Cuando en 1990 la Concertación se hizo cargo del gobierno, en el país había cinco millones de pobres. Hoy, a la luz de la última encuesta Casen, los pobres ascienden a dos millones doscientas mil personas. Ello significa que si hace diecisiete años, cuarenta de cada cien chilenos vivía en la pobreza, en la actualidad se hallan en tal situación sólo catorce de cada cien… —¡Catorce de cada cien!—. El progreso es indiscutible. Y así lo revela el silencio de la derecha. Sobre todo, de su prensa, de sus editores, y de sus periodistas. El avance es refrendado por una modesta, aunque serendípica, mejora de la distribución del ingreso.
Ciertamente, este mayor empuje obedece a políticas públicas audaces y sostenidas. Desde luego, a Chile Solidario, un verdadero nido de protección social. Se debe a la ampliación y consolidación de los derechos económicos y sociales. En suma, a la gradual recuperación del papel del Estado como organizador superior de la sociedad.
Hay quienes ven estos indicadores como los máximos económicos y sociales tolerables por la democratización, sin advertir que los déficits de justicia que envuelven son los causantes de la crisis de representación de la política. Los miran como si se tratara de la última frontera de la reforma democrática; la justificación ideológica límite de la política popular de la Concertación. Sabemos, sin embargo, que estas salvaguardias contra la pobreza no alcanzan a cubrir los mínimos de protección a que puede aspirar un país con los recursos y potenciales que posee Chile. Tantos, que algún observador ha tenido el atrevimiento de sugerir el tránsito desde el reino de la necesidad hacia la «administración inteligente de la abundancia».
¿Pero podemos correr los límites de la justicia más allá de este umbral? ¿Hay posibilidades de ampliar los espacios de propiedad social, de ciudadanía social, de derechos, y de protecciones, más allá de la línea de la pobreza? ¿Con cuánto podemos vivir? ¿Tal vez con 47 mil pesos mensuales, como los pobres urbanos? ¿Quizá con 18 mil pesos, como los indigentes del campo? ¿Cuál es el punto de referencia? El hombre más acaudalado de Chile posee un patrimonio avaluado en 3 millones ciento ochenta mil millones de pesos ($ 3.180.000.000.000), algo así como el 5 por ciento del PIB de Chile. Podrá ser un orgullo calificar entre las diez mayores fortunas latinoamericanas, pero no es éste el patrón más objetivo para medir el bienestar de la sociedad chilena. Como no puede serlo la pura superación de la pobreza, aunque la sola erradicación de la indigencia constituya todo un logro civilizatorio.
Por eso, es tan importante el consenso que comienzan a construir dos de las varias expresiones de la Concertación, como son las plasmadas en La disyuntiva y en El desafío. El horizonte es un Estado Democrático y Social de Derecho, tributario de las doctrinas humanistas que concurren en la Concertación.
Mas, si bien el seminario organizado por el CED y Chile 21 mostró grandes convergencias, dejó un prurito exacerbado contra el Transantiago, para algunos el más grave problema de la coalición en toda su historia. Crítica injustificada, si se la analiza desapasionadamente, pero comprensible por la falta de debate interno al que apuntó Carlos Ominami. En ello, Transantiago: una reforma en panne, puede ser de gran utilidad para atemperar los ánimos, arribar a un diagnóstico común sobre el asunto, e incluso, conseguir una mayor apertura al diálogo y el acuerdo.
Un signo de esta mirada equilibrada, pero convencida de las desventajas de la liberalización del transporte, es la conclusión del citado informe de seguimiento de políticas públicas. Ahí se lee: «Naturalmente, era probable que enfrentara muchos problemas durante su implementación, aunque nadie podía predecir la magnitud de la crisis generada. Sin embargo, en su estructura básica esta reforma es la mejor opción disponible para ofrecerle a Santiago un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente».
