jueves, 24 de enero de 2013

AYER Y HOY DEL SINDICALISMO EN CHILE

Juan Manuel Sepúlveda Malbrán



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Hace treinta años fui forzado a abandonar el país y lo dejé con un movimiento sindical unitario, activo, comprometido, con poder de movilización, en el cual todos y todas teníamos un lugar y una responsabilidad. Nos movilizábamos masiva y valerosamente a favor de la igualdad, la justicia social, la libertad, la democracia política y por mejores condiciones de vida. Eran nuestros objetivos comunes a pesar de nuestras diferencias. Eran los años de la Coordinadora Nacional Sindical, CNS. Unidad en la diversidad fue la clave que condujo a la derrota definitiva de la dictadura.

Defendíamos lo conquistado en años de lucha cuando obtuvimos el nivel más elevado de desarrollo durante la reforma democrática de 1964 a 1973. Ni antes ni después existe parangón en las tres dimensiones básicas y universales en que es posible medir nuestro poder e influencia: la sindicalización, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a huelga.

Entre 1958 y 1973 más que se triplicó el número de trabajadores sindicalizados. Mientras en el primer año la cantidad de afiliados ascendía a 307.110, en 1973 ésta alcanzaba a 934.335, que representaban el 32,3 por ciento de la fuerza de trabajo. Pero, simultáneamente, también aumentó la capacidad de negociación y de presión de los trabajadores, de suerte tal que si entre 1952 y 1964 negociaban 203 mil trabajadores cada año, en el periodo 1964-1973 lo hicieron 319 mil.

El promedio anual de huelgas se elevó de 265, en el periodo 1952-1964, a 1.689, en el período 1964-1973. Asimismo, el número de trabajadores comprometidos, superó con creces el de los trabajadores en negociación.

Regrese a mi país en el momento que los partidos politícos que integraban la “Concertación” perdían el gobierno que administraron durante 20 años. Con un Chile mas democrático, con mayor libertad y justicia social, pero con un movimiento sindical atomizado, debilitado, e incluso poco democrático.

Cinco centrales sindicales que se disputan entre ellas los pocos trabajadores y trabajadoras organizadas. Por ejemplo, en el 94.9% de las empresas no existe organización sindical y en el 5.1% de las empresas, donde se cuenta con sindicato, el 4.4% está en receso y cuando se está activo, la división sindical es su
característica.

Me encontré con un país con bajos niveles de sindicalización y donde hay afiliados, éstos se concentran en las grandes empresas y en algunas ramas de actividad económica con menor impacto en el empleo. Del total de 22.176 organizaciones registradas en la Dirección del Trabajo (2010), 12.836 no presentan actividad alguna. Esto es, el 57.8% de las organizaciones sindicales constituidas se encuentran inactivas.

De los 801.251 trabajadores organizados (2010), el 62.6% está en un sindicato de empresa; el 16.4%, en un sindicato inter-empresa; el 14.4% en un sindicato de trabajadores independientes y el 3.6% en un sindicato de trabajadores transitorios. Por efectos de la división, aumenta el número de sindicatos, los que son cada vez más pequeños. Mientras en 1991 se registraban 7.707 sindicatos vigentes activos, en el 2008, existían 9.340 sindicatos activos, pero su tamaño promedio llegaba a 87 afiliados.

En cuanto a la afiliación sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) aglutina el 85.2%; la Central Autónoma de Trabajadores (CAT) el 8.9%, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) el 5.9%, la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) no registran datos oficiales.

La democracia política es indispensable para garantizar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, pero no es suficiente por sí misma. Dicho de otro modo, su advenimiento no ha significado el respeto automático de los derechos fundamentales en el trabajo. Las violaciones de los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva se cometen, de hecho, de manera más sutil y velada.

Persiste el déficit en el reconocimiento institucional de las organizaciones sindicales, los atentados a la libertad sindical y la insuficiencia de la negociación colectiva como instrumento para conquista de derechos y creación de entornos favorables al desarrollo productivo, continúan obstaculizando el crecimiento sindical y eso deriva en condiciones laborales de explotación, discriminación e intolerancia social; además de corroer y socavar la convivencia y los fundamentos de la democracia, constituyéndose en un obstáculo al trabajo decente y desarrollo con equidad social.

