Rodolfo Fortunatti
En contraste con el rostro amable y sonriente que exhibe desde su residencia de Chicureo, Fujimori es uno de los peores enemigos de los derechos humanos, las libertades y la democracia en América Latina. Gobernó Perú entre 1990 y 2000. Durante su administración amparó y promovió la acción represiva de escuadrones de la muerte, los atropellos al Estado de Derecho, la impunidad, la corrupción, y la persecución sistemática de los opositores.
Ayer, el ministro Instructor de la Corte Suprema, el único facultado para valorar los antecedentes sobre Fujimori, rechazó la extradición solicitada por el gobierno peruano. El ministro se formó una sola convicción en los doce ilícitos que se le imputan a Fujimori, entre ellos, las graves violaciones a los derechos humanos. El ministro cree que los delitos no estarían debidamente acreditados.
Según el fallo, no existiría evidencia de la conexión entre Fujimori y el escuadrón Colina, causante de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Lo que sí habría serían declaraciones de testigos de oídas… ¡que no presenciaron jamás el momento en que el Presidente habría ordenado la comisión de estos delitos! Tampoco constituiría prueba de peso que Fujimori haya dictado una Ley de Amnistía para proteger a los ex militares comprometidos en acciones antisubversivas. La dictó el Congreso, no Fujimori, dice el fallo. Y no podrían sancionarse los actos de corrupción del ex gobernante, pues al momento de consumarse no existía legislación. A Fujimori se le atribuye la apropiación de patrimonio público avaluado en unos dos mil millones de dólares.
Así y todo, lejos de tomar el dictamen del ministro Instructor como una derrota para la causa de los derechos humanos, debe ser visto como una oportunidad para ratificar el valor universal de estos derechos donde quiera que fueren vulnerados. Pues, con su actuar, el ministro Instructor acaba de iniciar en Chile el juicio de fondo contra Fujimori. Con ello, y más allá de la extradición, los juristas han quedado exhortados a nutrir y a sustentar la evidencia disponible, en una cultura política que, como la chilena, se ha vuelto sensible a los excesos de los tiranos. Y la sociedad civil, las organizaciones populares, los organismos de derechos humanos, los ciudadanos, han quedado a su vez instados a promover un diálogo moral que sitúe a la Justicia en la justicia. Sólo así quedará claro que cuando el Estado viola la integridad de un peruano, en realidad también daña la integridad de un chileno.
