miércoles, 26 de diciembre de 2007

El riesgo de la DC es seguir transitando igual que ahora

Entrevista al senador Ruiz-Esquide

El senador por la Octava Región Sur advierte el riesgo de una eventual renuncia del presidente del Tribunal Supremo de la DC, Carlos Figueroa, que puede ser malinterpretada en el partido. También asegura que el factor Zaldívar no es “la esencia de la enfermedad” que azota hoy a la tienda falangista.

Paralelo a los problemas que se han presentado en la Democracia Cristiana (DC) con la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia del Tribunal Supremo (TS) del partido, algunos sectores mantienen en pie la propuesta de convenir una mesa de consenso integrada por las sensibilidades más representativas del falangismo, para enfrentar los comicios municipales de noviembre del 2008.

Sin embargo, hay quienes señalan que ello sólo llevaría a profundizar la actual crisis partidaria. Uno de ellos es el senador chascón Mariano Ruiz-Esquide, quien se sumó la semana pasada al grupo liderado por el presidente del Senado, Eduardo Frei, para analizar una salida política al conflicto que mantiene cruzados a la mesa alvearista con el líder "colorín".

Sobre el senador Adolfo Zaldívar pesan dos solicitudes de expulsión, las cuales se podrían decidir a partir de hoy, fecha en que se reúne a deliberar el TS y donde también podría concretarse la renuncia de Carlos Figueroa.

- ¿Cómo queda de aquí en adelante el escenario en la DC, luego de la renuncia de Carlos Figueroa a la presidencia del Tribunal Supremo?

-No puedo responder eso porque es casi una adivinación. Si uno cruza los reglamentos, los estatutos, la forma de actuar del Tribunal, qué debe hacerse desde la mesa y la situación concreta del problema del momento, no tengo ninguna forma racional de saber qué sucede hacia delante. En todo caso, mi planteamiento es -y estoy tratando de ubicar a Carlos Figueroa para decirle- que ni él ni el vicepresidente deben renunciar.

-El senador Jorge Pizarro espera que la mesa directiva y el consejo rechacen la renuncia de Figueroa, porque el tribunal debe terminar el trabajo que empezó. ¿Comparte esa opinión?

-Sí, pero por otras razones.

-¿Cuáles?

-Mi razón fundamental es la siguiente: Aquí él (Figueroa) ha cumplido con su obligación y el tribunal ha hecho un trabajo determinado cuyo resultado no lo conocemos, porque él insiste en que aquí no hay fallo contra Adolfo Zaldívar. Segundo, él se siente traicionado por alguien de su propio tribunal, o tal vez alguien de la secretaría, o tal vez alguien "x", no sabemos quién fue el que traspasó esos antecedentes.

-¿De donde es más coherente pensar que se filtró la información, desde el sector alvearista o "colorín"?

-Es que puede ser cualquiera a estas alturas. Entonces, frente a su renuncia tengo dos observaciones. La primera, rescatar el valor ético. Él dice yo soy el presidente, me han traicionado, me siento traicionado, por lo tanto no me siento en condiciones de continuar. Como se dice en Europa, "shapoo", esto significa le sacamos el sombrero por su reacción ética. Pero desde el punto de vista formal y de las cosas de fondo, si él no es responsable no veo por qué tenga que renunciar y, además, si él renuncia se produce una renuncia del vicepresidente y se puede producir una renuncia masiva y quedamos, en materia disciplinaria y de un órgano importante, prácticamente en una cosa vacía que no sabemos qué va a suceder. Con eso triunfa aquel que comete el delito. Por lo tanto, creo que debería desistir de su rechazo y que se vuelva a hacer lo que falta, se haga y se falle, cualquiera sea el fallo.

-Si la mesa y el consejo nacional rechazan la renuncia, ¿estaría obligado a continuar Carlos Figueroa?

-Claro, pero no sería bueno que lo hiciera así porque entonces la defensa de Adolfo va a decir: Ahora sí que está obligado (Figueroa) con la mesa directiva, porque como le rechazó (la renuncia) está en deuda.

-A pesar del portazo que dio la senadora Alvear a la futura mesa de consenso de la DC, ¿sigue vigente la propuesta?

-No creo que ella haya rechazado la mesa de consenso, lo que ha rechazado es que los que son presidenciables a la República no entren a la nueva mesa, que es nuestra propuesta. Pero ése es un tema que se va a discutir más adelante. Ahora, si no es posible conciliar la integración de los que son abanderados, buscaremos lo que sea posible u otras fórmulas de acuerdo.

-¿Qué explicación dio la senadora Alvear para no aceptar la totalidad de la propuesta de mesa de consenso?

-Dijo que era más consistente que quien tenía mayoría pudiera estar presente en ambas tareas, dirección del partido y candidata presidencial. Además, minimizó los riesgos de estar todos los días en el trajín diario y cree que es más lógico su propuesta.

-¿Comparte la crítica del alvearismo que cuestiona la intervención del senador Eduardo Frei en el conflicto, acusándolo de tener sólo ambiciones presidencialistas?

-Creo que sería muy duro juzgar si Frei sólo tiene esta ambición. De que la tiene, la tiene. Yo le he preguntado y él me ha dicho que sí y todos sabemos que la tiene. Así como tampoco nadie duda de que Alvear quiera ser Presidenta de la República. Por eso prefiero que el debate se haga sobre hechos concretos y no sobre intenciones.

-¿Qué viene ahora que el alvearismo cerró la puerta a la mesa de consenso?

-Junto a otros representantes del sector chascón proponemos que las deliberaciones de la próxima junta nacional se enmarquen en lo resuelto por el congreso y se traduzcan en líneas de acción política, estratégica y programática. Pensamos que el caso Zaldívar es un hecho importante, pero no es la esencia de la enfermedad, sólo un síntoma que viene de atrás y cualquiera sea el resultado del fallo del TS, el partido no va a morir ni se va a desviar de la línea del congreso. Por ello insistimos en que el partido debe renovar su directiva, expresando la máxima pluralidad y para eso se requiere de la máxima generosidad de todos, rechazando de paso cualquier tentación de personalismos.

-¿Usted está disponible, si le piden que asuma un rol protagónico en la conducción partidaria?

-Todos debemos estar dispuestos, pero con la misma claridad le digo que no estoy en situación de responder sí a su pregunta, porque si lo hago, rompo el esfuerzo que estamos haciendo. De manera que yo no estoy en ésa, ni ninguno de nuestro grupo. Estamos por hacer una tesis y de eso que surja una mesa lo más integrada e inequívocamente imparcial para todos. Pero yo no soy candidato.

-¿Qué riesgos observa en la DC, si no logran una mesa de consenso?

-El riesgo es seguir transitando igual que ahora, porque no creo que se rompa. Sin embargo, las dificultades serán mayores. Por eso que también estamos abiertos a convenir una fórmula aleatoria.

-¿Observando el problema con mayor distancia, cree que la directiva alvearista exageró al pedir la expulsión de Zaldívar?

-La mesa no podía hacer otra cosa que recurrir al TS.

-¿Pero era necesario pedir su expulsión?

-Eso fue una petición. Ahora, puedo compartir que fue un error político de la directiva.






viernes, 21 de diciembre de 2007

Los Caminos de la Conciliación Democratacristiana

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Nadie en la Democracia Cristiana ignora el difícil momento por el que atraviesa el Partido. Aún admitiendo los matices que existen entre nosotros respecto a su magnitud, es innegable que todos hemos sido conmovidos y puestos en actitud vigilante. Este hecho representa un primer paso hacia la salida de la espiral, pues un problema que nos compromete a todos acaba llamando la atención de todos. Esto, desde luego, nos acerca a una mirada común.

Y no es el único gesto. Observamos con esperanza cómo se multiplican las voces que llaman a serenar los espíritus y a buscar genuinos caminos de entendimiento. Por el solo hecho de hacerse públicos, tales pronunciamientos entrañan actos políticos de enorme valor, pues colocan a sus autores en la obligación de exigirse a sí mismos lo que piden a los demás. Este principio de reciprocidad, de ponerse mentalmente en el lugar del otro, puede que parezca insuficiente para resolver los conflictos, pero su ausencia torna muy dificultoso, si no imposible, un diálogo racional y objetivo.

El Partido necesita profundizar el diálogo. El Partido necesita debatir. Necesita deliberar, porque esta impelido a tomar decisiones. En unas semanas, el 12 de enero, vence el plazo establecido para publicar las conclusiones del Quinto Congreso, así como las reformas orgánicas encomendadas a la Comisión de Estatutos, las cuales, a través de la Junta Nacional, deberán convertirse en la línea política de la Democracia Cristiana.

El Partido necesita examinar y confirmar las condiciones en que se desarrollará la vida interna. A propósito de los últimos procesos disciplinarios, la legitimidad, autoridad y prestigio de sus órganos de decisión han quedado expuestos al escrutinio público. No sólo es necesario administrar justicia sino también emprender acciones reparadoras. Hay pérdidas y degradaciones políticas que exigen el reestablecimiento del respeto, el imperio de las normas y la unidad en función de fines y metas comunes.

Por todo lo anterior, y en concordancia con lo que hemos venido señalando en los últimos días, proponemos que:

1) Las deliberaciones de la próxima Junta Nacional se enmarquen fundamentalmente en lo resuelto por el Quinto Congreso, y por cierto, que traduzcan sus acuerdos en líneas de acción política, estratégica y programática, donde los democratacristianos puedan arribar a un diagnóstico común sobre los problemas, soluciones y eventuales riesgos; y

2) En todo caso, y cualquiera sea el mecanismo a través del cual se renueve la directiva nacional, aspiramos a que ésta exprese la máxima pluralidad e imparcialidad del Partido y, sobre todo, que actúe desde la crisis hacia la estabilidad, la gobernabilidad y la paz que aspiramos.

Eso requiere la máxima generosidad de todos y cada uno de los democratacristianos, y el rechazo a todo personalismo develado o implícito.

VC / Santiago / 21 de diciembre de 2007.

viernes, 14 de diciembre de 2007

La Promesa

Rodolfo Fortunatti

Quizá uno de los mayores aciertos del relato de Ignacio González sobre la vida y el testimonio de Renán Fuentealba, sea su genio para desentrañar los lazos de afecto, lealtad y franqueza de los falangistas. Estos vínculos de genuina amistad, se revelan al modo de un subtexto, de un hálito espiritual que recorre la trama entera, sobre todo en aquellos episodios críticos que pudieron amenazar el destino de millones de seres humanos. Especialmente en las crisis, cuando las circunstancias no dejan lugar a vacilaciones, y la voluntad política se ve forzada a tomar posición. Es cuando alcanza mayor relieve esta persistente reafirmación de la promesa que une a los fundadores.

