ACUERDO NACIONAL PARA LA EMERGENCIA

Rodolfo Fortunatti

Durante el mes de mayo, dado el agravamiento de la crisis sanitaria, diversos actores sociales y políticos representativos de un amplio arco de fuerzas, plantearon al Gobierno la necesidad de forjar un acuerdo de mínimos para sortear una emergencia que podría tener consecuencias humanitarias para el país.

Aunque las propuestas han sido formuladas para concordar medidas urgentes y de corto plazo —el tiempo que dure la pandemia— también han abordado iniciativas que van más allá de la coyuntura y que se ensamblan, al menos en los próximos meses, con el itinerario constitucional que se inicia en el Plebiscito del 25 de octubre, y que prosigue con el calendario electoral del año 2021, cuando se renueve la casi totalidad de las autoridades representativas y ejecutivas de nuestra democracia.

En la tabla de abajo han sido ordenadas en cuatro columnas las propuestas hechas por el Foro de Desarrollo Justo y Sostenible, los parlamentarios José Miguel Insulza y Mario Desbordes, el Colegio Médico, como receptor de las ideas de un grupo de economistas, y el Partido Comunista que, junto a otras colectividades, no fue convocado por el Ejecutivo a una ronde de consultas encabezada por el Ministerio del Interior, pero que, sin embargo, se resolvió a enviar una carta al Presidente de la República.

Las propuestas están clasificadas en tres partes. Primero, los antecedentes que, en la mirada de los interlocutores, fundamentan la formulación de las medidas. Segundo, las medidas propiamente tales para abordar la emergencia. Y, tercero, las propuestas pospandemia, de más largo alcance, que, en este caso, postulan Desbordes e Insulza, por un lado, y el Partido Comunista, por otro, lo que no significa que los otros no se hayan preguntado por el futuro menos inmediato; que lo han hecho.

El conocimiento de las ideas y perspectivas que animan el debate nacional debería permitir a cada ciudadano contribuir al diálogo en forma participativa, recíproca y responsable.