Nuestro país presenta un denominador común: el sindicalismo ha sufrido un fuerte retroceso en los últimos años. Este retroceso también se manifiesta en una disminución del número de convenios colectivos firmados y de trabajadores cubiertos, en un empobrecimiento de sus contenidos y en una pérdida de peso de la negociación de rama frente a la negociación de empresa o individual.

Las cifras de la negociación colectiva en nuestro país (2010) afirman que solo un 5% de las empresas tienen acuerdos colectivos de trabajo vigentes y que una pequeña porción del empleo asalariado del sector privado, accede a la misma. Los últimos datos muestran que de los 5.622.264 trabajadores, como fuerza laboral con potencial de sindicalización, solo 232.667 están involucrados en instrumentos colectivos, lo que significa un 4.1%. Los trabajadores cubiertos por contratos y convenios colectivos representan menos de un tercio de los trabajadores sindicalizados y, en consecuencia, una ínfima proporción de la fuerza de trabajo
ocupada (3,4% en 2009).

La conflictividad laboral medida en número de movimientos huelguísticos, disminuye paulatinamente a lo largo de toda la década del 90. Y es en el periodo más depresivo .el que se extiende de 1998 a 2005, cuando el promedio de trabajadores en huelga se sitúa en los 12 mil por año, después de haberse empinado a más 30 mil durante el primer gobierno de la transición. Esto significa que en este periodo crítico habrían participado en alguna huelga legal, a lo menos 20 trabajadores por cada mil sindicalizados. Este comportamiento, en épocas de crisis, se explica por una institucionalidad que permite al empleador reemplazar transitoriamente a los trabajadores en huelga y, de este modo, limitar sus expectativas salariales. Los sectores donde la disminución del número de huelgas es más elocuente son servicios e industria. A su vez, la mayor cantidad de trabajadores involucrados en los movimientos pertenecen a la industria, servicios,
minería y transportes.

Cada vez menos son los trabajadores y trabajadoras que pueden ejercer sus Derechos Fundamentales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de los tres informes anuales de su Comité de Libertad Sindical y del informe anual de su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones dan cuenta de una persistente violación de estos derechos y de las limitaciones existentes para su libre ejercicio.

El informe del año 2010 sobre los Derechos Humanos del Departamento Estado de los Estados Unidos, muy poco difundido en los medios de comunicación, da cuenta de las limitaciones y el preocupante aumento de violaciones y limitaciones de los Derechos Fundamentales en el Trabajo en Chile. Además de lo que ya nos hemos referido a la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, agrega que en nuestro país en el último año hubo un incremento del trabajo infantil y de formas de trabajo forzoso u obligatorio.

Las propias cifras oficiales nos demuestran que persiste la discriminación en materia de empleo y ocupación. Son innumerables los casos que podríamos citar sobre todo tipo de violaciones alos Derechos Fundamentales en el Trabajo que se han cometido este último año y las persistentes limitaciones para ejercerlos y que provienen de años anteriores.

El informe (2011) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ampliamente difundido en los medios de comunicación, nos ubica como el país más desigual entre sus miembros.

La creciente apertura al exterior de nuestro país, tratando de lograr las mejores posiciones competitivas, con los consecuentes intentos de bajar los costos productivos, lo que se traduce en desregulación, baja de salarios, aumentos de contratos irregulares, reestructuraciones de empresas, y en general en un clima de
temor e inestabilidad en los sectores laborales, golpea fuertemente al movimiento sindical.

Chile es el país económicamente más abierto del mundo, posee el record de Tratados de Libre Comercio suscritos con diversos países. Por su trascendencia podemos señalar el TLC con Estados Unidos y el TLC con la Unión Europea, ambos tratados contienen clausulas sociales que comprometen respetar los Derechos Fundamentales en el Trabajo, sin embargo desde que fueron suscritos ha ocurrido un incremento a las violaciones de esos derechos.

