Rodolfo Fortunatti
No debiera sorprender que sólo el 2,5 por ciento de los ciudadanos entrevistados por la Fundación Futuro piense que la educación prestada por los colegios privados es mala. Tampoco debiera asombrar que el 25 por ciento de los encuestados —diez veces más— piense lo mismo de la educación municipalizada. La razón, por obvia, permite asumir fríamente la realidad: en los colegios privados los clientes pagan su precio por un servicio de calidad. Pagan con recursos propios a proveedores privados. Hacen una transacción entre privados, sin intervención del Estado. Ahí, el lucro, que opera como potente estímulo, fija la distancia con la escuela pública.
¿Estamos frente a un problema? Empieza a ser un problema cuando la inmensa mayoría de esta sociedad no puede satisfacer las necesidades de lucro de sus proveedores —y recibir a cambio una buena educación—, porque no dispone de los recursos que sí poseen los grupos de altos ingresos. En estricto sentido, el problema no sería el lucro, si no fuera porque sólo unos pocos pueden satisfacer las exigencias del lucro. Y, adicionalmente, sólo unos pocos pueden demandar (con dinero, poder y autoridad) un servicio de calidad.
Luego, ¿cómo se puede asegurar una buena educación a aquellos que no califican en el mercado? Una vez más, los principios son iluminadores y nos envían al Estado democrático y social de derecho, noción donde se encuentran los humanismos laico y cristiano. Estado de derecho y Estado social, tal y como se describen, respectivamente, en Rerum Novarum y Quadragesimo Anno.
Como nos recuerda Rerum Novarum, 25, ya en 1891, León XIII postulaba la separación y redistribución del poder, y el imperio de la ley sobre la voluntad arbitraria de los hombres, en el concepto del Estado de derecho. Hoy, eso vendría a ser la realización gradual de las instituciones democráticas de Ginebra. Por su parte, en Quadragesimo Anno, 49, Pío XI sienta los fundamentos del Estado social a través de los principios de subsidiariedad y de una economía dirigida hacia el fin ético de la justicia social. Es lo que actualmente entenderíamos como una economía solidaria.
Mas, dicho Estado democrático y social de derecho no se construye en el vacío, sino en un mundo globalizado con enormes desequibrios de poder y de riqueza. Es lo que nos plantea Gaudium et Spes. La encíclica de Pablo VI es asertiva al respecto. En primer lugar, porque pone de relieve el dramático contraste entre la opulencia, el lujo y el derroche, por un lado, y la miseria sin esperanza, por el otro, 63. En segundo lugar, porque subraya lo que los liberales católicos quieren ignorar, distorsionar u oscurecer en el actual debate sobre la LOCE, a saber, que la finalidad de la organización económica no es la pura producción, el lucro o el poder, sino el ser humano integral, 64. A mayor abundamiento, para una visión madura sobre el desarrollo integral, véase el artículo de Sergio Fernández Aguayo, Iglesia, Desarrollo y Bicentenario.
¿Qué les queda a los más desamparados que no pueden comprar en el mercado? ¿Qué les queda a aquellas familias que no pueden acceder a los más altos y lucrativos estándares del negocio de la educación? La doctrina es muy precisa y no deja lugar a ambigüedades.
Dice Juan Pablo II en Centesimus Annus, 34, que «existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es preciso que se ayude a estos hombres necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus aptitudes para poder valorar mejor sus capacidades y recursos. Por encima de la lógica de los intercambios a base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre, en virtud de su eminente dignidad».
Y en Centesimus Annus, 10, señala a los cristianos su irrenunciable responsabilidad política con la justicia: «Los individuos, cuanto más indefensos están en una sociedad, tanto más necesitan el apoyo y el cuidado de los demás, en particular, la intervención de la autoridad pública».