Foro de Desarrollo Justo y Sostenible	Mario Desbordes José Miguel Insulza	Colegio Médico de Chile	Partido Comunista de Chile
ANTECEDENTES DE LAS MEDIDAS
Frente a las reiteradas declaraciones del presidente Piñera y del Ministro de Hacienda en torno a que la política fiscal estaría en el límite y que, por tanto, no habría más recursos posibles para mejorar la gestión pública frente a la crisis económica y social que genera pandemia del covid-19, declaramos enfáticamente que es completamente falso que hayamos llegado a ese límite. Chile puede más. Estas son las razones: 1. El gasto público está aumentando menos que con ocasión de la crisis subprime de 2009. El cambio en el saldo efectivo del gobierno central de 2020 respecto de 2019 es de 5 puntos del PIB y en 2009 lue de 8 puntos respecto de 2008. Nadie podria dudar que la crisis actual es mucho más severa que la crisis subprime y. por tanto, hay que actuar en consecuencia. 2. Los programas de emergencia que ha planteado el gobierno, como porcentaje del PIB, son muy Inferiores a los de la mayoría de los países europeos, de USA y también de Perú. 3. La deuda pública chilena se encuentra en los niveles más bajos de la OCDE y de América Latina. Hay espacio para que esta deuda crezca en varios puntos del PIB, máxime considerando las bajas tasas de interés de largo plazo, tanto nacionales e internacionales. Estas tasas internacionales seguirán bajas por muchos años. 4. El gobierno acaba de colocar bonos en el exterior por US$ 2.000 millones a tasas muy bajas y por otros US$ 500 millones y la mitad de ellos a tasa de interés negativa. Debería aprovechar   estas ventajosas condiciones. 5. Chile tiene la tasa real de interés más baja de América Latina y, junto con Perú, el menor riesgo-país. 6. Chile cuenta con Fondos soberanos por US$ 22.000 millones, que superan lo que disponen el resto de los países de la región. Esto representa un 7,3% del PIB.	Chile está en crisis desde hace siete meses. Un “estallido social” sin precedentes dio paso inmediato a la epidemia más extensa que jamás había vivido nuestro país. Que estos dos eventos tan severos no nos hayan llevado a una completa postración habla bien de nuestra fortaleza como nación. Hemos tenido aciertos importantes: los acuerdos para abrir camino a una nueva Constitución, impidieron que la crisis desembocara en la anarquía y el desgobierno; la aceptación por todas las fuerzas políticas y sociales de la conducción sanitaria única para enfrentar la pandemia han sido claves para tener una sola voz responsable que busca evitar que nuestra infraestructura hospitalaria sea superada frente a esta pandemia. Más allá del rechazo mayoritario que a veces reciben, las mayores instituciones del país siguen funcionando, sin parecer efectivamente amenazadas. Pero las divisiones persisten y afectan al presente y al futuro de nuestra convivencia. Debemos superarlas ahora, para abordar juntos la actual crisis sanitaria y social y, más tarde, para reconstruir la economía y el tejido social que en los últimos meses se han deteriorado severamente. Esta exigencia hace indispensable un verdadero                        acuerdo nacional en el que participen no solo actores políticos, sino que integre a gremios, sindicatos, empresas y organizaciones sociales. Unos piensan que al despertar de este mal sueño todo volverá a la anterior normalidad, la vida volverá a ser como antes; otros creerán llegado el momento de reanudar las movilizaciones sociales e incluso retornar a la violencia que muchas veces las acompañó. Pero la verdad es otra: Chile no está a condiciones de enfrentar una tercera crisis sucesiva, pero tampoco está para que nada cambie.  Reconstruir la economía y la sociedad es tarea de la política; el arte de asignar recursos   escasos a fines múltiples. Pero esa tarea política, para ser fecunda, supone acuerdos, convicciones comunes que la gran mayoría de los ciudadanos puedan compartir, aunque sean miembros de distintas fuerzas políticas o asociaciones. El país tendrá menos recursos que antes, pero además mal distribuidos. La tarea no puede ser abordada enfrentándonos unos con otros, sino en base a acuerdos fundamentales que guíen el futuro del país.  Debemos conciliar la necesidad de crecimiento económico y la generación de buenos empleos con políticas sociales robustas.  Como no ocurría hace décadas, miles de chilenos están pasando hambre; tenemos un imperativo moral de lograr acuerdos que, de manera responsable vayan en su ayuda La encrucijada en que hoy está nuestro país y el mundo, nos desafía a salir de nuestras trincheras y a alcanzar acuerdos que ayer parecían imposibles. Todos quienes tenemos cargos de responsabilidad responderemos ante la historia y ante nuestros conciudadanos por lo que hagamos hoy. Pero no basta con anunciar o exigir un Acuerdo Nacional. Hay que hablar también de compromisos concretos.	Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la Pandemia, José De Gregorio, Sebastián Edwards, Claudia Martínez A., Andrea Repetto, Claudia Sanhueza, Rodrigo Valdés. 1. Introducción Hace dos semanas la presidenta del Colegio Médico nos convocó para aportar con propuestas económicas a la Mesa Social Covid-19. Esta mesa fue constituida por el gobierno para apoyarlo en el manejo de la crisis. Para hacer efectivas las medidas sanitarias que ahí se discuten, es necesario desplegar en conjunto una estrategia de medidas económicas y sociales.  Agradecemos la invitación, la que nos ha permitido discutir con independencia y desde distintos ángulos algunas propuestas para los próximos dieciocho meses. Nuestro foco es un marco fiscal general, además de medidas de apoyo a las familias que les ayuden a sobrellevar el período de contención de los contagios y también para acompañar la etapa posterior de apertura de la economía. Esperamos que estas propuestas ayuden a construir un acuerdo nacional para afrontar esta grave crisis.                                                                         En el contexto de la Mesa Social, los rectores de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica también han convocado a un grupo de académicos para discutir políticas para este período, como es el apoyo a las empresas. Nuestros trabajos son complementarios y creemos que es necesario que las medidas que se vayan implementando estén dentro del marco fiscal que proponemos.  2. Un marco macroeconómico para la pandemia El reciente aumento de los contagios indica que la crisis sanitaria está lejos de ser controlada; nadie sabe cómo evolucionará en los próximos meses, ni cuándo será posible reiniciar las actividades económicas con relativa normalidad. Además, lo más probable es que una vacuna confiable y segura tarde un año o más. Todo esto indica que los programas actuales no son suficientes, y que habrá que desarrollar nuevas estrategias de gasto público que ayuden a reducir las dificultades económicas que afectan a la población. Estas estrategias deberán ser flexibles y acomodarse a las nuevas circunstancias.  En este contexto no es posible tener una proyección confiable sobre la duración de la recesión y las heridas con que quedará la economía. Éstas, sin duda, afectarán el ritmo de la recuperación. En este marco de elevada incertidumbre creemos que es esencial desarrollar un programa de mediano plazo que dé mayor claridad a los hogares y a las empresas, y que genere un marco de colaboración entre el Congreso y el gobierno.  