El tema se torna más complicado aún cuando comprobamos que hoy día en nuestro país reina la división sindical, lo que dificulta, obviamente, cualquier esfuerzo por concertar al movimiento sindical. Lo comprobamos casi a diario a través de las declaraciones de la CUT, la UNT, la CAT, la CGT y la CNT lo
pudimos observar en las negociaciones del salario de los trabajadores y trabajadoras fiscales, y en los despidos masivos de la administración pública (2010-2011-2012).

Las pugnas ideológicas y los personalismos han afectado a la unidad del movimiento sindical, y fundamentalmente a las negociaciones que tienen lugar en el escalón más elevado, pues la pluralidad de interlocutores, que a menudo rivalizan entre sí y las presiones que a veces se libran, tornan sumamente difícil,
cuando no imposible, la negociación. El resultado es un entramado de organizaciones sindicales no solamente reducidas en su cobertura, sino políticamente débiles. Es ésta debilidad la que, en última instancia, ha limitado la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de negociar políticas redistributivas y por tanto, de impedir la progresiva concentración del ingreso.

Con toda seguridad cada uno y una de ustedes tendrán una lectura y una interpretación de las cifras sobre sindicalización, negociación colectiva y huelga. Podrán coincidir conmigo que en términos generales es el resultado de un proceso de cambio, cambio de época se podría asegurar, proceso que aun está en curso,
que ha diversificado y transformado profundamente las clases y sectores sociales sobre las cuales se había construido el sindicalismo históricamente.

Coincidirán también que la creciente apertura al exterior de nuestro país, tratando de lograr las mejores posiciones competitivas, con los consecuentes intentos de bajar los costos productivos, lo que se traduce en desregulación, baja de salarios, aumentos de contratos irregulares, reestructuraciones de empresas, y en general en un clima de temor e inestabilidad en los sectores laborales, golpea fuertemente
al movimiento sindical.

Las reestructuraciones económicas han alterado las estructuras productivas, cae la actividad de los sectores tradicionales, base de la inserción sindical, y surgen nuevos sectores con nuevas condiciones de trabajo, en los que no existían sindicatos o si existían eran débiles y dispersos. Los procesos de negociación colectiva comienzan a verse afectados, en la medida que se tiende a privilegiar el empleo por sobre los reajustes salariales, lo que abre las puertas para la desregulación laboral, contratos atípicos, presiones indebidas, prácticas antisindicales.

En este contexto, el rol y la función del sindicalismo se encuentra fuertemente afectada y cuestionada, en la medida en que sus reivindicaciones no son fácilmente obtenidas, las conquistas que puedan exhibirse son escasas, las presiones por desincentivar la afiliación se incrementan, al igual que un espíritu más individualista y menos solidario, tanto en la sociedad en su conjunto como en el seno de los trabajadores. A ello se agrega que las empresas, por lo general, van cambiando sus estilos de trabajo, sus valoraciones, sus formas de organización y sus estilos de gestión del personal, combinándose gestiones arcaicas y atrasadas, presididas por estilos autoritarios –que se incrementan-con formas más modernas, de tipo más horizontal y menos jerarquizadas, pero que muchas veces tienden a dejar de lado a las organizaciones sindicales.

Como pueden apreciar, todo este cuadro que he bosquejado en forma tan breve, impacta con fuerza la estructura sindical, sus plataformas de lucha, sus propuestas, sus prácticas tradicionales, incluso sus propias metas, incidiendo todo ello en un continuo y progresivo debilitamiento del movimiento sindical, que en
algunos casos se transforma verdaderamente en crisis de funcionamiento, si no de credibilidad. En este escenario, las orientaciones tradicionales del sindicalismo sufren una prueba de fuego, se cuestionan sus formas organizativas, sus estilos de dirección, sus formas de lucha, sus tácticas y estrategias.

Cabe preguntarse entonces en qué medida es afectado -por esta situación generalizada-el sindicalismo de nuestro país, en su estructura, peso, capacidad de presión, unidad; cuáles son los aspectos generales  compartidos por cada sindicato. Cuáles son las respuestas que se diseñan frente a esta situación general, sus aspectos comunes y diferenciales, así como sus desafíos y proyecciones.