Hablo de promesa en el sentido en que la entiende
Ricoeur. Esto es, como facultad humana. Donde la persona «se compromete con su palabra y dice que hará mañana lo que dice hoy: la promesa limita lo imprevisible del futuro, a riesgo de traición; el sujeto puede mantener su promesa o romperla; de esta manera, compromete la promesa de la promesa, la de cumplir su palabra, de ser confiable».

En las relaciones de afecto que establecen los viejos democratacristianos, se torna una necesidad controlar el riesgo futuro, manejar la incertidumbre del mañana, mediante la renovación de la promesa. La demanda de promesa fluye de manera explícita en cada epístola, en cada gesto, en cada palabra, en cada acción que emprenden. La promesa, asimismo, opera como salvaguarda contra la traición, compañera inseparable del poder y la dominación. La promesa permite limitar el poder a través del respeto a los principios y valores que se invocan sin cesar en el discurso político.

Cuenta Ignacio González que Bernardo Leighton encaró una vez a Edmundo Pérez Zujovic. «Yo también, Edmundo, tengo que quejarme contigo —le dijo. Porque estando yo en el extranjero, como ministro del Interior, entrevistándome con gente de otros gobiernos, tú, aquí, convenciste al Presidente que te nombrara ministro. Yo hice el ridículo afuera. El autor de eso eres tú. Porque el Presidente no es capaz de hacer eso». El incidente le había causado mucho pesar a Leighton, pero ello no lo inhibió de representárselo a Pérez, cara a cara y ante un tercero. Porque así era el trato. No precisamente pío, pero tampoco humillante ni destructivo. Es lo que mantenía la continuidad del diálogo y la colaboración.

La necesidad de actualizar la promesa hecha al otro, tiene también por objeto reafirmar la propia identidad, y diferenciarla de la identidad de aquellos que no están obligados a cumplirla, o que, simplemente, no quieren cumplirla. En palabras de
Arendt, «sin estar obligados a cumplir las promesas, no podríamos mantener nuestras identidades, estaríamos condenados a vagar desesperados, sin dirección fija, en la oscuridad de nuestro solitario corazón, atrapados en sus contradicciones y equívocos, oscuridad que sólo desaparece con la luz de la esfera pública mediante la presencia de los demás, quienes confirman la identidad entre el que promete y el que cumple».

La reflexión del Presidente Frei, en marzo de 1969, fija crucialmente una identidad. A raíz de los trágicos sucesos de Pampa Irigoin, donde perdieron la vida ocho pobladores, Enrique Correa, a la sazón presidente de la JDC, exigió la renuncia del ministro Edmundo Pérez, al tiempo que emplazó a Bernardo Leighton —que gozaba de gran ascendiente— a responder por los… ¡asesinatos! Entonces Frei escribió a Renán Fuentealba, presidente del PDC, uno de sus más sentidos mensajes: «Estas declaraciones que no tienen precedente en la historia de Chile, que comprometen mi honor, puesto que yo constituyo el Gobierno y soy su primer representante, son incompatibles con mi presencia en el Partido. Si el Partido estima que la vida entera que he consagrado no tiene valor frente a declaraciones tan insensatas como miserables, se me hace imposible sentirme moralmente ligado a quienes me injurian de una manera tan atroz. Esto ya no es un problema político; es un problema moral».

Ya no es un problema político, subraya Frei. No es una cuestión de ideas, programas, formas de conducción, discrepancias en torno a iniciativas legislativas, o disciplina parlamentaria. Frei fija otra frontera, aún más fuerte y maciza que las del pluralismo democrático y la libertad de conciencia. Frei reivindica su honor personal, o sea, su dignidad esencial. Frei reclama reconocimiento a una vida de servicio. Frei apela a la comunidad, su Partido, y lo hace por su ministro del Interior. Frei habla por cada democratacristiano. Y nos recuerda la promesa.


El Perdón


Rodolfo Fortunatti

La irrupción de Frei no traerá la paz, pero contribuirá a ella. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana no pondrá atajo a la lucha, pero dictará sentencia. No acabará con las odiosidades, rencores y venganzas, pero suspenderá la disputa. Tal vez recupere la legitimidad, magnanimidad y autoridad, que tanto se echan de menos en la Justicia chilena. Acaso ayude a generar las condiciones para el respeto, el diálogo y la cooperación inherentes a los estados de paz.

Pero no acabarán la beligerancia ni el revanchismo. Para hacer desaparecer los deseos de venganza —la
filosofía aún se pregunta si este propósito está al alcance de la política—, se precisan gestos de arrepentimiento y de perdón. Y es sabido que éstos anidan en el fuero íntimo de las personas. Como observa Hannah Arendt, el perdón y la relación que establece entre las personas, siempre es un asunto individual, donde lo hecho se perdona por amor a quien lo hizo. «La conciliación es entre dos personas» —declara la mesa—. Y Duarte, jefe de la bancada DC, explica: «Aquí no hay una decisión de dos personas, aquí hay una decisión institucional de la directiva de un partido, ratificada y respaldada por la enorme mayoría del consejo nacional, por lo tanto tendrían que llamar a conciliación a cuarenta y tantas personas que constituyen la institucionalidad de la DC». Así y todo, no obstante la penitencia y la indulgencia, la gracia no excluye la justicia. La justicia es la evocación de la regla de equivalencia y el registro de aquello que ha trastrocado las cosas.

El paso por el tribunal es necesario, pero no suficiente. Porque después de la justicia, todavía esperan su turno las
responsabilidades moral y política. La responsabilidad moral convoca la voluntad individual de ofensores y ofendidos, y la dispone a la reconciliación. Sólo se llega a ella por convicción, y, ciertamente, ninguna estructura puede obligarla o condicionarla. En cambio, la responsabilidad política es colectiva, y comporta el llamado a todos los militantes a asumir la identidad y el compromiso ético político de actuar como miembros de la Democracia Cristiana, y de respetarse mutuamente. La responsabilidad política supone que todos son herederos de una misma historia.

Lo más difícil en una organización política es hacer explícita la responsabilidad moral. Precisamente porque ésta entraña el perdón. El perdón es el acto por el cual el ofendido libera al ofensor del daño que causó, y éste reconoce y repara lo hecho. ¿Qué es lo que nos ofende? La ofensa es una expresión de desprecio y humillación: «Yo soy honesto, usted es parte de una asociación ilícita»; «Yo respeto la ley, lo suyo, en cambio, se parece a la mafia siciliana»; «Yo soy sensible al sufrimiento de la gente, usted promueve el crimen social».

La negación que implica el trato desdeñoso, despierta resentimientos en el ofendido. El resentimiento es un odio moral que, no necesariamente, busca la destrucción del agresor, sino mostrar y vencer su falso mensaje. Los argumentos empleados son del tipo: «Es él quien cree que somos unos delincuentes»; «Tengo la convicción moral de que la directiva es tremendamente proba»; «Están en política para servir y no para servirse de los cargos»; «Tienen una trayectoria intachable». El problema del resentimiento es que una baja estima del ofendido lo empuje a renunciar a su defensa, o que, en el otro extremo, a través de un acto de venganza, trate de recuperar la pérdida: «¡Váyanse, váyanse, váyanse!».

Mas, sólo estamos perdonando cuando el perdón que otorgamos no entraña la pérdida de dignidad moral de quien lo recibe. Pero, en su reverso, la genuina garantía de integridad moral es que el perdón se funde en el arrepentimiento de éste. Y claro, el verdadero arrepentimiento supone, primero, reconocer que hubo agravio moral, y segundo, prometer que dicho agravio no volverá a ocurrir. El silencio sobre ambas cuestiones consolida el punto de no retorno.


lunes, 3 de diciembre de 2007

Movimiento Quinto Congreso



El viernes 30 de noviembre, militantes de diversas sensibilidades y regiones del país, nos hemos reunido en el antiguo edificio del Senado en Santiago. Lo hemos hecho motivados por el firme propósito de asumir los desafíos emanados del Quinto Congreso Nacional de la Democracia Cristiana. Sin embargo, sobrecogidos por el crítico momento que atraviesa el partido, los ahí congregados hemos decidido convertir esta convocatoria en un gran movimiento de opinión política, moral e intelectual, que contribuya a sortear la crisis y a responder eficazmente a las demandas y necesidades del país.

El partido es una comunidad de personas libres. Se ingresa a él por convicción, esto es, de manera libre y conciente. Con libertad asumimos el compromiso de respetar las normas que regulan su convivencia y sus cursos de acción política. Con libertad damos nuestro reconocimiento a sus instancias de decisión, entre las cuales el Congreso Nacional, es la más alta y soberana de todas. Con libertad consentimos someternos a las autoridades legítimamente constituidas, y la Mesa Nacional es la expresión ejecutiva de la voluntad colectiva, como el Consejo Nacional su asamblea representativa deliberante, y el Tribunal Supremo, su máxima instancia de resolución de litigios.

Por virtud de nuestra libertad es que los democratacristianos decidimos realizar el Congreso de octubre. Por obra de la libertad es que renovamos nuestra confianza en la organización. Por el valor de la libertad es que conquistamos comunitariamente una nueva convicción. Entonces, ocurrido este importante hito que fue el Quinto Congreso, nadie tiene derecho a actuar en contra del partido.

Contravenir estas garantías de la vida política común que comparten miles de militantes activos a lo largo de Chile, es poner en riesgo la herencia, vigencia y proyección de la Democracia Cristiana. Es romper lealtades mutuas. De ahí que la primera condición para restituir el diálogo y el entendimiento entre nosotros, sea respetar la casa que nos acoge.

Acusar a la directiva nacional de formar una asociación ilícita, una organización mafiosa siciliana para coludirse con la corrupción, entraña un hiriente agravio a todos los democratacristianos. Hacer cálculos de mayorías y minorías respecto de las inclinaciones del Tribunal Supremo, es rebajar la función de la justicia, y desacreditar sus arbitrajes. Justificar la violación de los estatutos en la libertad de opinión, es instalar fueros y privilegios reñidos con la igualdad de todos ante la ley. Nunca debiéramos olvidar que la libertad es siempre libertad, incluso para el mal.

En este sentido, el de la acción y del discurso político, desplegaremos nuestros mayores esfuerzos para hacer realidad los siguientes anhelos:

Primero, la difusión, debate y concreción de las resoluciones adoptadas en el Quinto Congreso Nacional de la Democracia Cristiana. Ellas constituyen un faro que ilumina nuestra acción política, e inauguran una nueva modalidad de diálogo hacia dentro y hacia fuera de la Concertación. Ellas muestran los nuevos horizontes de la justicia, la libertad y la solidaridad en nuestra Patria.