Necesitamos urgente un acuerdo nacional por la calidad de vida.  La primera pregunta es ¿hasta cuánto es posible gastar? La realidad es que no existe una respuesta única y concluyente, aunque existen rangos posibles y riesgos involucrados. Por ejemplo, se podría usar algún nivel de endeudamiento como ancla, pero distintos países a los que aspiramos a parecernos tienen, hoy en día, niveles demasiado diferentes de deuda sobre PIB (desde 20% en Nueva Zelandia a 90% en Canadá). Por su parte, la regla fiscal anunciada por el gobierno no da cuenta del problema que enfrentamos y no parece ser una guía creíble para el próximo año. Además, tenemos el desafío de una perspectiva de deuda creciente durante los próximos años, reflejo de tensiones sociales y políticas que arrastramos desde antes de la pandemia.  A pesar de estas dificultades, es necesario definir una estrategia clara, concreta, y creíble. No hacerlo tiene costos para la dinámica política, genera incertidumbre para las personas, y socava la credibilidad de la política fiscal, porque siempre se está pensando en un eventual próximo paquete de emergencia.	Al señor Sebastián Piñera Echeñique Presidente de la República Presente. De nuestra más alta consideración: Hemos considerado pertinente, ante su llamado a un “Acuerdo Nacional” dirigirnos a usted directa y transparentemente a fin de dar una adecuada respuesta a su propuesta.   Dejamos establecida, en primer lugar, nuestra profunda preocupación ante el incremento de los contagios de COVID- 19 y sobre todo el fallecimiento de personas. Al mismo tiempo que vemos con alarma como aumenta el número de desempleados, que sobrepasa el 20%, con sus secuelas de hambre y desamparo, el número creciente de PYMES que cierran sus puertas e incluso la bancarrota de grandes empresas. Desde el gobierno se nos ha acusado de obstruccionistas, violentistas y con varios otros epítetos, por el sólo hecho de haber mantenido una posición crítica, pero no cerrada, como se pretende hacer creer, ante las medidas del gobierno, y por considerar legítimas las manifestaciones sociales. Hemos entrado en abierta contradicción ante la violación a los derechos humanos y la criminalización de la demanda popular durante el estallido social. Uno de nuestros diputados está acusado, poco menos que de terrorista, por sectores de su gobierno, ante el Tribunal Constitucional, con la clara intención de destituirlo, y con un abierto afán persecutorio contra nuestro partido. Es difícil en estas condiciones acoger una invitación a un acuerdo.  No obstante ello, dada la magnitud del desafío que enfrenta nuestra sociedad y todos los pueblos y culturas que la componen, le exponemos a usted y públicamente, nuestras propuestas que consideramos legítimas y susceptibles de llevar adelante, y que, respecto de cualquiera de ellas, que el gobierno acogiera   mediante proyecto de ley, estaríamos dispuestos a aprobar.  No vamos a ahondar en las críticas a la forma como el gobierno ha enfrentado la Pandemia y a las medidas insuficientes frente a la grave situación económica y crisis social. Los resultados y la tragedia de muchos hablan por sí solos. Lo que cabría determinar es si las insuficiencias frente al contagio del COVID -19 se debe a errores de administración y prevención, lo cual requiere de una fiscalización más   profunda, y si la insuficiencia en las medidas económicas se debe a que no hay más recursos, o se debe a una política de Estado, que pone un límite excesivamente rígido al gasto de interés social.  Lo realizado por el gobierno hasta ahora, en materia económica, se ha hecho en base a medidas como un ajuste fiscal, austeridad en el gasto, flexibilidad laboral, limitadas franquicias crediticias a empresas, lo que ha producido un debilitamiento del tejido PYME y más de un millón de desempleados, y un 50% de familias con ingresos disminuidos. Todo esto no obstante que el Presidente de la República dio a conocer un primer paquete de medidas económicas por 11.750 millones de dólares, en marzo y luego un segundo de 5.000 millones de dólares, nominal, en abril.   Esto nos indica que el esfuerzo por sacar a la economía de la crisis, debe ser mucho mayor que lo obrado hasta ahora, con una fuerte participación del estado. El año 2009 el estado hizo un esfuerzo equivalente a 17% del PIB y en esta pandemia el gasto se ha aumentado  solo en un 10,4%. Pero el gasto efectivo, es decir, las platas frescas son del orden de 3.927 millones de dólares es decir un 1,5% del PIB.        No se entiende, que habiendo millones de chilenos cayendo en la pobreza y con tantas pequeñas, medianas y grandes empresas quebradas, el gobierno no disponga de recursos que están a disposición. Por ejemplo, los niveles de endeudamiento del país se encuentran entre los más bajos de Latinoamérica y la OCDE, un 32,3% del PIB,  solo pensar en una deuda qué alcance niveles del 45% implicaría recursos extras por un total de US$31.250 millones de dólares a tasa de interés tendiendo a 0%.   Además, Chile cuenta con fondos soberanos por un total de US$ 22.000 millones, un 7% del PIB, de los cuales la mitad puede ser de disponibilidad inmediata. También es posible   el uso del Fondo de Estabilidad Económica y Social de US$12.000 millones de dólares. Finalmente, se podría abrir la  posibilidad que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario deuda del gobierno de Chile por al menos un 5% del PIB, es decir 15.000 millones de dólares.                                                                                   En definitiva existen recursos abundantes para enfrentar la crisis. La  estrechez fiscal que se impone dogmáticamente y la focalización excesiva, cuando el drama es generalizado, hoy sólo impacta negativamente en la economía, redunda en lo tardío de propuestas efectivas, la lentitud en la aplicación de las mismas, con consecuencias sociales y económicas difíciles de revertir.  Pensamos que las medidas deben cumplir con criterios de magnitud, es decir los paquetes económicos deben ser de un tamaño adecuado, para asegurar la pronta recuperación de la economía, bajo la lógica que lo que dejemos de hacer hoy prolongará la crisis por más tiempo, con resultado de tasas de desempleo altas y bajo crecimiento y recaudación fiscal para los próximos cinco años.  En términos sanitarios se espera que la vacuna esté disponible dentro de un periodo que va entre los 12 a 18 meses según la Organización Mundial de la Salud, pero esos tiempos tienen diferencias, pues es evidente que los primeros seis meses serán los más difíciles para la economía y las familias, y que a medida que pase el tiempo, tanto por razones estacionales y epidemiológicas, la enfermedad se hará más débil. Por lo que debemos tener una especial atención en los primeros seis meses, es decir hasta octubre o noviembre del año 2020, período de paralización o interrupción necesaria de gran parte del proceso productivo para evitar el contagio y  por tanto de la toma imprescindible de medidas para mantener las condiciones de vida de la población.
MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA EMERGENCIA