De aquí entonces que una de las dificultades más urgentes de superar, y a la vez más difícil, que enfrenta el sindicalismo, es la adaptación de sus propias estructuras orgánicas a la dinámica del mundo actual. Es necesario concebir organizaciones adaptables, flexibles y descentralizadas, superando las rigideces tradicionales de las organizaciones sindicales. Si el mundo del trabajo es cada vez más dinámico y cambiante, no es posible afrontar sus retos con estructuras rígidas.

El movimiento sindical siempre ha reivindicado la representación conjunta de los trabajadores y trabajadoras, y no sólo de sus afiliados. Hay enormes franjas de trabajadores y trabajadoras que conforman nuevos sectores, sin tradiciones sindicales o desorganizadas, y otros que mantienen relaciones salariales precarias o atípicas. ¿Cómo representar efectivamente los intereses y los valores de estos sectores de trabajadores?, ¿Qué formas organizativas son las más apropiadas para dar cuenta de estas realidades?
La heterogenización de la base sindical tradicional con la incorporación masiva de la mujer a la fuerza de trabajo (desequilibrando un concepto tradicional del mercado), con la cada vez mayor variedad de calificaciones y las nuevas formas de contratación, representa una dificultad para los sindicatos en su capacidad para articular las diferentes demandas de cada uno de estos segmentos de la fuerza de trabajo en un proyecto sindical común.

Una realidad constatada bastante importante, es que la unidad ya no es un problema ideológico en el movimiento sindical, sino motivado ahora por otros factores que van desde lo económico, el afán de protagonismo o por factores neutralizadores internos y externos, hasta la falta de una visión que sume
esfuerzos dentro de la diversidad.

Esto me parece una constatación muy reveladora del estado actual del sindicalismo en general en nuestro país, que excede el ámbito del partido político. Ya no tienen tanta vigencia como en el pasado las adhesiones ideológicas, partidarias, o bien a la acción de las Centrales Sindicales Internacionales. No, ya los factores de desunión son más pedestres, más locales. Lo grave es que ello imposibilita avanzar en la unidad del movimiento sindical.

Sin embargo, es un hecho constatado que el movimiento sindical, no obstante sus debilidades y carencias, ha logrado mantenerse como el principal actor organizado en el ámbito de las relaciones laborales.

Ha sabido plantear, igualmente, en defensa de los derechos y libertades de los trabajadores y trabajadoras, y de las organizaciones sindicales, las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales del trabajo, durante la dictadura fue un hecho evidente. Aunque debe constatarse que frente a los despidos y discriminación de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública (2010, 2011 y 2012) no tuvo la capacidad para utilizar esos instrumentos y mecanismos de control con que cuenta la OIT para la aplicación de los convenios internacionales del trabajo ratificados por el país.

Ha realizado diversos intentos por renovar los principios de la acción sindical y su ámbito de influencia en el contexto de la sociedad civil. Esto último, me parece de especial relevancia, toda vez que se asume como rol del sindicalismo su acción e influencia en el amplio contexto de la sociedad civil y de sus instituciones, lo que revela niveles de conciencia ético-política, y no solamente restringidos a los ámbitos de la reivindicación económica y salarial. A ello se une su capacidad propositiva, aunque deben constatarse las debilidades y la falta de fuerzas para implementarlas. Ello se encuentra unido a su capacidad de abrir espacios de concertación en la realidad nacional, y en especial con el empresariado nacional. Aunque sigue adoleciendo de poca fuerza para que sus propuestas sean incorporadas en las agendas de negociación o bien que logren transformarse en logros concretos en beneficio de la población trabajadora.

Entre los aspectos sociales, la aparición de nuevos actores sociales que compiten con el sindicalismo, que han venido a restarle espacio al movimiento sindical, y que hace que la masa trabajadora esté encontrando en algunos de estos actores, eventuales respuestas a sus aspiraciones.

Muy unido a lo anterior, y como expresión de estos nuevos tiempos y de los cambios reseñados en el mundo, destaco la amenaza de la nueva cultura del individualismo. Me refiero, a todo este mundo del imperio de los medios de comunicación de masa que refuerza una cultura del consumismo, de los símbolos de estatus, del predominio del tener por sobre el ser, basado en los intereses individuales, del logro personal.