Segundo, una resuelta participación del partido en la orientación de las políticas públicas. La acción del partido en la gestión política y legislativa de la Concertación debe ir más allá de su opinión acerca de los proyectos emblemáticos, más allá del desempeño de sus militantes en el aparato estatal, y más allá de la acción de sus senadores y diputados. Nadie es más grande que el partido; el partido trasciende a los gobiernos; el partido no se agota en la vida parlamentaria. Todo el partido debe involucrarse en el éxito del programa comprometido con la ciudadanía.

Tercero, la constitución de una mesa integrada que refleje el pluralismo y los consensos del Congreso. Una mesa cuya principal finalidad sea adecuar el partido a las resoluciones aprobadas en octubre. Proponemos una directiva que dé garantías a todos los eventuales candidatos presidenciales del partido, lo cual entraña que éstos se inhiban de encabezarla.

Cuarto, un acuerdo municipal y parlamentario ahora a fin de desactivar potenciales focos de conflicto y volcar las energías de la colectividad en las grandes tareas políticas y programáticas del futuro.

Quinto, la elaboración del Programa de Gobierno que representará la candidatura presidencial de la Democracia Cristiana.

Santiago, 3 de diciembre de 2007.

miércoles, 28 de noviembre de 2007

Después del Quinto Congreso

Rodolfo Fortunatti

Antes del año 49 de nuestra era, el cristianismo no se distinguía de otras muchas y varias sectas. Hasta el Concilio Apostólico de Jerusalén, celebrado probablemente aquel año, Jesucristo no pasaba de ser un personaje histórico, un líder, un liberador, quizá otro mesías. Hasta aquella discusión franca, directa y fraterna, protagonizada por Pablo y Pedro en Antioquía, el mensaje cristiano no pasaba de ser uno más entre los ancestrales credos judíos. Cuando Pablo advierte a Pedro acerca de los alcances de la ruptura, sólo entonces se instala la nueva religión con su crucial revelación de que Jesús en verdad era el hijo de Dios. Parece claro que de no haber mediado la convicción y resolución de Pablo, lo del Consejo de Jerusalén hoy sería un puro incidente eclesiástico. Es Pablo, pues, quien provoca el giro político que dará origen al cristianismo.

Vuelcos como éste son los que cambian el curso de los hechos. Por lo regular —como acontece con lo acordado por el consejo de la Democracia Cristiana—, detrás de ellos se alojan interrogantes no resueltas. ¿Recuperará su liderazgo la Democracia Cristiana? ¿Ofrecerá garantías de gobernabilidad, a pesar de los desmembramientos de la coalición y de la caída en la popularidad del gobierno? ¿Podrá constituirse en alternativa el 2009? De haber seguido la tendencia irresoluta prevaleciente hasta el lunes, ninguna de estas preguntas habría hallado respuesta. Pero el Consejo hace un corte. Fija un antes y un después, un punto de quiebre, una ruptura con la inercia de la costumbre. ¿Para qué? Para restablecer la confianza en la organización, en sus instituciones, en sus autoridades, en su convivencia interna. ¿Por qué? Porque sólo desde una posición creíble el partido puede contribuir a la unidad de la coalición, exigir conducción y liderazgo al gobierno y responder a las necesidades del país. Y, desde luego, trascender en el tiempo.

El quinto congreso había generado todas las condiciones de legitimidad necesarias para mejorar la calidad de la política democratacristiana. Paradójicamente, tras él se siguieron sucediendo las mismas prácticas políticas. Se siguió actuando como si nada hubiera ocurrido, con el consiguiente descrédito del proceso y el rápido desgaste de la organización. Esto, hasta el lunes pasado, cuando la inmensa y diversa mayoría del consejo resolvió respaldar a la mesa directiva, y solicitar al tribunal supremo la marginación del senador Adolfo Zaldívar. Lo obrado, más que una señal, marca un rumbo, que, de perseverar, colocará a la Democracia Cristiana a la vanguardia del sistema de partidos.




martes, 16 de octubre de 2007

Valoramos nuestro Congreso


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1 Terminado nuestro V Congreso Ideológico y Programático, los abajo firmantes queremos expresar nuestra satisfacción y orgullo por su realización y los acuerdos alcanzados en un clima de gran unidad, con un debate serio y con resultados de gran trascendencia.

2 Agradecemos a todos los militantes su esfuerzo y participación. Valoramos en justicia y fraternidad el trabajo del Consejo Nacional, la mesa directiva y la comisión organizadora. Asumimos su éxito como un triunfo de todos los militantes lo que nos llena de satisfacción.

3 Los acuerdos alcanzados revitalizan nuestra identidad partidaria progresista, renovadora, de avanzada social y de compromiso con el cambio del modelo económico y social —y no sólo con su corrección— que no interpreta el debate del Congreso. Sus acuerdos nos colocan a la par de los mismos vientos que corren en Chile y en el mundo entero ante la brecha brutal que se ha abierto en las sociedades del siglo XXI.

4 Las resoluciones acordadas sobre el sistema político y los valores éticos y doctrinarios, identidad del Partido, educación, derechos laborales y su protección, economía, visión interreligiosa, ciencia e innovación, la nueva constitución y el sistema judicial nos coloca en la tradición histórica desde la Falange, la Revolución en Libertad, la lucha por la libertad contra la dictadura, la inclaudicable acción de nuestra juventud y los cambios a favor del mundo rural, pobladores y de la mujer chilena, nos coloca —por los hechos— en la centro izquierda del esquema político chileno, ratificado por nuestro compromiso con la Concertación.

5 Estos mismos acuerdos descartan toda indefinición de nuestro partido, como tanto se nos acusa, y nos permite levantar la frente para trabajar por Chile. Llamamos a nuestros camaradas a dar testimonio de este Congreso en el trabajo partidario, en las leyes a futuro y en nuestra vida personal.

Llamamos con respeto, pero con fraternal urgencia, a nuestros partidos amigos, a tantos independientes y trabajadores que se han hecho renuentes a la política en el último tiempo, a recoger esta nueva segunda etapa que se nos abre para hacer surgir el desarrollo de Chile en un crecimiento justo y unidad real en nuestra diversidad. Esperamos con ansias nuestros propios cambios de conducta a la luz de la ética que surge del Congreso para que nuestro comportamiento sea un ejemplo que —con modestia— nos sirva a todos en el cumplimiento de nuestros deberes.

6 Asumimos los mandatos y desafíos del Congreso realizado. Nos compromete a todos sin mayor racionalización. Rechazamos por ello toda interpretación ventajista para juzgar sus acuerdos por parte de la derecha. Ellos son transparentes, leales con nuestros compromisos y en la perspectiva de futuro. Son por ello éticamente intachables y alejados de cualquier intención subalterna o mezquina.

7 Está todo muy claro:

Somos herederos de una tradición humanista cristiana que nació hace 70 años para terminar con el viejo capitalismo que hoy sigue siendo salvaje –en las palabras de Patricio Aylwin– y dirigir los cambios necesarios en cada época y muy especialmente hoy cuando oprime a mucha gente en el mundo entero.

Somos el presente de una puesta de justicia social, de defensa de los Derechos Humanos, de lucha por la equidad económica para terminar con la brecha escandalosa en la repartición de la riqueza, fruto de un pacto entre el humanismo cristiano y el humanismo social demócrata.

Somos –respaldados por los acuerdos del Congreso– la esperanza de las fuerzas sociales por el cambio, de los jóvenes que nos impulsan y de los trabajadores fuertes y organizados. Somos también la posibilidad de articular la unidad social del pueblo y de la unidad nacional como eje de nuestro esfuerzo. Este esfuerzo es el que requerimos para liderar la nueva etapa de la Concertación porque los acuerdos del Congreso no pueden implementarse con la derecha. Seríamos no consecuentes.

En estas líneas no hay vanidad; sólo orgullosa modestia porque ya pueden nuestros camaradas caminar por Chile con la frente en alto por las nuevas y renovadas rutas del Congreso. Además hora con el compromiso de nuestro comportamiento ético.

Santiago, 16 de octubre de 2007.


Renán Fuentealba Moena / Mariano Ruiz-Esquide / María Rozas / Alejandra Miranda / Héctor Gárate / Jorge Donoso / Jorge Consales / Ignacio Balbontín / Juan Guillermo Espinoza / José Soto / Rodolfo Fortunatti.



viernes, 12 de octubre de 2007

El lugar de la Democracia Cristiana

Rodolfo Fortunatti

Habrá tiempo para hacer el balance de este Quinto Congreso. Habrá tiempo y serenidad, para evaluar su organización, representatividad y transparencia. En todo caso, para juzgar el desempeño de su dirigencia política. Pero hoy lo que corresponde es fijar los términos del debate. Y los términos del debate apuntan precisamente a aquellas tensiones y conflictos que, al no haber hallado solución, arriesgan la supervivencia de la colectividad. ¿Qué problemas por ejemplo? Pues aquellas diferencias que afloran en la prensa, pero cuyas motivaciones políticas e ideológicas se arrastran desde hace unos 40 años.

Por entonces también se discutía la conveniencia de seguir prestándole apoyo al Presidente de la República, de mantenerse en la coalición de Gobierno, y de corregir sus inclinaciones díscolas. Sólo que hace 40 años las democracias cristianas latinoamericanas eran claras alternativas al capitalismo, como las democracias cristianas del mundo eran potentes disuasivos contra el equilibrio del terror impuesto por las grandes potencias. Ahora, es el presidente de la ODCA quien llama la atención sobre la supuesta izquierdización del partido, y es el presidente de la IDC quien recuerda a la falange la impronta centroderechista del organismo internacional. Todo ello, en un mundo signado por la globalización neoliberal y por una hegemonía imperial sin contrapeso.

¿Se han izquierdizado los democratacristianos? Si se miran los 50 años de trayectoria del partido, salta a la vista un dato muy importante: la época de oro de la colectividad coincide con la Revolución en Libertad, y con la movilización de cientos de miles de jóvenes estudiantes, campesinos, obreros, pobladores y profesionales atrapados por la gran obra política y cultural que encarnó el Presidente Eduardo Frei Montalva. No es sólo su movilización política, sino su ascenso e integración social. Se trata de un salto de conciencia que, con el correr de los años, pervivirá indeleble en la memoria. Esos jóvenes -entre los que se cuentan no pocos adolescentes- actualmente conforman las clases políticas dirigentes del país y, lo más significativo, son quienes han tomado a su cargo la conducción del partido de la flecha roja.

Son los mismos que dirigieron la lucha social bajo el Gobierno de Salvador Allende. Los mismos que combatieron a la dictadura de Augusto Pinochet. Los mismos que asumieron las exigencias de la transición democrática. Los que hoy reafirman el pacto social y político que nutre a la Concertación. Esos jóvenes que jamás gobernaron con la derecha porque lo suyo era la emancipación de los trabajadores y porque, a fin de cuentas, la derecha se volvió insurreccional. Esos jóvenes y sus herederos, ese talante nacional y popular, esa sociología histórica de la Democracia Cristiana, es la misma que se congrega este fin de semana.