Nadie está diciendo que "hay que tirar la casa por la ventana” y que haya que gastar todos esos ahorros. Es cierto que hay que guardar recursos para un eventual rebrote de la epidemia y para un programa futuro de reactivación. Sin embargo, con el mismo rigor y seriedad   que nos pide el Ministro de Hacienda le decimos que Chile tiene espacio razonable para elevar el gasto público en al menos 5 puntos del PIB, sin grandes complicaciones macroeconómicas. Más aún, estos recursos (cercanos a US$ 15 mil millones) permitirían que: * La cuarentena sea más efectiva. asegurando que millones de trabajadores formales e informales se queden efectivamente en casa pues el Estado le aseguraría ingresos para financiar su alimentación y gastos básicos; * Muchas más Pymes puedan protegerse de la quiebra; Con estas medidas, así como más rapidez y eficiencia pública, la crisis en empleo y pobreza se podría atenuar significativamente. La recuperación, además, sería más pronta y menos traumática pues habremos defendido de mejor forma el empleo y el tejido empresarial. Con mucho respeto, insistimos: Chile hoy no enfrenta restricciones insalvables en el gasto fiscal. Probablemente sean más relevantes las restricciones ideológicas. Se puede acudir a más endeudamiento interno y externo, sin generar presiones que la economía no esté en condiciones de manejar. Pasada la pandemia, por cierto, habrá que re-evaluar la carga tributaria para hacer frente de mejor forma al servicio de dicha deuda.	Capítulo II En las actuales condiciones, esos compromisos tienen que referirse primero a la pandemia que vivimos. Proponemos enfrentar la crisis de manera cooperativa y no conflictiva, en base a tres acuerdos.  1.- En materia sanitaria, aceptar la existencia de un mando único en el control sanitario de la pandemia, creando a la vez mecanismos de consulta con expertos de todos los sectores, con plena transparencia, entrega de la información y disposición  a escuchar otras opciones.  2.- En materia económica, alcanzar un acuerdo entre el gobierno y el Congreso, acerca de la cantidad de recursos efectivamente disponibles para enfrentar la caída de la producción, el desempleo y atención de los trabajadores afectados por la pérdida de sus empleos y de los sectores más vulnerables de la población durante la emergencia. 3.- En materia social, concordar en un tiempo estimado de crisis y la sucesión en que se irán adjudicando los recursos suficientes para los sectores más vulnerables sin alterar las competencias que corresponden de acuerdo al actual ordenamiento jurídico. El país necesita conversar sobre su futuro. Cualquiera que sea el curso que adopten chilenos y chilenas en el próximo proceso constituyente, esperamos contribuir al clima de tolerancia y acuerdo que debe prevalecer en el proceso.	Resumen de la propuesta extensa al final de la tabla* * Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo --USD 12 mil millones o 5% del PIB-- como marco de referencia para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado por el gobierno y su regla fiscal.  * Chile tiene espacio para endeudarse. A pesar de ello, el desafío fiscal de mediano plazo es complejo por lo que los aumentos de gasto para paliar la pandemia deben ser transitorios, aunque no necesariamente de corta duración. Comprometer esta alta cantidad de recursos requiere de un acuerdo político y social. * La propuesta significa que se podría gastar, cada mes y en promedio, USD 670 millones por encima de lo ya comprometido, y que se podría financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. La aplicación del programa debe ser flexible y pragmática, acorde a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, y debe otorgar facultades al gobierno para ir adaptándolo. También debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso. * Los apoyos monetarios a las familias deben ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento. Ellos deben retirarse gradualmente sólo en combinación con una apertura progresiva de la economía. Más adelante, los recursos deben utilizarse para estimular la demanda agregada y contener el desempleo. * Los trabajadores formales deben acceder a los recursos que dispone el seguro de cesantía de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la Ley de Protección del Empleo. Los beneficios deben mantenerse en una fracción fija del salario mientras dure la contención de contagios. Un 60% del salario permite a las familias del tercer quintil financiar sus gastos más necesarios.   * Las familias cuyos ingresos son mayormente informales y aquellas que no tienen acceso al seguro de cesantía deben recibir apoyos estatales. Los recursos propuestos permiten financiar bonos de $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes. Se debería cubrir al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares.	A continuación exponemos algunas de nuestras propuestas:  Las propuestas para mantener los ingresos de las familias:  Renta Básica de Emergencia, que llegue al 80% de la población, con montos equivalentes a la línea de la pobreza calculada por el Ministerio de Desarrollo Social, entregando recursos monetarios a las familias, por 6 meses, complementarios con el seguro de cesantía. Esto significa 900 millones de dólares mensuales y a un total de 5.400 millones de dólares. A esto se debe agregar un fondo para subsidiar a 200 mil mujeres que están sufriendo violencia, agudizada en cuarentena.  Fortalecimiento Estatal del Seguro de Cesantía, debe establecerse un fondo  estatal de US$4.000 millones de dólares para el Seguro de Cesantía, con carácter de no reembolsable, estable, por seis meses y no de cargo del trabajador. Y cuando el grupo familiar dependiente del trabajador no alcance la línea de la pobreza, sea complementado con la Renta Básica.  Medidas de Protección del Tejido Económico: La protección efectiva del empleo, para lograr este cometido proponemos que el gobierno conforme en lo inmediato una mesa tripartita entre Gobierno, Organizaciones representativas del empresariado y Organizaciones representativas de los trabajadores.   Protección de las Pymes, el resultado del bajo alcance que ha tenido hasta ahora la política crediticia a través de la banca, que superpone el lucro, hace necesaria una mayor participación de las agencias estatales, coordinadas por CORFO, bajo la directriz de sostener el tejido empresarial, el respeto a las normas ambientales y los derechos laborales, ampliando el fondo a 6.000 millones de dólares.  Rescate de empresas mediante su adquisición parcial o total, creemos que el  Estado puede intervenir en el rescate o capitalización de empresas esenciales para la vida y la producción, mediante su adquisición parcial o total, mediante la creación de un fondo de unos 20 mil millones de dólares, a constituirse con deuda y pagarse a partir de las ganancias obtenidas por la empresa. Aumento de los presupuestos municipales, el aporte del estado debe llevarnos a la creación de un fondo espejo estatal con respecto al nuevo Fondo Común Municipal, el cual tendrá un valor cercano a los $2.974.724 millones de pesos, es decir US$3.541 millones de dólares, que equivalen al 1,41% del PIB. Este incremento   significaría que el fondo total llegara a los $7.333.593 millones y el aporte estatal significaría el 42% de los recursos municipales.  En suma, el Partido Comunista estima un gasto social de 12 mil millones de dólares y fondos para créditos a empresas por 26 mil millones de dólares. Alcanza al 15% del PIB,   pero más de la mitad es reembolsable al fisco. La disponibilidad de fondos del estado supera largamente esta cifra que puede ser incrementada con endeudamiento fiscal.  