El año 2012 estuvo marcado por el proceso electoral de las mas importante organización sindical, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que culminó con una renovación importante de sus dirigentes nacionales. Este proceso provocó multiples discusiones y análisis sobre la situación del movimiento sindical y su papel en el presente y futuro del país. En este contexto, formulé algunas ideas fuerzas con el objeto de contribuir a la busqueda de objetivos comunes que podrian aunar voluntades y ayudar a la renovacion de las  tareas para los próximos años.

Siete ideas fuerza parea renovar las tareas del movimiento sindical en el Chile actual.

1. Resolver un primer y urgente problema: la democratización interna como
condición para el reforzamiento de la organización sindical. De tal manera
que sus dirigentes nacionales sean electos a través de elecciones universales, con
padrones electorales transparentes. Asimismo es imperativo fomentar la cohesión
interna a fin de disminuir el divisionismo y buscar la seguridad financiera de las
organizaciones a través de mecanismos que garanticen el pago de las cuotas
sindicales junto con un adecuado y transparente sistema contralor. Ello permitirá,
entre otros, reforzar la participación y la democratización del funcionamiento de la
organización sindical.

2. Voluntad y disposición amplia de sus lideres para iniciar un proceso de dialogo
intersindical y conducir a la redefinición del sindicalismo a fin de
transformarlo en un actor de desarrollo y de profundización de la
democracia. Se torna imprescindible hacer un esfuerzo conjunto en la superación
de las limitaciones más graves que aquejan el estatuto del sindicalismo y potenciar
las riquezas y las capacidades existentes, a fin de transformarlo en un actor de
desarrollo y de profundización de la democracia. El objetivo es obvio, enfrentar un
proceso conjunto de reposicionamiento del actor sindical en la sociedad civil, con
fuerza de interlocución frente a los gobiernos y el empresariado, rescatando sus
nuevas potencialidades para socializarlas y hacerlas parte integrante de una
nueva conciencia de actor nacional. Promover la unidad de acción y programática
como producto de una discusión profunda, pero con tolerancia y respeto, de cada
tema y coyuntura que afecte los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Ello
exige, la identificación de estrategias que conduzcan a lograr una mayor unidad
del movimiento sindical, entendido éste como un proceso gradual que
comenzando con el desarrollo de acciones conjuntas conduzca en un futuro a
relaciones y estructuras de unidad sindical más consolidadas. Esta unidad de
acción, exige con la mayor urgencia, reiterar el compromiso de trabajar unidos
para la determinación de algunos objetivos comunes de acción y para la solución
de problemas que se observan en el funcionamiento de las organizaciones de
trabajadores en sus distintos niveles. Si no, lo que seguirá operando es la
competencia entre organizaciones, la dispersión, atomización y anulación de los
esfuerzos que desarrollan los dirigentes y los diferentes cuadros sindicales.

3. Fortalecer la organización sindical en su base y orientar la lucha social por
la defensa de los derechos y principios fundamentales del trabajo y lanecesidad
de reformar la Constitución por una Constitucion democrática que
reconozca el valor del trabajo y los derechos economicos y sociales. El
fortalecimiento de la organización sindical y la participación de los trabajadores
contribuyen a empoderar al país para la defensa de sus derechos fundamentales.
Los derechos económicos y sociales, la vivienda, la salud, la educación, el sistema
de justicia, el régimen de seguridad social y la protección de los más desvalidos,
son desafíos pendientes de urgente realización, junto con los derechos humanos
de segunda y tercera generación. Bregar por una sociedad de derechos y
garantías explicitas en los campos de la protección social, la educación, la justicia
y la salud, para que, del mismo modo que la defensa nacional y la seguridad
interna tienen un estatus reconocido e indiscutible dentro del Estado como
promotor del Bien Común, estos alcancen una real jerarquía en nuestro
ordenamiento institucional. Luchar para que los valores de cooperación y
solidaridad se impongan sobre los antivalores que sustentan el individualismo, el
consumismo, el enriquecimiento y la mera satisfacción hedonista como motores
del desarrollo.

