos.

Competencia y Comisiones

Los expertos reconocen que en los años de mayor competencia en la industria (1991-1997), con más de 20 administradoras operando en el sistema, más del 50% del total de activos fue administrado por solo 3 AFP. Incluso los tres procesos de licitación realizados a la fecha,  han permitido bajar la comisión cobrada solo  para los nuevos afiliados a 0,47% del ingreso imponible. Se tiene entonces que, del total de afiliados, el porcentaje que se ha beneficiado por la baja en las comisiones de las dos AFP ganadoras del proceso de licitación es de 20% a diciembre de 2014. De este modo, el nivel de traspasos de afiliados antiguos a la AFP más barata no ha sido masivo. En otras palabras, un 80% de los afiliados sigue pagando comisiones iguales o superiores al 1,27%, y la comisión promedio cobrada por las AFP es de un 1,14%.

Luego de 34 años la Comisión constata, de acuerdo a la Encuesta de Opinión encargada por la Comisión, únicamente un 13% de los hombres y un 7% de las mujeres dicen saber cuánto cobra su AFP por comisión.

También la  Comisión Bravo  concluye que hay falta de información para los afiliados, después de 34 años del sistema de AFP. También reconoce que las pensiones son malas, pero en vez de proponer cambios fundamentales, aprueba por mayoría pedirle al Estado que las siga subsidiando, que se obligue a los trabajadores a que les den más ingresos, que jubilen más viejos  y que ahorren extra porque las pensiones solo aumentaran en un porcentaje mínimo y a largo plazo, si se aplican sus recetas.

Esto es un abuso, una falta de respeto con las personas, un desconocimiento de la realidad y una renuncia vergonzosa a  respetar un derecho humano y social, como lo reconoce el propio informe.

SINTESIS DE LAS PROPUESTAS 

De las 58 propuestas hechas, 17 son para que las AFP ganen más y adquieran más poder. Tres cuidan que las comisiones no se afecten por el divorcio de los afiliados, cinco  propuestas les generan algunos costos que los compensan con creces con las ventajas que ya tienen  y las demás son para que el Estado responda a las necesidades de los chilenos que las AFPs no resuelven. Mencionemos algunas de ellas.

Favorables a las AFPs: 

Propuesta 6: Mantener la obligatoriedad de cotización para los trabajadores independientes, adecuando su gradualidad;
Propuesta 9: Establecer una nueva cotización previsional de cargo del empleador del 4%, sobre la cual cobrarán comisiones, por supuesto.
Propuesta 12: Establecer una norma que ponga un límite máximo a la parte no imponible de la remuneración. No se podrá considerar no imponible más de un 5% de la remuneración mensual.  Eso significa un monto mayor para cobrar comisiones.
Propuesta 13: Elevar el límite máximo de las cotizaciones desde el actual tope, 73,2 UF a 109,8 UF. El afiliado recibirá menos dinero líquido  e incrementará el monto de la comisión que paga a la AFP una suma cercana a 1UF mensual.
Propuesta 16: Extender el período de cotización obligatorio hasta la edad de retiro efectiva del mercado laboral, en caso que ésta sea posterior a los 60 años las mujeres y los 65 años en los hombres. Esta idea apunta a la eliminación de la opción que hoy existe para no cotizar entre el periodo entre la edad legal de jubilación y la edad efectiva de pensión, Esto hará disminuir las remuneraciones líquidas e incrementará  de un modo ínfimo las pensiones y, sin sorpresas,  les obligará a pagar más años las comisiones.
Propuestas 18 y 19: Equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres y revisarlas cada cierto número de años. Se haría en forma gradual, 10 años, a partir de generaciones nacidas después del año 1970. No mejorará los montos, ya que según la OCDE y la propia Comisión, las mujeres están jubilando a los 70 años y los hombres a los 69, por las malas pensiones.
Propuesta 20: Incorporar un incentivo para quienes posterguen su edad de retiro entre los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias, pagado por el Estado naturalmente.
Propuesta 21: Establecer un subsidio al empleo de personas mayores, equivalentes al actual Subsidio al Empleo Juvenil. Este subsidio, financiado por todos los chilenos, sería de un monto  de hasta el 30% de la remuneración imponible del trabajador, 20% directamente al trabajador y 10% a la empresa. Más ingresos por comisiones para las AFP.
Propuesta 22: Establecer como un objetivo de la política laboral la inserción laboral de calidad de las personas mayores desarrollando instrumentos especializados para este grupo etario. Subsidios estatales, por supuesto.
Propuesta 36: Instaurar una compensación previsional para personas cuidadoras de familiares, siempre que certifiquen estar en esa condición, por ejemplo, asociados al Programa de Atención Domiciliaria de Adultos Mayores. Por supuesto, pagada por el Estado y administrada por las AFPs.
Propuesta 56: Aumentar la sobrecotización de trabajos pesados y semipesados de cargo del afiliado y del empleador.  Otra manera de aumentar los ingresos por comisiones.