Medidas para reducir la brecha de desigualdad: Impuesto a los Súper Ricos, es necesario avanzar en un impuesto que redistribuya hacia los sectores más necesitados de la sociedad recursos de aquellos que concentran la riqueza del país, poniendo un impuesto del 2,5% sobre los patrimonios que   superen los 22, 5 millones de dólares. Este impuesto debe ir a pagar preferentemente la Renta Básica de Emergencia, puede alcanzar los 6.500 millones de dólares. Estudiar y Promover el Reparto de utilidades a los trabajadores, por un total del 30% de las ganancias totales de la empresa a final de año, calculado sobre la base  de todos los trabajadores con derechos a gratificación. Esto implica suprimir el artículo 50 del código del trabajo y distribuir hacia los salarios mayor proporción de la riqueza ganada. Señor Presidente: Estas propuestas de medidas económicas son representativas de un amplio arco político y social, el PC ha participado de la gestación en varias de ellas y en su totalidad las ha hecho suyas. No es la primera vez que   son planteadas. Pero no han sido tomadas en cuenta, la respuesta más reiterativa es que son inviables o excesivas. En relación a la Pandemia, consideramos de urgencia extrema que se tomen medidasde fondo, cuarentena, gratuidad de los exámenes preventivos, potenciamiento de la salud primaria, recursos y logística que garantice atención a pacientes y seguridad del personal sanitario, que se reconozcan a plenitud los errores, incluyendo cambios en el ministerio de salud, y establecer una mayor participación representativa de los gremios y organizaciones de trabajadores de la salud.    Atentamente  Guillermo Teillier del Valle, Lautaro Carmona Soto
PROPUESTAS POST EMERGENCIA
	Capítulo III Si enfrentamos la crisis de manera concertada y constructiva podemos avanzar hacia un Acuerdo Nacional más exigente, sobre la base de principios compartidos. Estos compromisos de futuro deberían incluir los siguientes:  1.- Compromiso con la Democracia, con elecciones libres como la única forma válida para cambiar gobiernos, libertad de opinión y asociación, pluralismo político y respeto por las instituciones y leyes del país. El Estado de Derecho (rule of law) debe estar en la base de   nuestra convivencia social. Todos los ciudadanos deben respeto a las leyes, las instituciones y las resoluciones de un sistema judicial plenamente autónomo. Por su parte el Estado debe proteger a todos los ciudadanos en sus derechos y exigir sus deberes, haciendo plenamente efectivas las garantías que establece la Constitución.  2.- Compromiso con la Dignidad.  En el origen de la crisis social está la desigualdad profunda que existe entre diversos sectores de la sociedad. En las últimas décadas Chile dejó de ser un país pobre, pero sigue siendo injusto. Es deber del Estado asegurar a todos sus habitantes una vida digna, reduciendo las desigualdades, a través de una mejor distribución de la riqueza, y del acceso igualitario a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y la seguridad pública. El bienestar de los ciudadanos es tarea primordial del Estado. 3.- Compromiso con el Crecimiento. El Mercado juega un papel dinámico en la economía, en la creación de riqueza y empleos, en el desarrollo de nuevos emprendimientos, pero no es suficiente para resolver desequilibrios económicos en la sociedad, como el desempleo, la distribución y la gestión de las crisis. Desde luego, la acción del sector privado seguirá siendo fundamental en la producción, el comercio y las finanzas, pero el Estado tiene un papel en la diversificación económica, el estímulo a la pequeña y mediana empresa, el impulso de la ciencia y la tecnología, la regulación de la competencia, el fortalecimiento de las leyes antimonopólicas, y la acción contra la corrupción y la colusión. Debemos fortalecer la institucionalidad económica y mantener la plena autonomía del Banco Central. 4.- Compromiso con los Derechos Humanos. El Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos protección contra cualquier abuso de autoridad y que nadie será objeto                   de discriminación o exclusión por razón de origen nacional o étnico, lengua, género, edad, discapacidad, condición social, apariencia física, condición de salud, religión, pensamiento, afiliación política, orientación o preferencia sexual. 5.- Compromiso con el Orden Público. El Estado debe garantizar la paz social y el respeto de todos a las mismas leyes. Debemos reducir la violencia en la sociedad, con un sistema policial y procesal moderno, eficiente y respetuoso de los derechos humanos; y combatir las amenazas del crimen organizado, el narcotráfico, la piratería y el terrorismo. 6.- Compromiso con el Medio Ambiente, para paliar los efectos del cambio climático Chile sufre en estos años los efectos implacables del cambio climático, asegurar que el agua esté al servicio de todos, reducir la contaminación del aire, el agua y la tierra, proteger nuestra diversidad, la flora y fauna y atender las zonas en las que se concentra el deterioro ambiental. 7.- Compromiso con la Igualdad de Género. La plena igualdad entre hombres y mujeres ha avanzado en Chile, pero quedan aún brechas importantes que llenar. Erradicar la violencia de género, garantizar la igualdad de remuneraciones de hombres y mujeres y abrir más espacio a la participación de la mujer en el gobierno y las empresas son nuestras tareas pendientes. 8.- Compromiso con la Transparencia en los asuntos públicos, en las organizaciones sociales y en las empresas, que asegure la protección del consumo y haga realidad las leyes contra el monopolio, la corrupción, la colusión y el abuso. 9.- Compromiso de reconocer Nuestros Pueblos Originarios, resolver sus justas demandas históricas y respetar su derecho a vivir de acuerdo a sus tradiciones y costumbres. 10.- Compromiso con Nuestras Regiones. La excesiva centralización es uno de los males de Chile. Enfrentar de manera realista e integral el proceso de regionalización es necesario para mejorar nuestra condición ambiental, desarrollar plenamente nuestro potencial y dar una mejor vida a nuestros ciudadanos. 11.- Compromiso con la Juventud y la infancia. El futuro de nuestro país está en ellos y, por tanto, es urgente trabajar un acuerdo social amplio que abarque la educación y la atención que otorgamos a las nuevas generaciones. La educación pública requiere de un cambio de fondo que no puede esperar. 12.- Compromiso con América Latina y el Mundo. En un mundo formado por estados de distinta envergadura territorial, económica y demográfica, Chile sólo tendrá peso si mantiene los principios de nuestra política exterior, guiada por el interés nacional, con respeto de los tratados, pacífica y de principios y participando del multilateralismo regional y global.		Derogación del DL 3500, es necesario terminar con el actual sistema de pensiones y reemplazarlo por un sistema de reparto, estatal, tripartito y solidario, que incluya mecanismos de aumento de pensiones de la mujer, cuentas nacionales, reparto puro y un fondo solidario con aportes igualitarios de trabajadores y empleadores por un total de 18%. Necesidad de estudiar una reestructuración tributaria, para afrontar el pago de la deuda y una mayor presencia del Estado, que permita no solo apalancar el crecimiento sino que además hacerlo de manera sustentable e igualitaria.  Estudiar como medida complementaria el retiro de fondos de las AFP con cargo a las utilidades de estas.