4. Cambiar la legislación laboral para generar un nuevo Código del Trabajo
que promueva y garantice efectivamente, a todos los trabajadores, el
ejercicio pleno de los derechos y principios fundamentales del trabajo,
especialmente el de la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y el
derecho de huelga, como asimismo de todos los Convenios Internacionales del
Trabajo ratificados por el estado de Chile. Como el resto de la legislación laboral,
las normas sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga mantienen en
buena parte, las restricciones que le impusiera el Plan Laboral de la dictadura. A
pesar de las posteriores reformas y de la ratificación de los Convenios
Internacionales números 87 y 98 de la OIT, las limitaciones para ejercer estos
derechos fundamentales del trabajo continúan vigentes.

5. Promover el tripartismo entre el Gobierno, las organizaciones de
trabajadores y de empresarios, para impulsar un proceso de dialogo social
que conduzca a un nuevo acuerdo social entendido como la articulación
democrática de los diferentes intereses presentes en nuestra sociedad.
Pese a los cantos y alabanzas que frecuentemente se escuchan sobre las
excelencias del nuevo orden basado en una seguridad que aliente la competencia
y el éxito en base únicamente al esfuerzo personal, las encuestas de opinión
muestran que el principal temor de los ciudadanos es a la inseguridad en la que
viven; inseguridad frente a como enfrentar los riesgos de salud, la perdida de
empleo, de cómo financiar la educación de sus hijos, de ser agredidos en la vía
publica, etc. Por ello la reconstrucción de un Estado que otorgue a los ciudadanos
seguridad y protección básicas no constituye un planteamiento ideológico
sustentado en premisas mas o menos discutibles, sino que surge de una demanda
planteada por la sociedad a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros.
Cada vez más personas se preguntan para que les sirve el crecimiento económico
y la modernidad institucional si no saben que será de sus vidas y de las de sus
familiares en el futuro más próximo. Esas personas, que constituyen una mayoría
apreciable demandan no un regreso al pasado, pero si un Estado que les otorgue
esas seguridades mínimas. Ello supone, después del radical viraje impuesto por
las políticas aplicadas durante las ultimas décadas, una reconstrucción del Estado
y una resocialización de la vida nacional, de tal manera que, sin regresar al
anterior Estado productor y excesivamente intervencionista, se avance hacia la
construcción de un Estado promotor, controlador, arbitro y generador de nuevos
sistemas de solidaridad sistémica que garantice a los ciudadanos la vigencia de
sus derechos individuales, la prevalencia del interés publico y la seguridad frente
a las diversas contingencias de la vida. Ahora bien, esta construcción de un nuevo
Estado para todos los ciudadanos no puede basarse sino en un nuevo acuerdo
social, el mismo que no puede ser construido sino a través del dialogo social. Es
en este sentido que el dialogo social alcanza su verdadera dimensión como vía y
como método para el procesamiento de los diferentes intereses sociales (muchos
de ellos contrapuestos) para alcanzar consensos básicos (el nuevo acuerdo
social) sobre como construir ese Estado que demandan los ciudadanos. En este
dialogo deben participar todas las organizaciones representativas de los diferentes
sectores sociales que, precisamente por ello, constituyen la vía mediante la que
dichos sectores defienden sus intereses. Entre estos sectores y organizaciones
adquiere una especial relevancia el de los trabajadores y el de sus organizaciones
representativas: los sindicatos. Aun a riesgo de parecer extremos, no habrá
Estado al servicio de todos los ciudadanos sino se establece un nuevo acuerdo
social. Y no habrá un nuevo acuerdo, y por tanto un nuevo Estado y una nueva
sociedad, sino es fruto del dialogo social, dialogo que no será posible sin la activa
participación en el mismo de los trabajadores y trabajadoras a través de sus
organizaciones sindicales.