Entonces: ¿se podría estar más a la izquierda de la Revolución en Libertad? ¿Se podría estar más a la izquierda de la vía no-capitalista de desarrollo? ¿Y de la reforma agraria? ¿Y de las nacionalizaciones? ¿Y de la redención proletaria? ¿Y del socialismo comunitario? Parece imposible. Y volviendo al presente, ¿no basta acaso ponerse al centro para verse a la izquierda de la derecha? Porque, ¿dónde está la centroderecha en Chile? ¿Dónde los Sarkozy y los Macri autóctonos? Es indudable que no existen. En cuanto a la política de alianzas de la Democracia Cristiana, huelgan dos preguntas. Primera: ¿debe la colectividad tomar el camino propio cuando sólo cuenta con el apoyo de la quinta parte del electorado en presencia de un régimen de mayorías? Segunda: si el partido resolviera concurrir a una alianza con la derecha, ¿cuál sería el programa político que impediría que sus sectores populares emigraran hacia otras opciones políticas?

Así y todo, el verdadero referente del posicionamiento político de la Democracia Cristiana lo proporciona la Iglesia Católica. Hace 40 años la Iglesia no sólo era pionera de la reforma social, sino artífice de cambios tan radicales como los que habría de traer el Concilio Vaticano II. Fue este sustrato humanista el que dio fundamento moral y espiritual a la transformación agraria impulsada por el partido. El caso es que, al igual que en aquella época, la Iglesia contemporánea alza su voz a favor de la justicia social. Es lo que se confirma en la localidad de Aparecida. Así también cuando los obispos se pronuncian por un sueldo ético y por un pacto social. La Democracia Cristiana comprenderá que no puede quedar a la zaga de los avances conseguidos por la conciencia moral, de la cual el mensaje de la Iglesia da fiel testimonio. Su desafío, por lo tanto, consistirá en situarse a la vanguardia de las luchas de reconocimiento y de los estados de paz, algo que entraña definiciones.

Los enemigos de la Democracia Cristiana no están en sus grupos y fracciones internas, sino en las condiciones que favorecen el grupalismo, el fraccionalismo y, en último término, la fragmentación del interés colectivo. Su mayor amenaza es la irresolución, la falta de voluntad para encarar las crisis, para hacer valer el voto de las mayorías, y para imponer autoridad y gobernabilidad. Por eso debe definirse. Esto, si no quiere caer en el extremo de Ramón Barros Luco, político tradicional para quien no había más que dos clases de problemas: los que se resuelven solos y los que no tienen solución.

martes, 9 de octubre de 2007

7 Ejes Progresistas; 21 ideas-fuerza para el V Congreso

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I. El juicio histórico de la D.C.

1. La Democracia Cristiana chilena, a partir de su fundación como Falange Nacional, ha sido vanguardia por los cambios orientados por la solidaridad, la equidad y la libertad. Rompió desde el comienzo con la sociedad tradicional conservadora. En su origen constituye una fuerza Nacional y Popular para hacer los cambios, por la Justicia Social, mediante procedimientos pacíficos y democráticos.

2. La Democracia Cristiana cumple hasta hoy, ese rol histórico articulador para llevar a cabo los Cambios en Democracia lo que ha hecho predominar la Paz. Ha habido hitos claves: La Revolución en Libertad de Eduardo Frei Montalva que liberó e integró grandes mayorías desposeídas. Fue el puente entre Capas Medias y Sectores Populares lo que se expresó en la profecía de la “Unidad Política y Social del Pueblo” con Radomiro Tomic. La lucha ejemplar, testimonial y pacífica, de muchos militantes, por la Democracia y los Derechos Humanos durante la dictadura que abrió paso a la Concertación de Partidos por la Democracia. La agrupación más exitosa de nuestra historia.

3. La Democracia Cristiana chilena está por el entendimiento histórico entre el Social Cristianismo y la Social Democracia, para construir un Estado Democrático y Social de Derecho, basado en una Economía de Desarrollo Social y en un Gran Pacto Social a través de un Consejo Económico y Social institucionalizado. Nuestra actual Misión es hacer de Chile una Sociedad más Humana y Solidaria para el siglo XXI.

II. Nuestra identidad

4. Las fuentes de inspiración originales fueron la filosofía cristiana; la doctrina social de la Iglesia Católica; el personalismo; el comunitarismo.

5. En el pasado reciente el ecumenismo, las experiencias de conciliación entre cristianos y socialistas, en base al humanismo. Las concertaciones de centro-izquierda.

6. Hoy debemos abrirnos no sólo a la filosofía y la doctrina humanista, sino a todas las fuentes de pensamiento que inspiran el Desarrollo Humano en las diversas Ciencias Sociales. Ser avanzada, para profundizar y perfeccionar nuestros acuerdos sociales y políticos, hacia una Democracia Plena, institucionalizada en un Estado de Derecho.

III. El Sistema Político que queremos

7. Chile necesita una Nueva Constitución Política para el Siglo XXI dentro de la Próxima Década. Un Nuevo Ideario común y compartido articulado por la Solidaridad, un Nuevo Estado. Nuevo Acuerdo Nacional Político y Social.

8. La Estrategia para lograrlo debe ser Gradual, pero no Conservadora. Debe apuntar hacia el Cambio. Puede ser consagrado por: Asamblea Constituyente, Plebiscito o Reforma Parlamentaria Electoral, pero debe dirigirse hacia un Sistema Electoral Proporcional Corregido, a breve plazo, y poner fin del binominalismo. Rebajar el quórum de las Leyes Orgánicas Constitucionales estableciendo la Mayoría absoluta de los Parlamentarios en Ejercicio, para que haya gobernabilidad mayoritaria.

9. Chile necesita un Nuevo Régimen Político, Semi –Presidencial que permita el gobierno de las Grandes Mayorías. Una descentralización, que concrete la Igualdad Territorial y la elección directa de Consejos Regionales. Una Descentralización efectiva.

IV. La Estrategia de Desarrollo que queremos

10. Una nueva Estrategia de Desarrollo, actualizada moderna y de futuro. Que aproveche la plataforma ya construida nacional e internacionalmente. Un fuerte papel del Estado, cuyo norte sea el establecimiento de una real Economía de Desarrollo Social; mayor valor agregado; protección social de los trabajadores y derechos laborales para la participación y negociación colectiva, que permitan su autorrealización; financiamiento y apoyo de la organización plural de la micro, pequeña y mediana empresa; participación social e integración equitativa a la producción buscando el pleno empleo de recursos humanos y materiales; políticas de desarrollo inclusivo, capaces de lograr mayor cohesión social y equidad, para sobrepasar solidariamente las desigualdades de ingreso, ocupacionales, educacionales, de género, etáreas, de acceso a la justicia y simbólicas.

11. Dada la actual y manifiesta crisis de desigualdad e injusticia social que sufre Chile, es necesario un Programa Nacional de Urgencia, a cinco años plazo, para la Democratización y Reducción acelerada de las Desigualdades, que contenga indicadores con metas específicas, de avance. Apoyo especial y explícito a las MYPIMES agrícolas, mineras, pesqueras y comerciales, para su inserción en clusters productivos de nuestros recursos naturales más valiosos, con metas precisas y mayores niveles de capacitación tecnológica; rectificaciones profundas en los mercados de capitales públicos y privados corrigiendo los cobros desmedidos y plazos insuficientes para los créditos; mayor reforma y modernización del aparato público, en beneficio de la mejor atención y defensa de los sectores medios y populares.

12. El actual marco constitucional e institucional de Chile es aún injusto. Restringe el derecho igualitario al desarrollo en condiciones equitativas. Es imprescindible introducir reformas jurídicas en el Orden Económico, en las leyes orgánicas constitucionales para avanzar más en un Desarrollo equilibrado socialmente, sustentable e incluyente. Son indispensables ciertas reformas: la tributaria hacia una mayor proporcionalidad de las cargas; el incremento de la actividad productiva del Estado en áreas estratégicas; la coordinación de las políticas financieras nacionales e internacionales para reducir la híper autonomía del Banco Central de Chile, sin parangón en el mundo. Así podremos apuntar hacia un Estado Democrático Social de Derecho, basado en una Economía de Desarrollo Social.


V. La Sociedad que queremos

13. Una Sociedad Participativa y Solidaria donde la Fraternidad armonice la vinculación social entre la Libertad y la Igualdad. Una vida social orgánicamente articulada en sus relaciones. Humanamente meritocrática en su movilidad. Integrada, Inclusiva, Dinámica, Moderna, Cohesionada e Incorporadora. Base de un Estado Democrático Social de Derecho. Hacer de Chile, un país integralmente desarrollado y sustentable, respetuoso de la naturaleza y de los derechos de las generaciones futuras. Una estrategia de cambio social, gradual, pero progresiva y dinámica, de acuerdo con la sociedad en que vivimos.

14. Un Nuevo Pacto Social y Político de Convivencia. Consolidar las redes de Protección Social. Un Consejo Económico y Social, institucionalizado y permanente. Hacer que las leyes que sancionen las políticas sociales en educación, salud, vivienda y urbanismo, trabajo y previsión, justicia y seguridad ciudadana tengan rasgos centrales de carácter solidario, que guarezcan el bien común por sobre el interés individual mercantil. Cambiar el sentido individualista de las leyes orgánicas constitucionales, bajándoles su quórum a la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.

15. Desarrollar una organización social del trabajo, que respete los derechos inalienables del hombre que trabaja. Fortalecer el peso de las organizaciones sindicales y la negociación colectiva. Promover el poder, la agrupación e integración de las micro, pequeñas y medianas empresas, para su desarrollo moderno.

VI. El Partido que queremos

16. Partido Nacional y Popular; democrático, descentralizado, transparente y conductor; del cambio. Siempre articulador en Pro de la unidad de las fuerzas sociales y políticas de avanzada; crítico del neoliberalismo; y crítico de la globalización neoliberal; con políticas de alianzas de centro-izquierda desde la Concertación; un procedimiento interno de nominación de un solo candidato presidencial; un mecanismo que comprometa a toda la coalición para la selección de un único candidato presidencial para el 2009. Un programa concertado en sus contenidos básicos, un candidato legitimado democráticamente, una lista parlamentaria pactada en forma transparente.

17. Reforma de Estatutos. Un partido que actúe a la par en la política y en la sociedad. Coordinación Partido-Ejecutivo; coordinación Partido-Parlamento; coordinación Partido-Gobiernos Regionales; coordinación Partido-Municipios; coordinación Partido-Organizaciones de la Sociedad Civil. Mayor capacidad de conducción y orientación política, para concretar los cambios.