* Propuesta en relato extenso del Colegio Médico

Proponemos que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo --USD 12 mil millones o 5% del PIB-- como marco de referencia, o ancla, para definir lo que se podría gastar durante los próximos 18 meses, por encima de lo ya anunciado. 

Esta cifra es cuantiosa, pero al estar acotada dentro de un horizonte de año y medio no es una cifra irresponsable. Para hacerse una idea sobre la magnitud del programa, los recursos alcanzarían para ampliar los programas actuales de transferencias desde el 60% al 80% de los hogares en vulnerabilidad.

¿Por qué nos parece que USD 12 mil millones es una cifra adecuada desde el punto de vista fiscal? Chile tiene espacio para endeudarse en la actualidad, tanto en el mercado interno como externo. El nivel de las tasas de interés de los bonos de la República, así como la fuerte demanda en las recientes colocaciones internacionales del fisco y de empresas públicas, así lo demuestra.  Internamente también hay amplio espacio. Más aún, tasas como las actuales, en torno a UF más 0% a 10 años, no solo son bajas, sino que menores a nuestro crecimiento de largo plazo, lo que es ampliamente favorable para el endeudamiento.

A pesar de lo anterior, es necesario poner una nota de cautela: las tasas subirán con nuevas colocaciones masivas, y eso pone un límite a la estrategia de mayor deuda. Sin embargo, a pesar de este acceso hoy, el desafío fiscal de Chile de mediano plazo es complejo y no puede ser ignorado en el diseño de cualquier estrategia fiscal. Por un lado, se han estado acumulando déficits primarios elevados, los que, en conjunto con un nivel creciente de endeudamiento, hacen aumentar la probabilidad de una trayectoria explosiva de la deuda.

Es fácil construir escenarios realistas en que la deuda llega sobre 60% durante esta década, incluso asumiendo que muchas de las presiones sociales que nuestro país enfrenta hoy sean financiadas sin endeudamiento. Además, la experiencia en Chile revela que, como en la mayoría de las economías, el aumento del gasto durante los períodos de expansión fiscal no es retirado una vez que la recesión ha pasado.  Esta inercia fiscal hace que parte relevante de la expansión se queda como permanente y eso en las actuales circunstancias no es adecuado.  Los aumentos de gasto para paliar la pandemia deben ser transitorios, aunque no necesariamente de corta duración. Para ello proponemos un horizonte de un año y medio. 