6. Cambio del sistema económico imperante en Chile porque ha favorecidola
concentración del poder económico, el monopolio y los acuerdos
transversales de empresas, con lo que se ha afectado la transparencia delmercado
y ha dejado entregado a esas voluntades la distribución de los
beneficios del trabajo y del capital. Una de las formas más duras del capitalismo
ha tomado forma en Chile, tras una campaña sostenida por décadas en contra del
papel del Estado en los procesos económicos. La distribución inequitativa del
ingreso nacional, la tributación inadecuada, la falta de incentivos reales a la
pequeña y mediana empresa, son algunos de los aspectos que han deteriorado el
nivel de vida de la clases medias y de los trabajadores. Si bien se ha logrado,
gracias a políticas asistenciales de los últimos 21 años, disminuir la extrema
pobreza, la brecha entre los sectores medios y los más ricos de la sociedad ha
aumentado de modo alarmante. El valor del trabajo como generador de riqueza y
conceptos tales como la justicia, la equidad y la solidaridad, han pasado a
segundos y terceros planos, sustituidos por la competitividad y la eficacia de los
rendimientos macro económicos y de las grandes empresas. Resulta escandaloso
que en momentos de crisis económicas, de situaciones sociales terribles, de
tragedias como el terremoto (2010) y de aumento de los índices de pobreza
relativa, haya empresas como los bancos, las AFP (fondos de pensiones), las
ISAPRES (salud) que sigan aumentando sus utilidades. Si las políticas
energéticas, agrícolas, mineras, industriales, por nombrar las más relevantes,
continúan al margen del rol social de la empresa y del Estado mismo, solo
apegadas a los criterios de mercado, entonces los beneficios efectivos seguirán
orientados hacia quienes hoy controlan la riqueza, pagan bajas remuneraciones y
mantienen bajos niveles de ingreso en los sectores medios y bajos. La innovación
tecnológica y la inversión en las personas, son temas que debiendo concurrir fijan
distancias entre las empresas chilenas. Mientras se avanza en tecnología, las
personas van quedando atrás como un mero “capital humano”. El tipo de trabajo y
la forma de llevarlo adelante resultan fundamentales a la hora de medir el grado
de desarrollo de una sociedad.

7. Comprometerse e involucrarse en la discusión de demandas que han
emergido en la sociedad del siglo XXI y que están siendo expresadas como
malestar social sin hallar solución. La demanda de los pueblos originarios por el
reconocimiento de su cultura y tradiciones, debe dejar de ser tratada como si
fueran acciones terroristas, desplegadas en contra del Estado y de la sociedad
chilena. El Convenio 169 de la OIT y ratificado por Chile, debe ser aplicado
rigurosamente. La demanda de protección del medio ambiente entraña un
compromiso con la biodiversidad, la seguridad alimentaria, la economía del
cambio climático debe ser abordada desde la solidaridad entre las generaciones
actuales y las futuras. La mirada de Chile como un pueblo en desarrollo inmerso
en América Latina, exige la formulación de políticas de largo plazo que armonicen
con el desarrollo integral y equitativo de la sociedad. La familia, considerada como
base de la sociedad, es una institución que experimenta cambios en el mundo
actual y no puede soslayarse con meras consignas. Sus distintos tipos de
conformación deben ser reconocidos en la ley y validados en la conducta de los
chilenos. La cultura entendida no solo como los valores que imperan en la
sociedad, sino como el conjunto de los bienes que una sociedad genera desde si
misma y que la reflejan en su ser mas intimo, no puede ser patrimonio de
minorías. El acceso a los bienes culturales, el desarrollo del pensamiento propio y
de la creatividad, la expresión del ser de las personas en sus variadas
expresiones, tales como las formas diversas de arte, el pluralismo en los medios
de comunicación y el sentido compartido de la historia, son parte clave del
desarrollo pleno de una sociedad. La educación, no es solo un asunto de
asignación de recursos económicos, sino que determina las posibilidades reales
de crecimiento de las personas, de las comunidades y de la sociedad en su
conjunto.

En 1989 pusimos fin al gobierno dictatorial. Lo que no se consiguió fuere
formar suficientemente el sistema político y económico construido por sus
ideólogos y aplicado por sus guardianes. Esa es la tarea de esta hora para
iniciar desde ya el esfuerzo de sustituir un régimen económico que ha sido
inmoral y deshumanizante, además de ineficiente en la solución de los
grandes problemas de la sociedad chilena y en particular de los trabajadores
y trabajadoras. En el 2013 se abre un nuevo proceso electoral presidencial
en nuestro pais, es una nueva oportunidad para que el movimiento sindical
logre compromisos formales con los candidatos para crear las condiciones
que permitan terminar con el lucro en la educacion, la salud, las pensiones y
efectuar las necesarias reformas para una efectiva libertad sindical.

Santiago de Chile, diciembre 2012.