18. Pluralista dentro del humanismo cristiano. Moderno, profesional, con redes y comunicaciones fluidas hacia la sociedad; con financiamiento público y privado de los propios militantes. Autónomo nacional e internacionalmente. Una Democracia Cristiana Chilena regional e internacionalmente integrada, con fuerzas de avanzada democrática.

VII. El Mundo que queremos

19. Chile presente e integrado al mundo moderno. Respetuoso de los Tratados Internacionales y buscando el fortalecimiento de los Organismos Multilaterales. Artífice de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos. Trato justo en la OMC, para los países en desarrollo y subdesarrollados. Integrado con Europa, Asia Pacífico y Norteamérica. Aprovechamiento de los nichos que se han creado con los cerca de 70 tratados de libre comercio que se han firmado, con el fin de ampliar nuestras posibilidades de desarrollo en todos los planos.

20. Chile integrado y amistoso en América Latina y el Caribe. Miembro activo de las Américas. Partícipe en el MERCOSUR, la Comunidad Sud Americana y la Comunidad Andina.

21. Chile abierto y amistoso con sus vecinos, pero sólido en la defensa de sus derechos. Integrado regionalmente en la medida de lo posible, protegiendo su dignidad e identidad nacional, democrática.



Mariano Ruiz-Esquide / Renán Fuentealba Moena / Jorge Consales / Ignacio Balbontín / María Rozas / Héctor Gárate / Jorge Donoso / Juan Guillermo Espinoza / Rodolfo Fortunatti /

Santiago de Chile, 5 de octubre de 2007.






viernes, 5 de octubre de 2007

El juez del caso Riggs


Rodolfo Fortunatti

El 4 de abril del 2006 fue una intensa jornada de debate en el Senado. Se votaba la iniciativa del Presidente Lagos para llenar la vacante de la Corte Suprema dejada por José Benquis. El nombre elegido por Lagos, entre los cinco seleccionados por el Poder Judicial, fue el de Carlos Cerda, juez a cargo del caso Riggs. Cerda concitó entonces la adhesión de los veinte senadores de la Concertación, más el voto de Alberto Espina, vicepresidente de Renovación Nacional. Sin embargo, el alto quórum de dos tercios exigido por la Constitución del ‘80 —25 de los 38 senadores en ejercicio, cuando en Estados Unidos para estos efectos se precisa la simple mayoría—, resultó en el rechazo de la propuesta. La negativa la impuso una minoría de 16 parlamentarios de derecha, entre ellos, Andrés Allamand, paladín de la teoría del desalojo, y Evelyn Matthei, que se irrita con facilidad ante la sola idea de que la Concertación haga valer su mayoría en la sucesión del Banco Central.

Carlos Cerda no es importante por su currículum, que lo tiene, sino por su biografía. Por currículum, o sea, por sus títulos, honores, cargos, trabajos realizados, calificaciones, Carlos Cerda es una persona que inició la carrera judicial en 1965. Trabajó en el Primer Juzgado de Santa Cruz entre 1968 y 1974. Después se desempeñó como abogado relator de la Corte de Apelaciones, y, en 1979, de la Corte Suprema. En 1982 pasó a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, de la que fue su presidente entre los años 2002 y 2003. Por currículum, Carlos Cerda es doctor en derecho de las universidades Católica de Lovaina, Bélgica, y Paris II, Francia.

Por biografía, es decir, por historia de vida, Carlos Cerda es de otro talante. Juez valiente, hombre decente e independiente, dicen de él. Una voz que se levantó en el ámbito de la justicia en momentos de gran consternación en el país, subrayan los cronistas. El único juez que persiguió casos por abusos a los derechos humanos del régimen de Pinochet mientras éste aún estaba en el poder, fundamenta la
Gruber Foundation al galardonarlo. Por biografía, Carlos Cerda ha penetrado en el imaginario popular chileno. Ha sido capaz de contribuir al discurso de los derechos humanos. Ha sido capaz de actuar y de conmover con sus acciones a la sociedad. Ha sido capaz de relatar el sentido de la justicia, y lo ha hecho de un modo tan legible e inteligible, que su relato ha galvanizado nuestra visión del mundo y de las cosas. Ha dado testimonio de sus valores y creencias, y ello le ha valido el desprecio y las humillaciones, aunque, en compensación, también ha recibido el aprecio de los desposeídos y vulnerables. Por biografía, Carlos Cerda ha comprometido su palabra, y lo ha hecho de manera tan coherente que, hasta hoy, la suya es una de las voces más veraces, confiables y esperanzadoras que se escuchan.

Carlos Cerda, más allá del currículum, hoy empieza a gravitar como biografía, como una vida personal dentro de una vida colectiva. Y, más allá de esta vida colectiva, real y cotidiana, la imagen comienza a dar origen a la leyenda, a la iconografía de las capacidades y virtudes con las que el país desearía identificarse. Son nuestros valores los que construyen aquella figura. Son nuestros valores los que crean al héroe que, a su vez, se legitima por nuestros ideales sociales. Nace el héroe, la imagen idealizada que nos hacemos de nosotros mismos. Porque es nuestra propia imaginación poética la que nos ofrece un horizonte, una luz, una nueva frontera hacia donde avanzar. Porque lo que el país en verdad ve en el perfil del juez Cerda, es su nuevo talante nacional. Así, mientras el magistrado —escapando a pesar suyo de la realidad— dirige sus pasos hacia la leyenda, nosotros nos encaminamos hacia una nueva conciencia de la justicia. Gracias a gente como él podemos seguir abrigando la certidumbre de nuevos sueños.


lunes, 24 de septiembre de 2007

Lucha y pacto social

Rodolfo Fortunatti

En los precisos momentos en que Alan Greenspan publica sus memorias, en Chile se oye una nueva demanda de justicia. En los instantes en que el ex presidente del Banco Central de Estados Unidos lanza al mercado su último libro, Época de turbulencia: aventuras en un mundo nuevo*
, la Iglesia reclama un pacto social a favor de la solidaridad, la paz y la democracia. Dos discursos simultáneos, pero con fuertes contrastes.

Por una parte, Greenspan, que ahora —porque nunca en sus dieciocho años a cargo de las reservas federales— posa de paladín de las altas tasas de interés, las bajas de inflación, y el control del gasto. Si se ha atrevido a criticar la política fiscal del mismísimo Bush. Alan Greenspan que, como el converso
Peter Berger («me he vuelto enfáticamente pro-capitalista», confesó un día a sus amigos del CEP), descree del imperialismo y de las elites económicas como fuentes del subdesarrollo. Pero por otra parte los obispos, todos los obispos, especialmente el cardenal Errázuriz y monseñor Goic. El Cardenal, porque ha convocado al país a un amplio pacto social que combine «crecimiento económico y sus ventajas, con el aumento de la productividad y de los lugares de trabajo, y con el crecimiento en justicia social, acogiendo sus imperativos éticos». El obispo Goic, porque ha iluminado el sentido del compromiso político cristiano: «de poco nos serviría una democracia que no fuera capaz de generar más justicia social, y de poco nos serviría un mayor crecimiento del que sólo algunos se beneficiaran y engendrara nuevas y mayores injusticias».

Hay quienes creen hacerse cargo de las exhortaciones pastorales oponiéndole el clásico reduccionismo liberal católico, que no por burdo resulta menos tecnocrático. ¿Para qué un pacto social —se preguntan— si existe contrato colectivo? ¿Para qué negociación colectiva cuando hay contrato individual? Mañana, a no dudarlo, nos rebatirán con los argumentos de Greenspan, aun sabiendo que la respuesta no se encuentra bajando hacia los procedimientos, sino subiendo hacia los principios, donde la pregunta es otra.

¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál es el bien perseguido? ¿Deseamos dotar a las personas de las capacidades y facultades necesarias para ser reconocidas? Porque hoy no todos se sienten reconocidos. De otro modo no se entiende que exploten, cada vez con mayor virulencia, las luchas políticas y sociales que han conmocionado al país. Satisfacer este anhelo de reconocimiento entraña pues plasmarlo en las instituciones y, seguidamente, en la convivencia social. Lo uno, para hacer justicia; lo otro, para inhibir los deseos de venganza, y asegurar los estados de paz. Ser capaces y ser reconocidos son condiciones de la realización de las personas, o sea, de la conquista de mayor libertad y autonomía.


Quizá nadie como
Paul Ricoeur haya explicado de manera más lúcida esta relación. Primero, para Ricoeur la persona humana es una historia, esto es, una biografía, un proceso, un continuo que se extiende a lo largo del tiempo. Segundo, Ricoeur distingue dos tipos de capacidades, a saber, las heredadas por transmisión genética, y las adquiridas por efecto de la socialización. Tercero, Ricoeur identifica las capacidades de decir, de producir espontáneamente un discurso sensato; de actuar, de producir acontecimientos en la sociedad y en la naturaleza; de contar, de relatar acontecimientos de manera legible e inteligible dentro de una historia; de imputabilidad, de ser autor de actos; y de promesa, de comprometer la palabra y de limitar así la incertidumbre acerca del mañana y el riesgo de traición. Cuarto, según Ricoeur la persona aspira a que estas capacidades sean reconocidas por los demás. Quinto, este reconocimiento no es gratuito, sino que se pide, y no se pide sin lucha y sin conflicto, sino con presión, pues comporta una exigencia de justicia e igualdad. Sexto, el envilecimiento de las luchas de reconocimiento se expresa en humillación, desprecio y violencia en todas sus formas. Séptimo, las luchas de reconocimiento se producen tanto en el seno de la familia, como en las estructuras institucionales, especialmente en el ámbito de los derechos que se fundan en los principios de libertad, justicia e igualdad: «No pueden reivindicarse derechos para mí que no se reivindiquen para otros sobre bases de igualdad». Sin embargo, las luchas de reconocimiento van más allá de las instituciones. Se orientan a trastocar el vínculo social donde ocurren los desdenes y humillaciones, y donde las capacidades reclaman reconocimiento.

¿Pero puede haber reconocimiento sin lucha? Ricoeur sostiene que el genuino reconocimiento surge cuando hay reciprocidad, mutualidad, «proporcionar a cambio». Ricoeur asimismo afirma que esta modalidad superior de generosidad se encuentra en todas las treguas de nuestras luchas y, en consecuencia, en los armisticios y acuerdos sociales. Se trataría de un compromiso cimentado en la amistad política. Un compromiso que trasciende el puro intercambio mercantil. Más todavía, un compromiso que interrumpe el mercado alejándonos de la incertidumbre de la guerra de todos contra todos. A esta especie pertenece el pacto social que por estos días propugnan los cristianos.