Por todo lo anterior, creemos que es necesario comprometer una cantidad alta de recursos, en el marco de un acuerdo político y social. Estos recursos se deben gastar de manera gradual. Se podrían destinar en torno a 670 millones de dólares al mes. Asimismo, este programa debe operar con flexibilidad, y acorde a cómo vayan cambiando las necesidades en el tiempo, para lo que se debería otorgar facultes al gobierno para adaptarlos de manera ágil. Finalmente, este programa debe ser transparente y con rendición de cuentas a la ciudadanía y al Congreso.

Como se explica en la sección siguiente, estos recursos permitirían financiar paquetes de ayuda importantes para la ciudadanía.

No se puede descartar que de empeorar la situación se deban implementar medidas adicionales, pero nuestra propuesta termina con gran parte de la incertidumbre. La ciudadanía ya no estará angustiada tratando de adivinar cuál será el siguiente plan, si es que existe. Sería positivo, además, para que el proceso legislativo sea más rápido y fluido. Tampoco se puede descartar un escenario más benigno, que todos quisiéramos ocurriera, que permita reorientar los recursos de este programa a reactivación tradicional. Sin embargo, no se pueden diseñar políticas esperando un golpe de suerte.

La implementación financiera de esta propuesta de marco fiscal debe ser pragmática. Dependiendo de las condiciones de los mercados, se debe aprovechar las oportunidades de endeudamiento. La cifra que proponemos, equivalente al saldo del FEES en marzo, es un punto de referencia y un ancla que nos da el monto disponible que, eventualmente, y de ser necesario, podría gastarse para paliar la pandemia. En la práctica los nuevos desembolsos se pueden financiar ya sea girando de este fondo y/o aumentando el endeudamiento.También hay espacios para racionalizar otros gastos. 

                       

A continuación, presentamos un conjunto de políticas sociales que creemos se deben implementar durante esta crisis y que pueden constituir parte del marco de un acuerdo nacional. Los recursos del FEES debieran ser utilizados tanto en las políticas sociales que proponemos  como en las de apoyo a empresas y las que se diseñen para la reactivación económica, con la flexibilidad necesaria para responder a las distintas etapas de la crisis.

3. Principios para medidas hacia las familias

Distinguimos tres etapas para la política social, las que están definidas según el éxito de las medidas de distanciamiento y, por tanto, con las posibilidades que tienen las familias de volver a realizar actividades productivas. 

La primera etapa, de contención de contagios, busca que las personas permanezcan en sus hogares. Por ello, los trabajadores no pueden salir a trabajar y tienen dificultades para generar ingresos. En este período el objetivo de la política pública es la de acompañar a las medidas sanitarias, facilitando las cuarentenas y el distanciamiento, y a la vez minimizar los costos sociales asociados a las medidas de restricción.

La etapa intermedia es una etapa en la que se combina una apertura gradual de la economía, permitiendo el desarrollo de ciertas actividades productivas, con medidas de distanciamiento que impiden que el virus se vuelva a propagar con rapidez.  En esta etapa, las familias aún ven dificultades para obtener ingresos, pero pueden gradualmente reincorporarse a la actividad económica.

La última etapa, de recuperación, comienza una vez que la autoridad sanitaria decrete que la crisis sanitaria se ha contenido y que la actividad productiva puede volver a levantarse con razonable normalidad. El objetivo de las medidas económicas esta vez es apoyar la actividad económica, el empleo y prevenir la amplificación de la crisis.

Los instrumentos de política pública varían para cada una de estas etapas. 

                                  

En la primera etapa, la política debe facilitar que las familias cuenten con recursos suficientes para enfrentar sus gastos más necesarios y puedan permanecer en sus hogares. Para disminuir la duración de esta etapa, es importante que estas medidas vayan acompañadas por testeos masivos de contagios, de esfuerzos de trazabilidad de contagiados y sus contactos, y de aislamiento de contagiados. Para ello se puede dar un rol central a los servicios de atención primaria de salud, reforzados con la contratación y capacitación de personas que apoyen la labor de comunicarse con los contagiados y sus contactos.

Al mismo tiempo, los municipios deben contar con recursos apropiados para llevar alimentación y medicamentos a los hogares que tengan dificultades para comprar y acceder a bienes y servicios de primera necesidad, con especial atención a hogares con personas mayores de edad y a quienes estén directamente afectados por el COVID-19.

En la segunda etapa, los apoyos a las familias pueden comenzar a retirarse gradualmente, pues la reapertura de la actividad económica permite que las familias retomen (gradualmente) su capacidad de generar ingresos.  Durante este periodo es posible que haya diferencias territoriales en la necesidad de apoyos y de aplicación de instrumentos. Asimismo, en esta etapa es importante mantener en teletrabajo a toda la fuerza laboral en condiciones de trabajar a distancia y permitir flexibilidad laboral de manera que permita mantener el distanciamiento social. Será necesario también realizar adecuaciones en el transporte público y gestionar mecanismos para el diagnóstico y trazabilidad del virus en lugares de trabajo.

Finalmente, durante la tercera etapa se retiran los apoyos a las familias. Durante esta fase se debe reforzar programas de empleo ya existentes --Subsidio al Empleo Joven y Bono al Trabajo de la Mujer--, además de los programas de empleo de emergencia y de inversión en obras públicas y otros que demanden empleo de manera significativa.  

