Gilles
Cavaletto
En
Chile, durante tres décadas, se ha observado un proceso gradual de
privatización del sistema universitario. Un escándalo reciente, sin embargo, ha
afectado a una institución reconocida, la Universidad del Mar, con sedes en
todo el país, y que puso al descubierto las debilidades del sistema en el que
las universidades lucran a costa de los estudiantes. Un fenómeno generalizado
en toda América Latina.
¿DERECHO O LIBERTAD? Los sistemas educativos se dividen entre aquellos donde la educación pública es mayoritaria y aquellos en que la educación es manejada principalmente por entidades privadas. El primer sistema se basa en el principio del derecho a la educación. En el segundo prevalece el concepto de libertad de enseñanza. Es decir, la posibilidad de que las familias elijan el tipo de educación que prefieren para sus hijos. Hasta aquí todo bien, salvo que, en sistemas poco regulados, la libertad de administrar privadamente las estructuras educativas deriva en la explotación con fines comerciales. Esto es lo que está sucediendo en Chile desde hace varios años, pero salió a la luz recientemente a raíz de las acusaciones contra una conocida institución, la Universidad del Mar, de obtener beneficios económicos de la gestión educativa, una acción prohibida por la ley. La Universidad está acusada de transferir más del 90% de los ingresos percibidos por derechos de matrícula y aranceles de los estudiantes, para el beneficio directo de los propietarios de la institución, mientras que ninguno de los recursos habría sido destinado a investigación, que es una característica fundamental de la universidad, más que la gestión financiera. Como resultado, la Universidad del Mar incurrió en un déficit presupuestario permanente que enriqueció a sus propietarios, pero que afectó la calidad de la enseñanza a través de contratos temporales para los profesores y la dirección de planta reducida al mínimo, e incluso falta de infraestructura adecuada.
¿DERECHO O LIBERTAD? Los sistemas educativos se dividen entre aquellos donde la educación pública es mayoritaria y aquellos en que la educación es manejada principalmente por entidades privadas. El primer sistema se basa en el principio del derecho a la educación. En el segundo prevalece el concepto de libertad de enseñanza. Es decir, la posibilidad de que las familias elijan el tipo de educación que prefieren para sus hijos. Hasta aquí todo bien, salvo que, en sistemas poco regulados, la libertad de administrar privadamente las estructuras educativas deriva en la explotación con fines comerciales. Esto es lo que está sucediendo en Chile desde hace varios años, pero salió a la luz recientemente a raíz de las acusaciones contra una conocida institución, la Universidad del Mar, de obtener beneficios económicos de la gestión educativa, una acción prohibida por la ley. La Universidad está acusada de transferir más del 90% de los ingresos percibidos por derechos de matrícula y aranceles de los estudiantes, para el beneficio directo de los propietarios de la institución, mientras que ninguno de los recursos habría sido destinado a investigación, que es una característica fundamental de la universidad, más que la gestión financiera. Como resultado, la Universidad del Mar incurrió en un déficit presupuestario permanente que enriqueció a sus propietarios, pero que afectó la calidad de la enseñanza a través de contratos temporales para los profesores y la dirección de planta reducida al mínimo, e incluso falta de infraestructura adecuada.
¿QUÉ PASA EN CHILE? Los hechos de
la Universidad del Mar, que ahora tiene a 12.500 estudiantes esperando ser reubicados
en otras universidades a partir de la orden de cierre decretada por el
gobierno, motivaron la formación de una Comisión Investigadora en el Parlamento
sobre el sistema de educación superior que reveló lo que ya era bien conocido,
es decir, que el "afán de lucro" era generalizado en el sistema
universitario. Otras seis universidades fueron incluidas en el mismo estudio.
Además, el gobierno está relacionado con la historia, porque la misma Comisión Nacional
de Acreditación (CNA), el organismo gubernamental encargado de la asignación de
permisos de funcionamiento de las universidades, se vio involucrado en un escándalo
de corrupción, según el cual su director recibió grandes sumas de dinero (100 millones
de pesos chilenos, US$ 200.000 en 2011) de
las universidades privadas a cambio de certificados para que tales entidades
pudieran trabajar y, entre otras cosas, acceder al sistema de crédito con
garantía, un mecanismo a través del cual más de la mitad de los jóvenes
chilenos se endeuda (con la universidad, pero el Estado actúa como garante)
para estudiar.El informe de la Comisión pone de manifiesto que el mecanismo que favorecía el lucro en las universidades estaba constituido por varios instrumentos. En primer lugar, las universidades son las propietarias de los inmuebles a través de sociedades inmobiliarias a las cuales arriendan la infraestructura donde funcionan. Debido a que los cánones de arriendo no están regulados, son las propias universidades las que fijan el alquiler. Cuanto mayores son las rentas, mayores son los beneficios que salen "legalmente" de las cajas de la administración universitaria. Igualmente, se ha constatado que las universidades recurren a la externalización de servicios, a menudo con sociedades "espejo" de propiedad de la misma universidad. Todo esto tiene lugar mientras las universidades están exentas del pago de impuestos. Asimismo, los aranceles y matrículas de cada carrera no están regulados, no obstante la existencia de valores de referencia fijados por el Ministerio de Educación. Es así como una licenciatura en odontología en una universidad privada cuesta US$ 10.000 al año, un 58% más caro que el valor de referencia fijado por el gobierno, con el mercado como el único criterio para definir el equilibrio entre la oferta y la demanda. Sobre este punto, la Comisión Investigadora del Parlamento también ha destacado cómo las universidades constantemente invierten en publicidad para atraer al mayor número de estudiantes “consumidores”. En 2009, los gastos en marketing se elevaron a la cifra de 60 millones de dólares, pero, al mismo tiempo, el sector universitario es el que suscita el mayor número de reclamos, aproximadamente 3.000 en 2009, según el Sernac, el servicio nacional del consumidor, sobre todo referentes al incumplimiento de contratos, publicidad engañosa, incumplimiento de los programas de estudio o indebidos requerimientos de pagos, y aumentos injustificados de precios. Deducimos que, de esta manera, el derecho a la libertad de enseñanza está erosionando el derecho a la educación.