*Alan Greenspan, The Age of Turbulence: Adventures in a New World, Penguin Press, NY, 2007.

jueves, 13 de septiembre de 2007

Suburbia

Rodolfo Fortunatti

Estaba a punto de explotar el otoño caliente del 2005 en Francia. Era el 25 de octubre cuando Sarkozy, a la sazón ministro del Interior, bajó a los suburbios y mirando de frente a las cámaras dijo: ¿Están ustedes ya hartos de esa chusma? ¡Pues los vamos a librar de ella! Sarkozy se refería a los revoltosos. A los miles de jóvenes que desafiando los flashball y los taser de la policía, venían ocupando calles y quemando autos. El año 2004 habían incendiado veinte mil. A esas alturas del 2005 ya llevaban 28 mil. Pero lo peor aún estaba por ocurrir.

Los días 5, 6 y 7 de noviembre, tras las pendencieras expresiones de Sarkozy, fueron quemados 1.400 vehículos. Sus hechores saquearon cuanta bodega pudieron franquear, y cuanta mercancía pudieron convertir en botín. Se apoderaron de calles y barrios enteros, y arremetieron contra todo el mobiliario público. En realidad, contra todo lo que representara al Estado. Aquellos eran en su mayoría menores, agrupados en bandas y tribus suburbanas. Eran, y siguen siendo, los excluidos, los pobres, los vándalos; a ratos, puro lumpen. Eso que Sarkozy llama la caillera (de ra-caille, y éste, de racalha: el vómito, el deshecho) Muchachos de poca conciencia política y, sobre todo, de lenguaje muy elemental. Porque no necesitan manejar grandes discursos ideológicos. Les basta un simple instructivo para agitar la ciudad. Son como esos jóvenes que ayer, de regreso a casa después de participar en los disturbios del centro de Santiago, tarareaban: vamos a tirar cadenas/ y miguelitos y gomas/ vamos a prenderles fuego…

¿Qué tanto puede saber un niñito de 13 ó 14 años del significado enorme que tiene el 11 de septiembre para Chile? —se preguntaba un observador. ¿Les hace falta? Estos no necesitan saberlo, porque no es el 11 de septiembre la razón. No es el odio heredado de sus padres la razón. Es el mundo de Suburbia, donde ser nada es un designio fatal, y conseguirlo todo, es el acto vandálico llamado a torcer aquel destino. Estos pertenecen a la clase universal de los excluidos. Estos pueden ser de la garra, lo mismo que de la banda. Manejar la molotov, igual que el negocio del mercado persa. Y la linterna láser, al mismo tiempo que la mira telescópica, y el fusil hechizo. Sólo necesitan una oportunidad. Y ésta viene de la mano de la planificación política, que trastoca crucialmente aquella situación de exclusión. Es cuando la exclusión social se transforma en violencia social, cumpliendo así el cometido de una acción política planificada.

Por obra de la planificación política, Santiago es una ciudad cercada a lo largo del anillo Américo Vespucio. Por obra de la planificación política, Lo Hermida de Peñalolén, Villa Francia de Estación Central, Herminda de La Victoria de Cerro Navia, y Santo Tomás de La Pintana, marcan los cuatro ejes cardinales de una operación. Por obra de la planificación política la violencia se focaliza en veinte puntos neurálgicos de la ciudad. Tal vez la planificación política no haya previsto suministrar elementos tales como subametralladoras, bombas de ácido, perdigones, escopetas de repetición y armas semiautomáticas. Quizá la planificación política jamás haya contemplado los ataques contra efectivos de Carabineros. Y acaso la planificación política lamente la muerte del cabo Cristián Vera, y las heridas a bala y por ácido sufridas por otros uniformados.

Pero la planificación política es responsable de sus consecuencias. Quienes planificaron la noche del 11 de septiembre no sólo son responsables de la violencia desencadenada contra los hogares, contra los ciudadanos, contra los pobres, contra los trabajadores, contra los carabineros —jóvenes y vulnerables como cualquiera de los imberbes—, y contra las garantías constitucionales. Son asimismo responsables del endurecimiento del Estado. Son responsables de invocar al Sarkozy chileno. Y, en el futuro próximo, serán responsables de poner en manos de la policía un flashball o un taser.



jueves, 6 de septiembre de 2007

Crimen social

Rodolfo Fortunatti

Por estos días comienza a emplearse con bastante regularidad la expresión crimen social. Se la aplica a hechos de diversa índole. Por ejemplo, al incendio de la discoteca Cromañon ocurrido el 30 de diciembre de 2004 donde perdieron la vida 194 personas. También al bombardeo aéreo del 16 de junio de 1955 sobre Buenos Aires, que arrojó más de 300 muertos. En Chile, a la violencia de Estado que buscó frenar el nacimiento y emancipación del movimiento obrero. Según los historiadores Julio César Jobet y Fernando Pinto, entre 1891 y 1925 habrían perecido víctimas de la represión policial y militar, sobre cinco mil chilenos. Sólo en la Escuela Santa María de Iquique habrían hallado la muerte unas 2000 personas aquel 21 de diciembre de 1907. Más tarde, en la llamada Matanza del Seguro Obrero del 5 de septiembre de 1938, fueron acribillados por tropas gubernamentales más de cincuenta jóvenes nacionalsocialistas. El golpe de Estado de 1973 —y hasta el fin de la dictadura de Pinochet— truncó la vida de más de tres mil personas. Serían todos crímenes sociales.

El uso del asbesto en algunos productos y procesos de producción, tomaría el carácter de crimen social por ser éste un material extraordinariamente dañino para la salud de la población. También admitiría dicho carácter, la tragedia de «El Humo» del 19 de junio de 1945, cuando una explosión en la mina de Sewell mató a 355 trabajadores y dejó a otros 747 heridos. Y lo ocurrido el otoño pasado en Argentina, cuando 32 personas perecieron a consecuencia de una intensa ola de frío. La explicación para calificarlo como crimen social es simple: las autoridades habrían dilapidado los recursos públicos destinados a gas y calefacción al fijar sobreprecios y repartir coimas. El 18 de mayo de 2005, abandonados a los fuertes y fríos vientos cordilleranos, murieron 45 soldados en la localidad chilena de Antuco. ¿Fue éste un crimen social? Si lo fue, las responsabilidades políticas se esfumaron. Pero tampoco nadie las reclamó.

Hay quienes inscriben el magnicidio dentro de la categoría de crímenes sociales. Esto, cuando la ejecución del personero ha sido realizada por un grupo social, como en Fuenteovejuna, de Lope de Vega. — ¿Quién mató al Comendador? —preguntó el juez. ¡Fuenteovejuna, señor! —respondió entonces Pascuala, señalando así a todo el pueblo.

Hay quienes amplían el concepto de crimen social a los ilícitos financieros. Así pues, los certificados negociables de inversión, CENI, emitidos por el Banco Central de Nicaragua, serían constitutivos de crimen social, por entrañar un fraude a miles de poseedores de bonos. Hay otros que están ampliando el conocimiento experto en la materia. Se sabe de la aparición de centros de investigación y estudio especializados en crímenes sociales. Finalmente, hay otros que, lejos de toda pretensión política o intelectual, usan la noción de manera laxa, casi jocosa, como cuando afirman que envejecer sería un crimen social, lo mismo que engordar.

Pero en estricto sentido, ¿a qué llamamos crimen? ¿Y qué vendría a ser un crimen social? La voz latina designa un delito grave. Tal vez una
acción indebida o reprensible. Podría significar matar o herir gravemente a alguien. Podría, en consecuencia, aludir al quebrantamiento de la ley. No queda suficientemente claro. Para dilucidarlo, hay que echar un vistazo a la historia, al origen del término.

Quien primero usó la noción de crimen social fue Federico Engels, filósofo y revolucionario alemán, amigo de Carlos Marx, con quien redactó el Manifiesto Comunista. Mas, si hemos de ser fieles al derecho de autor, habría que decir que los primeros en acuñar la expresión, fueron los trabajadores ingleses. De ellos Engels tomó la frase y la plasmó en su obra
La situación de la clase obrera en Inglaterra, escrita entre septiembre de 1844 y marzo de 1845.

¿Qué querían decir los trabajadores ingleses cuando hablaban de crimen social? Se referían a los miles de muertos por el hambre y las enfermedades, que empezaba a cobrarse el capitalismo temprano. Los trabajadores culpaban de ello a la sociedad —o sea, a la burguesía, a la clase dominante— que toleraba y estimulaba la comisión de semejante crimen. Engels se pregunta si los trabajadores ingleses tenían razón en llamar crimen social a esto. Y para verificarlo avanza los siguientes pasos lógicos:

Primero, «cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio;

Segundo, «si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen;

Tercero, «cuando la sociedad expone a centenares de proletarios a una muerte prematura y anormal; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables, imponiéndoles otras condiciones de vida, de modo que les resulta imposible subsistir; cuando ella los obliga por el brazo poderoso de la ley a permanecer en esa situación hasta que sobrevenga la muerte, que es la consecuencia inevitable de ello; cuando ella sabe, cuando ella sabe demasiado bien, que esos millares de seres humanos serán víctimas de esas condiciones de existencia, y sin embargo permite que subsistan, entonces lo que se comete es un crimen, muy parecido al cometido por un individuo, salvo que en este caso es más disimulado, más pérfido, un crimen contra el cual nadie puede defenderse, que no parece un crimen porque no se ve al asesino, porque el asesino es todo el mundo y nadie a la vez, porque la muerte de la víctima parece natural, y que es pecar menos por comisión que por omisión. Pero no por ello es menos un crimen».

Hoy por hoy, lo más próximo a la noción que desarrolló Engels para explicar los desórdenes del capitalismo emergente, es la idea de sociedad del riesgo en la veta sociológica de Ulrich Beck, y de aceptabilidad del riesgo, en la vertiente antropológica de Mary Douglas. Pero aún en Engels, siglo y medio atrás, el crimen social se consumaba con la muerte de la víctima. Por lo tanto, no era aplicable a cualquier forma de vulnerabilidad social.



viernes, 31 de agosto de 2007

El 29 de agosto

Rodolfo Fortunatti

¿Qué fue lo del 29 de agosto? ¿Fue un movimiento? ¿Un freno a la ciudad? ¿Gente desafiando al orden público? ¿Ciudadanos resistiendo la interrupción de su propio orden público? ¿Campos de fuerza en colisión? Fue todo esto, pero quizá con un único sentido identificable: ocupar y desocupar espacios. Abundaban las voces de orden: contra el neoliberalismo, por la reforma electoral, salarios justos… Y así, podrían agregarse todas las esperanzas frustradas de la transición. Pero, ¿qué de todo esto ha de quedar en las políticas contra la pobreza? ¿Qué en las políticas que buscan amparar a los trabajadores? ¿Qué quedará latente en la memoria que el país se hará del gobierno de Bachelet?