En la actualidad el país está en la primera etapa y existe mucha incertidumbre respecto de cuándo pasará a la siguiente, así como sobre la duración total de la crisis. La intensidad y los recursos destinados a las herramientas que proponemos a continuación, por tanto, deben aplicarse con la necesaria flexibilidad. A continuación, se detalla la implementación de estas medidas hacia las familias de acuerdo a la forma en que sus miembros participan en el mercado laboral. Nuestras sugerencias se construyen sobre los mecanismos que ya se han legislado. 

a. Trabajadores asalariados privados cubiertos por el seguro de cesantía. 

Los trabajadores cuya relación laboral ha sido suspendida por mandato de la autoridad o por mutuo acuerdo, o que han sido despedidos debido a la crisis de contagios, deben acceder (o seguir accediendo, según sea el caso) a los recursos que dispone el seguro de cesantía de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la Ley de Protección del Empleo.

Sin embargo, se debe perfeccionar el diseño de los beneficios. En la actualidad, los trabajadores reciben un monto decreciente de su salario, que comienza en 70% el primer mes, bajando al 30% en el sexto. Este diseño tiene por objeto motivar la búsqueda de un nuevo empleo en tiempos de normalidad. Sin embargo, en la etapa de contención de contagios, lo que se desea es que los trabajadores permanezcan en sus hogares y no salgan a buscar un nuevo empleo o ingresos. 

Por ello, proponemos que los beneficios se mantengan, calculados como una fracción fija del salario, por toda la primera etapa (esto es, mientras no se transite a la etapa intermedia). La tasa de reemplazo debe guardar relación con las necesidades que tienen las familias para financiar gastos básicos (alimentación en el hogar, alojamiento, servicios básicos incluida comunicaciones, salud y educación). A modo de referencia, una familia del tercer quintil dedica cerca del 60% de sus gastos a estos bienes y servicios.

El financiamiento de esta medida provendrá de los fondos acumulados en el sistema, además del compromiso estatal de agregar USD2000 millones al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en caso de ser necesario. Los recursos acumulados en la actualidad en el sistema, incluyendo el compromiso de aporte fiscal, permiten financiar una tasa de reemplazo del 60% por casi 14 meses a un millón y medio de trabajadores (esto es, al 30% de los cotizantes del sistema).

                                  

Esta medida debe considerar a los trabajadores de casa particular, que también debiesen tener acceso al FCS una vez acabados los fondos que han acumulados en sus cuentas de indemnización por despido. 

b. Trabajadores por cuenta propia y aquellos no cubiertos por el seguro de cesantía.

En el caso de trabajadores que no pueden acceder al seguro de cesantía, ya sea porque no tienen un contrato formal o porque no cumplen con los requisitos para acceder, se extenderá un sistema de bonos en línea con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).  Como es impracticable entregar recursos en proporción a los ingresos perdidos como lo hace el seguro de cesantía, pues no se conocen las historias laborales de los trabajadores, proponemos la entrega de bonos que cubran al menos las necesidades básicas de las familias en vulnerabilidad, esto es, del grupo hacia el que está enfocado esta medida. En concreto, proponemos la entrega de un bono creciente en el tamaño del hogar cuyos ingresos pre pandemia, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH), provengan mayormente de fuentes informales, o que hayan perdido su empleo en los meses previos y no tengan acceso a los beneficios del seguro. El monto debe al menos cubrir las necesidades básicas de las familias en vulnerabilidad, y cubrir a la fracción más amplia posible de hogares.

Nuestros cálculos indican que, para una familia de cuatro, el bono debería ser de $300 mil mensuales en la primera etapa. Este bono permitiría cubrir los costos de alimentación, alojamiento, servicios básicos, educación y salud de un hogar en el primer quintil de ingresos.

Alcanzar a los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable del RSH y cuyos ingresos son mayormente informales tiene un costo fiscal de unos 400 millones de dólares al mes. Sumar a las familias de desempleados que no pueden acceder al Seguro de Cesantía agregaría otros 270 millones de dólares al mes, suponiendo que se cubre a la mitad de los desempleados en un escenario de desempleo del 15%, y que sus familias tienen cuatro integrantes. 

El bono se extenderá en el tiempo de acuerdo a la duración de la primera etapa de contención de contagios y se retirará gradualmente durante el periodo en que se restablece el funcionamiento de la economía.

c. Trabajadores a honorarios

                                  

Existe gran diversidad entre trabajadores a honorarios: algunos son trabajadores plenamente formales, mientras que otros mayormente informales que entregan boletas solo de manera ocasional. El gobierno ha propuesto que los trabajadores a honorarios reciban un bono equivalente al 70% de los ingresos perdidos por a lo más tres meses. Proponemos que las familias escojan entre acogerse al mecanismo propuesto por el gobierno, cuyo diseño se modificaría en línea con nuestra propuesta para trabajadores en el Seguro de Cesantía (esto es, otorgando durante la primera etapa un 60% de los recursos perdidos) y el IFE extendido diseñado para trabajadores informales (esto es, si sus ingresos son mayormente informales y pertenecen al 80% del RSH).

Los costos de las medidas para estos tres grupos de trabajadores están dentro del marco propuesto de un gasto de unos USD 670 millones al mes en dieciocho meses.