UN MERCADO RENTABLE.- De acuerdo con el Servicio de Información de la Educación (SIES), entidad del
Ministerio de Educación, en el año 2009 de las 62 universidades chilenas, 58 obtuvieron
utilidades superiores a los 200 millones de dólares. El sistema mueve 40
billones de dólares al año, cifra que lo sitúa como el sector más atractivo
para “hacer negocios” en Chile y como el más
rentable de América Latina.Se trata de un verdadero mercado de la educación cuyos “clientes” son en su mayoría jóvenes de sectores medios y bajos de la población, y representan a menudo la primera generación de sus familias en tener acceso a los estudios universitarios. El sistema universitario impedía, hasta hace pocos años, el ingreso de los estudiantes de las escuelas públicas secundarias. De hecho, son pocos los estudiantes de las clases bajas que superan la PSU, la prueba universal de selección universitaria, para la cual muchas veces es necesario asistir a cursos de formación y de pago privado, inaccesibles a los pobres, y todavía son muchos menos aquellos que logran obtener los puntajes necesarios para aspirar a una beca. Sólo uno de cada diez jóvenes puede contar con el apoyo financiero del Estado y menos de la mitad de las personas que acceden a ello proviene de los estratos más pobres. Hoy las cosas están cambiando, sin embargo, aunque sólo sea en términos de acceso, en el sentido de que existe más oferta educativa y superar la temida PSU ya no es el único requisito para estudiar, reconoce el ministro de Educación del gobierno conservador de Sebastián Piñera. No obstante, es importante mencionar que el costo de la educación en Chile es el más alto del mundo. De acuerdo con datos del Banco Mundial y la OCDE, las tasas de matrícula en Chile representan casi la mitad de la media del PIB per cápita, mientras que este porcentaje se reduce al 40% si se consideran las universidades tradicionales, a las cuales todavía, estadísticamente, las clases más bajas tienen menos acceso.
La importancia del sector ha provocado que los mayores conglomerados del mundo hayan puesto sus ojos en Chile, para confirmar que se trata de un sector muy lucrativo. En 2009, Juan Hurtado y Linzor Capital de EE.UU. pagaron US$ 70 millones por el 60% de la Universidad Santo Tomás. El grupo estadounidense Apollo ha invertido US$ 40 millones en la Uniacc en el 2008, y el consorcio Laureate ha gastado alrededor de $ 250 millones para la adquisición de la Universidad Andrés Bello (2003), Las Américas (2006) y Viña del Mar (2009).
DESDE PINOCHET EN ADELANTE.- El origen de este nuevo sistema se
remonta a la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien disolvió
el sistema de educación pública, prefiriendo el acceso de los privados sin prever
la regulación o la transparencia necesaria para su funcionamiento. Actualmente,
el Estado provee sólo el 15% del presupuesto a la única universidad pública en el país, la Universidad de Chile,
obligando a la institución a cargar gran parte de los costos sobre las familias
de los estudiantes para cubrir el 85% restante del presupuesto. De esta
manera, las instituciones públicas se ven obligadas a competir en el mercado
como si fueran privadas, pero debiendo hacer frente a una mayor rigidez
administrativa. Una situación similar afecta al sistema en el nivel secundario,
donde una ley recientemente aprobada permite a las familias obtener un
reembolso por parte del Estado de las colegiaturas pagadas, por lo cual muchos
padres están eligiendo las escuelas privadas. En ambos casos, las instituciones
privadas surgen favorecidas por un marco regulador que, en los últimos años, ha
debilitado cada vez más el sistema de enseñanza pública chilena. Un verdadero caso
de “dumping educativo”
es lo que estamos presenciando en Chile.
NO SOLAMENTE EN CHILE.- La privatización de la educación
superior es, de todas formas, un sistema extendido en toda América Latina
gracias a sus propios márgenes de beneficio. En Colombia, de las diez personas más ricas del país, cuatro son dueñas
de universidades, mientras que en Perú los propietarios de las universidades
rechazan perder las exenciones de pago de impuestos, una normativa introducida
originalmente para aumentar el acceso de la población a los estudios superiores.
En Ecuador, en el 2012, ha creado
gran agitación una medida del presidente Rafael Correa para cerrar 14
universidades, que según el mandatario, no cumplían los requisitos de calidad
necesarios. Entre 1992 y 2006, 30 nuevas universidades han sido creadas en este
país, coincidiendo con el inicio del proceso de liberalización del sector, una
cifra considerada excesiva. El Ecuador cuenta actualmente con 71 instituciones
de educación superior. En comparación, Francia, con 65 millones de habitantes –5
veces los de Ecuador– cuenta con 80 universidades y Bélgica, con 11 millones de
habitantes, sólo tiene 9.
Traducción de Giovanna Flores Medina.