Si las imágenes hablaran, dirían que lo del 29 de agosto fueron barricadas, humo, lágrimas, agua, policías y pancartas. Sobre todo mucha energía. Tal vez más voluntad de actuar que conciencia de los fines. Una demanda demasiado fragmentada, y unos protagonistas que no se parecían mucho entre sí. No era la clase trabajadora. Eran varias clases. Varios tipos de trabajadores, y de no-trabajadores. Varios tipos de cesantes, y también —como reza Aparecida— de «sobrantes» y «desechables» del mercado, el otro rostro del capitalismo global.

Lo del 29 de agosto fue un movimiento levantisco. Una acción colectiva con fuerte compromiso afectivo, y no siempre ni necesariamente violenta. Porque no fue la violencia de la fuerza policial la que arrojó alrededor de 600 detenidos y más de treinta carabineros lesionados, sino la magnitud del choque entre los movilizados y los controles policiales. Más comprensivamente, fue el miedo al otro, anticipado en la imagen del daño que eventualmente podría hacerme el otro, y donde los comportamientos de manifestante y de represor se podrían explicar por sus respectivas estrategias de choque.

Lo que ha hecho la protesta social es brotar la existencia de una lucha de reconocimiento. Lucha, que no es negociación, ni estado de paz. Lucha que busca llamar la atención sobre una nueva regla de equivalencia, una nueva noción de justicia. Una que todavía no se argumenta, no se delibera, ni se hace política. Una que todavía no proporciona razones de por qué corresponde dar qué cosa a quién. Una que no se suspende, sino que al contrario, se prolonga en la disputa por aquello que es justo. Incluso sustrayéndose a la venganza y a la espera de una nueva manifestación.

Lo que ha hecho la protesta social no es un programa, sino una intervención en el lenguaje, en los discursos y en las consignas. Como la naturaleza que insiste sobre las especies, de igual modo, tras sucesivos tanteos, aciertos y errores, la protesta construyó/mejoró el mensaje de los excluídos. Y esto, a largo plazo, quedará plasmado como un nuevo concepto de la justicia, donde, por el ejercicio de las libertades públicas, pero más allá de las libertades públicas, las personas conquistarán la capacidad efectiva de «hacer sus vidas».


jueves, 30 de agosto de 2007

Banco Central: tres mitos.

Rodolfo Fortunatti

La gestión del actual presidente del Banco Central vence el 6 de diciembre. Antes de esa fecha, la Presidenta de la República debe enviar al Senado el nombre de su sucesor. La Presidenta tendrá que concitar el respaldo de la mitad más uno de los senadores en ejercicio, y hacer frente a los tres mitos que ha levantado la derecha en torno a la sucesión.

Primer mito: el consenso 2 por 2 más 1. Cada vez que ha correspondido renovar el Consejo del Banco Central, la derecha ha invocado un consenso tácito que se habría fraguado en los albores de la transición democrática. Según el referido acuerdo, al momento de someter un nuevo nombre a la aprobación del Senado, el Presidente de la República debería asegurar que, de los cinco consejeros, sólo dos fueran de la Concertación, dos pertenecieran a la Alianza, y el quinto fuera independiente. De no cumplirse este requisito, entonces la oposición no debería concurrir con sus votos a la formación de mayoría, impidiendo así salvar la nominación gubernamental.

Al parecer —porque se cree que la Concertación siempre ha contado con tres de los cinco consejeros—, ésta habría sido la práctica seguida durante los pasados diecisiete años. Se podría especular, sin embargo, que en los últimos años la Concertación ha perdido gravitación debido a la fuerte presencia de Vittorio Corbo y de Jorge Desormeaux, dos hombres de derecha, dos antiguos compañeros de oficina, y dos veteranos académicos del Instituto de Economía de la Universidad Católica. No olvidemos que el nombre de Corbo, su actual presidente, surge en los momentos de mayor vulnerabilidad del gobierno de Lagos, cuando en 2003, para asegurar la estabilidad y, sobre todo, la gobernabilidad política, fue necesario concordar un paquete de modernizaciones con Pablo Longueira. Tampoco olvidemos que en aquel tiempo José De Gregorio, su vicepresidente, fue apoyado por 23 senadores, 8 de los cuales pertenecían a la UDI, 3 a la bancada institucional, y sólo 12 a la Concertación.

La Alianza insiste en recurrir a ese consenso y, por eso, persiste en postular a Corbo para un nuevo período. La Alianza apela a un consenso más antiguo que el de Washington, ignorando que cuando lo impuso, Chile era otro país. Por entonces vivía Pinochet. No sólo eso; Pinochet era comandante en jefe del Ejército. Había senadores designados. La derecha era mayoría en el Senado y, en tal calidad, detentaba un eficaz poder de veto. Por entonces, los equilibrios macroeconómicos constituían el gran desafío de la política económica. Hoy, estos son principios de aceptación universal que pondrían en ridículo los vaticinios inflacionarios con que algunos andan espantando mercados. Hoy la derecha es minoría en ambas cámaras legislativas. Hoy, cuando no es suficiente el puro monetarismo, adquiere crucial importancia una gestión preocupada por la estrategia de desarrollo del país.

Segundo mito: más allá del bien y del mal. Sobre todo la derecha ha hecho tal panegírico del presidente del Banco Central, que ha terminado por convertirlo en una autoridad ajena a toda disputa ideológica, en un ente sobrenatural situado más allá del bien y del mal. La derecha ha llevado las cosas a tal extremo, que ha confundido a Corbo con autonomía, y autonomía con autarquía. Se romperá el equilibrio si se nombra a alguien de la Concertación, aseguran; el Banco Central dejará de ser autónomo. El único nombramiento aceptable —sostiene Jovino Novoa— es Corbo.

Al contrario de las virtudes que destaca en Corbo, la derecha sólo ve concupiscencia del poder en la Concertación. La misma que vio para la nominación del Contralor y de los directores de TVN. «La Concertación sigue en su apetito incontrolado por el poder», ha declarado Hernán Larraín. «No les basta con tener 3 de 5 consejeros, ahora quieren tener 4, lo cual desnaturaliza la institución en su carácter de independiente y autónoma», ha argumentado. Pero la realidad, que ya no es una cuestión de caprichos o antojos, sino de reglas institucionales, lleva a desenmascarar el tercer mito.

Tercer mito: no tienen los votos. Como en otras ocasiones, la derecha ha especulado sobre la eventual incapacidad del gobierno para reunir los votos necesarios. Sin embargo, como ha trascendido a la opinión pública, por primera vez la Presidenta dispone de una mayoría favorable a la mejor candidatura que podría ofrecer la Concertación. No sólo cuenta con la palabra empeñada de veinte senadores, sino tal vez con la mejor oportunidad para provocar un cambio en la política del instituto emisor.


lunes, 27 de agosto de 2007

Al modo de Sonora y de Chihuahua

Rodolfo Fortunatti

Interesante opinión la de Manuel Espino Barrientos. Interesante, porque permite comprender lo que la Democracia Cristiana no fue, no es, y ya no será.

¿Qué dice Espino Barrientos? Espino Barrientos denuncia la izquierdización de la Concertación. Peor aún, Espino Barrientos detecta la radicalización de la Concertación y, en consecuencia, la tendencia a la polarización política del país. Muy ideologizada se le antoja a él la coalición. Claro que a Espino Barrientos le preocupa más la suerte de la Falange que la de sus socios. No le gustaría que el desgaste de Michelle Bachelet afectara el liderazgo de Soledad Alvear. Por eso aconseja a los democratacristianos repensar su permanencia en el gobierno. ¿Para irse dónde? Bueno, Espino Barrientos discurre algo así como una redefinición de las alianzas. ¿Redefinición de las alianzas? ¿En qué consiste eso? Espino Barrientos no lo aclara. Sólo confiesa el motivo de una tal redefinición: ¡Por el bien de Chile!

Interesante opinión la de Espino Barrientos. Interesante porque permite recordar que fue en Chile donde se fundó el primer partido demócrata cristiano de América, allá por el mes de julio de 1957. En estricto rigor, según los historiadores, habría sido el año 1937, cuando se creó la Falange Nacional, la buena semilla. También en Chile se formó el primer gobierno democratacristiano de América, con Eduardo Frei Montalva a la cabeza. ¿Sabrá Espino Barrientos que el programa de Frei encarnaba la gran esperanza temporal de Jacques Maritain, el filósofo humanista cristiano? ¿Sabrá Espino Barrientos que la Revolución en Libertad del presidente Frei representó la emancipación de millones de pobres de la ciudad y el campo? ¿Se habrá enterado Espino Barrientos que nunca en su historia la Democracia Cristiana ha constituído gobierno con la derecha? ¿Sabrá al menos que en Chile la Democracia Cristiana luchó por el restablecimiento de los derechos humanos y la democracia, cuando los actuales líderes de la derecha se la jugaban a favor de Pinochet? ¿O dónde imagina Espino Barrientos que andaban Piñera, Matthei, Lavín y Larraín? ¿En qué consiste la redefinición de las alianzas que sugiere Espino Barrientos? ¿En qué, si aquí la única derecha que conocemos aún no rompe sus ataduras con el pasado?

Tiene que haber un modo más pedagógico de entender qué quiere decirnos el profesor secundario. Y, al revés, tiene que haber un modo de explicarle al licenciado en administración de empresas, en qué consiste esta empresa popular y reformadora, que ha concurrido a la coalición política más prolongada y exitosa de toda la historia republicana de Chile. Tiene que haber un modo de entenderse de igual a igual con el presidente del PAN. Tiene que haber un modo de hacerle ver a Espino Barrientos, a la sazón presidente de la ODCA, que su primer deber consiste en respetar la autonomía e independencia de los partidos hermanos. En fin, tiene que haber un modo de decirle al durangueño, al político de Sonora (lugar de maíz) y de Chihuahua (lugar árido y arenoso), que los democratacristianos saben qué hacer en Chile.


Quizá el V Congreso de octubre sea una ocasión propicia para ello.


jueves, 23 de agosto de 2007

Justicia social: ¿pasada de moda?

Rodolfo Fortunatti

¿Justicia social? ¡Old-fashioned! Pronunciaban con cierto aire de sofisticada pedantería los modernosos. Lo hacían desde el Consenso de Washington. Se lo enrostraban a los vencidos de la Revolución Socialista. Pero también a los derrotados de la Revolución en Libertad. En subsidio, ellos preferían hablar de equidad; ni siquiera de igualdad. Equidad, una noción más técnica y operativa y, por ello, más manejable para el pensamiento único, por lo demás, el único con credenciales de ciencia económica. El resto, si acaso daba para ideología, comportaba pura especulación. El resto pintaba sólo como un anacronismo.