La Comisión reconoce propaganda engañosa de las AFP  y  no le parece relevante. No  se alarma al constatar que las AFP obtienen rentabilidades que quintuplican las que obtienen los afiliados. Tampoco dicen nada respecto al escándalo de llevarse el 40% de estos recursos al exterior en vez de usarlos para dinamizar el desarrollo de las regiones y mejorar la calidad de vida de los chilenos.
MAS PODER PARA LAS AFPs

Propuesta 23: “Dejar las decisiones relevantes en materia de régimen de inversiones en el Consejo Técnico de Inversiones, para lo cual se requiere el fortalecimiento de sus atribuciones.”  Esta entidad está integrada por un miembro designado por el Presidente de la República, un miembro designado por el Consejo del Banco Central de Chile, un miembro designado por las AFPs  y dos miembros designados por los Decanos de las Facultades de Economía o de Economía y Administración de las Universidades que se encuentren acreditadas.  Es decir, el liberalismo empresarial académico al poder.
Propuesta 24: Permitir que una mayor proporción de inversión se realice en activos alternativos y fondos de inversión.
Propuesta 25: Desarrollar instrumentos nuevos de inversión nacional productiva, especialmente aquellos que puedan beneficiar a la mediana y pequeña empresa. Con ello, esperan  ampliarán su influencia hacia la mediana y pequeña empresa, sumada a la que ya ejercen en más de 300 grandes empresas.
Propuesta 41: Fortalecer y ampliar el ámbito de atribuciones del Consejo Consultivo Previsional.  Más poder a los privados.
Propuesta 44: Convertir a la Superintendencia de Pensiones en una Comisión de Pensiones y Seguros. Esta Comisión sería independiente del gobierno de turno, y ojalá disponer de un mayor financiamiento. Si examinamos las cuestionadas acciones de la funcionaria a cargo de esa entidad,  que pretendiendo usar una autonomía que no tenía,  ha  colaborado a dañar al Estado en más de 410 millones de dólares con las AFPs CUPRUM y PROVIDA, 

No podemos aceptar esta pretensión tan burda.

QUE EL DIVORCIO NO AFECTE EL NEGOCIO

Hay un gran divorcio entre los chilenos y la tecnocracia encargada de examinar estos temas. Pero las AFP no quieren separase de sus ganancias.

Propuesta 34: Establecer que la partición de los fondos de pensiones en caso de divorcio, al ser considerada por parte de un juez, sea en partes iguales.
Propuesta 35: Establecer fondos previsionales compartidos. Se propone que el 50% de las cotizaciones previsionales obligatorias se depositen en la cuenta individual del cónyuge o pareja en relación de convivencia. Las  parejas separadas, pero las comisiones están a salvo.

LO QUE  PUEDE AFECTAR SU PODER

Propuesta 29: Extender la actual licitación que incluye solo a los nuevos afiliados a una fracción de los antiguos afiliados, con un mecanismo por definir. Las dos  más grandes, PROVIDA y CUPRUM, no han bajado nada sus comisiones y ellas controlan el 70% de los afiliados.
Propuesta 30: Establecer que las comisiones de intermediación de las inversiones sean enteramente asumidas por las AFP y no por los afiliados/ as.
Propuesta 31: Crear una AFP estatal que compita con las mismas reglas que el resto de las AFP, conforme a la propuesta legislativa existente en el Congreso.
Propuesta 32: Permitir la entrada de entidades sin fines de lucro, pero con giro único, a la industria de administración de fondos de pensiones.
Propuesta 42: Revisar la constitución, atribuciones, funciones, sostenibilidad e integración de la actual Comisión de Usuarios, creada por el Art. 43 de la Ley 20.255. Se propone evaluar la constitución de comisiones de usuarios a nivel de cada región.
La actual Comisión ha sido tan inoperante que hemos debido crear ACUSA AFP para que nos defienda. ¿Qué hace en ella un representante de las AFPs? Ejercer influencia indebida.
Propuesta 46: Establecer que las AFPs deban mantener programas de educación previsional, sin  contenidos comerciales. La inversión que cada administradora deberá hacer anualmente en estos programas será de un mínimo de 33 UF por cada mil afiliados(as). Esto representa, un monto de $8.085 millones por año. Hasta ahora habían usado el Fondo de Educación Previsional para financiar campañas entre los independientes. Increíble pero cierto.
Propuesta 53: Revisar las actuales tablas de mortalidad, ajustándolas a las expectativas de vida publicadas por el INE.  Hoy manejan el tema y por ello calculan expectativas de vida que favorecen la permanencia de los Fondos en las AFP y disminuyen el monto de las Pensiones.

Recordemos un ejemplo, publicado por La Segunda; Una señora de 80 años concurrió para cobrar el Bono por Hijo. El Estado lo pagó al contado a la AFP, a ella se lo pagarían en 120 cuotas. Y si vivía para esa fecha, lo recalcularían, hasta los 108 años. De seguros de longevidad, nada.

Finalmente,  la Propuesta 58 reconoce que se sale del mandato entregado y escriben: “la Comisión estima que las FFAA, Carabineros, PDI, Gendarmería y asimilados, deberían tener en general, igual trato de incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores, debiendo atenderse a las características específicas de su ocupación”

Es muy fácil recomendar lo que se sabe no ocurrirá. Las Fuerzas Armadas deben seguir en el sistema de reparto, sin duda, incrementando el aporte de sus miembros, para que haya igualdad constitucional y permitiendo que los chilenos que opten por ello puedan participar en un Sistema Público de Reparto,  como existe en casi todos los países del mundo.

En conclusión, las propuestas que se hacen por la mínima mayoría, se dirigen  principalmente a  mantener un sistema tan abrumadoramente rechazado y fracasado buscando subsidios del Estado para tapar  sus defectos, sin solucionar los temas de fondo.  La propuesta C no considera los factores jurídicos y políticos nacionales e internacionales que lleva aparejada su alternativa.  La propuesta B, por el contrario,  permite avanzar hacia un régimen de Seguridad Social  que crea una base común para todos regida por los principios de la OIT y un segundo piso basado en las empresas actualmente existentes. Por ello es esencial que   los dirigentes políticos escuchen a los ciudadanos y rechacen las opciones de la mayoría de los funcionarios de las AFP y de la tecnocracia liberal.