Varios de aquellos pomposos ahora toman distancia de su pasado, e incluso se disculpan ante sus audiencias cuando deben emplear términos en inglés. Otros, en cambio, aún conservan sus viejos cánones neoliberales y su arrogancia. Y todavía suelen tratar con desdén a quienes se salen del pensamiento único. Les resulta inconcebible la sola idea de subordinar el dogma económico a un principio ético superior. Les desconcierta defender sus teorías en una arena intelectual distinta de la ofrecida por la modelística neoliberal. Por eso desautorizan a sus interlocutores. Por eso agreden al mensajero sin haber acusado recibo del mensaje.

Pero el tiempo no pasa de balde. El tiempo actúa sobre el lenguaje, los conceptos y las teorías. El tiempo siempre les otorga un sentido nuevo a las palabras. Son las personas, que se apropian y reconvierten los significados. Y así, del mismo modo que la naturaleza insiste sobre las especies, la palabra consigue su fuerza comprensiva y expresiva tras sucesivos tanteos. Como ocurre cuando la Iglesia habla de salario ético. O cuando clama por la justicia social. O cuando declara sin ambages que sin justicia social no hay democracia integral. ¿Por qué nos resultan tan nuevas estas invocaciones? Piénsese que ya en la encíclica Rerum Novarum —más bien, en el Evangelio de Santiago—, se encontraba la noción de salario ético. Y que a San Alberto Hurtado pertenece la cita que da título a la declaración del Comité Permanente del Episcopado.

¿Qué las hace tan actuales? Y, al revés, ¿qué hace tan impertinentes, extemporáneas e inapropiadas las opiniones de sus detractores? La respuesta está en la historia. Chile hoy es otro. Su cultura política es otra. Su conciencia moral ha cambiado. Su expectativa sobre la justicia ha cambiado. Sólo a modo de contrapunto: hace diecisiete años el valor de la palabra justicia estaba crucialmente ligado a las reparaciones humanitarias por las violaciones a los derechos de las personas cometidas durante la dictadura. Hoy, la noción de justicia cobra su mayor potencial político en la lucha por el reconocimiento de los derechos que confieren la capacidad de obrar, que es el nuevo alcance de la justicia social. Según éste, no basta que la sociedad garantice las libertades, si las personas carecen de capacidad efectiva para hacer su vida. De ello se sigue que una sociedad es más justa en la medida en que sus miembros pueden hacer.

¿Es que acaso cambió la esencia de la noción de justicia? No; ésta sigue ahí. Justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia sigue siendo una regla. La regla de la equivalencia. La regla que mide, que calcula y que compara. La regla que argumenta. Porque la justicia proporciona razones de por qué corresponde dar qué cosa a quién. Y cuando se agotan los argumentos, y llega el momento de la sentencia, la justicia suspende la disputa. Pero sólo la suspende, sin asegurar el estado de paz. Y aún más, incluso sustrayendo la disputa a la venganza.

Ahora son los neoliberales los que no tienen idea de justicia social. Y no la tienen porque la teoría económica que la explica ha saltado fuera del estrecho modelismo utilitarista anglosajón, para encontrarse con una concepción más rica de la libertad, de la justicia y de la solidaridad. Esta que, si la voz de la Iglesia no cesa, y la Democracia Cristiana asume como su misión política, hará de Chile un país donde la vida tenga sentido para todos.


miércoles, 22 de agosto de 2007

Expansiva es política

Rodolfo Fortunatti

Hay que examinar en serio el mensaje de Expansiva, antes de juzgar su autoridad, como lo hace Carlos Peña. Hay que ver en Expansiva un real agente de poder, porque es un genuino agente moral-cultural.

¿De qué sirve enterarse que Expansiva se originó en un seminario realizado en el Divinity School de Harvard? ¿De qué sirve saber que sus miembros reclaman de la élite política —porque no del electorado— un reconocimiento del cual carecen? ¿De qué sirve acusarla de neutralidad valorativa? ¿De qué vale descubrir su supuesta imparcialidad? ¿De qué, si no se desenmascara el núcleo del poder de Expansiva, que es su ideología de legitimación?

Lo menos que tiene Expansiva es la neutralidad que le atribuye Peña. Y lo único que consigue con semejante imputación el columnista de El Mercurio y rector de la Universidad Diego Portales, es escabullir el bulto. Porque es incuestionable que Expansiva posee una visión del pasado reciente, como la poseen Peña, El Mercurio y la Universidad Diego Portales. Es indudable que Expansiva también tiene una visión del futuro próximo, como la tienen Peña, El Mercurio y la UDP. Es indesmentible, asimismo, que Expansiva tiene un modelo de intervención social; un modelo con pretensiones políticas, al igual que los modelos de Peña, de El Mercurio y de la UDP. Lo cual se puede verificar en el documento Somos más, queremos más y podemos más, de Expansiva, como lo de Peña en las publicaciones de El Mercurio y de la UDP.

Para ser honestos, lo que hace Expansiva es formular una crítica a la transición democrática de los últimos veinte años. Expansiva apunta explícitamente a la estructura institucional de Chile, como el principal escollo del desarrollo. Por eso, lo peor en la crítica a Expansiva sería reducir la polémica a una confrontación entre técnicos y políticos. Porque Expansiva es política.

Dice Expansiva que la falla de nuestra transición es haber fomentado, a través de políticas asistenciales del Estado, la aparición de ciudadanos pasivos, sin aptitudes para la creatividad y la cooperación. Piensa Expansiva que para vencer estas rémoras es menester actuar sobre tres barreras. Primero, sobre la pesada y desvencijada estructura del Estado. A Expansiva no le preocupa el tamaño del Estado —ingresos del 18%, y gastos del 21% del PIB—, cuanto su modernización tecnológica. Segundo, es necesario actuar sobre la organización social, desterrando el paternalismo subyacente tras ella, y estimulando, en su reverso, la libre iniciativa de los individuos. Tercero, es preciso actuar sobre la cultura política mediante la desregulación normativa e institucional, sobre todo, del mercado laboral, a fin de limitar los excesos desprotectores y opresivos de la sociedad chilena.

Hecho el diagnóstico y formulado el proyecto, Expansiva define las condiciones nacionales e internacionales dentro de las cuales operará su estrategia de intervención. Frente a los avances esperados en materia de ciencia y tecnología, Espansiva propone flexiseguridad. A los efectos no deseados de la globalización, responde con capacitación, seguros personales, y vida digna —aunque no explica qué entiende por tal—. A las transformaciones socioculturales desestabilizadoras, responde con inscripción automática, democracia partidaria, elección de autoridades regionales, instancias de control de la ciudadanía, iniciativa popular de ley, y plebiscitos. A las futuras restricciones que pesarán sobre el Estado, opone una sociedad más exigente, pero sin recursos instrumentales. A las limitaciones que mostrarán los mercados, opone una política social activa, que tampoco explica. Por último, para hacer frente a la incertidumbre y a la inseguridad provocadas por la delincuencia, el desempleo, el envejecimiento de la población, y las migraciones, Expansiva reivindica la colaboración recíproca del Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Con todo, lo crucial de su modelo estratégico es la reforma institucional, entiéndase: participación, cohesión, transparencia, eficiencia, accountability, incentivos, inserción internacional y diálogo. Cierto es que se observa una fuerte asimetría entre las inciertas tendencias de largo plazo —de aquí al 2027— y las iniciativas propuestas por Expansiva —algunas actualmente en el Parlamento—.

El problema del modelo Expansiva —y hay que controvertirlo de cara a Expansiva— es que no parece confiar lo mismo en los individuos, la empresa privada y los mercados, que en el Estado y la Sociedad. Si no, alguna línea habría reservado Expansiva a los derechos de las personas y a sus capacidades de obrar. Pero eso, eso es más de Amartya Sen que de Expansiva.


viernes, 17 de agosto de 2007

La desambiguación de la derecha

Rodolfo Fortunatti

El riesgo de propalar una predicción es que se convierta en profecía autocumplida, es decir, que las personas concernidas en determinados acontecimientos acaben actuando como se dice que lo harán. Es lo que podría ocurrir con el diseño estratégico de la derecha de cara a las elecciones del 2009: un giro en 180 grados. El paso desde la obstrucción y el ataque, hacia la colaboración y el acuerdo.

La decisión respecto de poner en marcha la acusación constitucional contra el gabinete de la Presidenta Bachelet, es el punto de inflexión. Un punto de no retorno llamado a zanjar la pugna entre halcones y palomas, entre el talante Allamand y el estilo Macri, entre la puerilidad de El Desalojo y la veta reformadora de Sarkozy. Entre el
«Pensamiento Alicia» y el realismo cínico del empresario Piñera. Es muy improbable que la pugna se perpetúe en la irresolución, cuando precisamente lo que necesita esta derecha es una definición clara, unitaria, convocante, y que anuncie su voluntad de ser gobierno. Es muy difícil que la derecha pueda mantenerse en la indefinición, mientras crece y se afirma el liderazgo de Piñera. En algún momento tendrá que empezar a operar la ley de los rendimientos decrecientes, esto es, que la ambigüedad del sector comience a corroer la popularidad del multimillonario.

Audaz vuelo el de los halcones. Osado, porque las acusaciones constitucionales recuerdan los tiempos de inestabilidad política e institucional que derivaron en la caída de Allende. Un recurso extremo que, en las grandes y fuertes uñas de los halcones, sólo puede ofrecer un espectáculo desolador, por depredador, claro. Uno que contrasta con la imagen de moderación que tendrá que imprimirle Piñera a su candidatura presidencial. Esto, si aspira cotejar con éxito las opciones de Ricardo Lagos y/o Soledad Alvear. Un recurso puramente mediático, si se tiene en cuenta que para aprobar el libelo acusatorio la derecha necesita el respaldo de la mayoría de la Cámara de Diputados, así como de la mayoría del Senado. Para conseguirlo, la derecha tendría que demostrar que los ministros comprometieron gravemente el honor o la seguridad de la Nación, infringieron la Constitución y las leyes, o traicionaron, malversaron, sobornaron o hicieron cobros ilícitos. La derecha sabe que esto es meterse en una camisa de once varas: demasiada tela para tan menuda criatura. Y que en tales circunstancias, no le queda más opción que avanzar por los atajos que le abren las reformas a la educación y al sistema previsional, no obstante los escollos que le opone la reforma electoral.

Por eso, la desambiguación de la derecha debería ocurrir al precio de la caída de los halcones, con lo cual el desalojador se transforma en desalojado.